Flickr/Leonardo Veras (CC BY 2.0)

Análisis Especiales

AWID es un organización feminista internacional de membresía, que brinda apoyo a los movimientos que trabajan para lograr la justicia de género y los derechos de las mujeres en todo el mundo.

Protección de la familia

El contexto

Esta sección de análisis especial ofrece un análisis feminista crítico y acceso a los recursos clave relacionados con la «protección de la familia» en los espacios internacionales de derechos humanos.

Durante los últimos años, venimos observando una nueva y preocupante tendencia en el ámbito internacional de derechos humanos, donde se están empleando discursos sobre la «protección de la familia» para defender violaciones cometidas contra miembros de la familia, de modo de reforzar y justificar la impunidad y para coartar la igualdad de derechos en el seno de la familia y la vida familiar. 

La campaña para «proteger a la familia» es impulsada por proyectos conservadores que tienen como fin imponer interpretaciones «tradicionales» y patriarcales de familia; quitando los derechos de las manos de sus miembros para ponerlos en las de la institución «familia».

Los proyectos de «protección de la familia» tienen su origen en los siguientes fenómenos:

  • el auge del tradicionalismo,
  • el auge del conservadurismo cultural, social y religioso, y
  • posturas hostiles a los derechos humanos de las mujeres, los derechos sexuales, los derechos de las niñas y los niños y los derechos de las personas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas.  

Desde 2014 un grupo de estados opera como bloque en espacios de derechos humanos, bajo el nombre «Group of Friends of the Family» [Grupo de amigos de la familia], y a partir de entonces se han aprobado resoluciones sobre la «Protección de la familia» todos los años.

Esta agenda se ha extendido más allá del Consejo de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en inglés).  Hemos visto cómo el lenguaje regresivo sobre «la familia» se ha introducido en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (CSW, por sus siglas en inglés), y hemos asistido a intentos por incluir este lenguaje en las negociaciones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


Nuestro enfoque

AWID trabaja con asociadxs y aliadxs para resistir conjuntamente las agendas regresivas de «Protección de la familia» y otras, y para defender la universalidad de los derechos humanos.

En respuesta a la creciente influencia de actores regresivos en los espacios de derechos humanos, AWID se ha unido con aliadxs para formar el Observatorio de la Universalidad de los Derechos (OURs, por sus siglas en inglés).  OURs es un proyecto colaborativo que monitorea, analiza y comparte información sobre iniciativas anti-derechos tales como la «Protección de la familia».

Derechos en Riesgo, el primer informe de OURs, traza un mapa de los actores que conforman el cabildeo global anti-derechos e identifica sus discursos y estrategias principales, señalando los efectos que estos discursos y estrategias están teniendo sobre nuestros derechos humanos.

El informe expone a la «Protección de la familia» como una agenda que ha promovido la colaboración entre una amplia gama de actores regresivos en las Naciones Unidas. La describe como un marco estratégico que aloja «múltiples posiciones patriarcales y anti-derechos, cuyo marco, a su vez, apunta a justificar e institucionalizar estas posiciones».

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Espacios para tener en cuenta en la CSW69

Obtén más información sobre los próximos eventos de la CSW69 que AWID está coorganizando

Fadila M.

Fadila M. fue una activista tribal soulaliyate de Azrú, en la región Ifrane de  Marruecos. Luchó contra una forma específica de discriminación territorial dirigida a  las mujeres tribales.

Como parte del Movimiento de Mujeres Soulaliyate por el Derecho a la Tierra, trabajó para reformar el marco legislativo relacionado con la administración de la propiedad comunitaria, a través de la adopción, en 2019, de tres proyectos de ley que garantizan la igualdad de mujeres y varones.

Según las leyes consuetudinarias vigentes, las mujeres no tenían derecho a beneficiarse de la tierra, en especial aquellas que eran solteras, viudas o divorciadas. En Marruecos, los derechos a las tierras colectivas eran transmitidos tradicionalmente entre los varones de la familia mayores de 16 años. Desde 2007, Fadila M. ha sido parte del movimiento de mujeres, la primera movilización nacional de base por los derechos a la tierra. Una de sus conquistas ha sido que, en 2012, las mujeres soulaliyate pudieron registrarse por primera vez en las listas de beneficiarixs, y recibir compensaciones relacionadas con la cesión de tierras. El movimiento también logró la enmienda del dahir (decreto del Rey de Marruecos) de 1919, para garantizar el derecho a la igualdad de las mujeres.

