En el marco de la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género, AWID se entrevistó con dos activistas argelinas para saber más sobre las violencias hacia las mujeres en ese país, así como también sobre las estrategias y desafíos de las feministas para poner fin a la misma.
En Argelia, país del norte de África con una predominancia musulmana sunita, las violencias hacia las mujeres están ampliamente extendidas, tanto desde el punto de vista jurídico como social. El Código de la familia, enmendado en el 2005, se inspira en la ley islámica y conlleva siempre numerosas discriminaciones hacia a las mujeres, ya sea en términos maritales, de divorcio, herencia o tutela de lxs niñxs. Por ejemplo, en caso de divorcio la custodia de lxs niñxs es prioritariamente otorgada a la madre, pero si esta última se vuelve a casar, ella pierde su derecho de custodia. Entonces, ese Código, profundamente desigual, entra en contradicción con la Constitución del país que estipula en su artículo 29: «Los ciudadanos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer distinción alguna a causa de su nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. »
La experiencia de la violencia varía mucho según las regiones y el estatus
Dalila Iamarene Djerbal, socióloga y coordinadora del centro de escucha y actividades de la Red Wassali/Avife destaca la relación entre la discriminación jurídica y las violencias sufridas por las mujeres en todas las esferas sociales.
«Ante todo, la discriminación es fundamentalmente en el orden jurídico puesto que la ley jerarquiza los sexos, lo cual va a producir una cadena de discriminaciones y desigualdades en todos los espacios sociales, con la violencia como medio de hacer respetar dicha desigualdad esencial. La violencia – ya sea institucional, física, simbólica, psicológica, económica o sexual – va por lo tanto a afectar a cada uno y cada una en el lugar que le corresponde por derecho. Las mujeres estarán siempre en una posición subordinada, bajo la autoridad masculina en la vida familiar y conyugal, e incluso, esto es así aunque la ley exprese una igualdad formal en lo que se refiere a la vida pública.»
Sin embargo, las mujeres constituyen el 65% de las personas diplomadas, más de un tercio de lxs magistradxs y la mitad de los cuadros en la enseñanza, la salud y la administración pública son mujeres aunque su acceso a los puestos de responsabilidad política sea aún insignificante. Según Soumia Salhi, sindicalista feminista y antigua presidenta de la Asociación para la emancipación de las mujeres (AEF por su sigla en francés), la visibilización de las mujeres está a la vez ligada a la escolarización masiva y otros factores que inciden en ella. «La situación de las mujeres en Argelia experimenta una transformación producto de la escolarización masiva de las niñas luego de la independencia. La brutal hegemonía de los integristas en los años 90 no impidió la educación de las niñas, haciendo posible el acceso cada vez más masivo de las mujeres al mundo laboral. Hemos pasado del encierro doméstico de las mujeres a una presencia masiva en el espacio público.»
La misma agrega que «el surgimiento de las mujeres ha permitido que finalmente sea denunciada la violencia familiar. Pero esto no ha sucedido sin resistencias. El acoso callejero y los discursos misóginos expresan dichas resistencias al cambio. Las políticas liberales han generalizado los empleos precarios y favorecido el acoso sexual. Las restricciones en cuanto a la vestimenta y las segregaciones espaciales provenientes de las tradiciones y revigorizadas en el decenio de 1990 bajo la hegemonía integrista se debilitan lentamente, pero la prohibición permanece vivaz fuera de las grandes ciudades.»
