Con el giro global hacia la derecha y los ataques al espacio cívico, muchas personas esperan que ciertas poderosas corporaciones sean aliadas de la sociedad civil. Entre ellas, lxs panelistas de «The Business Case for Civic Space» [«La defensa corporativa del espacio cívico»], un evento público organizado por CIVICUS para el 14 de junio, en la sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Lxs panelistas incluían líderes de la ONU de alto nivel, y unx representante de Microsoft.
Para nosotrxs en AWID, participar en el panel era una oportunidad para recordar al público que las violaciones de los derechos humanos perpetradas por las corporaciones tienen un profundo sesgo de género.
Las mujeres, lxs inmigrantes y las comunidades del sur global se ven desproporcionadamente afectadas por los impactos negativos de la actividad corporativa, desde condiciones laborales de explotación y desplazamiento forzado, hasta la contaminación de la tierra y el agua. Y, como lo demuestra la investigación participativa de AWID y WHRDIC [Coalición Internacional de Defensoras de Derechos Humanos] publicada con el título Defensoras de derechos humanos confrontando a las industrias extractivas, las mujeres son también las primeras en oponer resistencia al poder corporativo y en defender los derechos y la justicia.
Lxs feministas somos excelentes para hacer conexiones en el acto. Cuando nuestro feminismo es interseccional, entendemos cómo opera el poder en los cruces de género, raza, clase, sexualidad, dis/capacidad y otros ejes. Nuestro análisis del patriarcado atraviesa las dimensiones de la sociedad, la economía y la política. Nuestro análisis de la esfera privada ha redefinido para siempre lo personal como político.
Entonces, ¿cuál es la conexión que hay que hacer aquí?
Cuando hablamos de la reducción del espacio cívico y miramos a las corporaciones transnacionales como aliados potenciales, estamos olvidando que la alianza de la derecha con las corporaciones es una de las razones de la reducción de espacios cívicos, el auge de los fundamentalismos y la reacción contra los derechos de las mujeres.
A principios de este año, corporaciones tecnológicas gigantes como Amazon, Facebook y Google apelaron contra el decreto de Trump que prohibía los viajes a Estados Unidos desde ciertos países musulmanes. Citaron preocupaciones empresariales, tales como el reclutamiento de talento internacional y la competencia contra compañías extranjeras. Es difícil evaluarlo en tan poco tiempo, pero esto bien podría haber sido un hito en el posicionamiento colectivo de las corporaciones transnacionales del lado de los derechos humanos. Al menos eso parece.
Corporaciones que se oponen al extremismo de derecha: ¿por qué representa esto un problema? Porque el decreto mismo de prohibición de viajar es resultado de la avanzada corporativa sobre la presidencia de Estados Unidos.
En palabras de la escritora y periodista Naomi Klein, «ya ha habido antes presidentes con intereses empresariales, pero nunca una marca internacional plenamente comercializada ha sido presidente en ejercicio de los Estados Unidos.»
El auge de la derecha está intrínsecamente vinculado con el poder corporativo irrestricto.
La captura corporativa de los procesos políticos (a niveles nacionales e internacionales) alinea estos procesos con los intereses de las élites económicas. El proyecto Captura Corporativa detalla cómo funciona esto realmente, desde la manipulación de comunidades hasta la diplomacia económica y la interferencia judicial. Los intereses empresariales pueden accidentalmente coincidir con los derechos humanos y las agendas progresistas, como en el caso de la prohibición de viajar, pero en general no lo hacen.
El trato que las corporaciones nos ofrecen, como sociedad civil, es de derechos humanos e incluso derechos de las mujeres en la medida en que sean rentables para las corporaciones. Cuando los derechos y la justicia contradicen los intereses corporativos e incrementan los costos (desde mejorar los estándares ambientales hasta ocuparse de la brecha salarial de género), empiezan los problemas. Por ejemplo, Google argumenta que le resulta demasiado oneroso producir datos salariales desglosados por género. bell hooks explica elocuentemente el problema del feminismo en un mundo corporativo comprometido con el capitalismo, la supremacía blanca y el patriarcado. Ahora bien, no soy unx magnate empresarial, pero este trato no me parece muy bueno.
A menudo nos plantean un argumento similar sobre el género y la discriminación laboral: los derechos de las mujeres son buenos para el negocio. Ésta parece ser una elección estratégica: hablar a las empresas en un lenguaje que ellas entienden. En efecto, estamos contribuyendo (quizás involuntariamente) a que en nuestras sociedades el lenguaje empresarial se convierta en el lenguaje más poderoso, y a que la lógica de las ganancias sea la lógica más poderosa. Se nos presiona para justificar los derechos humanos y la justicia de género en términos de productividad y rentabilidad, de relación costo-rendimiento, de «bueno para el negocio».
¿Las corporaciones transnacionales no pueden tener un papel en la protección de los derechos, y en la provisión de recursos financieros esenciales para que el sistema internacional de los derechos humanos funcione? Por qué no. Pagar impuestos podría ser un primer paso. La justicia tributaria es un asunto feminista.
La semana pasada, news24 informó que el presunto «fraude fiscal en el sector minero desde 1998 le ha costado a Tanzania 75 mil millones de euros (USD 84 mil millones)». Este es solo un sector en un país, y sin embargo… imaginemos todo este dinero asignado al desarrollo y a los derechos de las mujeres.
A diferencia del dinero fiscal distribuido por los gobiernos, el financiamiento directo corporativo permite a las empresas poner un pie en los espacios intergubernamentales. Hace un mes, Microsoft y las Naciones Unidas anunciaron un subsidio de USD 5 millones de Microsoft a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Una donación sin precedentes de una compañía privada. En respuesta, la sociedad civil y varios Estados expresaron su preocupación, y pidieron a la ONU que rechazara la donación para mantener su independencia. Puede que nuestra oposición no revierta la decisión de la ONU, pero deja en claro que la presencia corporativa en la ONU no está consensuada.
Existe un impulso, dentro de los espacios internacionales de derechos humanos, para el diálogo entre múltiples interesados. Se espera que la sociedad civil se involucre con las corporaciones transnacionales. Sin embargo, debemos ser cautxs respecto del contexto en el que se entabla cualquier participación de este tipo: un contexto de impunidad corporativa avasallante, y de poca o nula responsabilidad respecto de las violaciones de los derechos humanos.
Todavía no hemos creado instrumentos e instituciones capaces de exigir que las corporaciones transnacionales rindan cuentas. Las herramientas existentes, tales como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, son voluntarias y limitadas, en especial en lo que respecta a las transnacionales que operan a través de fronteras nacionales.
Con este objetivo, AWID se ha unido a la promisoria lucha por un tratado legalmente vinculante sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos. En realidad, recién comenzamos a comprender el alcance y la profundidad inimaginables del poder corporativo, y su control de nuestros recursos naturales, nuestra fuerza de trabajo y nuestra información.