Fadila M. falleció el 27 de septiembre de 2018. Las circunstancias de su muerte no son claras. Participó en una marcha de protesta relacionada con el tema de las tierras colectivas y, si bien las autoridades informaron que su muerte fue accidental y que tuvo un paro cardíaco camino al hospital, la sección local de la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos (AMDH) señaló que Fadila fue sofocada por un miembro de la fuerza policial utilizando una bandera marroquí. Su familia solicitó una investigación, pero los resultados de la autopsia no fueron dados a conocer.

Más información sobre el Movimiento de Mujeres Soulaliyate por el Derecho a la Tierra (en inglés)


Nota: Como no ninguna fotografía/imagen de Fadila M. disponible, la obra de arte (en lugar de un retrato) pretende representar por lo que luchó y trabajó: la tierra y los derechos a vivir y tener acceso a esa tierra y lo que crece en ella.

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Un cadre alternatif pour la gouvernance économique

Le contexte

La crise économique mondiale actuelle fournit la preuve évidente que les politiques économiques des trois dernières décennies n’ont pas fonctionné.

La dévastation que la crise a opéré sur les ménages les plus vulnérables dans les pays du Nord et du Sud nous rappelle que la formulation de politiques économiques et la réalisation des droits humains (économiques, sociaux, politiques, civils et culturels) ont été trop longtemps séparées l’une de l'autre. La politique économique et les droits humains ne doivent pas être des forces opposées, elles peuvent coexister en symbiose.

Les politiques macroéconomiques influencent le fonctionnement de l'économie dans son ensemble, elles façonnent la disponibilité et la distribution des ressources. Dans ce contexte, les politiques budgétaires et monétaires sont fondamentales.

Définition

  • La politique budgétaire se réfère à la fois aux recettes et aux dépenses publiques, et aux relations entre elles qui sont formulées dans le budget de l’État.

  • La politique monétaire regroupe les politiques sur les intérêts et les taux de change et la masse monétaire, ainsi que la réglementation du secteur financier.

  • Les politiques macroéconomiques sont mises en œuvre à l’aide d'instruments tels la fiscalité, les dépenses du gouvernement, et le contrôle entre la masse monétaire et le crédit.

Ces politiques affectent les taux d’intérêt et les taux de change qui ont une influence directe sur, entre autres choses, le niveau de l'emploi, l'accès à un crédit abordable et le marché du logement.

L'application d'un cadre de droits humains aux politiques macroéconomiques permet aux États de mieux se conformer à leur obligation de respecter, de protéger et de réaliser les droits économiques et sociaux. Les droits humains sont inscrits aux conventions internationales selon des normes universelles. Ces normes juridiques sont énoncées dans les traités des Nations Unies tels la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).

 L’Article 1 de la DUDH stipule que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».

Bien que la DUDH ait été rédigée il y a près de six décennies, sa pertinence est toujours de mise. La plupart des principes énoncés répondent aux problèmes auxquels les gens continuent d’être confrontés à l'échelle mondiale. Les questions concernant les châtiments inhumains (art. 5), la discrimination (art. 7), la propriété (art. 17), un salaire égal pour un travail égal (art. 23/2), et l'accès à l'éducation (art. 26/1) sont des questions pertinentes tant pour les pays au Sud et au Nord de l'équateur.

En particulier, les États ont l'obligation, en vertu du droit international, de respecter, de protéger et de réaliser les droits humains, y compris les droits économiques et sociaux des personnes relevant de leur compétence. Cet aspect est particulièrement pertinent aujourd'hui, compte tenu de la crise financière. Aux États-Unis, la réglementation est faussée en faveur de certains intérêts. Dans le contexte du changement social et économique actuel, l'incapacité des gouvernements à étendre leur rôle de surveillance est un échec cuisant face à l’obligation de protéger les droits humains.

