...WHO TAKES CARE OF THEM?

Часто задаваемые вопросы

Lxs actores ultra conservadores han desarrollado una serie de discursos en la esfera internacional de los derechos humanos. Utilizan argumentos que manipulan la religión, la cultura, la tradición y la soberanía nacional para minar los derechos relacionados con el género y la sexualidad.

Lxs actores anti-derechos se han alejado cada vez más del lenguaje explícitamente religioso. Vemos que actores regresivxs —que antes tal vez ridiculizaban los conceptos de derechos humanos — ahora los manipulan y cooptan para promover sus propios objetivos.

Protección de la familia

Este discurso emergente y exitoso parece inocuo, pero resulta útil como un tema ‘sombrilla’ bajo el que se cobijan múltiples posiciones patriarcales y anti-derechos. Por eso el tema de la «protección de la familia» resulta un ejemplo clave que muestra la tendencia de lxs actores regresivxs a llevar adelante una incidencia integral e integrada.

El lenguaje de la «protección de la familia» opera desplazando al sujeto de los derechos humanos, reemplazando al individuo por instituciones ya poderosas. También afirma una concepción unitaria, jerárquica y patriarcal de la familia que discrimina a todo formato familiar que esté fuera de estos límites rígidos.

Por último, intenta cambiar el enfoque del reconocimiento y la protección de los derechos de integrantes vulnerables de la familia a la no discriminación, la autonomía y la ausencia de violencia en el contexto de las relaciones familiares.

El derecho a la vida

La Santa Sede y varios grupos de la derecha cristiana buscan apropiarse del derecho a la vida para ponerlo al servicio de su misión contra el aborto. Mezclando el lenguaje de los derechos humanos con la doctrina religiosa conservadora, argumentan que el derecho a la vida, tal como se lo establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se aplica a partir del momento de la concepción.

Ningún instrumento universal de derechos humanos apoya ese argumento. Sin embargo, esta es una táctica atractiva para lxs actores anti-derechos, porque el derecho a la vida no puede ser violado bajo ninguna circunstancia y es un estándar legal vinculante.

Derechos sexuales

Lxs actores anti-derechos humanos utilizan una serie de dispositivos retóricos en su campaña para minar los derechos sexuales: sostienen que estos derechos no existen o que son «nuevos derechos»; que causan daño a las niñas, los niños y la sociedad; y/o que se oponen a la cultura, la tradición o las leyes nacionales.

Lxs actores conservadores dedicados a hacer incidencia en la ONU atacan el derecho a una educación sexual integral (ESI) desde varios frentes. Afirman que viola los «derechos parentales»; que perjudica a las niñas y los niños; y que no es educación sino adoctrinamiento ideológico.

También alegan que poderosos grupos de presión les imponen la Educación Sexual Integral a las niñas y los niños, los padres y las Naciones Unidas para beneficiarse de los servicios que estos mismos grupos proporcionan a niñas, niños y jóvenes.

Los intentos de invalidar los derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género se han multiplicado. Lxs actores ultra conservadores argumentan que aplicar los principios y leyes históricos de derechos humanos a esta temática equivale a crear «nuevos derechos», y proponen un cambio radical en el significado actual de los derechos que resultaría de interpretarlos a la luz de la "cultura" o de las «particularidades nacionales».

Derechos reproductivos

Desde hace muchos años, las organizaciones de la derecha cristiana se movilizan en contra de los derechos reproductivos junto con la Santa Sede y otrxs aliadxs anti-derechos. A menudo argumentan que los derechos reproductivos no son más que una forma de control poblacional impuesto por Occidente sobre los países del Sur Global. Irónicamente, esta afirmación proviene a menudo de actores con sede en Estados Unidos y Europa Occidental, que en su mayoría trabajan activamente para exportar sus discursos y políticas fundamentalistas.

