Identify and demonstrate opportunities to shift more and better funding for feminist organizing, expose false solutions and disrupt trends that make funding miss and/or move against gender justice and intersectional feminist agendas.

The fight for a world full of workplaces that are free from of all forms of discrimination, stigma and exclusion is  a worthy one. A world in which sex work is decriminalized and recognized as work is part of this.

A world where all workers have safe working conditions, dignified wages, and can enjoy the same rights like health care, pension pay, sick days, holidays, job security and more, no matter their gender, race, ethnicity, age or ability. Labor rights are feminist issues, and feminist unions play a key role in advancing the legal, labor and economic rights of all workers, especially migrant workers, domestic workers, informal workers and sex workers. These are folks who have most recently been disproportionately affected by the pandemic, its burdens of care, lockdowns, curfews and increased policing. Let us introduce you to the stories of feminists and union organizers that are fighting for better working conditions and better worlds for all.

Definición

La activista y académica Soma Kishore Parthasarathy señala que existen diversas formas de pensar los bienes comunes.

En un sentido más convencional, se los entiende como recursos naturales destinados a ser usados por quienes dependen de su uso. Sin embargo, el concepto de «bienes comunes» se ha expandido para incluir recursos como los conocimientos, la herencia, la cultura, espacios virtuales e incluso el clima. Es un concepto anterior al régimen de propiedad individual y que aportó las bases para la organización social. Las definiciones que aportan las entidades gubernamentales limitan su alcance a los recursos de la tierra y materiales.

El concepto de los bienes comunes se apoya en la práctica cultural de compartir espacios de subsistencia y recursos como dones de la naturaleza, para el bien común, y para la sostenibilidad de lo que es común a todxs.

Contexto

Los bienes comunes de la humanidad están cada vez más amenazados porque las naciones y fuerzas del mercado continúan colonizándolos, explotándolos y ocupándolos.

En algunos contextos favorables, los «bienes comunes» tienen el potencial de habilitar una posición de autonomía sobre todo para las mujeres bajo opresión económica desde la que pueden negociar sus múltiples necesidades y aspiraciones.

Perspectiva feminista

Cuando a las mujeres y a otros géneros oprimidos se les niega el acceso a los bienes comunes y la posibilidad de controlarlos, se refuerza el patriarcado.

Por eso, una economía feminista busca restaurar los derechos legítimos de las comunidades a estos recursos comunes. Esa autonomía les permite mantenerse a sí mismas al mismo tiempo que desarrollan sistemas más igualitarios de gobernabilidad y de uso de esos recursos. Una economía feminista reconoce los roles de las mujeres y les ofrece las mismas oportunidades para tomar decisiones, es decir, las coloca en igualdad de condiciones como demandantes de esos recursos.

Para leer más acerca de esta propuesta:

• Reclamando los bienes comunes para la justicia de género y económica: Luchas y movimientos en la India es una entrevista con la académica Soma Kishore Parthasarathy acerca de cómo las mujeres en la India rural están confrontando esta realidad y proponiendo una gestión compartida de los recursos comunes.
• Feminism And The Politics Of The Commons (en inglés) [El feminismo y la política de los bienes comunes] de Silvia Federici analiza la política de los bienes comunes desde una posición feminista determinada por la lucha contra la discriminación sexual y el trabajo reproductivo para aclarar en qué condiciones el principio de los bienes comunes se puede convertir en fundamento de un programa anticapitalista.
• En español y de la misma autora se puede leer Feminismo, capitalismo, bienes comunales y caza de brujas.

Agrupaciones, organizaciones y movimientos que trabajan específica o primordialmente por los derechos de las mujeres, las niñas, la justicia de género, las personas LBTQI+ y demás personas aliadas en todas las regiones y en todos los ámbitos, ya sean estas de nueva creación o de larga data.

El salario mínimo de Georgia se encuentra en un porcentaje inferior al de todos los países del mundo. Esta realidad afecta mayoritariamente a las mujeres.