Perspective féministe

Les États devraient respecter les principes clés des droits humains pour réaliser les droits économiques et sociaux. Certains de ces principes ont des implications potentiellement importantes pour la gouvernance des institutions financières et des marchés. Ces possibilités ont été sous explorées jusqu’à présent.

Les droits économiques et sociaux ont un ancrage institutionnel et juridique concret. Les traités internationaux, les déclarations mondiales, les conventions, et, dans un certain nombre de cas, les constitutions nationales ont intégré certains aspects des cadres de droits économiques et sociaux, ce qui a permis l’élaboration d’infrastructures institutionnelles au niveau du droit national et international.

Certaines personnes avancent que l’idée d’une justice mondiale n’est peut-être pas un exercice utile en raison des complexités institutionnelles en jeu. Toutefois, les institutions mondiales ont sans aucun doute des incidences sur la justice sociale, à la fois positives et négatives.

Il est utile de déterminer ce que ces éléments des cadres alternatifs impliquent pour la gouvernance économique, en particulier ceux qui sont soutenus par les institutions existantes. Le cadre des droits économiques et sociaux est un bon exemple concret : ce cadre évolue constamment et les discussions et les délibérations en cours sont nécessaires afin d'aborder les sections sous développées et les lacunes potentielles.


Pour en savoir plus sur cette proposition :

Cette section est fondée sur le blog du CWGL intitulé Applying a Human Rights Framework to Macroeconomic Policies (L'application d'un cadre de droits humains aux politiques macroéconomiques, 2012).

Snippet - Feminist Community Evening - ES

Una noche de la comunidad feminista 

✉️ Requiere inscripción previa. Regístrate aquí

📅 Miércoles 12 de marzo de 2025
🕒 De 05:00 a 07:00 p.m., EST

🏢 Chef's Kitchen Loft with Terrace, 216 East 45th St 13th Floor New York

Organizan: Women Enabled International y AWID

Rosa Candida Mayorga Muñoz

Rosa Candida Mayorga Muñoz était une travailleuse sociale, leader syndicale et défenseure des droits humains du Guatemala. On la surnommait affectueusement Rosita. 

Dans les années 1980, Rosa devient la première femme à siéger au comité exécutif du syndicat de l’Institut d’électrification nationale (STINDE), syndicat qu’elle avait rejoint en premier lieu pour défendre les droits des femmes au travail. Cela signifiait, à ses yeux, de lutter pour l’égalité des chances dans une entreprise où de nombreuses femmes affrontaient un système discriminatoire et violent mis en place par la direction de l’entreprise. Rosa avait également subi du harcèlement sexuel sur son lieu de travail, tant de la part de collègues que de responsables. Elle n’entendait cependant pas rester silencieuse. 

Rosa a continué à se battre et fait partie des efforts pour façonner la lutte afin qu’elle prenne la forme du « Pacte collectif pour les conditions de travail du INDE-STINDE ». Ce pacte était le premier du genre et le premier au Guatemala à caractériser le concept de harcèlement (sexuel). Il fait désormais référence dans la loi guatémaltèque pour les questions de travail, et sert d’encouragement aux autres syndicats.

« Elle n’avait d’autres outils pour se battre que ses propres idéaux... Elle a été intimidée à plusieurs reprises, harcelée pour abandonner la lutte, mais son courage a fait naître l’espoir chez les syndicalistes de la base. Rosita a créé une image de respect non seulement au sein de son syndicat mais également face aux autorités de l’institution et au sein du mouvement des femmes. Elle a été reconnue comme une pionnière du mouvement des femmes du syndicat, dans un espace qui avait davantage été dominé par les hommes. » - Maritza Velasquez, ATRAHDOM

Rosa est décédée le 4 avril 2018, elle avait 77 ans.

¿Qué hay de la justicia climática? ¿Es realmente el momento adecuado para tantos vuelos internacionales?

