NOTAS DE LOS VIERNES: El 30 de abril la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime reformas al Código de Justicia Militar, y una de ellas restringe la jurisdicción militar en los casos donde las víctimas sean civiles. AWID conversó con Cristina Hardaga, de JASS (Asociadas por lo Justo) [1], sobre la importancia de esta reforma para las Defensoras de derechos Humanos.
Por Gabby De Cicco
La reforma del Código de Justicia Militar (CJM) ha sido una demanda histórica impulsada por las víctimas de abusos castrenses, organizaciones de la sociedad civil y los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos. De hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó al Estado mexicano que se reforme el Código en cuatro sentencias vinculatorias, relacionadas con casos donde se comprobó que el fuero militar había extendido su jurisdicción sobre víctimas civiles, afectando el acceso a la justicia. Incluso la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar por hacer del fuero castrense un privilegio personal[2]
AWID: ¿Por qué la aprobación de las reformas al Código de Justicia Militar es tan relevante para las Defensoras de Derechos Humanos?
Cristina Hardaga (CH): La reforma forma parte de una de serie de acciones que buscan poner fin al encubrimiento y violencia castrense, y para las Defensoras, este es su triunfotambién frente al Ejército. Fueron ellas con sus demandas y denuncias al ser víctimas directas de violaciones a los DD. HH. las que pusieron al descubierto las violaciones realizadas por el Ejército. Muchas de ellas enfrentaron directamente el abuso del poder y la violencia institucional castrense, vivieron como el "fuero militar" era sinónimo de encubrimiento y privilegio. Si bien sus denuncias empezaban en las instancias civiles, luego de que la Justicia Civil realizara una lectura del CJM decidía remitir las investigaciones al Fuero Militar, y en ese momento la Jurisdicción Militar asumía la competencia de los casos, de las investigaciones y era el actor gubernamental a cargo de llevar a cabo las mismas.
Desde el caso de las hermanas González Pérez hasta los de Inés Fernández, y Valentina Rosendo, se denunció e intentó probar que todo lo que estaba en torno al Ejército reproducía y aumentaba los niveles de violencia y discriminación que en general somos objeto las mujeres. Una de las batallas era asegurar que para todos los casos de violación de DDHH a personas civiles no fuera el Ejército el que realizara la investigación, pero también se buscaba evidenciar cómo el Ejército no investigaba en particular las violaciones contra las mujeres. Así que la lucha enarbolada por Inés y Valentina de la mano de Tlachinollan, fue una de las que logró mayores avances, y que sin duda colaboró con el logro de esta reforma al CJM.
AWID: ¿Cómo es que los casos y experiencias de Tita Radilla, Valentina Rosendo o Inés Fernández muestran una dimensión de género del abuso y violación de los DDHH, o al acceso a la justicia?
CH: Los casos más emblemáticos contra el Fuero Militar estuvieron enarbolados por estas mujeres que fueron víctimas que se transformaron en Defensoras.
Sus denuncias fueron un llamado crítico a las organizaciones de la sociedad civil, pues ellas visibilizaron aquello que muchas organizaciones no habíamos visto, esto es que en las denuncias de las violaciones del los DDHH cometidas por militares lo que se invisibilizaban eran las agresiones y el impacto diferenciado que sufrían las mujeres y en particular las mujeres indígenas enfrentaban.
La prioridad era denunciar al Ejército y el Fuero Militar, pero no cómo estas violaciones, por ejemplo la violación sexual, la negación al acceso a la Justicia, los obstáculos para acceder a servicios de salud, estaban impactando de manera directa a las mujeres. Esto se empezó a hacer conforme las denuncias fueron avanzando y al retroalimentarse el trabajo de las organizaciones de DDHH, de Defensoras de DDHH, que veían justo estos componentes de género que las organizaciones tradicionales no veían. Fue ahí donde hubo una unión en las agendas para advertir las particularidades que enfrentaban las mujeres al momento de denunciar, cuáles eran los obstáculos en el acceso a la Justicia, y las violaciones que se generaban contra las mujeres, además de la lucha contra del Fuero Militar.
AWID: ¿Podrías darnos unos ejemplos sobre estas violaciones a los derechos humanos?
CH: Los testimonios de Inés y Valentina nos han permitido documentar que en los casos de violación sexual, cuando se denunciaba este hecho, una de las primeras respuestas del Ejército fue ofrecer dinero para que las mujeres no hicieran la denuncia. Ellos entendían que ellas eran mujeres indígenas, monolingües, en un contexto de pobreza y entonces su manera de detener la denuncia era ofrecer dinero. En los casos de Valentina e Inés, las primeras traducciones para denunciar fueron hechas por los esposos. No existían en los juzgados peritos o traductores especializados mujeres para llevar a cabo a la traducción.