El país no solo tiene una brecha salarial de género significativa, sino que las mujeres también trabajan más horas y más horas no reguladas antes de irse a casa para ocuparse de las tareas domésticas y de sus familias. No hay licencia por maternidad, no hay aumentos de salario por horas extras, no hay seguro de desempleo, y no hay licencias por enfermedad u otra protección social. Presionados por organizaciones occidentales, los partidos políticos oligárquicos georgianos han estado implementando reformas que están destruyendo el estado de bienestar, aumentando las medidas de austeridad y empeorando la explotación de lxs trabajadorxs, todo para los beneficios de grandes corporaciones que aplauden al país por su "facilidad para hacer negocios". Los medios de comunicación, cooptados por intereses privados y corporativos, están sesgados sobre estos temas o los silencian. La organización sindical sigue siendo una de las pocas opciones para luchar por los derechos humanos básicos y para hacer que el Estado y las empresas rindan cuentas ante las violaciones y persecuciones diarias y generalizadas contra lxs trabajadorxs, especialmente contra las mujeres.

Fuentes: Minimum-Wage y entrevista con Sopo Japaridze en Democracia Abierta

A pesar de su rigidez en cuestiones doctrinales y de cosmovisión, lxs actores anti-derechos han demostrado una apertura a nuevos tipos de alianzas estratégicas, nuevas técnicas de organización y nuevas formas de discurso. Todo esto les ha permitir detentar mayor poder en los espacios internacionales.

Se ha observado una notable evolución en las estrategias de lxs actores ultra conservadores que operan a este nivel. No solo intentan manipular los límites de los consensos y bloquear cierto lenguaje, sino también transformar el marco conceptual, desarrollar normas y estándares alternativos y encontrar otras vías de influencia.

Estrategia 1: Capacitación de representantes ante las Naciones Unidas

Lxs actores ultra conservadores trabajan para establecer y mantener vínculos con representantes de los Estados ofreciéndoles oportunidades regulares de capacitación — como el Foro Mundial de Políticas sobre la Familia que es anual — y materiales de capacitación específicos.

Estas capacitaciones y la provisión de recursos en forma periódica les aportan discursos y técnicas de negociación a lxs representantes  para que continúen colaborando en pro de los objetivos anti-derechos en el sistema de derechos humanos. Lxs representantes también reciben compilaciones organizadas de «lenguaje consensuado» y referencias a información pseudo-científica o estadística para reforzar sus argumentos.

La transmisión consolidada de estos mensajes explica en parte por qué lxs representantes de los Estados que adoptan posiciones ultra conservadoras en los debates internacionales sobre derechos humanos a menudo lo hacen contradiciendo su propia legislación y políticas nacionales.

Estrategia 2: Celebración de encuentros internacionales

La red de reuniones virtuales regionales e internacionales de lxs actores anti-derechos contribuye a crear vínculos más estrechos entre las OSC ultra conservadoras, los Estados y bloques de Estados, y poderosos órganos intergubernamentales. El Congreso Mundial de las Familias que se realiza todos los años es uno de los principales ejemplos de esta estrategia.

Estas reuniones refuerzan los vínculos personales y las alianzas estratégicas, elementos centrales para construir y sostener cualquier movimiento. También facilitan la creación dinámica de relaciones que van más allá de los países o las religiones y se articulan en torno a temáticas e intereses compartidos, lo que conduce a un enfoque más proactivo para formular demandas integrales en la esfera política internacional por parte de lxs actores anti-derechos.

Estrategia 3: Formular reservas a los acuerdos sobre derechos humanos

Históricamente, los Estados y los bloques estatales han tratado de socavar el consenso internacional o la rendición de cuentas por parte de cada país frente a las normas internacionales de derechos humanos interponiendo reservas a los acuerdos que ponen en peligro la aplicabilidad universal de los derechos humanos.

La Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) es la que ha sido objeto del número más alto de reservas, muchas de las cuales se fundamentan en presuntos conflictos con la ley religiosa. Sin embargo, la CEDAW está fuera de discusión como parte del derecho internacional de los derechos humanos, y las referencias a la tradición, cultura o religión no pueden justificar violaciones de los derechos humanos. Muchas reservas a la CEDAW son inválidas porque son «incompatibles con el objeto y el propósito» de este tratado. Sin embargo, los Estados invocan continuamente estas reservas para eludir sus responsabilidades en materia de derechos humanos.

También se están introduciendo cada vez más «reservas» a documentos y acuerdos de Naciones Unidas que no son tratados formales, como las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General.

Estrategia 4: Creación de un marco paralelo de derechos humanos

Resulta alarmante observar cómo actores regresivxs que operan en la ONU han comenzado a cooptar estándares de derechos existentes y a hacer campaña para desarrollar un lenguaje consensuado que sea profundamente anti-derechos.

Su objetivo es crear y luego propagar en los escenarios internacionales de derechos humanos un lenguaje que valide normas patriarcales, jerárquicas, discriminatorias y culturalmente relativistas.

Un paso hacia el logro de este propósito es la redacción de textos declarativos, como la Declaración Mundial de la Familia y los Artículos de San José, que se presentan como fuentes no vinculantes en materia de derechos humanos, recogen adhesiones por parte de  múltiples actores de la sociedad civil, estatales e institucionales; y luego sirven como base para la promoción y el cabildeo.

Estrategia 5: Desarrollo de fuentes «científicas» alternativas

Como parte de un cambio estratégico hacia el uso de discursos no religiosos, lxs actores anti-derechos han invertido significativamente en crear sus propios grupos de expertxs en «ciencias sociales». Ayudados por los medios conservadores que son cada vez más numerosos, estos materiales se difunden ampliamente entre grupos conservadores de la sociedad civil y también  se utilizan como base para la incidencia en espacios internacionales de derechos humanos.

Mientras que los objetivos y la motivación de lxs actores conservadorxs se derivan de sus interpretaciones extremas de la religión, la cultura y la tradición, a menudo refuerzan sus argumentos con estudios que reivindican para sí una cierta  autoridad intelectual. Así se produce un contra-discurso, a través de una mezcla engañosa de doctrina tradicionalista y ciencias sociales.

Estrategia 6: Movilización de jóvenes

Esta es una de las estrategias más efectivas empleadas por la derecha religiosa y representa una inversión importante en el futuro de los movimientos anti-derechos.

El reclutamiento de jóvenes y el desarrollo de sus liderazgos, comenzando en el nivel local con iglesias y campus universitarios, son una prioridad para muchos actores conservadores dedicados a influir sobre políticas internacionales.

Esta estrategia les ha permitido infiltrarse en espacios específicos de las Naciones Unidas para jóvenes, incluidos los de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, y crear un fuerte contrapunto a las redes y organizaciones progresistas de la juventud.

Estrategia 7: Desmantelamiento económico y deslegitimación de los mecanismos de derechos humanos

Los grupos regresivos han comprendido que dentro del sistema de Naciones Unidas su influencia es mucho menor cuando se trata de mecanismos de expertxs (Procedimientos Especiales y órganos de monitoreo de tratados) o de organismos operativos (agencias) y no de mecanismos políticos.

Por eso , los grupos anti-derechos afirman que las agencias de Naciones Unidas están «sobrepasando su mandato»; el Comité CEDAW y otros organismos de tratados no tienen autoridad para interpretar esos instrumentos; y los Procedimientos Especiales son en realidad expertxs que han tomado partido y que se extralimitan en su mandato. Los grupos anti-derechos también han tenido éxito en su cabildeo para recortar la financiación a organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Esta invalidación de los mecanismos de las Naciones Unidas alimenta la impunidad estatal. Cuando los gobiernos están bajo escrutinio internacional, pueden defender sus acciones acusando al mecanismo que los examina de tener defectos estructurales o de estar sobrepasando su mandato.

Estrategia 8: Organización en línea

Lxs actores no estatales conservadores invierten cada vez más en las redes sociales y otras plataformas en línea para promover sus actividades, hacer campaña y difundir ampliamente información de los espacios internacionales de derechos humanos.

La organización española CitizenGo, por ejemplo, se presenta como la versión conservadora de Change.org, organizando peticiones y campañas de cartas. Una petición reciente, que se opone a que la ONU instituya  un Día Internacional sobre el Aborto Seguro, reunió más de 172 000 firmas.

Tendencias globales:

• Aprender de las estrategias de organización de feministas y otrxs actores progresistas.
• Replicar y adaptar  en el nivel internacional tácticas que fueron exitosas a nivel nacional.
• Pasar de un énfasis en la 'protesta simbólica' a convertirse en infiltradxs que están subvirtiendo el sistema.