Nos hemos hecho la misma pregunta y creemos que no hay respuestas simples. Para muchas personas, el Foro de AWID puede ser uno de los pocos viajes internacionales que realicen en su vida. La pandemia nos enseñó las posibilidades pero también las limitaciones de los espacios virtuales para la construcción de movimientos: no hay nada como la conexión en persona. Los movimientos necesitan conexiones transfronterizas para construir nuestro poder colectivo frente a las amenazas que enfrentamos, especialmente la crisis climática. Creemos que el próximo Foro de AWID puede ser un espacio estratégico para abordar estas cuestiones y explorar alternativas al viaje internacional. El formato híbrido del Foro es una parte importante de esta exploración.

Ghiwa Sayegh Snippet

Ghiwa-Sayegh-visite guidee du festiva

Ghiwa Sayegh est une écrivaine anarcho-queer, éditrice indépendante et archiviste. Elle est la rédactrice fondatrice de Kohl : la Revue de Recherche sur les Corps et le Genre et la cofondatrice d’Intersectional Knowledge Publishers. Elle a une maîtrise en études de genre de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis. Elle est passionnée par la théorie queer, les circulations transnationales et les histoires imaginaires ou inconnues. Ses influences sont Audre Lorde et Sara Ahmed.

Les conséquences principales sur le système international des droits humains

Les acteurs anti-droits ont eu un impact substantiel sur le cadre relatif aux droits humains et sur l’interprétation progressiste des normes relatives à ces droits, en particulier dans le champ du genre et de la sexualité.

Pour mesurer l’impact de l’action des conservateurs dans les espaces politiques internationaux, il suffit de constater l’immobilisme et les régressions qui caractérisent la situation actuelle.


Nous sommes témoins de l’affaiblissement des accords et des engagements existants ; de négociations dans l’impasse ; du travail de sape continu mené à l’encontre des agences des Nations Unies, des organes de surveillance des traités et des Procédures spéciales ; et enfin de l’intégration d’un langage rétrograde dans les documents internationaux relatifs aux droits humains.

La commission de la condition de la femme       

La CSW, qui se réunit chaque année en mars, est depuis longtemps l’un des espaces les plus contestés du système des Nations Unies. En mars 2015, les conservateurs ont donné le ton avant même que les événements ou les négociations ne commencent. Le document final élaboré par la Commission s’est avéré être une Déclaration très peu ambitieuse qui avait été négociée avant même que les activistes des droits des femmes n’aient pu intervenir.

Pendant la CSW 2016, le nouveau Caucus des jeunes a été infiltré par un grand nombre d’activistes anti-avortement et anti-droits sexuels et reproductifs qui ont réussi à réduire les organisations de jeunes progressistes au silence. Une fois de plus, les intenses négociations ont abouti à un texte terne dans lequel les éléments relatifs à « la famille » sont formulés dans un langage rétrograde.

Alors qu’il est devenu particulièrement important et urgent de faire progresser les droits humains des femmes, la CSW est devenue un espace affaibli et dépolitisé. Il est de plus en plus difficile d’envisager d’y faire progresser ces droits dans la mesure où les activistes progressistes utilisent toute leur énergie pour essayer de faire barrage au recul voulu par les conservateurs.

Le Conseil des droits de l’homme

En tant qu’organe intergouvernemental responsable de la promotion et de la protection des droits humains dans le monde entier, le CDH est une porte d’entrée essentielle pour les conservateurs. Ces dernières années, cette institution a été le théâtre d’un certain nombre de démarches anti-droits.

En concertation avec d’autres acteurs anti-droits, certains États et blocs d’États conservateurs ont adopté une stratégie qui vise à faire retirer tout langage progressiste des résolutions et à introduire des amendements hostiles. Ils s’attaquent le plus souvent aux résolutions qui traitent de droits relatifs au genre et à la sexualité.

Par exemple, lors de la session du CDH qui s’est tenue en juin 2016, les États membres de l’Organisation de coopération islamique (OCI) et leurs alliés se sont opposés à l’adoption d’une résolution sur la discrimination à l’égard des femmes. Au cours de négociations tendues, de multiples dispositions ont été supprimées, y compris celles relative au droit des femmes et des filles de contrôler leur sexualité et leur santé ainsi qu’à leurs droits sexuels et reproductifs. Ont également été supprimées toutes les dispositions portant sur la nécessité d’abroger les lois qui perpétuent l’oppression patriarcale des femmes et des filles dans les familles et celles qui criminalisent l’adultère ou pardonnent le viol conjugal.