El maltrato en lo que respecta a la salud es muy claro también. Cuando Inés y Valentina fueron a denunciar las agresiones y se presentaron en el hospital, les dijeron que no había doctoras especializadas, sino doctores, y ellas cuando reclamaban que querían ser revisadas por una mujer la respuesta fue: “¿si a ti te violó un hombre cuál es el problema en que te revise también?” Muchas otras veces, influenciados por la presencia militar en las poblaciones, doctores a los que ellas recurrían, o los primeros agentes que les tomaban las denuncian les decían: “yo no te voy a tomar la denuncia porque yo no quiero problemas con el Ejército”.
CH: Tita Radilla, Inés Fernández y Valentina, fueron las que estuvieron en los procesos sumamente coordinadas e involucradas ya que la reforma al CJM significaba también asegurar que lo que ellas habían vivido no volviera a ocurrirle a ninguna más. Se impulsaron y llevaron a cabo audiencias públicas en las cuales se pudieron escuchar testimonios y experiencias de defensora de derechos humanos. Ejemplo de ello fue Alma Gómez, del estado de Chihuahua quien desde su experiencia y compromiso tuvo un rol fundamental para denunciar la jurisdicción militar y dar testimonio sobre la relevancia de la reforma.
Mientras se llevaban a cabo las audiencias y los trabajos de redacción del proyecto muchas otras Defensoras decidieron unirse a esta demanda, tanto por las experiencias de las denuncias de las tres mujeres como por lo que significaba para el resto del movimiento de DDHH de las Mujeres, y en particular de las Defensoras
Por parte de las organizaciones internacionales de derechos humanos de las mujeres hubo varios momentos muy importantes en los que por ejemplo AWID, la Iniciativa de las Mujeres Nobel y JASS, juntaban estrategias para hacer posicionamientos públicos, que se entendiera que si bien la Reforma al CJM era una situación particular de México era representativa para toda la región y otros países. Entonces se generaban campañas de apoyo directo, comunicados para generar presión tanto al Congreso, al Poder Legislativo, como la Poder Ejecutivo, respecto a las responsabilidades que tenían para llevar a cabo estas Reformas.
En el Foro de AWID en Estambul, donde se llevó la experiencia de las mujeres egipcias, a Valentina le resonó mucho lo que escuchó allí pues escuchó que había problemáticas similares, y la movilizó para ver cómo se podían generar estrategias conjuntas para entender estos procesos y cómo diferentes voces podían acompañarse desde diferentes regiones.
Desde hace más de una década la reforma al CJM fue una de las prioridades de la agenda de las organizaciones no gubernamentales de DDHH tanto a nivel nacional como internacional. Fue un camino que literalmente utilizó todos los mecanismos de NNUU, de la OEA, de la presión internacional, de la fuerza que tienen las organizaciones, por eso mencionaba los comunicados de AWID, de la Iniciativa de las Nobel, los intercambios que ayudaron a acorralar las justificaciones por parte del gobierno para no llevar a cabo una Reforma al CJM. Entonces llegaron casos a la CIDH, a la COIDH, se resolvieron casos en la suprema corte de justicia (SCJ). A pesar de que no fueron casos propiamente vinculados a violaciones a los DDHH cometidos contra mujeres, las mujeres y las víctimas que habían estado involucradas se unían en esos llamados sabiendo que la decisión de la SCJ era otra instancia que se tenía que ganar.
AWID: ¿Cuáles son los retos para la aplicación de esta reforma, a partir de la perspectiva de las defensoras?
CH: En zonas donde no hay organizaciones, no hay medios, ocurrían violaciones cometidas por el Ejército y ellos automáticamente ocupaban la escena, presentaban o implantaban pruebas, tergiversaban todos los hechos y entonces no había investigaciones que hacer ni registro de los casos. En este sentido uno de los retos es asegurar, en la medida de que sigan llegando casos, que el Ejército no esté involucrado en actividades que no le pertenecen, que asuma roles que no le corresponden, por ejemplo, acciones de seguridad pública.
Otro de los retos es asegurar que los Juzgados Civiles lleven a cabo la labor como les corresponde: se apeguen al derecho, lleven a cabo las investigaciones, no lleven a cabo una revictimización de las mujeres.
Se debe seguir apoyando las demandas de los familiares de personas desaparecidas en la década de los 60´s pero también los que ahora han ocurrido y continúan registrándose cometidas por elementos del ejército. No se puede seguir sin investigar a los integrantes del Ejército y Marina involucrados.
Las organizaciones deberemos mantenernos alertas, monitoreando la aplicación de la reforma, que se asegure que se llegue a los responsables, ahora que se están remitiendo varios de los expedientes al Fuero civil. Esto también nos permitirá comenzar a tener idea más clara sobre el número de casos que los juzgados militares tenían conocimiento, números de militares involucrados.
Hoy, gracias al trabajo conjunto y la constancia de víctimas y familiares, se cuenta con un mecanismo para delimitar el poder del Ejército y asegurar que las investigaciones se lleven a cabo en los juzgados civiles, y así poder monitorear mejor el actuar de los militares.
[1] Del 2009 al 2014 Cristina ha colaborado con en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una de las organizaciones que impulsó la reforma.
[2] En el caso de Bonfilio Rubio Villegas, sus familiares acompañados por Tlachinollan lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara por primera vez inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar