Women human rights defenders (WHRDs) worldwide defend their lands, livelihoods and communities from extractive industries and corporate power. They stand against powerful economic and political interests driving land theft, displacement of communities, loss of livelihoods, and environmental degradation.
Extractivism is an economic and political model of development that commodifies nature and prioritizes profit over human rights and the environment. Rooted in colonial history, it reinforces social and economic inequalities locally and globally. Often, Black, rural and Indigenous women are the most affected by extractivism, and are largely excluded from decision-making. Defying these patriarchal and neo-colonial forces, women rise in defense of rights, lands, people and nature.
WHRDs confronting extractive industries experience a range of risks, threats and violations, including criminalization, stigmatization, violence and intimidation. Their stories reveal a strong aspect of gendered and sexualized violence. Perpetrators include state and local authorities, corporations, police, military, paramilitary and private security forces, and at times their own communities.
AWID and the Women Human Rights Defenders International Coalition (WHRD-IC) are pleased to announce “Women Human Rights Defenders Confronting Extractivism and Corporate Power”; a cross-regional research project documenting the lived experiences of WHRDs from Asia, Africa and Latin America.
"Women Human Rights Defenders confronting extractive industries: an overview of critical risks and Human Rights obligations" is a policy report with a gender perspective. It analyses forms of violations and types of perpetrators, quotes relevant human rights obligations and includes policy recommendations to states, corporations, civil society and donors.
"Weaving resistance through action: Strategies of Women Human Rights Defenders confronting extractive industries" is a practical guide outlining creative and deliberate forms of action, successful tactics and inspiring stories of resistance.
The video “Defending people and planet: Women confronting extractive industries” puts courageous WHRDs from Africa, Asia, and Latin America in the spotlight. They share their struggles for land and life, and speak to the risks and challenges they face in their activism.
Challenging corporate power: Struggles for women’s rights, economic and gender justice is a research paper outlining the impacts of corporate power and offering insights into strategies of resistance.
AWID acknowledges with gratitude the invaluable input of every Woman Human Rights Defender who participated in this project. This project was made possible thanks to your willingness to generously and openly share your experiences and learnings. Your courage, creativity and resilience is an inspiration for us all. Thank you!
توفير الموارد للحركات النسوية هو أمر أساسي لتوفير حاضر أكثر سلماً وعدالة ومستقبل أكثر تحرراً.في العقد الأخير، خصّص الممولون/ات أموال أكبر للمساواة الجندرية، لكن فقط 1% من التمويل الخيري والتنموي تحرك بشكل مباشر لتمويل حركات التغيير الاجتماعي بقيادة نسوية.
كي نسعى إلى الوفرة، والخروج من هذه الندرة المزمنة، يدعو استطلاع "أين المال" المناصرات/ين النسويات/ين ومناصرات/ين العدالة الجندرية بمشاركتنا في مشوار جمع الإفادات وبناء القضايا لحشد أموال أكثر وأفضل كي نغيرّ موازين القوى في المناخ التمويلي القائم اليوم. يتضامن استطلاع "أين المال" مع الحركات التي يستمر إخفاءها وتهميشها والتي لا يتاح لها تمويلا أساسيا، مرن وطويل الأمد مبن على الثقة. ويسلّط استطلاع "أين المال؟" الضوء على وضع التمويل، يتحدّى الحلول الزائفة ويُظهر كيف تحتاج نماذج التمويل أن تتغير كي تزدهر الحركات وتتعامل مع تحديات الزمن المركبة.
Lara was a well-known and loved radio DJ on Motsweding FM in South Africa.
Lara was one of the first openly-transgender radio hosts on a mainstream station. She worked hard to shine a light on LGBTI issues.
Lara’s activism started at a young age when she would vocally defend her right to dress and behave as she felt comfortable to members of her community who didn’t yet understand what it meant to be transgender.
Una de las líderes fundadoras de la cooperativa fue Lohana Berkins, activista, defensora y promotora de la identidad trans. Lohana jugó un papel crucial en la lucha por los derechos de las personas trans y travesti.
A través de su lucha se consiguió, entre muchas otras cosas, la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Es una de las legislaciones más progresistas del mundo, garantizando derechos fundamentales a las personas trans y travestis. Ahora, las personas pueden cambiar sus nombres y géneros solo con una declaración jurada, y tener acceso a atención médica integral sin intervención/aprobación judicial o médica (Outright International, 2012).
