Women human rights defenders (WHRDs) worldwide defend their lands, livelihoods and communities from extractive industries and corporate power. They stand against powerful economic and political interests driving land theft, displacement of communities, loss of livelihoods, and environmental degradation.
Extractivism is an economic and political model of development that commodifies nature and prioritizes profit over human rights and the environment. Rooted in colonial history, it reinforces social and economic inequalities locally and globally. Often, Black, rural and Indigenous women are the most affected by extractivism, and are largely excluded from decision-making. Defying these patriarchal and neo-colonial forces, women rise in defense of rights, lands, people and nature.
WHRDs confronting extractive industries experience a range of risks, threats and violations, including criminalization, stigmatization, violence and intimidation. Their stories reveal a strong aspect of gendered and sexualized violence. Perpetrators include state and local authorities, corporations, police, military, paramilitary and private security forces, and at times their own communities.
AWID and the Women Human Rights Defenders International Coalition (WHRD-IC) are pleased to announce “Women Human Rights Defenders Confronting Extractivism and Corporate Power”; a cross-regional research project documenting the lived experiences of WHRDs from Asia, Africa and Latin America.
"Women Human Rights Defenders confronting extractive industries: an overview of critical risks and Human Rights obligations" is a policy report with a gender perspective. It analyses forms of violations and types of perpetrators, quotes relevant human rights obligations and includes policy recommendations to states, corporations, civil society and donors.
"Weaving resistance through action: Strategies of Women Human Rights Defenders confronting extractive industries" is a practical guide outlining creative and deliberate forms of action, successful tactics and inspiring stories of resistance.
The video “Defending people and planet: Women confronting extractive industries” puts courageous WHRDs from Africa, Asia, and Latin America in the spotlight. They share their struggles for land and life, and speak to the risks and challenges they face in their activism.
Challenging corporate power: Struggles for women’s rights, economic and gender justice is a research paper outlining the impacts of corporate power and offering insights into strategies of resistance.
AWID acknowledges with gratitude the invaluable input of every Woman Human Rights Defender who participated in this project. This project was made possible thanks to your willingness to generously and openly share your experiences and learnings. Your courage, creativity and resilience is an inspiration for us all. Thank you!
Florence was a disability rights activist who worked with several disabled women’s organizations in Uganda.
She also held the position of Chairperson of the Lira District Disabled Women Association, as well as the Lira District Women Councilors’ caucus. Trained as a counsellor for persons with disabilities and parents of children with disabilities, she supported many projects that called for greater representation of persons with disabilities.
She died of a motorcycle accident.
En nuestra lucha por la justicia de género, económica, social y ambiental, en la paz, lxs feministas sabemos que no existe una sola receta para el éxito sino una gama de posibilidades que pueden y hacen que sucedan los cambios.
El menú de opciones es tan diverso como lo son nuestros movimientos y las comunidades en las que vivimos y luchamos.
Antes de atrevernos a presentar algunas de las formas en que lxs feministas nos imaginamos un mundo diferente, aquí están los principios que sostienen nuestras propuestas:
Creemos que no existe un modelo único aplicable a todxs y que todxs tienen derecho a reivindicar la construcción de ese otro mundo posible, como lo expresa el lema del Fondo Mundial..
Esto incluye el derecho a participar en la gobernabilidad democrática y de influir sobre el propio futuro, en el ámbito político, social y cultural.
La autodeterminación económica permite que los pueblos controlen sus recursos naturales y los utilicen de manera colectiva o para los fines que ellos mismos decidan. Además, la autonomía económica de las mujeres es fundamental para mitigar la naturaleza a menudo cíclica de la pobreza y la falta de educación, seguridad y protección.
El principio de la igualdad sustantiva o de facto forma parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Es fundamental para el desarrollo y para lograr una economía justa ya que afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales.
La no discriminación forma parte intrínsecamente del principio de igualdad que garantiza que a nadie se le nieguen sus derechos por factores como la raza, el género, el idioma, la religión, la orientación sexual, la identidad de género, las opiniones políticas o de otra clase, el origen nacional o social, la propiedad o el nacimiento.