Existen entonces disparidades en cuanto a la situación de las mujeres en Argelia, y las violencias se extienden junto a los factores económicos y sociales característicos del medio en el cual se encuentran las mujeres. En las zonas rurales aisladas por ejemplo, las mujeres tendrán menos acceso a la escuela, la salud y el empleo que en las zonas urbanas, a causa de la falta de infraestructuras y recursos en esas regiones desfavorecidas. Dalila Iamarene Djerbal cuenta que en las zonas aisladas, «se va a sacar a la niña pequeña de la escuela porque no hay transporte escolar o internado, pero se dejará al niño continuar con sus estudios. Existen pocos empleos en esas regiones y menos aún para las mujeres que serán así totalmente dependientes de su medio, y por lo tanto sumisas a la regla patriarcal de estar obligadas a casarse de jóvenes.» Soumia Salhi agrega que «la imposición de la vestimenta y las limitaciones a la libertad de circular son más fuertes en las clases sociales modestas que en las más acomodadas, y más claramente en los barrios populares que en los centros urbanos. Si bien el fundamentalismo religioso alcanza a todas las clases sociales, estos aspectos están aún más radicalizados en la zona semiurbana y rural.»
Las discriminaciones de raza hacia lxs argelinxs del sur son también algo problemático, su marginalización respecto al mercado de trabajo basado en su color de piel y las limitaciones de acceso al espacio público son igualmente observables entre las personas que hablan berebere, quienes constituyen cerca del 20% de la población argelina, y cuya lengua no es reconocida oficialmente por el Estado. Dalila Iamarene Djerbal explica que «mis migrantes subharianxs viven aún más esa situación de violencia, particularmente las mujeres quienes son insultadas, chantajeadas, agredidas y algunas veces violadas.» Ella precisa que a menudo esto se produce con total impunidad, como fue el caso de Marie Simone, migrante camerunesa víctima de violación colectiva en Oran el 1ero de octubre del 2015. Dicho caso suscitó una movilización masiva de organizaciones de la sociedad civil y en las redes sociales ante el rechazo de la Gendarmería de tomar en cuenta su denuncia. Luego de este caso, la asociación Femmes Algériennes Revendiquant leurs Droits (Mujeres Argelinas Reivindicando sus Derechos, FARD por su sigla en francés) dio inicio a la publicación de una declaración firmada por una docena de ONGs así como una petición en línea recordando al Estado argelino sus obligaciones en términos de respecto al derecho de todo individuo a presentar una denuncia. Dicha movilización permitió el registro de la denuncia, pero reveló la problemática más profunda del acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en Argelia.
Un argumento contra la justicia frenada por especulaciones políticas
Ante la ausencia de protección jurídica de las víctimas de violencias, el colectivo "Stop à la violence! Les droits aux femmes maintenant" (“¡Paremos la violencia! Los derechos de las mujeres ya”), compuesto por diversas asociaciones y activistas, se constituyó en 2010 para llevar adelante una campaña de cabildeo en favor de la adopción de una ley marco que sancione las violencias hacia las mujeres. Soumia Salhi, quien coordinó el colectivo, repasa las diferentes etapas del cabildeo en favor de dicha ley: «El colectivo realizó muchos seminarios, reuniendo a gran cantidad de personalidades y militantes; difundió documentos pertinentes y especialmente un texto de promoción. Actuamos para que la prensa difunda nuestras acciones. A principios de 2015, a pesar de la resistencia agresiva de los medios tradicionalistas, el gobierno presentó un proyecto de ley ante la Asamblea popular nacional. La crítica, muy violenta, proclamaba que el proyecto era contrario a la religión islámica[1].
Dicha crítica estaba precedida por una campaña de desinformación a través de las cadenas de televisión privadas. El gobierno hizo frente al asunto, mantuvo su proyecto y la Asamblea lo votó el 5 de marzo. Esa ley representa un avance, al criminalizar la violencia intrafamiliar y provocó un debate importante en la sociedad. Pero dicha ley conlleva una cláusula lamentable, la cláusula del perdón, la cual dispensa de enjuiciamiento al agresor que obtenga el perdón de su víctima. Nosotras pensamos que esta disposición anula una parte del beneficio de esta ley, pero a pesar de todo, esta sigue siendo un paso muy positivo. Nuestra campaña actual se centra en la exigencia de su adopción por el Senado.»
