Only a year after it was founded, the members of Nadia Echazú started to work in haute couture and organized a fashion show in the historic Bauen Hotel.

They showcased five models and some workers of the textile cooperative walked down the runway with their own designs.

This was revolutionary not only because they were designing alternatives to mainstream fashion, but also because they were creating accessible, inclusive clothes for all trans and travesti bodies.

Feminist economies should also be about feeling amazing and comfortable in the clothes we are wearing.

Our aim is to reach a total of 2,000 responses, almost double the number from the last WITM survey in 2011.

Definition

The solidarity economy (including cooperative economy and gift economy) is an alternative framework that is allowing for different forms in different contexts, open to continual change.

This framework is grounded in the principles of:

• solidarity, mutualism (Mutual Aid), and cooperation
• equity in all dimensions
• social well-being
• sustainability
• social and economic democracy
• pluralism

The producers in a solidarity economy develop economic processes that are intimately related to their realities, preservation of the environment and mutual cooperation.

Context

According to feminist geographer Yvonne Underhill-Sem, the gift economy is an economic system in which goods and services flow between people without explicit agreement of their value or future reciprocity.

Behind gifting is human relationship, generation of goodwill, and attention to the nurturance of the whole society and not just one’s immediate self and family, it is about the collective.

For example, in the Pacific region, this includes: collecting, preparing, and weaving terrestrial and marine resources for mats, fans, garlands, and ceremonial items; and raising livestock and storing seasonal harvests.

Feminist perspective

The incentives for women to be involved in economic activities are diverse, ranging from the fulfillment of career aspirations and making money for a long-term comfortable life to making money to make ends meet, paying off debt, and escaping from the drudgery of routine life.

To accommodate the diverse environments that women operate in, the concept of solidarity economy is in continual development, discussed and debated.

Learn more about this proposition

• The networks of organisations gathered within the Intercontinental Network for the Promotion of Social Solidarity Economy (RIPESS) issued a set of recommendations for the post-2015 development agenda that summarizes the key demands of a solidarity economy.
• The “Global Vision for a Social Solidarity Economy: Convergences and Differences in Concepts, Definitions and Frameworks” paper released by RIPESS in 2015 is part of a process of dialogue in which the network has been engaged. The global vision paper lays out the main points of the discussions and identifies areas to explore further.

La lucha por un mundo lleno de lugares de trabajo libres de todas formas de discriminación, estigma y exclusión es digna. Un mundo en el que el trabajo sexual sea descriminalizado y reconocido como trabajo es parte integrante de esto.

Un mundo donde todxs lxs trabajadorxs tengan condiciones de trabajo seguras, salarios dignos y puedan disfrutar de los mismos derechos como el acceso a la salud, pensiones, permisos por enfermedad, vacaciones, seguridad laboral y más, sin importar su género, raza, etnia, edad o capacidad.

Los derechos laborales son cuestiones feministas, y los sindicatos feministas desempeñan un papel clave en la promoción de los derechos legales, laborales y económicos de todxs lxs trabajadorxs, especialmente lxs trabajadorxs migrantes, lxs trabajadorxs domésticxs, lxs trabajadorxs informales y lxs trabajadorxs sexuales. Estas son personas que recientemente se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia, su crisis de cuidados, los confinamientos, toques de queda y el aumento de la vigilancia y represión policial.

Aquí les presentamos las historias de activistas feministas y sindicalistas que luchan por mejores condiciones de trabajo y mejores mundos para todxs.

Preguntas frecuentes

Contexto

La crisis económica global actual ofrece claras evidencias de que las políticas económicas de las últimas tres décadas no han funcionado.

La devastación causada por la crisis en los hogares más vulnerables del Norte y del Sur Globales nos recuerda que la formulación de políticas económicas y la realización de los derechos humanos (económicos, sociales, políticos, civiles y culturales) han estado separados durante demasiado tiempo. Las políticas económicas y los derechos humanos no tienen por qué ser fuerzas opuestas sino que pueden existir de manera simbiótica.

Las políticas macroeconómicas afectan el funcionamiento de la economía en su totalidad, e influyen sobre la disponibilidad y la distribución de los recursos. En este contexto, las políticas fiscales y monetarias son fundamentales.

Definición

• Las políticas fiscales incluyen tanto los ingresos como el gasto público, y la relación entre ambos tal como queda expresada en el presupuesto gubernamental.
• Las políticas monetarias abarcan las políticas sobre tasas de interés y de cambio así como la oferta de dinero y la regulación del sector financiero.
• Las políticas macroeconómicas se implementan a través de instrumentos como los impuestos, el gasto del estado y el control sobre la oferta de dinero y de crédito.

Estas políticas afectan los principales precios como las tasas de interés y de cambio que a su vez influyen de manera directa sobre otros elementos como el nivel de empleo, el acceso a créditos que se puedan pagar y el mercado de la vivienda.

Aplicar un marco de referencia de derechos humanos a las políticas macroeconómicas les permite a los Estados cumplir mejor con su obligación de respetar, proteger y promover los derechos económicos y sociales. Los derechos humanos son estándares universales que gozan de consenso internacional. Estas normas legales se expresan en  tratados de Naciones Unidas como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

El artículo 1 de la DUDH dice que «Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos».

Aunque la DUDH fue escrita hace más de seis décadas, su relevancia perdura. Muchas de las ideas que expresa se refieren a preocupaciones y temáticas centrales a las que continuamos enfrentándonos en todo el mundo: el rechazo a los tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5), protección contra toda discriminación (artículo 7), la propiedad (artículo 17), igual salario por trabajo igual. (artículo 23.2) y el acceso a la educación (artículo 26.1) son asuntos pertinentes tanto en países ubicados al norte como al sur del Ecuador.

En un sentido más específico, la legislación internacional obliga a los Estados a respetar, proteger y promover los derechos humanos, que incluyen a los derechos económicos y sociales, de las personas bajo su jurisdicción. Esto cobra una relevancia particular en este momento de crisis financiera. En Estados Unidos, la regulación estatal se desvirtúa en función de intereses particulares. El fracaso en cuanto a extender el rol de supervisión de los gobiernos en el contexto de cambios sociales y económicos es también un fracaso frente a la obligación de proteger los derechos humanos.

Perspectivas feministas

Para realizar los derechos económicos y sociales, los Estados deben cumplir con los principios fundamentales de derechos humanos. Algunos de esos principios pueden tener consecuencias importantes para la gobernabilidad de las instituciones y mercados financieros, pero esas posibilidades todavía no se han explorado del todo.

Los derechos económicos y sociales tienen una base institucional y legal concreta. Las declaraciones globales, tratados internacionales, pactos y en varios casos también las constituciones nacionales han incorporado aspectos del marco de referencia de los derechos económicos y sociales, por lo que ofrecen una infraestructura institucional en el derecho doméstico e internacional.

Algunas personas consideran que tal vez no resulte útil pensar en una justicia global por las complejidades institucionales que implica. Sin embargo, esto pasa por alto el hecho de que las instituciones globales ya ejercen impactos tanto positivos como negativos sobre la justicia social.

Resulta útil identificar las consecuencias que tienen algunos elementos de los marcos alternativos para la gobernabilidad económica y específicamente los que cuentan con el apoyo de instituciones existentes. Los derechos económicos y sociales constituyen uno de esos marcos de referencia específicos. Se trata de un marco de referencia en continua evolución que requiere de conversaciones y deliberaciones permanentes para abordar sus áreas aún no desarrolladas y sus potenciales deficiencias.

Para leer más acerca de esta propuesta:

• How to Apply a Human Rights Framework to Macroeconomic Strategies [Cómo aplicar un marco de derechos humanos a las estrategias macroeconómicas] (en inglés) del Center for Women’s Global Leadership (CWGL)
•  Esta sección está inspirada por la entrada del blog del CWGL “Applying a Human Rights Framework to Macroeconomic Policies” (2012). Ver (en inglés)

Le salaire minimum en Géorgie est l’un des plus bas dans le monde. Cette réalité touche surtout les femmes.

Non seulement le pays a un écart de rémunération important entre les genres, mais les femmes travaillent également des heures plus longues et moins réglementées avant de rentrer chez elles pour s'occuper des tâches ménagères et de leur famille. Il n'y a pas de congé de maternité, pas d'augmentation de salaire pour les heures supplémentaires, pas d'assurance-chômage, et pas de congé de maladie ou d'autre protection sociale. Sous la pression d’organisations occidentales, les partis politiques oligarchiques géorgiens ont mis en œuvre des réformes qui détruisent l'État-providence, augmentent les mesures d'austérité et aggravent l'exploitation des travailleur·euses, le tout au profit des grandes entreprises qui applaudissent le pays pour sa «facilité à faire des affaires». Les médias, cooptés par des intérêts privés et corporatifs, sont partiaux sur ces questions ou les réduisent au silence. L'organisation syndicale reste l'une des rares options pour lutter pour les droits humains fondamentaux et pour tenir l'État et les entreprises responsables des violations et persécutions quotidiennes et généralisées contre les travailleur·euses, et en particulier les femmes.

Source: Minimum-Wage et entretien avec Sopo Japaridze dans Open Democracy

Чтобы заявить о себе как об эксперте по вопросам ресурсного обеспечения феминистских движений