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Carta de la sociedad civil contra el establecimiento de normas sobre el comercio electrónico en la Organización Mundial del Comercio (OMC)
Estimadxs intengrantes de la OMC.
La tecnología tiene la facultad de estimular el desarrollo y contribuye a generar medios de vida sostenibles, pero es esencial contar con políticas adecuadas para garantizar que los países, lxs trabajadorxs y consumidores de todo el mundo puedan beneficiarse. Sin embargo, algunos países han declarado su intención de reformular las normas de la economía mundial, iniciando a tal efecto en la OMC nuevas negociaciones sobre el “comercio electrónico”, con el fin de dotar a gigantescas empresas de tecnología -las empresas más grandes del mundo- con nuevos “derechos” para lucrar, limitando a la vez la supervisión del interés público y los beneficios de la nueva economía para todo el resto de la gente.
Las normas que proponen las grandes empresas transnacionales (ETN) de tecnología van mucho más allá del “comercio electrónico” y tienen implicancias en todas las facetas de la economía nacional y mundial, incluso para los países que no participan.
Les escribimos para expresar nuestra profunda e imperiosa oposición a estas negociaciones que se proponen que, en caso de concluirse, podrían tener como resultado la liberalización total de toda la economía (digital), representando por lo tanto un intento encubierto de lograr una "OMC 2.0”.
Aunque la retórica en torno al “comercio electrónico” destaca las oportunidades para los emprendedores de los países en desarrollo, el hecho de establecer normas vinculantes para una economía digital que aún está en surgimiento limitaría enormemente la capacidad de los países para desarrollar sus propias economías en el futuro. Profundizaría la situación mundial desventajosa en que se hallan los trabajadores y las pequeñas empresas frente a las grandes empresas en todos los países, característica de la economía mundial actual. Les permitiría a las grandes empresas de tecnología consolidar su modelo empresarial explotador, otorgándoles incluso nuevos derechos de acceso a los mercados en todo el mundo; a extraer y controlar datos personales, sociales y empresariales en todo el mundo; perpetuar la desreglamentación y evitar nuevas reglamentaciones futuras; acceder a una oferta ilimitada de mano de obra carente de derechos; ampliar su poder mediante monopolios y eludir el pago de impuestos. Las normas que se proponen representan por lo tanto una grave amenaza para el desarrollo, los derechos humanos, el empleo y la prosperidad común en todo el mundo, y son contrarias a las políticas necesarias para sofrenar el poder de las grandes empresas de tecnología.
1. Necesitamos una gobernanza democrática adecuada de los datos, no que las grandes empresas de tecnología tengan poder ilimitado sobre estos.
La democracia y el desarrollo sustentable dependen del flujo libre de información y creemos firmemente en la libertad de expresión. Pero esto difiere de la recopilación y transferencia transfronteriza desreglamentada de datos que llevan a cabo las ETN. El capitalismo de vigilancia de las grandes empresas de tecnología está perjudicando el funcionamiento democrático de nuestros medios, conocimientos, cultura, transporte y los sectores agrícola, judicial, comercial, de la salud y otros, y es dañino para nuestros procesos democráticos. El debate público hace cada vez más referencia a la necesidad de reducir el poder de las grandes empresas de tecnología mediante reglamentaciones más estrictas a nivel nacional e internacional, pero las normas sobre el “comercio electrónico” que se proponen, incluso su meta principal de garantizar la “libre circulación de datos” irrestricta, podrían impedir que los organismos competentes establezcan dichas reglamentaciones.
2. Las políticas de datos en aras del interés público son esenciales para el desarrollo económico y la prosperidad en todos los países.
En este momento, la mayoría de los países (y la mayoría de las personas) no comprenden cabalmente el valor de los datos, el más valioso de los recursos, y por eso los gobiernos están permitiendo demasiado fácilmente que las ETN los recopilen de manera indiscriminada y los transfieran fuera de sus países. Tal como ocurrió en siglos anteriores cuando los países en desarrollo perdieron el control de la capacidad de aprovechar adecuadamente el potencial de generación de riqueza de las commodities, hoy se corre el riesgo de repetir estos mismos errores ahora con los datos, dando lugar a un colonialismo digital y la exacerbación del grave problema de desigualdad creciente en todo el mundo. Todos los países, y especialmente los países en desarrollo, deben aprovechar el valor de los datos para los empresarios nacionales, pero también para el desarrollo económico de la comunidad en aras del interés público. Por lo tanto, deben preservar el margen de maniobra necesario para diseñar políticas relativas a la gobernanza de datos que les permitan potencialmente incluso almacenar los datos a nivel local o regional cuando esto sea en aras del interés nacional o de la comunidad.