Para Dalila Iameren Djerbal, esta «cláusula del perdón» es de hecho «un presión suplementaria sobre las víctimas ya fragilizadas por no llegar hasta el fin con su pedido de justicia. Se sabe que hay muy pocas denuncias que llegan al tribunal dado que el agresor, la familia, el entorno, las dificultades de acceso a la justicia, la falta de autonomía y recursos obligan a las víctimas a resignarse, a sufrir la violencia que llega hasta la mutilación o la muerte.» La socióloga considera también que una de las razones por la cual el proyecto de ley, ocho meses después de su votación por parte de la Asamblea, no ha sido aún ratificado por el Senado, está relacionada con la instrumentalización política de dicha ley[2] por las distintas partes involucradas.
Más allá de la ley: las mujeres continúan organizándose en circunstancias difíciles
«La promulgación de la ley, tarde o temprano, no alcanzará para protegernos de una violencia planetaria o milenaria. Es a la sociedad a quien queremos convencer, son las mentalidades y las prácticas sociales lo que queremos cambiar. Cuarenta años de lucha feminista nos afirmaron en la convicción de que se trata de una lucha global. Sin la instrucción, sin puestos de empleo que exijan un desarrollo económico suficiente, sin los medios sociales, la lucha contra el retraso de las mentalidades sería en vano», subraya Soumia Salhi.
Estos últimos años, los centros de escucha para las víctimas de violencias se han multiplicado. La Red Wassila/Avife por ejemplo se dedica a acompañar a las víctimas de violencia en los aspectos médicos, psicológicos y jurídicos. «Hacemos un trabajo de aproximación dirigido a las mujeres, un trabajo de sensibilización y formación de agentes, ya sea en el ámbito de la salud, el derecho o los medios de comunicación. Hacemos un trabajo de promoción por medio de publicaciones y informes a las autoridades. Nos reunimos entre las asociaciones en torno a acciones colectivas para denunciar situaciones de violencia o reivindicar leyes que protejan la integridad y la dignidad de las mujeres», explica Dalila Iameren Djerbal. Soumia Salhi recuerda que sin embargo «es el Estado el que debe hacerse cargo de la escucha y la asistencia de las víctimas» puesto que los medios y recursos de las asociaciones no son suficientes para frenar esa violencia.
Uno de los desafíos más grandes a los cuales se enfrentan las asociaciones en Argelia está relacionado con las reglamentaciones que limitan sus actividades. La ley nº 12-06 relativa a las asociaciones del año 2012 confiere a las autoridades la posibilidad de rechazar el registro de las asociaciones, la realización de reuniones públicas, manifestaciones o incluso la aceptación de fondos provenientes del extranjero. Las estratagemas burocráticas pueden entonces permitir al gobierno utilizar poderes excesivos que se inmiscuyan en el trabajo de las asociaciones. «Esto entorpece la expresión democrática especialmente en el plano sindical y político. Las concentraciones son reprimidas y las marchas prohibidas, particularmente en la capital. Asociaciones, sindicatos y partidos autorizados o no, se expresan en la prensa escrita y en las televisiones privadas en función de las opciones políticas de los propietarios de esos medios[3]», afirma Soumia Salhi.
Soumia Salhi destaca que «la sociedad permanece dominada por una religiosidad tradicionalista. Los progresos son inmensos pero la adaptación de las mentalidades está muy retrasada. Para una militante feminista, lo más difícil es lograr que su familia y en su barrio acepten sus reivindicaciones y sus comportamientos». Pero, según ella, el desafío sigue siendo superar el derrotismo y el sentimiento de impotencia actual y movilizar a las mujeres para impulsar el cambio.
Dalila Iamarene Djerbal concluye: «No tenemos otra opción que continuar con el apoyo a las víctimas, denunciar las injusticias, reivindicar la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres, reivindicar la ley contra las violencias hacia las mujeres y las medidas de implementación que deben volverla efectiva. Creemos en la acción militante, con la necesidad de jamás perder de vista el objetivo final: la ciudadanía para todxs, mujeres y hombres, en un Estado de derecho y justicia social.»