Le Conseil des droits de l'homme (CDH) est un organe intergouvernemental clé du système des Nations Unies, responsable de la promotion et la protection des droits humains autour du globe. Il se réunit trois fois par an en session ordinaire, en Mars, Juin et Septembre. Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) constitue le secrétariat pour le CDH.
Débat et adopte des résolutions sur les questions globales des droits humains ainsi que sur la situation des droits humains dans des pays particuliers
Examine les plaintes des victimes de violations des droits humains et des organisations activistes, au nom des victimes de violations des droits humains
Nomme des experts indépendants (que l'on connaît sous le nom de « Procédures Spéciales ») pour réviser les cas de violation des droits humains dans des pays spécifiques, ainsi que pour examiner et suivre des questions globales relatives aux droits humains
Prend part à des discussions avec les experts et les gouvernements sur les questions de droits humains
Évalue les bilans des États membres de l'ONU en matière de droits humains tous les quatre ans et demi, dans le cadre de l'examen périodique universel.
La prochaine session du CDH a lieu à Genève, en Suisse, du 30 juin au 17 juillet 2020.
AWID travaille avec des partenaires féministes, progressistes et du domaine des droits humains pour partager nos connaissances clé, convoquer dialogues et évènements avec la société civile, et influencer les négociations et les résultats de la session.
En vous promenant dans le quartier du Raval à Barcelone, vous croiserez peut-être Metzineres, une coopérative féministe par et pour les femmes et personnes trans et non-binaires qui consomment de la drogue.
Imaginez un endroit sans stigmatisation, où les femmes et personnes trans et non-binaires peuvent consommer des drogues en toute sécurité. Un lieu qui offre sécurité, soutien et accompagnement aux femmes et personnes trans et non-binaires dont les droits sont systématiquement bafoués par la guerre contre la drogue et qui subissent violence, stigmatisation et répression en conséquence.
Juste à l'extérieur de l'entrée, les passant·es et les visiteur·euses sont accueilli·e·s par un immense tableau noir où figurent des conseils, des astuces, des souhaits et des dessins de personnes qui consomment de la drogue. Il existe également un calendrier qui présente une série d'activités auto-organisées par la communauté Metzineres. Qu'il s'agisse d'ateliers coiffure et cosmétique, des émissions radio, des pièces de théâtre, de repas communs offerts à la communauté ou des cours d'autodéfense, il y a toujours quelque chose à faire!
La coopérative offre des sites de consommation sûrs ainsi que des services qui couvrent les besoins de base des gens. Il y a des lits, des casiers, des douches, des toilettes, des machines à laver et une petite terrasse extérieure où les gens peuvent se détendre ou jardiner.
Metzineres opère dans un cadre de réduction des méfaits, qui tente de réduire les conséquences négatives de la consommation de drogue. Mais la réduction des méfaits est bien plus qu'un ensemble de pratiques: c'est une politique ancrée dans la justice sociale, la dignité et les droits des personnes qui consomment des drogues.
Retratada en The Guardian como uno de los íconos nacionales de Kiribati, Teresia fue una valiente activista.
Trabajó estrechamente con los grupos feministas en Fiji y que puso sus investigaciones al servicio de las cuestiones feministas y de género en el Pacífico. Además, fue coeditora de la publicación International Feminist Journal of Politics. Su influencia se extendió desde la frontera académica hasta los movimientos por la justicia social en la región de Oceanía.
Lxs actores ultra conservadores han desarrollado una serie de discursos en la esfera internacional de los derechos humanos. Utilizan argumentos que manipulan la religión, la cultura, la tradición y la soberanía nacional para minar los derechos relacionados con el género y la sexualidad.
Lxs actores anti-derechos se han alejado cada vez más del lenguaje explícitamente religioso. Vemos que actores regresivxs —que antes tal vez ridiculizaban los conceptos de derechos humanos — ahora los manipulan y cooptan para promover sus propios objetivos.
Este discurso emergente y exitoso parece inocuo, pero resulta útil como un tema ‘sombrilla’ bajo el que se cobijan múltiples posiciones patriarcales y anti-derechos. Por eso el tema de la «protección de la familia» resulta un ejemplo clave que muestra la tendencia de lxs actores regresivxs a llevar adelante una incidencia integral e integrada.
El lenguaje de la «protección de la familia» opera desplazando al sujeto de los derechos humanos, reemplazando al individuo por instituciones ya poderosas. También afirma una concepción unitaria, jerárquica y patriarcal de la familia que discrimina a todo formato familiar que esté fuera de estos límites rígidos.