Las propuestas en el marco de la OMC de cederles a las grandes empresas de tecnología el derecho de transferir datos transfronterizamente sin ninguna reglamentación, de prohibir que los países exijan que los datos se almacenen en su suelo, o el uso de servidores locales, restringirían seriamente la capacidad de los países en desarrollo -y de quienquiera que no sea una gran empresa de tecnología- de garantizar que sus ciudadanos se beneficien de la digitalización.
3. Las medidas de protección de los consumidores, su privacidad y sus derechos se verían amenazados por las normas sobre el “comercio electrónico”.
Se necesitan políticas sólidas de protección de los usuarios digitales, incluso en lo que hace a la privacidad y la protección de los datos. Los ciudadanos tienen derecho a la privacidad y los consumidores tienen derecho a que sus datos estén protegidos y no sean objeto de abusos por gigantescas ETN sedientas de ganancias o por gobiernos contrarios a nuestros derechos humanos en el espacio digital. Las normas que se proponen para la OMC les otorgarían a las empresas derechos ilimitados para transferir datos a su antojo a cualquier jurisdicción, y privilegiarían los derechos comerciales frente a las medidas de protección a los consumidores y el derecho a la privacidad de los ciudadanos, de manera tal que las normas de la OMC misma no podrían solucionar. Los derechos humanos, laborales, de los consumidores, económicos y civiles tienen que aplicarse igualmente en la esfera digital sin que se los restrinja tachándolos como “obstáculos al comercio”. A medida que las empresas echan mano cada vez más de la inteligencia artificial (IA), por ejemplo para la contratación y los despidos, y los gobiernos la utilizan crecientemente en funciones como las sentencias judiciales, también necesitamos marcos algorítmicos sólidos de rendición de cuentas para reducir la discriminación y el sesgo racial y de género, no restricciones al acceso a los códigos fuente y los algoritmos, como establecen las normas propuestas.
4. Las políticas digitales deben promover empleos decentes para la prosperidad común, no limitar el poder de los trabajadorxs.
Una industrialización digital inclusiva para la prosperidad común debe enfocarse en la creación de empleos y medios de sustento decentes y los derechos económicos y sociales asociados. El Informe sobre el Comercio y el Desarrollo publicado por la UNCTAD ha demostrado que los trabajadorxs están perdiendo su cuota parte de la producción mundial frente al capital, en parte porque el capital ha utilizado su riqueza excedente para reformular las normas para permitirle extraer cada vez más ganancias. La automatización y las políticas comerciales han debilitado el poder de negociación de los trabajadorxs, y las normas de “comercio electrónico” que se proponen erosionarían aún más los derechos y la fuerza de la clase trabajadora frente a gigantescas empresas digitales y conducirían a mayor desigualdad y precariedad creciente en muchos sectores.
A medida que más mujeres ingresan en la economía digital, nos oponemos a cómo el “género” y “el empoderamiento económico de las mujeres” se usa en la OMC para presionar por políticas contrarias al desarrollo que reducirán el poder de las mujeres trabajadoras. No porque incluyan simplemente una cláusula de género o laboral serán aceptables nuevas normas que refuerzan las desigualdades estructurales entre y dentro los países. La estrategia más importante para garantizar beneficios inclusivos y generalizados de la digitalización es el compromiso con la creación de empleo en pos del pleno empleo, enfocada en la equidad, incluyendo derechos laborales robustos y trabajo y condiciones de trabajo decentes para todos los trabajadorxs; igualdad de género; derechos de los trabajadorxs a los datos; y protección social completa y portátil, incluso para los trabajadorxs de empresas
plataformizadas.
5. Se necesitan urgentemente normas y acciones antimonopólicas, en jurisdicciones distintas a la OMC.
Un puñado de empresas globales de Estados Unidos y China controla prácticamente todo el comercio digital, de maneras que no sólo trastornan y reorganizan la actividad económica, sino que conducen a la dominación digital. Una porción cada vez más grande de las ganancias de las grandes empresas de tecnología derivan de la compra de empresas competidoras y de eludir las reglamentaciones. Además de establecer nuevas reglamentaciones antimonopólicas y reforzar las existentes, los gobiernos tienen que considerar la posibilidad de fragmentar a las empresas involucradas en prácticas monopólicas dañinas. Hasta que esto no ocurra, sería insensato inclinar la balanza aún más a favor del poder de los monopolistas de la tecnología manifestando acuerdo con sus propuestas en la OMC.
