La justicia económica para las mujeres no se trata sólo de integrarlas dentro de un determinado modelo económico, sino también de mejorar el control que ellas tienen sobre los recursos económicos, el acceso al trabajo decente y el control sobre su propio tiempo; también se encarga de procurar la justicia climática, limitar el poder corporativo y resistir la austeridad; y promover la autodeterminación y la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones económicas en todos los niveles, desde el hogar hasta los parlamentos nacionales y las instituciones internacionales.