Lxs actores regresivxs también citan argumentos «científicos» de grupos de expertxs ultra conservadores y de fuentes que emplean metodologías de investigación poco sólidas, para sugerir que el aborto causa una serie de efectos secundarios psicológicos, sexuales, físicos y relacionales.

Protección de lxs niñxs y de los derechos parentales

Así como lxs actores anti-derechos buscan construir una nueva categoría de «protección de la familia», también proponen otra:  los «derechos parentales», que tampoco encuentra respaldo en las normas de derechos humanos vigentes. Este discurso paradójicamente intenta utilizar las protecciones de derechos que les corresponden a los niños y las niñas, tal como las expresa la Convención sobre los Derechos del Niño, para fundamentar el derecho de padres y madres  a controlar a sus hijas e hijos y limitar sus derechos.

La violencia contra las mujeres

Cada vez más, lxs actores anti-derechos, están intentando infiltrar y subvertir los estándares y discursos desarrollados por defensoras de derechos humanos, como la violencia contra las mujeres.

En la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres y en otros escenarios, estos actores insisten en tratar esta forma de violencia como un concepto al que le adosan argumentos anti-derechos reproductivos y otros de cariz patriarcal. Lxs actores ultra conservadores, por ejemplo, han argumentado que las relaciones de pareja no tradicionales ni heteronormativas son un factor de riesgo para la violencia, y enfatizan que los padres son necesarios para proteger a las familias de la violencia.

Género e «ideología de género»

La Santa Sede ha elaborado y sostenido una crítica al género, a la «ideología de género», lxs «radicales del género» y la teoría de género. Lxs actores anti-derechos a menudo leen el término ‘género’ como un código equivalente a ‘derechos LGBTQ’. La derecha religiosa utiliza el género como un concepto transversal que une muchos de sus discursos. Cada vez más, el pánico que generan en torno a este tema se concentra en la identidad de género y en los derechos de las personas trans.

Complementariedad y dignidad humana

Varios actores ultra-conservadores emplean el discurso de la complementariedad de los sexos. Estructuran su retórica en torno a una presunción de diferencia: se supone que los hombres y las mujeres tienen roles diferentes pero complementarios en el matrimonio, la vida familiar, y también en su participación en la vida comunitaria, política y económica.

La referencia a los roles «naturales» tiene por objeto rechazar los derechos humanos universales a la igualdad y la no discriminación. También se utiliza para justificar las violaciones de estos derechos por parte de actores estatales y no estatales, y el incumplimiento de las obligaciones del Estado en cuanto a eliminar los prejuicios y las prácticas basadas en roles estereotipados para hombres o mujeres.

Soberanía nacional y antiimperialismo

Este discurso sugiere que organismos de la ONU o Estados que actúan a través de la ONU atacan injustamente a los gobiernos nacionales. Lo que se intenta aquí es desplazar el sujeto de los derechos humanos de la persona o sector marginado que sufre una violación de sus derechos a una institución poderosa y/o regresiva,  el Estado, para justificar excepciones nacionales a los derechos universales o para apoyar la impunidad estatal.

Libertad religiosa

Lxs actores anti-derechos han adoptado el discurso de la libertad religiosa para justificar violaciones a los derechos humanos. Se refieren a la libertad religiosa de una manera que contradice directamente el propósito de este derecho humano y entra seriamente en conflicto con el principio de la universalidad de los derechos.

Su argumento es que la libertad religiosa se ve amenazada y debilitada por la protección a los derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con el género y la sexualidad.

Lo que se proponen instalar es que el derecho a la libertad religiosa tiene por objeto proteger a las propias religiones y no a las personas, que son quienes en verdad tienen la libertad de profesar  o no distintas creencias. Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos protege a lxs creyentes y no a las creencias, y el derecho a la libertad de religión, pensamiento y conciencia incluye el derecho a no profesar ninguna religión ni creencia así como a cambiar de religión o de creencias.