La dignidad intrínseca de todas las personas sin distinción alguna debe ser afirmada y respetada. Si bien los Estados tienen la responsabilidad de garantizar el uso de los máximos recursos de que disponen para la realización de los derechos humanos, la reivindicación de los derechos y la dignidad configura sobre todo un espacio clave para las luchas de la sociedad civil y la movilización popular.
Este principio, que se ejerce mediante esfuerzos organizados para transformar instituciones injustas, guía la recuperación del equilibrio entre «participación» (entrada) y «distribución» (salida) cuando se ha violado cualquiera de esos dos principios.
Implica ponerle un límite a toda acumulación monopólica de capital y otros abusos de la propiedad. Este concepto se apoya en un modelo económico que gira en torno a la ecuanimidad y la justicia.
Para que se produzcan cambios, necesitamos redes feministas fuertes y diversas. Necesitamos movimientos que construyan solidaridad desde lo personal hacia lo político, desde lo local a lo global, y viceversa.
La construcción de poder colectivo a través de los movimientos sociales ayuda a convertir la lucha por los derechos humanos, la igualdad y la justicia en una fuerza política para el cambio que no puede ser ignorada.
«Únicamente los movimientos pueden crear cambios sostenidos a niveles que las políticas y las leyes solas no pueden alcanzar»
Para leer más sobre este tema, consulta Batliwala, S: 2012 «Cambiando el mundo: Conceptos y prácticas de los movimientos de mujeres», 2da edición. AWID.
Solo un año después de su fundación, las integrantes de Nadia Echazú comenzaron a trabajar en la alta costura y organizaron un desfile de moda en el histórico Hotel Bauen.
Mostraron cinco modelos y algunas trabajadoras de la cooperativa textil desfilaron con sus propios diseños.
Esto fue revolucionario no sólo porque estaban diseñando alternativas a la moda convencional, sino también porque estaban creando ropa accesible e inclusiva para cuerpos trans y travesti.
¡No hay economías feministas sin ropa que nos haga sentir increíbles y cómodxs!
Создать ориентированную на феминистские реалии доказательную базу движения денег их получателей
Nadine fue un ejemplo para muchxs por su trabajo en apoyo de las mujeres y lxs más vulnerables de su comunidad. Estaba comprometida con ayudar a l pobres, especialmente a las personas sin techo.
Aunque su muerte se informó como accidente, la familia Ramaroson, encabezada por su padre, André Ramaroson, llevó adelante una investigación que arrojó evidencias de que había sido asesinada. Se informó que había muerto en un accidente fatal ocurrido entre Soanierano - Ivongo y Ste Marie, una historia que fue desmentida por su familia. Ella había recibido numerosas amenazas de muerte por sus audaces posiciones políticas. Su caso todavía está en la corte de Antananarivo (la capital de Madagascar).
Contestant la prémisse que l'économie d'un pays doit toujours «grandir ou mourir», les propositions de décroissance démystifient le rôle central d’une croissance mesurée par l'augmentation du produit intérieur brut (PIB).
Le modèle de la décroissance propose une transition vers des niveaux de production et de consommation plus faibles et durables. En substance, il s’agit de restreindre l’espace économique pour laisser plus de latitude à la coopération humaine et aux écosystèmes.
Les perspectives féministes sur la théorie et la pratique de la décroissance soutiennent qu'il est également nécessaire de redéfinir et de reconnaître la valeur du travail rémunéré et non rémunéré, sur le marché comme dans le secteur des soins aux personnes. Ceci contribuerait à surmonter les stéréotypes de genre traditionnels, les écarts de salaires en vigueur et les inégalités de revenus qui dévalorisent le travail réalisé dans le domaine des soins.
La lutte pour un monde rempli de lieux de travail exempts de toute forme de discrimination, de stigmatisation et d'exclusion est une lutte noble. Un monde où le travail sexuel est décriminalisé et reconnu comme travail en fait partie intégrante.