Por último, intenta cambiar el enfoque del reconocimiento y la protección de los derechos de integrantes vulnerables de la familia a la no discriminación, la autonomía y la ausencia de violencia en el contexto de las relaciones familiares.
La Santa Sede y varios grupos de la derecha cristiana buscan apropiarse del derecho a la vida para ponerlo al servicio de su misión contra el aborto. Mezclando el lenguaje de los derechos humanos con la doctrina religiosa conservadora, argumentan que el derecho a la vida, tal como se lo establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se aplica a partir del momento de la concepción.
Ningún instrumento universal de derechos humanos apoya ese argumento. Sin embargo, esta es una táctica atractiva para lxs actores anti-derechos, porque el derecho a la vida no puede ser violado bajo ninguna circunstancia y es un estándar legal vinculante.
Lxs actores anti-derechos humanos utilizan una serie de dispositivos retóricos en su campaña para minar los derechos sexuales: sostienen que estos derechos no existen o que son «nuevos derechos»; que causan daño a las niñas, los niños y la sociedad; y/o que se oponen a la cultura, la tradición o las leyes nacionales.
Lxs actores conservadores dedicados a hacer incidencia en la ONU atacan el derecho a una educación sexual integral (ESI) desde varios frentes. Afirman que viola los «derechos parentales»; que perjudica a las niñas y los niños; y que no es educación sino adoctrinamiento ideológico.
También alegan que poderosos grupos de presión les imponen la Educación Sexual Integral a las niñas y los niños, los padres y las Naciones Unidas para beneficiarse de los servicios que estos mismos grupos proporcionan a niñas, niños y jóvenes.
Los intentos de invalidar los derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género se han multiplicado. Lxs actores ultra conservadores argumentan que aplicar los principios y leyes históricos de derechos humanos a esta temática equivale a crear «nuevos derechos», y proponen un cambio radical en el significado actual de los derechos que resultaría de interpretarlos a la luz de la "cultura" o de las «particularidades nacionales».
Desde hace muchos años, las organizaciones de la derecha cristiana se movilizan en contra de los derechos reproductivos junto con la Santa Sede y otrxs aliadxs anti-derechos. A menudo argumentan que los derechos reproductivos no son más que una forma de control poblacional impuesto por Occidente sobre los países del Sur Global. Irónicamente, esta afirmación proviene a menudo de actores con sede en Estados Unidos y Europa Occidental, que en su mayoría trabajan activamente para exportar sus discursos y políticas fundamentalistas.
Lxs actores regresivxs también citan argumentos «científicos» de grupos de expertxs ultra conservadores y de fuentes que emplean metodologías de investigación poco sólidas, para sugerir que el aborto causa una serie de efectos secundarios psicológicos, sexuales, físicos y relacionales.
Así como lxs actores anti-derechos buscan construir una nueva categoría de «protección de la familia», también proponen otra: los «derechos parentales», que tampoco encuentra respaldo en las normas de derechos humanos vigentes. Este discurso paradójicamente intenta utilizar las protecciones de derechos que les corresponden a los niños y las niñas, tal como las expresa la Convención sobre los Derechos del Niño, para fundamentar el derecho de padres y madres a controlar a sus hijas e hijos y limitar sus derechos.
Cada vez más, lxs actores anti-derechos, están intentando infiltrar y subvertir los estándares y discursos desarrollados por defensoras de derechos humanos, como la violencia contra las mujeres.
En la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres y en otros escenarios, estos actores insisten en tratar esta forma de violencia como un concepto al que le adosan argumentos anti-derechos reproductivos y otros de cariz patriarcal. Lxs actores ultra conservadores, por ejemplo, han argumentado que las relaciones de pareja no tradicionales ni heteronormativas son un factor de riesgo para la violencia, y enfatizan que los padres son necesarios para proteger a las familias de la violencia.
La Santa Sede ha elaborado y sostenido una crítica al género, a la «ideología de género», lxs «radicales del género» y la teoría de género. Lxs actores anti-derechos a menudo leen el término ‘género’ como un código equivalente a ‘derechos LGBTQ’. La derecha religiosa utiliza el género como un concepto transversal que une muchos de sus discursos. Cada vez más, el pánico que generan en torno a este tema se concentra en la identidad de género y en los derechos de las personas trans.
Varios actores ultra-conservadores emplean el discurso de la complementariedad de los sexos. Estructuran su retórica en torno a una presunción de diferencia: se supone que los hombres y las mujeres tienen roles diferentes pero complementarios en el matrimonio, la vida familiar, y también en su participación en la vida comunitaria, política y económica.
