El tema de la sexagésima primera sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (CSW61), que tiene lugar entre el 13 y el 24 de marzo de 2017, es «El empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo».
Nos han hecho creer que el empoderamiento económico de las mujeres es algo que se puede lograr a través de las políticas adecuadas y de unos pocos ajustes en la manera en que las mujeres están integradas en la economía, tanto en el nivel mundial como en el nacional. También se sostiene que la voluntad política de los Estados miembros es clave para «empoderar a las mujeres», según fue definido hace más de veinte años en la histórica conferencia de Beijing.
Más aún, durante largo tiempo lxs académicxs han insistido en que hay pruebas innegables de que cuanto mayores sean las oportunidades para que las mujeres participen en una economía dada, mayor será el empuje para el crecimiento económico y las economías nacionales.
¿Qué impide a los gobiernos implementar las políticas correctas?
Las presunciones arriba mencionadas carecen de un análisis fundamental del contexto actual en el cual vivimos. Las corporaciones y el poder que tienen han crecido a niveles sin precedentes. Al menos el 63% de las 175 principales entidades económicas en el mundo son corporaciones transnacionales, no países.
Los ingresos de las tres mayores corporaciones (Royal Dutch Shell, Exxon Mobil y Wal-Mart) fueron superiores al producto bruto interno de 110 países (el 55% de los estados nacionales). «Si Wal-Mart fuera un país, sus ingresos estarían a la par del PBI de la vigésimo quinta economía del mundo, superando a 157 países más pequeños». Esto tiene consecuencias tremendas en relación a quién tiene el poder para decidir qué políticas económicas deben implementarse y quiénes no lo tienen.
¿Qué es el poder corporativo?
Definimos al poder corporativo como «el excesivo control y apropiación de recursos naturales, trabajo, información y finanzas por una alianza de corporaciones poderosas y de élites mundiales, en complicidad con los gobiernos». Y a pesar de su gigantesco poder económico, las corporaciones tienen poca o ninguna reputación o rendición de cuentas bajo las leyes y las prácticas de derechos humanos.
Este poder se manifiesta de muchas maneras. Una de esas maneras es a través de los numerosos mecanismos de arbitraje de diferencias Estado-inversor (ISDS, por sus siglas en inglés) que proliferan en todo el mundo, los que hacen casi imposible que los gobiernos actúen en el mejor interés de sus pueblos. Básicamente, les permite a las corporaciones transnacionales demandar a los gobiernos nacionales por proteger los derechos laborales, los derechos a la tierra o la diversidad ecológica. Por ejemplo, Veolia, una corporación transnacional de origen francés, está demandando al gobierno egipcio por elevar el salario mínimo alegando que aumenta los costos de producción de la corporación y por lo tanto afecta sus ganancias.
¿Cómo es que las mujeres son las más afectadas?
El trabajo de las mujeres es desproporcionadamente explotado, informal, precario y ligado a la amenaza o la concreción real de violencia. Mientras que la participación de las mujeres en el mundo laboral se ha mantenido en aumento, ellas todavía están realizando los trabajos más precarios, ganan menos que los hombres por el mismo trabajo y llevan la carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Según la Confederación Sindical Internacional, entre el 40 y el 50% de las mujeres en el mundo han experimentado insinuaciones de carácter sexual y contacto físico no consentido, u otras formas de acoso sexual en el trabajo.
Para promover el empoderamiento económico de las mujeres, las políticas deben abordar dos temas centrales: la redistribución de la riqueza y que los Estados cumplan sus obligaciones de financiar la atención de la salud, la educación y el trabajo de cuidados. Esta es el área más afectada por el poder corporativo desregulado, especialmente a través de los muy extendidos abusos impositivos de las corporaciones, los flujos financieros ilícitos y una red global de jurisdicciones secretas, los cuales están robando a los países los fondos públicos necesarios para cumplir sus obligaciones de hacer vigentes los derechos de las mujeres y la justicia.
¿Es siquiera posible el empoderamiento económico de las mujeres en este sistema?
El pacto social está roto. Depender de manera creciente del sector corporativo para el desarrollo, y para la financiación de las instituciones multilaterales, no nos llevará a una mayor igualdad de género. También pone en cuestión la implementación de los derechos humanos de los pueblos y la rendición de cuentas de los gobiernos en relación al cumplimiento de sus obligaciones.
Debemos problematizar la idea misma de integrar mejor a las mujeres en un sistema basado en la dominación y en la opresión. Esencialmente, la igualdad de género en un sistema injusto es meramente una táctica pragmática de supervivencia; la lucha real por el poder de las mujeres en la economía es la lucha por una economía justa.
La lucha por una economía justa no sólo demandará cambios estructurales en las políticas mundiales de comercio, finanzas y macroeconomía, sino que también exigirá que nuestra imaginación deje de hablar de la economía en singular y haga espacio para muchas economías y para visiones autodeterminadas del desarrollo.
Resistir en medio de una reacción y una violencia sin precedentes
Las mujeres se están organizando y agitando por un cambio y construyendo economías y sistemas por fuera de la economía dominante, la cual se basa en la extracción y la explotación del trabajo y los recursos naturales. Están siendo asesinadas por eso.
La violencia está siendo usada como un medio para controlar a lxs trabajadorxs y a lxs disidentes de los actuales modelos económicos o de desarrollo. Las defensoras de derechos humanos que se enfrentan a los abusos perpetrados por las corporaciones en sus comunidades han denunciado una y otra vez que son atacadas no sólo por el trabajo que hacen sino también debido a su identidad de género. Los ataques incluyen violación, ataque sexual y amenazas contra ellas mismas y contra sus familias, que limitan su participación política en la esfera pública.
A menudo, el poder corporativo se sostiene en el militarismo y de hecho el complejo industrial militar es un ejemplo de una gran red de intereses corporativos y de la élite. Según los hallazgos principales en su base de datos realizados por los Business & Human Rights Resource Centres [Centros para los Recursos en Negocios y Derechos Humanos], una red que realiza investigación regional para promover los derechos humanos en los negocios y erradicar el abuso, en 2015 y 2016 se registraron más de 400 casos de ataques a defensorxs que trabajaban exigiendo la rendición de cuentas de las corporaciones. Las empresas que estxs defensorxs monitoreaban eran principalmente de China, Estados Unidos y Canadá.
El 3 de marzo de 2017 se cumplió un año desde que fuera asesinada Berta Cáceres, feminista y defensora de derechos humanos hondureña. La mataron por organizar a quienes se oponían a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Agua Zarca, en territorio del pueblo lenca. El suyo no es un caso aislado que se pueda explicar por el contexto específico de Honduras, sino uno de los ejemplos más extremos de la complicidad letal entre el poder corporativo irrestricto, la impunidad que les dan los gobiernos y las élites alrededor del mundo.
Para que las mujeres puedan disfrutar plenamente sus derechos humanos, los marcos sociales, legales y políticos deben ser tales que permitan su empoderamiento económico o de otra forma no harán una diferencia significativa en las vidas de las mujeres.
En la CSW61 de este año, a pesar de la reacción contra los derechos de las mujeres y la justicia de género, debemos resistir y denunciar a los sistemas y prácticas globales que benefician a unxs pocxs a expensas de los pueblos y del planeta