Un monde où tous·tes les travailleur·euses ont des conditions de travail sûres, des salaires décents et peuvent jouir des mêmes droits tels que l'accès à la santé, le droit à la retraite, aux congés maladie, aux vacances, à la sécurité de l'emploi et plus encore, quels que soient leur genre, leur race, leur origine ethnique, leur âge ou leurs capacités. Les droits du travail sont des questions féministes, et les syndicats féministes jouent un rôle clé dans la promotion des droits juridiques, du travail et économiques de tous·tes les travailleur·euses, en particulier les travailleur·euses migrant·e·s, les travailleur·euses domestiques, les travailleur·euses informel·les et les travailleur·euses du sexe. Ce sont ces personnes qui ont récemment été touchées de manière disproportionnée par la pandémie, sa crise des soins, les confinements, les couvre-feux ainsi que la surveillance et la répression policière accrue. Nous vous présentons ici les histoires de militantes féministes et syndicalistes qui se battent pour de meilleures conditions de travail et un monde meilleur pour tous·tes.
Os movimentos feministas, de direitos das mulheres, de justiça de género, de LBTQI+ e de aliados em todo do mundo encontram-se num momento crítico, e enfrentam uma forte retaliação contra direitos e liberdades conquistados anteriormente. Os últimos anos trouxeram o crescimento rápido do autoritarismo, a violenta repressão da sociedade civil e a criminalização dos defensores dos direitos humanos das mulheres e de pessoas de género diverso, o aumento da guerra e do conflito em várias partes do nosso mundo, a perpetuação contínua de injustiças económicas e crises de saúde, da ecologia e do clima interligadas.
"He dado testimonio de la discriminación que vi en las calles, he sufrido burlas y abusos verbales ahí. También he hecho numerosas amistades y he conocido a mucha gente. Puede que haya peligros ahí fuera, pero soy una sobreviviente y aquí es donde estaré por ahora." - Sainimili Naivalu
Exigió a las autoridades políticas y a otras partes interesadas que proporcionaran políticas y servicios favorables a la movilidad de las personas con discapacidad, como la construcción de rampas en pueblos y ciudades para aumentar su accesibilidad. Sin embargo, las barreras físicas no fueron las únicas que Sainimili se esforzó por cambiar. Por experiencia propia, sabía que era necesario que se produjeran cambios más complejos en las esferas sociales y económicas. Muchos de los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad tienen su origen en actitudes que llevan a la discriminación y al estigma.
Como sobreviviente y luchadora, Sainimili contribuyó a la creación conjunta de realidades feministas que fomentasen la inclusión y cambiasen las actitudes hacia las personas con discapacidad. Como afiliada a la Asociación de Lesiones de la Espina Dorsal de Fiji (SIA, por sus siglas en inglés) y a través del proyecto del Foro para Personas con Discapacidades del Pacífico “Pacífico Habilita”, Sainimili asistió a la formación de la Organización Internacional del Trabajo "Inicie su Negocio" en Suva, lo que le permitió transformar sus ideas en su propio negocio. Fue emprendedora en el puesto 7 del mercado de Suva, donde ofrecía servicios de manicura, y también se encargaba del puesto del mercado de las mujeres de SIA, donde vendía artesanías, sulus y otros objetos. El plan de Sainimili era expandir su negocio y convertirse en una importante empleadora de personas con discapacidad.
Además de su activismo, también fue medallista y campeona juvenil de tenis de mesa.
Sainimili era única, con una personalidad vivaz. Siempre podías saber si Sainimili estaba en una habitación porque su risa y sus historias eran los primero que notabas. - Michelle Reddy
Sainimili falleció en 2019.
Les ultraconservateurs ont développé un certain nombre d’arguments relatifs aux droits humains sur le plan international, lesquels instrumentalisent la religion, la culture, la tradition et la souveraineté nationale dans le but de porter atteinte aux droits liés au genre et à la sexualité. Les acteurs anti-droits s’éloignent de plus en plus d’un langage explicitement religieux.
Nous constatons de plus en plus fréquemment que des acteurs rétrogrades – qui dénigraient auparavant le concept des droits humains – tentent désormais de le récupérer et de le manipuler pour atteindre leurs objectifs.
Ce discours émergent qui prospère actuellement semble inoffensif, mais il fonctionne comme un cadre général abritant de multiples positions patriarcales et anti-droits.