Derechos culturales y valores tradicionales

El despliegue de referencias a la cultura y la tradición para debilitar los derechos humanos, incluido el derecho a la igualdad, es una táctica común entre lxs actores anti- derechos. Presentan la cultura como algo monolítico, estático e inmutable, y a menudo la oponen a las «normas occidentales».

Las alusiones a la cultura por parte de lxs actores anti-derechos en los debates de política internacional tienen como objetivo debilitar la universalidad de los derechos, defendiendo un relativismo cultural que prevalece sobre las reivindicaciones de derechos o las limita. El uso de los derechos culturales por parte de actores regresivxs se basa en una tergiversación deliberada de la cultura como derecho humano. Los Estados deben velar por que no se utilicen actitudes tradicionales o culturales para justificar violaciones a la igualdad. Las normas de derechos humanos exigen acceso, participación y contribución igualitaria en todos los aspectos de la vida cultural para todas las personas, incluidas las mujeres, las minorías religiosas y raciales y las personas cuya identidad o expresión de género difieren de las normativas.

La subversión del «universal»

En espacios políticos internacionales, lxs actores anti-derechos manipulan cada vez más las referencias a los derechos humanos universales o fundamentales para revertir el significado de la universalidad de los derechos.

En lugar de utilizar el término ‘universal’ para describir todo el conjunto de derechos humanos indivisibles e interrelacionados, lxs actores ultra conservadores lo emplean para delimitar y describir un subconjunto de derechos humanos que ellxs consideran «verdaderamente fundamentales». Todos los otros derechos estarían sujetos a la discreción del Estado, serían derechos 'nuevos' u opcionales. Este discurso resulta especialmente poderoso ya que instala una categoría indefinida - lo «verdaderamente universal» - que queda abierta a interpretaciones cambiantes.

Descargar capítulo

Otros capítulos

• Actores principales de la oposición
• Principales estrategias y tácticas de la oposición
• Impactos principales sobre el sistema internacional de derechos humanos

Descargar capítulo

Otros capítulos

• Actores principales de la oposición
• Principales estrategias y tácticas de la oposición
• Impactos principales sobre el sistema internacional de derechos humanos

La domination croissante des marchés financiers internationaux et des institutions dans la définition des politiques économiques mondiales a pour effet de confisquer le pouvoir des personnes dans l’intérêt des élites mondiales et des grandes entreprises.

Notre rapport sur les flux financiers illégaux explore leur impacts disproportionnés sur la justice de genre. Il expose les cadres politique et juridique qui permettent aux entreprises de jouir d'abus fiscaux au détriment des personnes et de la planète.

Le rapport conclut avec ces sept recommandations politiques féministes pour demander plus de transparence et de responsabilité des entreprises afin de stopper les flux financiers illégaux.

Nos recommandations stratégiques :

Les flux financiers illicites attirent une attention sans précédent, par exemple dans le cadre de négociations sur le développement autour du Programme de développement à l’horizon 2030 ou lors de la Conférence sur le financement du développement d’Addis-Abeba en 2015. Ils font également les gros titres dans les médias traditionnels avec la diffusion de documents concernant des opérations financières offshore ayant fait l’objet de fuites, une affaire connue sous le nom des « Panama Papers ».

Pour donner un autre exemple, lors d’un référendum en février 2017, le peuple équatorien a voté pour empêcher les politiciens et les fonctionnaires de posséder des actifs, des entreprises ou des capitaux dans des paradis fiscaux. Le gouvernement équatorien est maintenant une voix de premier plan au sein du G77, aux Nations Unies, en faveur de la création d’un organisme fiscal mondial de l’ONU pour mettre un terme aux paradis fiscaux.

Ce coup de projecteur constitue potentiellement une opportunité pour les féministes, les mouvements sociaux et les défenseur-euse-s de la justice fiscale de faire pression en faveur de la transformation du système financier mondial qui renforce les inégalités au niveau mondial, y compris les inégalités de genre.

Nous proposons ci-dessous sept revendications politiques pour contribuer aux actions de plaidoyer des féministes et des activistes oeuvrant en faveur de la justice sociale, des droits des femmes et de l’égalité de genre :

1. Les FFI constituent une violation des droits humains et des droits des femmes :

• Les flux financiers illicites entravent le respect de l’obligation qu’ont les États de mobiliser les ressources maximales disponibles pour la réalisation des droits humains, en ce compris les engagements pris de longue date concernant les droits des femmes et l’égalité de genre.
• Le renforcement de la responsabilité des entreprises est une option qui se trouve sur la table du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée a été constitué pour élaborer un instrument international juridiquement contraignant dans le cadre du droit international relatif aux droits humains pour réglementer les activités des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales. Ce processus a le potentiel de faire reconnaître l’évasion fiscale des entreprises comme violation des droits humains, y compris les droits des femmes, et devrait être davantage soutenu par les pays du Nord et du Sud.

2. S’assurer que les multinationales paient leur part :

• Développer des mécanismes internationaux qui freinent les pratiques fiscales abusives et empêchent les exonérations fiscales des entreprises. Les États membres de l’ONU devraient engager des négociations pour rédiger une convention des Nations Unies pour lutter contre les pratiques fiscales abusives. La convention devrait inclure un régime de consolidation et de répartition fiscales pour imposer les bénéfices globaux des entreprises.
• Revoir en particulier les réglementations nationales dans les pays riches qui permettent aux multinationales de payer leurs impôts dans le pays où elles sont domiciliées plutôt que dans le pays où elles exercent leur activité économique. Cette pratique affecte particulièrement les pays en développement, car les bénéfices imposables leur échappent de plus en plus, face à des juridictions à faible taux d’imposition ou non taxées.
  Des propositions comme le système de taxation unitaire devraient être prises en considération à cet égard.

3. Soutenir la création d’une instance fiscale intergouvernementale aux nations unies :

• Une instance fiscale au sein des Nations Unies, dotée de droits de vote égaux et d’adhésion universelle devrait avoir le pouvoir d’examiner les politiques fiscales nationales, régionales et mondiale et de veiller à ce que les États respectent les engagements convenus depuis longtemps dans le domaine des droits humains, y compris les droits des femmes et l’égalité de genre.

4. Promouvoir la transparence et la collecte de données sensibles au genre :

• Des efforts accrus doivent être accomplis au niveau mondial pour affiner des données comparables sur la fraude fiscale, comme par exemple des données ventilées selon le genre qui montrent les impacts différenciés selon le genre qui sont spécifiques à certains systèmes fiscaux.
• Les pays doivent adopter un cadre qui assure l’échange automatique de données, ce qui garantirait un accès public et global à des informations essentielles qui illustrent comment certaines pratiques affectent les ressources disponibles pour la réalisation des droits humains.
• Mettre en oeuvre l’obligation pour les multinationales de divulguer publiquement, dans le cadre de leurs rapports annuels, les bénéfices réalisés et les taxes payées dans chaque pays dans lequel elles opèrent.
• Parmi les autres informations financières qui doivent être accessibles, il doit y avoir une plus grande coopération entre les gouvernements concernant le partage de leurs registres publics nationaux qui révèlent l’identité des véritables propriétaires des sociétés, fiduciaires, fondations et autres structures juridiques du même type.

5. Promouvoir la justice fiscale au niveau national par des politiques fiscales progressives :

• Promouvoir la justice fiscale par des politiques fiscales progressives. Cela nécessite d’augmenter le poids des taxes directes sur le revenu du capital et sur les secteurs hautement rentables de la société, tout en réduisant et en supprimant le fardeau qui pèse sur les femmes et les personnes pauvres. Les segments pauvres de la société, où les femmes sont surreprésentées, ne devraient pas payer plus d’impôts par rapport à leurs revenus que les segments les plus riches qui bénéficient souvent de subventions fiscales, de congés fiscaux et autres réductions fiscales.
• Les gouvernements doivent examiner de manière critique les accords de commerce et d’investissement néfastes qui accordent des incitations et des exemptions fiscales qui perpétuent les inégalités et les préjugés liés au genre.

6. Assurer une large participation des organisations de défense des droits des femmes, des mouvements sociaux et de la société civile progressiste :

• Les décisions en matière de politiques économiques et fiscales manquent souvent de perspective sensible au genre. Les interactions entre le ministère des finances et le ministère qui s'occupe de l'égalité de genre et avec la société civile et les défenseur-euse-s des droits humains, sont essentielles pour mieux comprendre l’incidence qu’ont les décisions relatives aux recettes sur les droits des femmes et l’égalité de genre.
• Un environnement favorable devrait être mis en place pour protéger les défenseuses des droits humains et celles et ceux (lanceuses et lanceurs d'alerte, activistes pour la justice fiscale) qui dénoncent les abus fiscaux et documentent les affaires de corruption.

7. Faire cesser les activités criminelles liées aux FFI qui s’exercent en toute impunité et garantir que leurs auteurs aient à répondre de ces actes :

• Mettre en place un mécanisme coordonné au niveau mondial entre les autorités fiscales nationales, les organismes pour les droits humains et l’égalité de genre et les agences de renseignement, afin d’assurer que les activités criminelles associées aux FFI cessent de se poursuivre en toute impunité.
• Renforcer les systèmes judiciaires nationaux et mondiaux pour responsabiliser les personnes morales et physiques qui financent des activités criminelles par l’entremise des FFI.

Lire le rapport complet

يشمل التمويل الخارجي المنح والأشكال الأخرى من التمويل من المؤسسات الخيرية، الحكومات، الجهات ثنائية الاتجاه أو متعددة الاتجاهات أو الممولين/ات من الشركات أو الممولين/ات الأفراد، إن كان ذلك من دولتكم/ن أو من الخارج. لا يشمل هذا الموارد التي تنتجها المجموعات، المنظمات أو الحركات بشكل مستقل مثل رسوم العضوية، تطوع الطاقم أو الأعضاء/ العضوات أو الداعمين/ات، تجنيد الأموال المجتمعي، تأجير الأماكن أو بيع الخدمات أو المنتجات. لتسهيل عملية تعبئة الاستطلاع، تم شمل تعريف أنواع التمويل ووصفها بشكل قصير في الاستطلاع نفسه.

Keeping an eye on anti-rights actor at the Human Rights Council

Anti-rights mobilization at the United Nations constitutes a response to the significant feminist and progressive organizing. It involves a constant threat for women's rights, especially when it comes to sexual and reproductive rights and an open door to racism, xenophobia and all kinds of discrimination.

Get to know all their tactics and discourses worldwide.

Read our full report

Main resolutions and organizations to follow on the 38th session

We’re looking at an attack on the human rights system, and all of these fundamentalisms are coming together to try to weaken the fabric of multilateralism, and that’s happening in large part at the expense of marginalized groups of people. It’s happening at the expense of women, and it’s happening through tactics that are often about gender and sexuality.

Cynthia Rothschild

Independent human rights expert, OURs member

We’ve experienced a lot of pushback from different states, from different civil society actors, from private corporations and large donors who are funding the activities of these anti-rights actors.

Meghan Doherty

Director of Global Policy and Advocacy with Action Canada

Read more on what we do at the Human Rights Council

More interviews at HRC38

Zhan Chiam

ILGA's Gender Identity and Gender Expression Senior Programme Officer

Paola Salwan Daher

Global Advocacy Adviser at the Center for Reproductive Rights

Да, опрос доступен людям с различными нарушениями слуха, зрения, движений и когнитивных способностей.