En la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, la «ley mordaza global» de Donald Trump podría alinear a los EE. UU. con Irán, Sudán, Siria y otros países sobre los que EE. UU. impone la prohibición de viajar.
Lxs negociadorxs de los EE. UU. en la Comisión de la ONU de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres podrían encontrarse esta semana codo a codo junto a algunos de los peores violadores mundiales de los derechos de las mujeres, activistas advierten.
El restablecimiento de Donald Trump de la «ley mordaza global» y los recortes financieros que propone para la ONU se espera que envalentonen a los grupos conservadores de derecha que buscan socavar los derechos de las mujeres durante las conversaciones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (conocida como CSW) celebrada en Nueva York.
La norma, que Trump reinstituyó en su cuarto día en la Casa Blanca, impide a las ONG extranjeras recibir ayuda estadounidense si cualquiera de sus tareas está vinculada al aborto. Esto será un obstáculo crítico al trabajo que llevan adelante las organizaciones salvando vidas con planificación familiar, salud materno-infantil y la prevención y atención del VIH y el cáncer de útero. Trump también ha dicho que está examinando el financiamiento destinado al Fondo de Población de las ONU (UNFPA).
En el primer examen real de la postura de la administración Trump sobre los derechos de las mujeres en el escenario internacional, la delegación de los EE. UU. podría alinearse firmemente con los países conservadores, incluidos Irán, Sudán y Siria, los cuales se encuentran entre los seis países sobre los que Trump impone la prohibición reevaluada de viajar.
Estos países destacan por sus intentos de atenuar el lenguaje sobre los derechos de las mujeres –por no hablar de la salud sexual y reproductiva, aquello que se entiende por familia y la protección de lxs activistas feministas– durante las discusiones anuales de la CSW que comenzarán el lunes.
«Es muy probable que veamos a los EE. UU. codo a codo con Rusia, Irán, Egipto, Arabia Saudita y Sudán, eso mismos países que ha mencionado en su última prohibición», declaró Shannon Kowalski, directora de promoción y política de la International Women’s Health Coalition (Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres). «Codo a codo con algunos de los peores violadores de los derechos de las mujeres de todo el mundo».
En el período de sesiones de la CSW de este año –un foro de dos semanas de duración pensado para promover los derechos de las mujeres en todo el mundo, aunque en realidad se trate de un despliegue geopolítico y un campo de batalla para preservar acuerdos de décadas sobre la promoción de la igualdad de género– se les pedirá a los Estados Miembros de la ONU que acuerden un plan de acción sobre la aceleración de las oportunidades económicas para las mujeres.
A principios de este año, el Foro Económico Mundial anticipó que, con el ritmo actual de cambio, tomará otros 170 años lograr la igualdad económica entre hombres y mujeres.
Sin embargo, lxs activistas temen que el restablecimiento de la «ley mordaza» –conocida también como la política Ciudad de México– podría alentar a lxs activistas conservadorxs a presionar a las delegaciones para que endurezcan su posición en las negociaciones. La prohibición de viajar ya les impidió a algunxs activistas asistir a la CSW, mientras que otrxs han optado por boicotear el evento.
Kowalski dijo que existe el riesgo de que esos grupos tomen contacto con la delegación de los EE. UU. para oponerse al lenguaje sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. «Esto podría provocar que algunos grupos endurezcan sus posiciones y embistan con más fuerza».
Serra Sippel, presidenta del Centro para la Salud y la Igualdad de Género, declaró: «Esperamos que los EE. UU. forje alianzas con países que respetan y defienden los derechos humanos».
Sin embargo, ha expresado su preocupación acerca de la nueva embajadora de los EE. UU. ante la ONU, Nikki Haley.
«En virtud del discurso de Haley durante la audiencia de confirmación, donde dijo que haría lo que sea para evitar que las mujeres accedan a información y servicios relacionados con el aborto, es legítimo que nos preocupe que los EE. UU. se una en una alianza profana de Estados Miembros y observadores hostiles a la igualdad de género y el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos».
No queda claro si la Embajadora participará de manera directa en las negociaciones de la CSW de este año.
Cynthia Rothschild, activista feminista y exconsultora del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, manifestó: «La pregunta transversal girará en torno a cómo otros Estados [Miembros de la ONU] mostrarán voluntad firme para resistir a la política conservadora de los EE. UU.». Los Países Bajos, Canadá, Suecia y Finlandia ya han comprometido millones de dólares para ayudar a cubrir la brecha de financiamiento que se prevé a partir del recorte de los EE. UU.
La opinión de Rothschild encontró eco en Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, quien dijo que las primeras conversaciones mantenidas con el equipo de los EE. UU. fueron buenas, aunque añadió: «Confío en los demás Estados Miembros que son igualmente poderosos y están a la altura de la tarea para que redoblen los esfuerzos y defiendan aquello en lo que creemos, que apoyen a los países con información, datos, etc.».
Agregó que el hecho de que la «ley mordaza» se haya ampliado para incluir no solo los programas de planificación familiar, sino también todos los programas de salud que reciben fondos de los EE. UU. «ha impulsado una base más sólida de personas que desean proteger los derechos de las mujeres en su totalidad».
La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), declaró que las probabilidades de que las mujeres consigan un trabajo decente están supeditadas a su capacidad para acceder a los servicios de salud y para ejercer el control sobre sus propios cuerpos.
«La inclusión de la salud y los derechos sexuales y reproductivos deben ocupar un lugar central en la agenda de la CSW, ya que las oportunidades de las mujeres para acceder al trabajo decente y permanecer en un empleo dependen de su capacidad para actuar sobre su salud y derechos sexuales y reproductivos», manifestó Preethi Sundaram, asesora en políticas y promoción de IPPF.
«Dado el clima político actual, sobre todo ante el restablecimiento y la ampliación de la ley mordaza global, nos preocupa que estos derechos sean más vulnerables que nunca».
Chiara Capraro, directora de política y promoción para los derechos económicos de Womankind, declaró: «Nos sigue preocupando que el innecesario retiro de fondos para la salud reproductiva por parte de los EE. UU. eclipse otras discusiones importantes para lograr una comprensión compartida y promover el pensamiento y el compromiso de los gobiernos para abordar las desigualdades económicas, mejorar los derechos de las mujeres en el mundo laboral y avanzar hacia un modelo económico propicio para las mujeres».
Agregó que cree que el restablecimiento de la «ley mordaza» supuso una «situación de pesadilla para las mujeres en todo el mundo».
Leer el artículo origial del Guardian (en inglés)
Este contenido se reproduce como parte de nuestra asociación actual con The Guardian y Mama Cash.