La referencia a los roles «naturales» tiene por objeto rechazar los derechos humanos universales a la igualdad y la no discriminación. También se utiliza para justificar las violaciones de estos derechos por parte de actores estatales y no estatales, y el incumplimiento de las obligaciones del Estado en cuanto a eliminar los prejuicios y las prácticas basadas en roles estereotipados para hombres o mujeres.
Este discurso sugiere que organismos de la ONU o Estados que actúan a través de la ONU atacan injustamente a los gobiernos nacionales. Lo que se intenta aquí es desplazar el sujeto de los derechos humanos de la persona o sector marginado que sufre una violación de sus derechos a una institución poderosa y/o regresiva, el Estado, para justificar excepciones nacionales a los derechos universales o para apoyar la impunidad estatal.
Lxs actores anti-derechos han adoptado el discurso de la libertad religiosa para justificar violaciones a los derechos humanos. Se refieren a la libertad religiosa de una manera que contradice directamente el propósito de este derecho humano y entra seriamente en conflicto con el principio de la universalidad de los derechos.
Su argumento es que la libertad religiosa se ve amenazada y debilitada por la protección a los derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con el género y la sexualidad.
Lo que se proponen instalar es que el derecho a la libertad religiosa tiene por objeto proteger a las propias religiones y no a las personas, que son quienes en verdad tienen la libertad de profesar o no distintas creencias. Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos protege a lxs creyentes y no a las creencias, y el derecho a la libertad de religión, pensamiento y conciencia incluye el derecho a no profesar ninguna religión ni creencia así como a cambiar de religión o de creencias.
El despliegue de referencias a la cultura y la tradición para debilitar los derechos humanos, incluido el derecho a la igualdad, es una táctica común entre lxs actores anti- derechos. Presentan la cultura como algo monolítico, estático e inmutable, y a menudo la oponen a las «normas occidentales».
Las alusiones a la cultura por parte de lxs actores anti-derechos en los debates de política internacional tienen como objetivo debilitar la universalidad de los derechos, defendiendo un relativismo cultural que prevalece sobre las reivindicaciones de derechos o las limita. El uso de los derechos culturales por parte de actores regresivxs se basa en una tergiversación deliberada de la cultura como derecho humano. Los Estados deben velar por que no se utilicen actitudes tradicionales o culturales para justificar violaciones a la igualdad. Las normas de derechos humanos exigen acceso, participación y contribución igualitaria en todos los aspectos de la vida cultural para todas las personas, incluidas las mujeres, las minorías religiosas y raciales y las personas cuya identidad o expresión de género difieren de las normativas.
En espacios políticos internacionales, lxs actores anti-derechos manipulan cada vez más las referencias a los derechos humanos universales o fundamentales para revertir el significado de la universalidad de los derechos.
En lugar de utilizar el término ‘universal’ para describir todo el conjunto de derechos humanos indivisibles e interrelacionados, lxs actores ultra conservadores lo emplean para delimitar y describir un subconjunto de derechos humanos que ellxs consideran «verdaderamente fundamentales». Todos los otros derechos estarían sujetos a la discreción del Estado, serían derechos 'nuevos' u opcionales. Este discurso resulta especialmente poderoso ya que instala una categoría indefinida - lo «verdaderamente universal» - que queda abierta a interpretaciones cambiantes.
To make the complexity of resourcing diverse forms of feminist organizing visible
Stella a commencé sa carrière au ministère du Genre et du Développement communautaire en Ouganda. Elle œuvrait auprès des décideurs-euses politiques, pour encourager des réformes législatives, dont celle de la Constitution ougandaise en 1995 qui a entériné certaines des réformes les plus progressives pour les femmes dans la région.
Elle était adorée dans la région tout entière pour ses incessants efforts pour la création et l’application de lois et politiques sensibles au genre. Elle a joué un rôle clé dans l’ébauche de la loi sur les violences domestiques en Ouganda. Elle a aussi contribué à une mobilisation importante en faveur de Constitutions sensibles au genre à la fois en Ouganda et au Rwanda.
Par son travail au Centre international de recherches sur les femmes (International Center for Research on Women, ICRW), elle a abordé les thématiques de la violence à l’égard des enfants. Stella s’est attachée à renforcer les organisations locales qui luttent contre les violences basées sur le genre. Conférencière en Droits genrés et loi à l’université Makerere, elle a également siégé aux conseils d’administration d’Akina Mama wa Afrika, ActionAid International Uganda et l’Open Society Initiative for Eastern Africa.
Notre nouveau rapport de recherche Le Diable est dans les détails aborde les lacunes du secteur du développement en termes de connaissance des fondamentalismes religieux et vise à améliorer la compréhension de la façon dont les fondamentalismes religieux entravent le développement et les droits des femmes en particulier. Il offre des recommandations aux acteurs-trices du développement quant aux manières d’éviter de renforcer les fondamentalismes par inadvertance et sur les stratégies pour les contrer. [CTA download link: Lire le document]
| Graphic1 | 1. Control of women’s bodies, sexuality, and choice are “warning signs” of rising fundamentalisms. |
| 2. Neoliberal economic policies have a particularly negative impact on women, and fuel the growth of religious fundamentalisms. | Graphic2 |
| Graphic3 | 3. Choosing religious organizations as default for partnerships builds their legitimacy and access to resources, and supports their ideology, including gender ideology. |
| 4.Everyone has multiple identities and should be defined by more than just their religion. Foregrounding religious identities tends to reinforce the power of religious fundamentalists. | Graphic4 |
| Graphic5 | 5. Religion, culture, and tradition are constantly changing, being reinterpreted and challenged. What is dominant is always a question of power. |
| 6. Racism, exclusion, and marginalization all add to the appeal of fundamentalists’ offer of a sense of belonging and a “cause”. | Graphic6 |
| Graphic7 | 7. There is strong evidence that the single most important factor in promoting women’s rights and gender equality is an autonomous women’s movement. |
Le Diable est dans les détails détaille les violations graves à l’encontre des droits humains, et ceux des femmes en particulier, légitimées par des fondamentalismes parrainés par les États ainsi que par des acteurs fondamentalistes non étatiques, tels que les milices, les organisations communautaires religieuses et les particuliers. Le renforcement fondamentaliste de normes sociales patriarcales régressives conduit à la montée de la violence contre les femmes, les filles et les femmes défenseuses des droits humains (WHRDs). La rapport met en avant ces éléments-clé pour comprendre et affronter la situation :
Les acteurs du développement sont en mesure de jouer un rôle important dans ce contexte. La capacité collective des acteurs du développement à reconnaître les fondamentalismes religieux et à les affronter de manière concertée est essentielle pour faire progresser la justice sociale, économique et de genre et les droits humains pour tous, dans un contexte de développement durable. En donnant la priorité à des partenaires progressistes dans le cadre de leurs activités, les acteurs du développement peuvent éviter d’octroyer des ressources ou de la légitimité aux fondamentalistes religieux. Les organisations de femmes ont de l’expertise sur le sujet et ont développé des stratégies pour lutter contre les fondamentalismes : Les acteurs du développement pourraient s’appuyer sur ces connaissances et s’engager à leurs côtés au sein de coalitions intersectorielles pour faciliter leur diffusion
Le financement des mouvements féministes est indispensable à la mise en place d’une présence plus juste et pacifique et d’un avenir libéré. Au cours de la dernière décennie, les bailleurs de fonds se sont engagés à verser bien plus d’argent en faveur de l’égalité des genres, mais 1 % seulement des financements philanthropiques et de développement a réellement été destiné à financer directement les changements sociaux menés par des féministes (ressource en anglais).
Pour viser l’abondance, et rompre ce cycle d’insuffisance chronique, l’enquête WITM est une invitation pour les activistes féministes et défenseur·ses de la justice de genre à se lancer dans l’aventure de la collecte de données probantes et d’arguments en faveur de la mobilisation de davantage d’argent, de meilleure qualité, et de réappropriation du pouvoir au sein de l’écosystème actuel du financement. En solidarité avec les mouvements qui continuent à être invisibilisés, marginalisés et empêchés d’accéder à des financements de base, à long terme, flexibles et reposant sur la confiance, l’enquête WITM souligne l’état actuel de la mobilisation de ressources, remet en question les fausses solutions, et identifie les changements à opérer au sein des modèles de financement afin que les mouvements s’épanouissent et relèvent les défis complexes de notre époque.
Rocky showed inspirational leadership and direction in working with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer, Brotherboy and Sistergirl (LGBTIQBBSG) youth at risk.
Rocky started her career with the Queensland Police Service as a Police Liaison Officer. Making a difference was important to her. She led an impressive career working with young LGBTIQBBSG people as the Manager of Open Doors Youth Service.
Rocky worked through complex situations with clients relating specifically to gender and sexual identity. She was a natural in this line of work - a strong community leader, a quiet achiever, a loyal friend, a compassionate nurturer, and a change maker. Rocky was a founding member of IndigiLez Leadership and Support Group.
In 2016 at the Supreme Court in Brisbane, Former High Court Justice Michael Kirby mentioned Rocky by name when praising the work of the LGBTI Legal Service over the years. Rocky fought extremely hard for the human rights of the LGBTIQBBSG community, pushed boundaries and created change in a respectful, loving way.
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