6. La liberalización digital diezmaría el desarrollo y aumentaría la pobreza en los países en desarrollo.
Para poder comerciar, los países en desarrollo tienen que producir y aumentar el valor obtenido de la producción. Si el comercio digital se expande sin primero mejorar las capacidades productivas de los países en desarrollo y sin cerrar la brecha digital mejorando a tal efecto la infraestructura física y la interconectividad, y adoptando normas aplicables sobre privacidad, protección de datos y derechos económicos sobre los datos, los países en desarrollo simplemente estarían abriendo aún más sus economías a las importaciones extranjeras.
Conectarse a las plataformas de comercio electrónico no aumentará automáticamente las exportaciones, pero si puede llevar a una erosión mayor de la participación en los mercados nacionales. Por lo tanto, la liberalización en la esfera digital, sin las inversiones nacionales requeridas para mejorar las capacidades productivas, destruirá los empleos y los informalizará aún más, diezmará a las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYME) y limitará seriamente las perspectivas de desarrollo a futuro. Las amenazas para la soberanía económica y las posibilidades de desarrollo futuro que implica una liberalización digital prematura se amplificarían enormemente si el espacio económico digital en rápida evolución se rige por normas que fueron redactadas por las propias ETN para garantizar su extracción de lucros en todo el mundo.
7. Para promover el desarrollo y las MPYME es urgentemente necesaria la industrialización digital.
En lugar de liberalización digital, lo que se necesita urgentemente en todo el mundo es una estrategia de industrialización digital enfocada en el desarrollo. En África, esto se ve reflejado en la visión de la ‘Agenda 2063: El África Que Queremos’. La industrialización digital implica la necesidad de inversiones en la infraestructura técnica, jurídica y económica de los países, y políticas para desarrollar y apoyar a las empresas y plataformas digitales nacionales y generar capacidades para usar los datos nacionales en aras del interés público; promover estratégicamente a las MPYME nacionales, incluso mediante marcos normativos sobre la transferencia de tecnología y el uso de datos nacionales; garantizar mediante políticas de empleo que los beneficios de la economía digital sean universales; garantizar impuestos adecuados e inversiones para cerrar la brecha digital; promover el bienestar y la privacidad de los consumidores mediante medidas de protección de los consumidores que puedan hacerse cumplir; garantizar la reglamentación de la economía digital en aras del interés público y buenas prácticas de competencia; y más.
Se necesitan políticas específicas para proteger a los pequeñxs actores económicxs, comerciantes, agricultores, pequeñxs proveedores de servicios, trabajadorxs, etc., que se ven amenazados por los nuevos modelos digitales globalmente organizados. Gran parte de esto puede lograrse mediante políticas nacionales que deben diseñarse con la debida participación y aportes de las partes interesadas, así como a través de la integración regional. Por contraste, las normas de “comercio electrónico” que se proponen para la OMC están orientadas específicamente a restringir la capacidad de los países para implementar la mayoría de estas políticas.
8. Las normas de “comercio electrónico” que se proponen para la OMC restringirían severamente las posibilidades de establecer sistemas fiscales más justos.
Las disposiciones sobre “comercio electrónico” que se proponen para la OMC incluyen al menos cinco mecanismos para limitar la responsabilidad fiscal de las grandes empresas de tecnología, no sólo prohibiendo sistemas fiscales adecuados, sino también prohibiendo que a las empresas se les exija tener presencia local en los países donde operan. Por el contrario, las grandes empresas de tecnología deben aportar al fisco nacional, tal como lo hacen las empresas locales o no digitales. Las empresas digitales aprovechan la movilidad e intangibilidad de los bienes y servicios digitales para eludir el pago de impuestos y generar así condiciones de competencia desigual que les favorecen. Las normas fiscales que permiten a las ETN digitales reducir artificialmente la renta imponible o trasladar los beneficios a jurisdicciones de baja tributación en las que realizan poca o ninguna actividad económica deben impugnarse, y tiene que impedirse que se las sistematice a través de normas sobre el comercio digital.