Elina es una joven feminista afrodominicana, que trabaja con enfoque interseccional. Es abogada de derechos humanos y está comprometida a usar su voz y sus capacidades para construir un mundo más justo, empático e inclusivo. Ingresó a la facultad de derecho a los 16 años, segura de que iba a obtener herramientas para entender y promover la justicia social. Luego de obtener el título de Juris Doctor [Doctora en Jurisprudencia] en la República Dominicana, cursó una maestría en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos en el Reino Unido, como becaria Chevening. Fue la única mujer latinoamericana-caribeña en su clase y se graduó con honores.
Elina ha trabajado en la intersección de derechos humanos, género, migración y política en el gobierno, en colectivos de base y en organizaciones internacionales. Colaboró en el litigio de casos sobre violencia de género ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como integrante del Panel Consultivo de Jóvenes de UNFPA, contribuyó al fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos en la República Dominicana. Fue una de las personas que lideraron la primera campaña de Amnistía Internacional sobre derechos de lxs trabajadorxs sexuales en las Américas, desarrollando una fuerte asociación con las organizaciones de trabajadorxs sexuales, y utilizando la posición de Amnistía para potenciar las voces de quienes defienden los derechos humanos de las mujeres y de lxs trabajadorxs sexuales. Elina es parte del Foro Feminista Magaly Pineda y la Global Shapers Community [Comunidad Global Shapers]. Habla español, francés e inglés.
Gracias a su diversificada trayectoria, Elina trae sólidas capacidades de gobernanza y de planificación estratégica, una experiencia sustancial en las Naciones Unidas y en mecanismos regionales de derechos humanos, además de su profunda determinación para que AWID siga siendo una organización inclusiva para todas las mujeres, especialmente, las feministas jóvenes y caribeñas. Con estas propuestas, se suma a una hermandad global de feministas fantásticas, desde donde podrá seguir cultivando su liderazgo feminista y nunca más se sentirá sola en su camino.
En el contexto actual, hemos identificado cinco grandes amenazas para la lucha por economías feministas y justas.
«La financialización alude a la importancia creciente de los mercados financieros, los motivos financieros, las instituciones financieras y las elites financieras en el manejo de la economía y las instituciones que la rigen tanto a nivel nacional como internacional» - Gerald Epstein
Epstein Gerald A. 2006: Financialization and the World Economy. Edward Elgar Publishing.
Las instituciones financieras ejercen una fuerte influencia sobre la gobernabilidad económica y la dirección que toman las políticas para el desarrollo. La influencia cada vez más acentuada que tienen el sector corporativo y las instituciones financieras internacionales en la definición de políticas públicas locales y globales ha resultado en Estados cada vez más presos de los intereses del capital. El sistema financiero actual, con sus políticas controversiales de crédito y deuda, juega un rol fundamental para la reproducción y la expansión de los procesos de acumulación de capital.
Esto plantea preguntas importantes acerca de cómo regular y repensar el sistema financiero global, no solo para evitar las graves consecuencias negativas de las crisis causadas por las deudas sino también para permitir medios de vida sostenibles y la realización de los derechos económicos y sociales sin retrocesos.
(Para más detalles, ver el artículo de Balakrishnan y Heintz “Debt, Power, and Crisis: Social Stratification and the Inequitable Governance of Financial Markets”, en inglés [Deuda, poder y crisis: Estratificación social y la gobernabilidad inequitativa de los mercados financieros]
En estos últimos 20 años, los acuerdos comerciales (tanto bilaterales como multilaterales) han expandido su rol mostrando un interés cada vez mayor en el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual a las corporaciones.
Estos derechos han beneficiado claramente a las corporaciones transnacionales afectando gravemente la posibilidad de que las naciones y pueblos más empobrecidos puedan realizar sus derechos humanos, en particular
Además, la liberalización de las importaciones agrícolas que resulta en una afluencia de bienes baratos pone en peligro a las mujeres campesinas que trabajan en forma autónoma en países empobrecidos y a la seguridad alimentaria de todxs. Las cláusulas de protección a las inversiones que forman parte de los acuerdos comerciales limitan el espacio político para que los gobiernos nacionales promulguen e implementen regulaciones en asuntos tan críticos como la protección ambiental, los derechos laborales y la duración de las patentes.
Los movimientos feministas han estado, y continúan estando, en la primera línea de resistencia a estos acuerdos, denunciando las trampas que encierran.
(Ver por ejemplo, las reacciones de movimientos sociales y redes feministas de todo el mundo frente a las negociaciones del Tratado Trastlántico de Comercio e Inversiones y del Acuerdo de Asociación Transpacífico)
La mercantilización de los recursos de la Tierra y sus consecuencias — la degradación ambiental y el cambio climático producidos por décadas de industrialización agresiva, despojo y extractivismo de los recursos mundiales — han dañado la biodiversidad y la resiliencia ecológica. Estos daños ya están amenazando la mera existencia de la sociedad humana.
La comunidad internacional no ha logrado enfrentar los patrones de producción y consumo que conforman la raíz misma de este problema. Lo que hicieron los gobiernos — con el apoyo de las grandes empresas a quienes les interesa obtener ganancias — fue optar por el enfoque de la «economía verde» que promueve las «tecnologías energéticamente eficientes» (como la energía nuclear, los biocombustibles, los organismos genéticamente modificados y la geoingeniería) y los esquemas de comercio de emisiones de dióxido de carbono como soluciones mágicas.
Si bien los procesos de apropiación de tierras y recursos no son algo nuevo -de hecho, han sido luchas centrales en la historia colonial- lo que sí es nuevo son los medios de avanzada por los cuales la tierra y los recursos naturales se están volviendo mercancías en nuevos mercados.
Las instituciones financieras internacionales desempeñan un rol central en promover la mercantilización de la tierra en los países en desarrollo. Estas instituciones financian reformas agrarias que les permiten a actores poderosos utilizar la tierra para ganancias especulativas a cambio de magras promesas de empleos y crecimiento. La apropiación de tierras tiene impactos negativos de gran alcance sobre el acceso de los pueblos a bienes y servicios esenciales, además de causar desplazamiento de poblaciones y degradación ambiental.
Quienes se están resistiendo a la apropiación de tierras, incluyendo a las defensoras de derechos humanos, se enfrentan todos los días a distintas formas de violencia que van desde las agresiones físicas a los abusos sexuales.
Esta base patriarcal tiene una hegemonía particular en los modelos neoliberales actuales.
Resulta evidente que la economía política y el desarrollo se vinculan de varias formas con la sexualidad y el género: pensemos en cómo define el capitalismo lo que se puede entender como 'trabajo' y cómo el valor de los seres humanos se define a partir de su productividad en el trabajo rentado.
En la mayoría de los casos, el lugar que ocupan las mujeres en la economía mundial continúa siendo el de trabajadoras explotadas por su género ya que su trabajo está devaluado en los empleos precarios, la subsistencia doméstica, la reproducción y la producción no remunerada en el hogar. Naturalizada como trabajo no remunerado de las mujeres, la labor que permtie la reproducción de la fuerza de trabajo le provee un enorme subsidio al capitalismo a la vez que funciona como fuente de opresión y sometimiento de género.
Esta situación se ve agravada por el hecho de que cuando los mecanismos de protección social comienzan a debilitarse, se incrementa la carga laboral de las mujeres.
El fenómeno de la migración global que encarnan miles de refugiadxs económicxs que escapan de la pobreza que lxs oprime no es ajeno a las relaciones de poder entre los géneros que impone el capitalismo. Las remesas se convierten en una de las principales fuentes del financiación para el desarrollo de familias y comunidades, pero tienen un costo enorme para las mujeres migrantes que se esfuerzan por alcanzar un salario que les permita vivir en su nuevo país.
También estamos viendo cómo los sistemas patriarcales capitalistas están utilizando la violencia y la opresión para mantener su estatus quo. El alza del gasto mundial para sostener el militarismo y la violencia, perpretados ambos por actores estatales y no estatales, se vuelca cada vez más a controlar el disenso, los cuerpos y voces de las mujeres, así como a zanjar disputas económicas, políticas y sociales.
En todo el mundo, la violencia, el encarcelamiento y la discriminación afectan de manera desproporcionada a:
Para confrontar la violencia estructural y sus vínculos con el sistema global capitalista, se necesita un análisis interseccional que relacione entre sí el género, la raza, la etnia, la edad, la capacidad, la nacionalidad, la orientación sexual y la identidad de género entre otras categorías.
La profunda crisis de gobernabilidad mundial que vivimos también se expresa en los débiles acuerdos intergubernamentales a los que se logra llegar y que a menudo carecen de los mecanismos más básicos para la rendición de cuentas. El sistema multilateral que antes le fue útil a la gobernabilidad mundial no está logrando responder a las múltiples crisis actuales. El sistema mismo continúa siendo muy poco democrático, con las corporaciones adquiriendo cada vez más presencia y más poder ya que ocupan los espacios donde antes estaban los Estados.
Estas amenazas nos desafían a lxs feministas a repensar nuestro marco de referencias y nuestras estrategias. Y también a renovar y reactivar nuestro compromiso con la construcción de movimientos junto con otrxs por una economía justa.
Nos desafían a pensar agendas más amplias por las transformaciones socioeconómicas desde una perspectiva feminista, atendiendo a las realidades que viven la mayoría de lxs empobrecidxs. Ahora es el momento de lograr cambios por una economía justa y de hacerle frente a los desafíos sistémicos persistentes.
(Disponível em inglês)
María Cecilia dedicó la mayor parte de su vida a la incorporación de una perspectiva feminista y de género en el trabajo institucional y organizacional y en el de capacitación.
De niña, demostraba fuerte interés en el arte, la comunicación, la naturaleza, la literatura y el logro de la justicia, especialmente para las mujeres y los grupos marginados.
Estaba comprometida con los derechos sexuales y reproductivos y fue parte de la Junta Nacional para la Educación Integral en Sexualidad. Sus seres queridxs la recuerdan como «una luchadora apasionada e incansable» con un profundo compromiso con los derechos de las mujeres y lxs niñxs.
L'EXCLUSION, LA STIGMATISATION ET LES ABUS INSTITUTIONNELS
auxquels les personnes trans et les travestis continuent de faire face au quotidien
Jessica est une artiste-activiste queer de Toronto, au Canada, mais qui vit actuellement en Bulgarie. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans la riposte au VIH, travaillant aux intersections du genre et du VIH auprès de populations clés (travailleurs·ses du sexe, femmes consommatrices de drogues, communautés LGBTQI, personnes incarcérées et, bien sûr, personnes vivant avec le VIH). Jessica aime créer du mouvement et réfléchir/entreprendre/élaborer des stratégies sur des interventions basées sur les arts. L'un des projets amusants qu'elle a lancé en 2013 était LOVE POSITIVE WOMEN (Femmes positives à l’amour), qui implique plus de 125 groupes et organisations communautaires du monde entier, du 1er au 14 février, pour célébrer les femmes vivant avec le VIH dans leurs communautés.
Comme le remarque l’activiste et chercheuse Soma Kishore Parthasarathy, il existe des conceptualisations diverses de la notion de biens communs.
De manière conventionnelle, ils sont définis comme des ressources naturelles se trouvant en dehors du domaine privé et dont l'usage est affecté à ceux et celles qui en dépendent. Aujourd’hui, ce concept a été élargi pour comprendre, outre les ressources naturelles, les ressources liées aux savoirs, au patrimoine, à la culture, aux espaces virtuels, et même au climat. Le concept de biens communs est antérieur au régime de la propriété privée et il représentait le fondement de l'organisation de la société. Les définitions données actuellement par les entités gouvernementales limitent ce cadre aux ressources foncières et matérielles.
Le concept de biens communs repose sur la pratique culturelle du partage d'espaces de vie et des ressources envisagés comme des cadeaux de la nature, destinés au bien commun et à la viabilité de ces biens communs.
Les biens communs de l’humanité sont de plus en plus menacés par les nations et les forces du marché qui les colonisent, les exploitent et les occupent.
Dans certains contextes favorables, les «biens communs» ont le potentiel d’habiliter les femmes, en particulier les femmes opprimées économiquement, à jouir d’autonomie par rapport à la manière de négocier leurs multiples besoins et aspirations.
Le patriarcat est renforcé lorsque les femmes et d'autres genres opprimés se voient refuser l'accès aux biens communs et au contrôle de ces derniers.
Par conséquent, une économie féministe cherche à rétablir les droits légitimes des communautés vis-à-vis de ces ressources communes. Cette autonomie leur permet de subvenir à leurs besoins, tout en faisant progresser des systèmes de gouvernance plus égalitaires par rapport à l'utilisation de ces ressources. Une économie féministe reconnaît le rôle des femmes et offre l’égalité des chances par rapport à la prise de décision : les femmes ont un accès égalitaire à ces ressources.
Безусловно, мы хотим услышать ваше мнение и о вашем опыте привлечения ресурсов.
Philosophe féministe radicale, Peni était aussi poète, écrivaine, dramaturge et compositrice.
Première coordinatrice du Fiji Women’s Rights Movement (Mouvement pour les droits des femmes aux Fidji), elle a laissé un héritage empreint de sa profonde préoccupation pour les droits fondamentaux des femmes, la justice et la paix. L’engagement de Peni en faveur de la justice sociale, économique et écologique et son travail remarquable lui a valu le respect de la communauté locale et internationale. Au sein des mouvements féministes traditionnels des Fidji, elle a été l’une des premières à travailler avec et aux côtés des personnes LGBTQI et a fourni une assistance concrète au mouvement des travailleurs et des travailleuses du sexe lorsqu’il s’est constitué aux Fidji.
Ses collègues l'ont décrite comme une personne formidable et une leader visionnaire du changement. Elle a inspiré beaucoup de personnes par sa créativité et son courage. Son travail a permis à de nombreuses personnes de se faire entendre, d’acquérir de nouvelles compétences et d’ouvrir de nouvelles voies, tant au niveau personnel que communautaire.
The fight for a world full of workplaces that are free from of all forms of discrimination, stigma and exclusion is a worthy one. A world in which sex work is decriminalized and recognized as work is part of this.
A world where all workers have safe working conditions, dignified wages, and can enjoy the same rights like health care, pension pay, sick days, holidays, job security and more, no matter their gender, race, ethnicity, age or ability. Labor rights are feminist issues, and feminist unions play a key role in advancing the legal, labor and economic rights of all workers, especially migrant workers, domestic workers, informal workers and sex workers. These are folks who have most recently been disproportionately affected by the pandemic, its burdens of care, lockdowns, curfews and increased policing. Let us introduce you to the stories of feminists and union organizers that are fighting for better working conditions and better worlds for all.
Leila is a transnational feminist leader, strategist, and advisor with over 25 years of organizing, advocacy and philanthropic experience advancing human rights, gender equality, and sexual and reproductive rights and justice. She was born in Algeria and educated in the U.S., France, and Morocco; over her professional career, she has lived and worked in forty countries across Africa, Europe, Latin America and Asia. Leila currently serves as a Senior International Fellow at the Asfari Institute for Civil Society and Citizenship at the American University of Beirut in Lebanon and as Senior Strategist for various feminist movements and organizations as well as the the Urgent Action Fund-Africa and Trust Africa on an initiative on Reimagining Feminist and Pan-African Philanthropies.
From 2017-2023, Leila held the position as Vice-President of Programs at Global Fund for Women where she oversaw its strategic grantmaking, movement-strengthening, global advocacy and philanthropic collaborations. At GFW, she doubled its grantmaking to over $17 million, launched its feminist and gender-based movements and crises work, created an adolescent girls program led by a girls’ advisory council and led its philanthropic advocacy work. Prior to that she served on the senior leadership team of Ipas from 2002 to 2016 where she published extensively on abortion rights and justice, lead global advocacy efforts and partnered with feminist groups working on self-management, community strategies and stigma reduction around bodily integrity and sexual and reproductive rights.
Leila is currently researching shifts in the philanthropic sector including recognizing non-institutional practices of giving resources in the Global South and efforts to decolonize practices in the Global North. She has written extensively on the political nature of veiling across North Africa and the Middle East, abortion practices in majority Muslim contexts and feminist approaches to sexual and reproductive health, rights and justice.
Leila holds an MPH in public health and a MA in Middle Eastern and North African Studies, studied Islamic law in Morocco and pursued doctoral studies in sociology in France. She studied Arabic and speaks French and English fluently. She is a mother of two feminist young women, an avid scuba diver, mountain bike rider, skier, and outdoor enthusiast.
En dépit de la rigidité de leur doctrine et de leur vision du monde, les acteurs anti-droits ont fait preuve d’ouverture dans la construction de nouveaux types d’alliances stratégiques ainsi que dans l’utilisation de nouvelles techniques d’organisation et modes d’argumentation. En conséquence, ils sont de plus en plus influents dans les espaces internationaux.
Les ultraconservateurs qui agissent à ce niveau ont fait considérablement évoluer leurs stratégies. Ils ne limitent pas leurs ambitions à la modification de certains aspects marginaux des accords et à la lutte contre l’utilisation de certaines formulations. Ils œuvrent également à la transformation conceptuelle du cadre lui-même et à l’élaboration de norme et de référentiels alternatifs. Ils cherchent enfin à ouvrir les brèches qui renforceront leur influence.
Les ultraconservateurs travaillent à la création et à la pérennité de leurs relations avec des délégués d’États membres de l’ONU en leur proposant régulièrement des formations – notamment pendant le Global Family Policy Forum (Forum mondial sur la politique familiale) qui se tient tous les ans – ainsi que du matériel de formation ciblé.
Ces formations régulières et ces ressources donnent systématiquement aux délégués des informations relatives à des sujets de débat et à des techniques de négociation dans le but d’approfondir leur contribution aux objectifs anti-droits au sein du système relatif à ceux-ci. Les délégués reçoivent également des compilations ciblées de « formulations consensuelles » et de références à des informations pseudo-scientifiques ou à des statistiques dans le but de renforcer leur argumentaire.
La transmission organisée de ces messages explique en partie pourquoi les délégués de certains États membres adoptent des positions ultraconservatrices dans les débats internationaux sur les droits humains en totale contradiction avec leurs propres lois et politiques nationales.
Les abondantes réunions régionales et internationales entre acteurs anti-droits contribuent à créer des liens plus étroits entre les organisations de la société civile (OSC) ultraconservatrices, les États et blocs d’États et certains organismes intergouvernementaux puissants. Le Congrès mondial international des familles est une bonne illustration de rassemblements de ce type.
Ces rencontres renforcent les liens personnels et les alliances stratégiques, des éléments clés de la construction et de la pérennité des mouvements. Elles facilitent l’existence de relations transnationales et interreligieuses dynamiques qui se créent autour de questions et d’intérêts communs. Celles-ci permettent aux acteurs anti-droits de mettre en œuvre une approche plus entreprenante et de formuler un ensemble plus complet de revendications en matière de politique internationale.
Des États et blocs d’États tentent depuis toujours de saper les consensus internationaux ou le principe de responsabilité des États définis en vertu des normes internationales relatives aux droits humains. À cette fin, ils émettent des réserves quant aux accords sur les droits humains, menaçant ainsi le caractère universel de leur applicabilité.
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) est le texte qui a provoqué l’émission du plus grand nombre de réserves. La plupart d’entre elles sont fondées sur des conflits présumés avec le droit religieux. Le droit international relatif aux droits humains est très clair concernant les références à la tradition, à la culture ou à la religion : celles-ci ne peuvent en aucun cas justifier de violations des droits humains. Nombre des réserves émises à propos de la CEDAW ne sont pas valables car elles sont « incompatibles avec l’objet et le but » de la CEDAW. Néanmoins, les États se servent constamment de ces réserves pour ne pas assumer leurs responsabilités en matière de droits humains.
Ces acteurs émettent des « réserves » de plus en plus nombreuses sur les documents et accords de l’ONU qui ne sont pas des traités officiels, notamment sur les résolutions du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale.
Il est alarmant de constater que certains acteurs rétrogrades actifs au sein du système onusien ont commencé à coopter les références existantes en matière de droits et à élaborer et promouvoir un langage consensuel qui revêt un caractère profondément anti-droits. L’objectif est de créer puis de propager ce langage qui légitime des normes patriarcales, hiérarchiques, discriminatoires et culturellement relativistes dans les espaces internationaux consacrés aux droits humains.
Dans ce but, un certains nombre de déclarations ont été rédigées, parmi lesquelles la Déclaration mondiale de la famille et les Articles de San José, qui se veulent les représentantes d’une version moins contraignante du droit des droits humains. Des signatures sont recueillies auprès de multiples acteurs de la société civile, d’États et d’institutions et sont ensuite utilisées comme des outils de plaidoyer et de lobbying.
Dans le cadre d’un virage stratégique vers le recours à des arguments non religieux, les acteurs anti-droits ont considérablement investi dans leurs propres groupes de réflexion axés sur les « sciences sociales ». Relayées par des médias conservateurs en plein essor, les idées de ces think tanks sont largement diffusées par des groupes conservateurs issus de la société civile. Les mêmes supports servent ensuite de matériel de base pour le travail de plaidoyer auprès du système international relatif aux droits humains.