Le CDH a également été le théâtre d’initiatives pernicieuses des conservateurs visant à coopter les normes relatives aux droits humains et à introduire un langage conservateur en matière de « droits humains » – comme celui utilisé dans les résolutions en faveur des « valeurs traditionnelles » soutenues par la Russie et ses alliés et, plus récemment, dans le cadre de la campagne pour la « protection de la famille ».

La Commission des droits de l’homme

En 2015, un certain nombre d’organisations religieuses conservatrices ont ouvert un nouveau front de lutte en commençant à s’attaquer à la Commission des droits de l’homme, organe de contrôle de l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et instrument essentiel pour les droits humains.

Des groupes anti-droits se sont mobilisés dans l’espoir de faire inclure leur rhétorique anti-avortement dans le traité.

Lorsque la Commission a annoncé qu’elle rédigeait une nouvelle interprétation autorisée du droit à la vie, plus de 30 acteurs non étatiques conservateurs ont envoyé des observations écrites, avançant leurs arguments fallacieux sur le « droit à la vie » – à savoir que la vie commence dès la conception et que l’avortement est une violation de ce droit. Ils ont demandé à ce que ces idées soient incorporées dans l’interprétation de l’article 6 par la Commission.

L’action concertée de ces groupes conservateurs auprès de la Commission des droits de l’homme représente une évolution notable dans la mesure où elle concrétise la volonté des acteurs anti-droits de saper et d’invalider le travail essentiel qu’accomplissent les organes de surveillance de l’application des traités, dont celui de la Commission des droits de l’homme elle-même.

Les négociations sur les ODD et le Programme de développement durable à l’horizon 2030

En 2015, les acteurs anti-droits ont mené des actions de plaidoyer dans le cadre de l’élaboration des nouveaux objectifs de développement durable (ODD), insistant une nouvelle fois sur les droits relatifs au genre et à la sexualité. Leurs efforts pour faire adopter un langage rétrograde dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ont été moins fructueux.

Néanmoins, après avoir réussi à empêcher l’inclusion d’un langage progressiste dans le texte final, les conservateurs ont ensuite adopté une autre stratégie. Pour minimiser la responsabilité des États et saper l’universalité des droits, plusieurs États ont émis de multiples réserves sur les ODD.

Au nom du Groupe des États africains membres de l’ONU, le Sénégal a affirmé que les États africains ne « mettraient en œuvre que les ODD alignés sur les valeurs culturelles et religieuses de ses pays membres ».

Le Saint-Siège a également émis un certain nombre de réserves, affirmant qu’il était « certain que l’engagement selon lequel ‘personne ne serait laissé de côté’ serait compris comme une reconnaissance du droit à la vie de la personne, de la conception jusqu’à la mort naturelle ».

L’Arabie saoudite est allée plus loin encore, déclarant que le pays ne suivrait pas les règles internationales relatives aux ODD qui feraient référence à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, les qualifiant de « contraires à la loi islamique ».

L’Assemblée générale des Nations Unies

Les acteurs anti-droits ont un pouvoir d’influence de plus en plus marqué au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies. En 2016, lors de la 71e session, l’AG a été le théâtre de la féroce opposition des acteurs anti-droits à un nouveau mandat créé en juin 2016 en vertu de la Résolution du Conseil des droits de l’homme sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre : le mandat d’Expert indépendant pour la protection contre la violence et la discrimination basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre[Béné1]  (OSIG). Quatre actions ont été mises en œuvre dans les espaces de l’AG pour tenter de réduire la portée de ce mandat.

Le Groupe des États africains a notamment coordonné la présentation d’une résolution hostile auprès de la Troisième Commission[Béné2] , visant essentiellement à faire indéfiniment ajourner ce nouveau mandat. Bien que cette tentative n’ait pas abouti, il s’agit d’une tactique nouvelle et préoccupante visant à bloquer rétroactivement la création d’un mandat présenté par le Conseil des droits de l’homme.

