Resultados de un webinario conjunto y recomendaciones para la CSW
La justicia económica para las mujeres no se trata sólo de integrarlas dentro de un determinado modelo económico, sino también de mejorar el control que ellas tienen sobre los recursos económicos, el acceso al trabajo decente y el control sobre su propio tiempo; también se encarga de procurar la justicia climática, limitar el poder corporativo y resistir la austeridad; y promover la autodeterminación y la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones económicas en todos los niveles, desde el hogar hasta los parlamentos nacionales y las instituciones internacionales.
El 28 de febrero de 2017, la Gender & Development Network (Red de Género y Desarrollo) y la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo se reunieron con sus aliadxs que trabajan en los temas de: derechos laborales y de las trabajadoras, defensoras de derechos humanos, educadorxs populares, gobernanza mundial y la economía informal. Juntxs, formulamos pasos clave encaminados a limitar el poder de las corporaciones transnacionales de violar los derechos de las mujeres, y apoyar la justicia económica para las mujeres en todas partes del mundo.
La 61ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (CSW) se centrará en el empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo. Se espera que las principales partes interesadas y miles de diversas mujeres aseguren un sólido debate y el apoyo internacional para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 sobre la igualdad de género. La CSW también abordará los temas del empoderamiento de las mujeres indígenas, el progreso y las brechas en la implementación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, así como otras cuestiones relacionadas con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Esta es una oportunidad para promover estas recomendaciones y procurar un cambio real.
Participantes:
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Ana Abelenda, Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (moderadora)
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Jessica Woodroffe, Gender & Development Network (comentarista)
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Dr. Mariama Williams, el Centro del Sur
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Rachel Moussié, Consultora
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Kunthea Chan, JASS (Sudeste Asiático)
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Chidi King, International Trade Union Confederation (Confederación Sindical Internacional)
Recomendaciones para los gobiernos que asisten a la CSW
Proporcionar protección social universal adecuada: La justicia económica no es sólo para aquellxs que tienen un empleo remunerado. La protección social universal es fundamental para aliviar la pobreza y proporcionar un nivel básico de bienestar para todxs, pero en particular para las mujeres, quienes se ven más afectadas por la ausencia de estas protecciones y con mayor probabilidad de ser excluidas de las prestaciones derivadas del trabajo.
(Ver especialmente el capitulo 3 de ONU Mujeres. 2015a. Progress of the world’s women 2015-2016: transforming economies, realizing rights. Nueva York: ONU Mujeres - en inglés ; ONU Mujeres. 2015b. ‘Making national social protection floors work for women’, Resumen de política No .1 - en inglés)
Promover el trabajo decente:
Los gobiernos deben establecer y hacer cumplir los niveles de salario mínimo suficientes para que lxs trabajadorxs alcancen su derecho a un nivel de vida adecuado y deben velar por que las normas laborales y las protecciones sociales y legales se amplíen para que cubran a lxs trabajadorxs de la economía informal, sector donde la mayoría de las mujeres trabajan en todo el mundo.
Proteger las libertades de asociación y negociación colectiva:
Estos son derechos laborales y humanos fundamentales tanto para las mujeres como para los hombres. Los sindicatos y las organizaciones de mujeres trabajadoras deben ser facultados para garantizar que el trabajo de las mujeres sea seguro, estable y remunerado. La acción colectiva puede desempeñar un papel importante en mejorar el acceso de las mujeres al trabajo decente. Los gobiernos deben ratificar los Convenios núm. 87 y 98 de la OIT y proteger estos derechos dentro de sus propias fronteras.
Abordar la violencia en el trabajo:
Todas las formas de violencia y acoso en el lugar de trabajo deben ser prohibidas por ley. Esta sigue siendo una brecha legal significativa e impactante que deja a las mujeres trabajadoras en una posición vulnerable, sobre todo cuando se enfrentan a perder sus empleos y sus medios de subsistencia por denunciar abusos. Los gobiernos deben apoyar la convención propuesta por la OIT sobre la violencia de género en el mundo del trabajo y ratificar el Convenio núm.189 sobre lxs trabajadorxs domésticxs.
Reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado, y representar a lxs cuidadorxs:
Servicios públicos asequibles, accesibles y de alta calidad son críticos para aliviar la carga desproporcionada que tienen las mujeres debido al trabajo de cuidado no remunerado. También es esencial que el trabajo de cuidado no remunerado se incluya en medidas contables nacionales como el PIB. Los gobiernos deben comprometerse a utilizar un «lente del cuidado» en todas las áreas para examinar adecuadamente y mediar los efectos de sus políticas y programas sobre el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres, a la vez que procuran servicios sociales integrales y la infraestructura necesaria para reducir la carga de trabajo de las mujeres.
Integrar la justicia de género y la justicia climática en los debates económicos:
El cambio climático tiene consecuencias directas sobre la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia, el nivel de cuidado no remunerado y el trabajo doméstico requerido que recaen desproporcionadamente sobre las mujeres. Para mitigar estos impactos es necesaria una transición justa a economías pos-carbono o de emisiones bajas de carbono.
Promulgar una reforma tributaria progresiva:
Los impuestos al consumo suponen una carga desproporcionada para las mujeres, pero es posible tener un gravamen progresivo con reformas que desplacen la carga tributaria a las personas de altos ingresos y corporaciones. Los modelos de impuestos regresivos también contribuyen a una base impositiva reducida y, por lo tanto, a la insuficiente financiación de los servicios públicos que perpetúa la responsabilidad desproporcionada que tienen las mujeres por el trabajo de cuidado no remunerado.
Mejorar la medición:
Los gobiernos deben llevar a cabo evaluaciones de impacto para comprender cómo los cambios en las políticas tributarias, los servicios sociales, la inversión del sector público, la infraestructura y otras áreas afectan la igualdad de género, los derechos de las mujeres y sus medios de subsistencia. Las estadísticas deben tener en cuenta la diversidad entre las mujeres tales como: si son urbanas o rurales; personas, hogares y regiones de bajos o altos ingresos; mujeres de color, mujeres indígenas y mujeres migrantes.
Desafiar el poder corporativo:
Asegurar que todas las corporaciones, empresas transnacionales, el sector financiero y las industrias extractivas paguen su parte justa de impuestos a los gobiernos de los países donde tienen lugar sus actividades económicas. Las corporaciones deben rendir cuentas cuando no respetan y protegen los derechos humanos básicos de sus trabajadorxs, sometiéndolxs a salarios bajos y a condiciones laborales peligrosas. Los gobiernos deben apoyar al grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el desarrollo de regulaciones legalmente obligatorias para asegurar que todas las corporaciones respeten y promuevan los derechos humanos, incluyendo los derechos humanos de las mujeres y las evaluaciones de impacto ecológico.
Hacer que los acuerdos comerciales funcionen para las mujeres:
Los acuerdos comerciales internacionales tienen un profundo impacto en la calidad y la cantidad de trabajo disponible para las mujeres. Los gobiernos deben proteger los derechos de las mujeres contra la explotación laboral, la apropiación de tierras y la extracción de recursos orientadas a la exportación, basados en un mejor entendimiento del impacto de género de la política comercial.
Proteger el espacio político para la igualdad de género y los derechos de las mujeres:
Los actuales acuerdos de comercio e inversión y las políticas del Fondo Monetario Internacional limitan y proscriben las opciones de políticas gubernamentales. Se debe crear y proteger un espacio para que los gobiernos puedan escoger opciones alternativas de políticas sociales y económicas.
Repensar la política macroeconómica:
Los gobiernos deben reevaluar la razón de su política macroeconómica y reformular sus decisiones macroeconómicas --desde los impuestos hasta la gestión de la deuda y la política monetaria-- hacia la justicia económica, los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y el bienestar para todxs. Un cambio transformativo no puede lograrse con ajustes técnicos; un cambio real requiere un cambio sustancial en cómo diseñamos y ejecutamos la política económica.