Le thème de la « protection de la famille » est donc un exemple particulièrement parlant de l’évolution de la stratégie de certains acteurs rétrogrades que utilisent désormais un plaidoyer holistique et intégré.
L’argumentaire sur la « protection de la famille » est utilisé pour déplacer le sujet de droits humains de l’individu vers des institutions déjà puissantes.
Il prône également une conception unitaire, hiérarchique et patriarcale de la famille qui suppose une discrimination à l’égard des formes familiales situées en dehors de ces limites rigides. Il tente également d’atténuer l’importance actuellement accordée à la reconnaissance et à la protection des droits des membres vulnérables de la famille pour privilégier la non-discrimination, l’autonomie et l’absence de violence dans le contexte des rapports familiaux.
Le Saint-Siège et un certain nombre de groupes chrétiens de défense des droits cherchent à s’approprier la notion de droit à la vie pour servir leur lutte contre l’avortement. En introduisant la doctrine religieuse conservatrice dans le langage des droits humains, ils soutiennent l’idée qui veut que le droit à la vie, tel qu’énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, s’applique dès le moment de la conception.
Aucun des instruments universels relatifs aux droits humains ne vient étayer ce discours. Pourtant, c’est une stratégie attrayante pour les acteurs anti-droits dans la mesure où le droit à la vie ne peut être violé en aucune circonstance et qu’il constitue une norme juridiquement contraignante.
Les acteurs anti-droits utilisent un certain nombre d’arguments dans leur campagne pour porter atteinte aux droits sexuels. Ils soutiennent que les droits sexuels n’existent pas ou qu’il s’agit de « droits nouveaux » nuisibles aux enfants et à la société et/ou que ces droits sont en opposition avec la culture, la tradition ou le droit national.
Dans le cadre onusien, les conservateurs plaident contre le droit à une éducation sexuelle complète (ESC) en attaquant ce concept à plusieurs niveaux. Ils prétendent que l’ESC viole les « droits parentaux », qu’elle nuit aux enfants et qu’il s’agit d’un endoctrinement idéologique plutôt que d’une forme d’éducation. Ils affirment également que cette éducation sexuelle complète est imposée aux enfants, aux parents et aux Nations Unies par de puissants lobbyistes qui cherchent à tirer profit des services qu’ils fournissent aux enfants et aux jeunes.
Les tentatives visant à invalider les droits relatifs à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre prolifèrent. Les ultraconservateurs font valoir le fait que l’application des principes et du droit relatifs aux droits humains – qui existent pourtant depuis longtemps – consiste en fait à créer de « nouveaux droits ». Ils prétendent enfin que le contenu des droits devrait varier radicalement parce que ceux-ci devraient être interprétés à l’aune de la « culture » ou des « particularismes nationaux ».
Les organisations de la droite chrétienne se mobilisent depuis longtemps contre les droits reproductifs, aux côtés du Saint-Siège et d’autres alliés anti-droits. Elles affirment souvent que les droits reproductifs sont en fait une forme de contrôle de la population imposée par l’Occident aux pays du Sud global. Paradoxalement, ce discours émane le plus souvent d’acteurs issus des États-Unis et de l’Europe occidentale, dont beaucoup travaillent activement pour exporter leur rhétorique et leurs politiques fondamentalistes.
Ces acteurs rétrogrades reprennent également des arguments « scientifiques » élaborés par des groupes de réflexion ultraconservateurs et citent des sources usant de méthodologies de recherche peu fiables pour montrer que l’avortement a de nombreux effets secondaires psychologiques, sexuels, physiques et relationnels.
Les acteurs anti-droits visent à promouvoir le concept de « protection de la famille », mais ils tentent également de créer une nouvelle catégorie de « droits parentaux » à laquelle les normes existantes relatives aux droits humains ne donnent aucun fondement.
Paradoxalement, ce discours tente de dévoyer les systèmes de protection des droits dont les enfants jouissent par principe, tels qu’énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, pour renforcer les droits des parents à exercer un contrôle sur leurs enfants et à limiter leurs droits.
Les acteurs anti-droits tentent de plus en plus fréquemment de s’approprier et de subvertir les références et les arguments défendus par les défenseuses des droits humains, et notamment la notion de violence contre les femmes (VCF).