Les acteurs anti-droits œuvrent maintenant à porter directement atteinte à l’autorité du CDH auprès de l’Assemblée générale. Les acteurs anti-droits ont également tenté de nuire à ce mandat en menant une actions auprès de la Cinquième Commission (chargée des questions administratives et budgétaires). Cette initiative inédite a conduit un certain nombre d’États à tenter (encore une fois sans succès) de bloquer le financement des experts des droits humains de l’ONU, dont celui de l’Expert indépendant pour la protection contre la violence et la discrimination basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Bien que ces multiples tentatives n’aient pas réussi à empêcher la création et le maintien de ce nouveau mandat, le soutien important que ces acteurs ont reçu, les stratégies innovantes qui ont été mise en œuvre et les puissantes alliances régionales qui se sont forgées tout au long des négociations nous donnent une idée des difficultés auxquelles nous allons devoir faire face.

Télécharger le chapitre complet (en anglais)


Autres chapitres

Lire le rapport complet (en anglais)

Snippet - CSW69 - Feminist Solidarity Space 12 - FR

Espace de solidarité féministe

✉️ Sur inscription pour les grands groupes. Espace ouvert pour les petits groupes. Inscrivez-vous ici

📅 Mercredi 12 mars 2025
🕒 14.00h-16.00h EST

🏢 Chef's Kitchen Loft with Terrace, 216 East 45th St 13th Floor, New York 

Organisé par : AWID

Esther Mwikali

Esther Mwikali’s home was in Mithini village, Murang’a County, Kenya. A prominent and valued land rights activist, she looked into abuses against squatters who are living on land claimed by tycoons. The investigation Esther was part of also involved land rights’ violations in Makuyu by powerful individuals.

After failing to attend a village meeting, a search party went looking for Esther. On 27 August 2019, two days after her disappearance, her body was found on a farm near her homestead, displaying signs of torture. She was brutally murdered. 

“Esther was renowned for her work to prevent community members being evicted from land claimed by tycoons. Local activists had no doubt her murder was related to the area’s ongoing land struggles, a tragic reminder of the alarming regularity with which extra-judicial killings are routinely carried out in Kenya,” - Global Witness Report, July 2020

“We associate Mwikali’s death with land struggles around here. We are asking the Government to investigate the matter without delay.” - James Mburu, spokesperson for the squatters

“Action should be taken on individuals who are alleged to have threatened the squatters including Mwikali's family.” - Alice Karanja, National Coalition of Human Rights Defenders

“The impact of her work and tenacity will remain alive in Kenya for decades. CJGEA consoles with the bereaved and it calls for justice.” - Center for Justice and Governmental Action (CJGEA) Press Release, 13 September 2019

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Snippet Kohl - Plenary | Organizing to Win

Plenary | Organizing to Win

with Nazik Abylgaziva, Amaranta Gomez Regalado, Cindy Weisner, and Lucineia Freitas.

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Defending our land and ourselves from corporate power

These industries 'extract' raw materials from the Earth: mining, timber, gas, oil are some examples

This economical model exploits nature and as it intensifies, so does the inequality between global North with their large corporations, and the global South, where resources are extracted.

Land contamination, water pollution, environmental damage, communities displaced are only some of the consequences.

Find more on our report on EXTRACTIVE INDUSTRIES

There are sustainable alternatives for the environment and women's rights.

 

Rapport Annuel 2012

Notre rapport annuel 2012 fournit les points saillants de notre travail durant l'année pour contribuer de manière hardie, créative et efficace à la promotion des droits des femmes et l'égalité de genre dans le monde entier. 

Amusez-vous en regardant des vidéos, des photos et des histoires sur nos contributions !

 

Snippet - WCFM Content Body - EN

Feminist and gender justice movements continue to be chronically underfunded in the face of global funding cuts and freezes, and rising fascisms. Growing resource scarcity has impacted the most vulnerable communities, particularly in Global South regions with progressively closing civic spaces. 

 

In response to these challenges, we collaborated with Impactmapper to co-create a comprehensive resource that combines two powerful tools to strengthen the funding ecosystem for social justice movements.