Si conocemos las estrategias empleadas por lxs actores anti-derechos, podemos  contrarrestarlas de manera más efectiva.

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• Actores principales de la oposición
• Discursos principales de la oposición
• Impactos principales sobre el sistema internacional de derechos humanos

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Oui, tout à fait! Nous reconnaissons et comprenons les différentes raisons pour lesquelles les féministes de tous contextes ne recourent pas au financement extérieur, pouvant aller de ne pas être éligibles à demander des subventions et/ou recevoir de l’argent de l’étranger, à compter sur des ressources générées de manière autonome (ressource en anglais) en tant que stratégie politique à part entière. Nous vous invitons à participer, peu importe votre expérience du financement extérieur.

La domination croissante des marchés financiers internationaux et des institutions dans la définition des politiques économiques mondiales a pour effet de confisquer le pouvoir des personnes dans l’intérêt des élites mondiales et des grandes entreprises.

Notre rapport sur les flux financiers illégaux explore leur impacts disproportionnés sur la justice de genre. Il expose les cadres politique et juridique qui permettent aux entreprises de jouir d'abus fiscaux au détriment des personnes et de la planète.

Le rapport conclut avec ces sept recommandations politiques féministes pour demander plus de transparence et de responsabilité des entreprises afin de stopper les flux financiers illégaux.

Nos recommandations stratégiques :

Les flux financiers illicites attirent une attention sans précédent, par exemple dans le cadre de négociations sur le développement autour du Programme de développement à l’horizon 2030 ou lors de la Conférence sur le financement du développement d’Addis-Abeba en 2015. Ils font également les gros titres dans les médias traditionnels avec la diffusion de documents concernant des opérations financières offshore ayant fait l’objet de fuites, une affaire connue sous le nom des « Panama Papers ».

Pour donner un autre exemple, lors d’un référendum en février 2017, le peuple équatorien a voté pour empêcher les politiciens et les fonctionnaires de posséder des actifs, des entreprises ou des capitaux dans des paradis fiscaux. Le gouvernement équatorien est maintenant une voix de premier plan au sein du G77, aux Nations Unies, en faveur de la création d’un organisme fiscal mondial de l’ONU pour mettre un terme aux paradis fiscaux.

Ce coup de projecteur constitue potentiellement une opportunité pour les féministes, les mouvements sociaux et les défenseur-euse-s de la justice fiscale de faire pression en faveur de la transformation du système financier mondial qui renforce les inégalités au niveau mondial, y compris les inégalités de genre.

Nous proposons ci-dessous sept revendications politiques pour contribuer aux actions de plaidoyer des féministes et des activistes oeuvrant en faveur de la justice sociale, des droits des femmes et de l’égalité de genre :

1. Les FFI constituent une violation des droits humains et des droits des femmes :

• Les flux financiers illicites entravent le respect de l’obligation qu’ont les États de mobiliser les ressources maximales disponibles pour la réalisation des droits humains, en ce compris les engagements pris de longue date concernant les droits des femmes et l’égalité de genre.
• Le renforcement de la responsabilité des entreprises est une option qui se trouve sur la table du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée a été constitué pour élaborer un instrument international juridiquement contraignant dans le cadre du droit international relatif aux droits humains pour réglementer les activités des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales. Ce processus a le potentiel de faire reconnaître l’évasion fiscale des entreprises comme violation des droits humains, y compris les droits des femmes, et devrait être davantage soutenu par les pays du Nord et du Sud.

2. S’assurer que les multinationales paient leur part :

• Développer des mécanismes internationaux qui freinent les pratiques fiscales abusives et empêchent les exonérations fiscales des entreprises. Les États membres de l’ONU devraient engager des négociations pour rédiger une convention des Nations Unies pour lutter contre les pratiques fiscales abusives. La convention devrait inclure un régime de consolidation et de répartition fiscales pour imposer les bénéfices globaux des entreprises.
• Revoir en particulier les réglementations nationales dans les pays riches qui permettent aux multinationales de payer leurs impôts dans le pays où elles sont domiciliées plutôt que dans le pays où elles exercent leur activité économique. Cette pratique affecte particulièrement les pays en développement, car les bénéfices imposables leur échappent de plus en plus, face à des juridictions à faible taux d’imposition ou non taxées.
  Des propositions comme le système de taxation unitaire devraient être prises en considération à cet égard.