Para realizar inversiones en infraestructuras orientadas al desarrollo y en servicios públicos de buena calidad y accesibles, incluida infraestructura social que pueda reducir el trabajo de cuidados no remunerado y mal remunerado en el hogar, en su mayor parte realizado por mujeres, es esencial contar con un régimen fiscal acorde. Esto adquiere aún más importancia si se tiene en cuenta que la acumulación de deuda (tanto pública como empresarial) en los últimos años está suscitando nuevamente inquietudes respecto de su sostenibilidad. Los países en desarrollo no podrán alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sin ampliar las ayudas fiscales para lograr servicios públicos de calidad y accesibles en los sectores de la educación, salud, asistencia social, acceso al agua, electricidad y otros.
9. Necesitamos políticas que promuevan la innovación, las pequeñas empresas y la seguridad, no más patentes monopólicas.
La UNCTAD destaca que todos los países que se han industrializado con éxito usaron medidas de protección para las industrias nacientes. Habida cuenta que los países en desarrollo, y particularmente los Países Menos Adelantados (PMA) siguen necesitando industrializarse, tienen que poder usar medidas de protección para sus industrias nacientes, incluso a través de políticas activas de transferencia de tecnología. El sistema internacional de normas que rige las patentes y los derechos de propiedad intelectual ha llevado a una transferencia incalculable de riqueza -desde el Sur Global y los consumidores en todo el mundo- a un reducido grupo de ETN híper protegidas con patentes y derechos de propiedad, con sede en un puñado de países. Las medidas de protección extremas de la “propiedad intelectual” (PI) asfixian la innovación, reducen la libertad y la creatividad, fomentan los monopolios y facilitan la evasión de impuestos.
También reducen nuestra seguridad contra la piratería informática, ya que los códigos fuente y los algoritmos tratados como secretos comerciales podrían eludir los controles y supervisión reguladora. Las propuestas rotuladas como de “comercio electrónico” en el marco de la OMC apuntalarían aún más los sistemas de PI maximalistas y deben rechazarse, especialmente para los PMA, que no están obligados a implementarlas. En su lugar, necesitamos políticas probadas que promuevan la innovación, sin las limitaciones de los monopolios extremos de PI contrarios al desarrollo.
10. Los países necesitan margen de maniobra en materia de políticas; el libreto del “comercio electrónico” promueve una liberalización total perjudicial.
El “comercio electrónico” se está usando como caballo de Troya para otras propuestas que ampliarían la liberalización, entre ellas la eliminación de aranceles (para los productos de la tecnología de la información); la liberalización de varios servicios; y permitirles a empresas extranjeras competir por contratos de compras públicas de todos los ministerios. La propuesta es que esas disposiciones se apliquen incluso a los PMA, que no tienen que liberalizar bienes o servicios en la Ronda de Doha. Estas propuestas incluyen asuntos que los países en desarrollo lograron evitar que se negocien en la Ronda de Doha. No debe permitirse que se use el “comercio electrónico” para introducir por la puerta trasera normas contrarias al desarrollo que ya fueron rechazadas.
11. Necesitamos una nueva agenda para las políticas económicas digitales y para la economía mundial.
Los países en desarrollo tienen que diseñar y desarrollar sus propios programas de industrialización digital. No tienen que promover las “normas de comercio electrónico” que fueron formuladas por ETN como Amazon, Google, Facebook y Alibaba para beneficio propio. Otros modelos normativos pueden distribuir los beneficios de la economía digital más equitativamente y a la vez reforzar la realización de los derechos humanos. Todos los países por igual necesitan urgentemente políticas para controlar el comportamiento de estas empresas gigantescas, no consolidar aún más su poder monopólico excesivo.
En las negociaciones sobre el “comercio electrónico” no puede lograrse un resultado favorable para el desarrollo porque las normas y políticas necesarias para la industrialización digital son contrarias a las normas de la OMC, que dotan a las empresas con derechos mientras que limitan el papel que puede ejercer el Estado en la reglamentación.
La sociedad civil sostiene que el sistema mundial de comercio tiene que brindarle a los países suficiente margen de maniobra en materia de políticas para promover una agenda positiva para el desarrollo y la creación de empleo, y facilitar, en lugar de obstaculizar, las iniciativas mundiales para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria verdadera, el desarrollo sustentable, acceso a medicamentos asequibles y estabilidad financiera a nivel mundial. Tiene que priorizar los acuerdos mundiales sobre derechos humanos, medioambiente y los ODS por encima de las tasas de ganancia empresariales. Mediante las negociaciones sobre el “comercio electrónico” se está dejando de lado esta agenda favorable al desarrollo en la OMC, en aras de los intereses de las grandes empresas de tecnología.