Dans le cadre de la Commission sur la condition de la femme ainsi que dans d’autres espaces, ces acteurs utilisent notamment la technique rhétorique suivante : ils abordent la violence contre les femmes comme un cadre dans lequel il est possible d’intégrer des arguments hostiles aux droits reproductifs et de nature patriarcale.
Les ultraconservateurs, par exemple, défendent l’idée qui veut que les relations intimes entre partenaires qui ne sont ni hétéronormatives ni traditionnelles constituent un facteur de risque de violence. Ils soulignent que les pères sont nécessaires à la protection des familles contre la violence.
Le Saint-Siège se livre à une critique incessante du genre, de l’« idéologie du genre », des « radicaux du genre » et de la théorie du genre. Les acteurs anti-droits interprètent souvent le terme « genre » comme un code caché pour parler des droits des personnes LGBT*Q. La droite religieuse utilise le concept de genre comme un outil transversal qui relie beaucoup de ses thèmes de prédilection. De plus en plus souvent, les opposant-e-s acharné-e-s à ces notions de genre se braque sur les questions relatives à l’identité de genre et aux droits des personnes trans*.
À l’heure actuelle, un certain nombre d’ultraconservateur utilisent la rhétorique de la complémentarité des sexes. Leur argumentaire est structuré autour de l’hypothèse de la différence entre les sexes : les hommes et les femmes sont censés jouer des rôles différents mais complémentaires dans le mariage et la vie familiale, mais aussi dans leur engagement dans la vie communautaire, politique et économique.
La référence aux rôles « naturels » vise à rejeter fondamentalement le caractère universel des droits humains en matière d’égalité et de non-discrimination.
Cet argument est également utilisé pour justifier les violations de ces droits par les États et les acteurs non étatiques. Il contribue en outre au non-respect de l’obligation faite aux États de lutter contre les préjugés et les pratiques fondés sur des rôles stéréotypés attribués aux hommes et aux femmes.
Ce discours suggère que les gouvernements nationaux sont injustement ciblés par les organes des Nations Unies ou par d’autres États agissant par l’intermédiaire de l’ONU. Il s’agit d’une tentative de déplacer le sujet des droits humains de l’individu ou de la communauté marginalisée qui subit une violation de ses droits vers une institution puissante et/ou rétrograde, à savoir l’État, dans le but de justifier des exceptions nationales aux droits universels, voire de soutenir l’impunité des États.
Les acteurs anti-droits ont récupéré la rhétorique de la liberté de culte pour justifier les violations des droits humains. Mais les ultraconservateurs se réfèrent à la liberté de culte d’une manière qui contredit frontalement l’objectif de ce droit humain et est en opposition fondamentale avec le principe de l’universalité des droits.
Le raisonnement avancé est que la liberté de culte est menacée et compromise par la protection des droits humains, en particulier de ceux liés au genre et à la sexualité.
Selon l’argument central des conservateurs, le droit à la liberté de culte est destiné à protéger une religion plutôt que la liberté des personnes d’avoir ou de ne pas avoir de croyances religieuses.
Pourtant, en vertu du droit international relatif aux droits humains, le droit protège les croyants plutôt que les croyances, et le droit à la liberté de religion, de pensée et de conscience comprend le droit de ne pratiquer aucune religion ou de ne pas adhérer à une croyance, mais aussi celui de changer de religion ou de conviction.
Les acteurs anti-droits utilisent communément des tactiques fondées sur les références à la culture et aux traditions pour saper les droits humains, dont le droit à l’égalité. Présentée comme monolithique, statique et immuable, la culture apparaît souvent comme une réalité en totale contradiction avec les « normes occidentales ».
Dans les débats politiques internationaux, les acteurs anti-droits font allusion à la culture pour saper l’universalité des droits : ils préconisent un relativisme culturel qui éclipse ou limite les revendications en matière de droits. Ces acteurs font également un usage rétrograde de la notion de droits culturels, qui repose sur une représentation volontairement faussée du concept de droit humain. Les États doivent veiller à ce que les pratiques traditionnelles ou culturelles ne soient pas détournées pour justifier certaines violations du droit à l’égalité.