Bien que les objectifs et la motivation des conservateurs découlent de leurs interprétations extrémistes de la religion, de la culture et de la tradition, leurs arguments rétrogrades sont souvent appuyés par des études qui s’arrogent une forme d’autorité intellectuelle. Ils élaborent ainsi un contre-discours, savant mélange de doctrine traditionaliste et de sciences sociales.
Il s’agit de l’une des stratégies les plus efficaces de la droite religieuse, et elle représente un investissement majeur pour l’avenir du processus organisationnel des acteurs anti-droits. Le recrutement des jeunes et le développement de leurs compétences en leadership – des processus qui s’opèrent en premier lieu au niveau local par le biais des églises et des campus – sont une priorité pour de nombreux conservateurs qui tentent d’influencer les politiques internationales.
Cette stratégie leur a permis de s’infiltrer dans les espaces du système onusien notamment consacrés à la jeunesse, parmi lesquels la Commission de la condition de la femme, et de créer une opposition conséquente aux réseaux et organisations progressistes de jeunes.
Que ce soit auprès des mécanismes d’experts faisant autorité – parmi lesquels les Procédures spéciales et les organes chargés de la surveillance de l’application des traités de l’ONU – ou auprès des organes opérationnels comme les agences de l’ONU, les groupes anti-droits ont conscience que leur influence potentielle est beaucoup plus faible qu’au sein des mécanismes politiques.
En conséquence, les groupes anti-droits répandent un certain nombre d’idées, parmi lesquelles le fait que les agences des Nations Unies « outrepassent leur mandat », que le Comité de la CEDAW et d’autres organes créés en vertu d'instruments relatifs aux droits humains n’ont pas le pouvoir d’interpréter les traités ou encore que les Procédures spéciales sont activées par des experts partisans qui ne respectent pas l’étendue de leur mandat. Les groupes anti-droits exercent également des pressions pour compromettre le financement d’agences comme le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).
Cette délégitimation des mécanismes de l’ONU encourage l’impunité des États. Les gouvernements soumis à un examen international sont alors en mesure de justifier leurs actes en arguant du fait que le mécanisme de révision lui-même est défaillant ou trop exigeant.
Les forces conservatrices non étatiques investissent de plus en plus dans les médias sociaux et dans d’autres plateformes en ligne pour promouvoir leurs activités, leurs campagnes et diffuser le plus largement possible leurs informations sur les espaces internationaux relatifs aux droits humains. L’organisation espagnole CitizenGo, par exemple, se veut la version conservatrice de change.org et publie des pétitions et des campagnes épistolaires. Une pétition récente contre la création par l’ONU d’une journée internationale de l’avortement sans risque a rassemblé plus de 172 000 signatures.
S’inspirer des stratégies d’organisation des groupes féministes et d’autres acteurs progressistes.
Adapter à la sphère internationale les stratégies qui ont porté leurs fruits au niveau national.
Passer de la « protestation symbolique » contre le cadre des droits humains à une stratégie d’infiltration subversive du système.
En comprenant les stratégies déployées par les acteurs anti-droits, nous pouvons les contrer plus efficacement.
Télécharger le chapitre complet (en anglais)
Financiamento externo inclui subsídios e outras formas de financiamento de fundações filantrópicas, governos, financiadores bilaterais, multilaterais ou empresariais, e doadores individuais, tanto a nível nacional como internacional. Não inclui recursos gerados autonomamente por grupos, organizações e/ou movimentos, como, por exemplo, quotas de membres, contribuições voluntárias de colaboradores, membres e/ou apoiantes, angariações de fundos comunitários, aluguer de espaços ou venda de serviços. Para facilitar a consulta, estão incluídas no inquérito definições dos diferentes tipos de financiamento e descrições resumidas de diferentes doadores.
Samira was a Syrian activist under Bashar al-Asad's regime.
From a young age Samira opposed all forms of despotism, particularly vis-a-vis the authoritarian regime in which she lived.
Samira was kidnapped in 2013 along with three other prominent activists. She is believed to have been taken from the Center for the Documentation of Violations in Duma, in rural Damascus.
The main suspect associated with her disappearance is the Army of Islam (which denies its involvement). There has been no formal investigation of Samira’s disappearance and she has not been heard from since. Samira was committed to her country and refused to leave Syria until she felt her role in empowering women and documenting crimes was no longer necessary.