3. Soutenir la création d’une instance fiscale intergouvernementale aux nations unies :

• Une instance fiscale au sein des Nations Unies, dotée de droits de vote égaux et d’adhésion universelle devrait avoir le pouvoir d’examiner les politiques fiscales nationales, régionales et mondiale et de veiller à ce que les États respectent les engagements convenus depuis longtemps dans le domaine des droits humains, y compris les droits des femmes et l’égalité de genre.

4. Promouvoir la transparence et la collecte de données sensibles au genre :

• Des efforts accrus doivent être accomplis au niveau mondial pour affiner des données comparables sur la fraude fiscale, comme par exemple des données ventilées selon le genre qui montrent les impacts différenciés selon le genre qui sont spécifiques à certains systèmes fiscaux.
• Les pays doivent adopter un cadre qui assure l’échange automatique de données, ce qui garantirait un accès public et global à des informations essentielles qui illustrent comment certaines pratiques affectent les ressources disponibles pour la réalisation des droits humains.
• Mettre en oeuvre l’obligation pour les multinationales de divulguer publiquement, dans le cadre de leurs rapports annuels, les bénéfices réalisés et les taxes payées dans chaque pays dans lequel elles opèrent.
• Parmi les autres informations financières qui doivent être accessibles, il doit y avoir une plus grande coopération entre les gouvernements concernant le partage de leurs registres publics nationaux qui révèlent l’identité des véritables propriétaires des sociétés, fiduciaires, fondations et autres structures juridiques du même type.

5. Promouvoir la justice fiscale au niveau national par des politiques fiscales progressives :

• Promouvoir la justice fiscale par des politiques fiscales progressives. Cela nécessite d’augmenter le poids des taxes directes sur le revenu du capital et sur les secteurs hautement rentables de la société, tout en réduisant et en supprimant le fardeau qui pèse sur les femmes et les personnes pauvres. Les segments pauvres de la société, où les femmes sont surreprésentées, ne devraient pas payer plus d’impôts par rapport à leurs revenus que les segments les plus riches qui bénéficient souvent de subventions fiscales, de congés fiscaux et autres réductions fiscales.
• Les gouvernements doivent examiner de manière critique les accords de commerce et d’investissement néfastes qui accordent des incitations et des exemptions fiscales qui perpétuent les inégalités et les préjugés liés au genre.

6. Assurer une large participation des organisations de défense des droits des femmes, des mouvements sociaux et de la société civile progressiste :

• Les décisions en matière de politiques économiques et fiscales manquent souvent de perspective sensible au genre. Les interactions entre le ministère des finances et le ministère qui s'occupe de l'égalité de genre et avec la société civile et les défenseur-euse-s des droits humains, sont essentielles pour mieux comprendre l’incidence qu’ont les décisions relatives aux recettes sur les droits des femmes et l’égalité de genre.
• Un environnement favorable devrait être mis en place pour protéger les défenseuses des droits humains et celles et ceux (lanceuses et lanceurs d'alerte, activistes pour la justice fiscale) qui dénoncent les abus fiscaux et documentent les affaires de corruption.

7. Faire cesser les activités criminelles liées aux FFI qui s’exercent en toute impunité et garantir que leurs auteurs aient à répondre de ces actes :

• Mettre en place un mécanisme coordonné au niveau mondial entre les autorités fiscales nationales, les organismes pour les droits humains et l’égalité de genre et les agences de renseignement, afin d’assurer que les activités criminelles associées aux FFI cessent de se poursuivre en toute impunité.
• Renforcer les systèmes judiciaires nationaux et mondiaux pour responsabiliser les personnes morales et physiques qui financent des activités criminelles par l’entremise des FFI.

Lire le rapport complet

AWID is committed to language justice and we regret that, at this point, having the WITM survey available in more languages is not feasible. However, if you need support with translations or want to fill the survey in any other language, please reach out to us at witm@awid.org.