Le droit relatif aux droits humains prévoit en effet l’égalité d’accès, de participation et de contribution à tous les aspects de la vie culturelle pour tous et toutes, y compris les femmes, les minorités raciales et religieuses ainsi que les personnes dont le genre et la sexualité sont non conformes.
Les acteurs anti-droits engagés dans les espaces politiques internationaux manipulent de plus en plus fréquemment les références à l’universalité des droits humains fondamentaux pour inverser le sens de l’universalité des droits.
Plutôt que d’utiliser le terme universel pour décrire l’ensemble des droits humains indivisibles et interdépendants, les ultraconservateurs délimitent et décrivent un sous-ensemble de droits humains « véritablement fondamentaux ».
Les autres droits considérés comme des « droits nouveaux » et facultatifs, seraient donc laissés à la discrétion des États. Cette rhétorique est particulièrement efficace dans la mesure où le contenu de la catégorie des droits véritablement universels reste implicite, ouvrant ainsi la porte à des variations dans l’interprétation.
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Connue comme la drag queen de couleur de New York, Sylvia était une infatigable et féroce défenseure des marginalisé·e·s et exclu·e·s au début des années 1970, alors que le mouvement pour les « droits des gays » prenait de l’ampleur aux États-Unis.
Dans un discours bien connu prononcé pour Chistopher Street Day en 1973, Sylvia s’est exclamée, parmi une foule de membres de la communauté LGBT :
« Vous me dites tous d’aller me cacher, la queue entre les jambes.
Je ne supporterai plus ces conneries.
On m’a battue.
On m’a cassé le nez.
On m’a jetée en prison.
J’ai perdu mon travail.
J’ai perdu mon appartement.
Tout ça pour la libération gay, et vous me traitez de la sorte?
C’est quoi votre putain de problème à tous?
Réfléchissez à ça! »
En 1969, à l’âge de 17 ans, Sylvia a participé aux célèbres émeutes de Stonewall en jetant, paraît-il, le deuxième cocktail molotov en signe de protestation contre la descente de la police dans le bar gay de Manhattan. Elle a continué à être une figure centrale des soulèvements qui ont suivi, organisant des rassemblements et ripostant aux brutalités policières.
En 1970, Sylvia a collaboré avec Marsha P. Johnson à la création de Street Transvestite Action Revolutionaries (S.T.A.R.), collectif et organisation politique qui mettait sur pied des projets de soutien mutuel pour les personnes trans vivant dans la rue, celles et ceux aux prises avec la toxicomanie ou en détention, et spécialement pour les personnes trans de couleur et celles et ceux vivant dans la pauvreté.
Refusant les étiquettes, Sylvia a incité les personnes du mouvement de libération gay à penser différemment, et ce, tout au long de sa vie. Elle a déclaré :
« J’ai quitté ma maison en 1961, à l’âge de 10 ans. Je me suis démenée sur la 42e rue. Le début des années 1960 n’était pas génial pour les drag queens, les garçons efféminés ou les garçons qui se maquillaient comme on le faisait. À l’époque, on se faisait battre par la police, par tout le monde. Je n’ai pas vraiment fait mon coming out en tant que drag queen avant la fin des années 1960. C’était vraiment la débandade lorsque des drag queens se faisaient arrêter. Je me rappelle la première fois où je me suis fait arrêter, je n’étais même pas habillée entièrement en drag. Je marchais dans la rue et les flics m’ont tout simplement attrapée. Les gens maintenant prétendent que je suis une lesbienne, parce que je suis avec Julia, ce à quoi je leur je réponds : « Non, je suis juste moi. Je ne suis pas une lesbienne. » J’en ai marre d’être étiquetée. Je ne suis même pas en faveur de l’étiquette de transgenre. J’en ai marre de vivre avec des étiquettes. Je veux juste être qui je suis. Je suis Sylvia Rivera »
Par son activisme et son courage, Sylvia Rivera a présenté un miroir où se reflétait tout ce qui n’allait pas dans la société, mais aussi la possibilité d’une transformation. Sylvia est née en 1951 et décédée en 2002.
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