En el contexto actual, hemos identificado cinco grandes amenazas para la lucha por economías feministas y justas.

1. La financialización de la economía mundial

 «La financialización alude a la importancia creciente de los mercados financieros, los motivos financieros, las instituciones financieras y las elites financieras en el manejo de la economía y las instituciones que la rigen tanto a nivel nacional como internacional» - Gerald Epstein

Epstein Gerald A. 2006: Financialization and the World Economy. Edward Elgar Publishing.

Las instituciones financieras ejercen una fuerte influencia sobre la gobernabilidad económica y la dirección que toman las políticas para el desarrollo. La influencia cada vez más acentuada que tienen el sector corporativo y las instituciones financieras internacionales en la definición de políticas públicas locales y globales ha resultado en Estados cada vez más presos de los intereses del capital. El sistema financiero actual, con sus políticas controversiales de crédito y deuda, juega un rol fundamental para la reproducción y la expansión de los procesos de acumulación de capital.

Esto plantea preguntas importantes acerca de cómo regular y repensar el sistema financiero global, no solo para evitar las graves consecuencias negativas de las crisis causadas por las deudas sino también para permitir medios de vida sostenibles y la realización de los derechos económicos y sociales sin retrocesos.

(Para más detalles, ver el artículo de Balakrishnan y Heintz “Debt, Power, and Crisis: Social Stratification and the Inequitable Governance of Financial Markets”, en inglés [Deuda, poder y crisis: Estratificación social y la gobernabilidad inequitativa de los mercados financieros]

2. Acuerdos comerciales nocivos.

En estos últimos 20 años, los acuerdos comerciales (tanto bilaterales como multilaterales) han expandido su rol mostrando un interés cada vez mayor en el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual a las corporaciones.

Estos derechos han beneficiado claramente a las corporaciones transnacionales afectando gravemente la posibilidad de que las naciones y pueblos más empobrecidos puedan realizar sus derechos humanos, en particular

• el derecho a la alimentación,
• el derecho a la conservación,
• el derecho a utilizar y vender las semillas, y
• el derecho a acceder a medicamentos esenciales.

Además, la liberalización de las importaciones agrícolas que resulta en una afluencia de bienes baratos pone en peligro a las mujeres campesinas que trabajan en forma autónoma en países empobrecidos y a la seguridad alimentaria de todxs. Las cláusulas de protección a las inversiones que forman parte de los acuerdos comerciales limitan el espacio político para que los gobiernos nacionales promulguen e implementen regulaciones en asuntos tan críticos como la protección ambiental, los derechos laborales y la duración de las patentes.

Los movimientos feministas han estado, y continúan estando, en la primera línea de resistencia a estos acuerdos, denunciando las trampas que encierran.

 (Ver por ejemplo, las reacciones de movimientos sociales y redes feministas de todo el mundo frente a las negociaciones del Tratado Trastlántico de Comercio e Inversiones y del Acuerdo de Asociación Transpacífico)

3. Ecosistemas y biodiversidad amenazados como nunca

La mercantilización de los recursos de la Tierra y  sus consecuencias — la degradación ambiental y el cambio climático producidos por décadas de industrialización agresiva, despojo y extractivismo de los recursos mundiales — han dañado la biodiversidad y la resiliencia ecológica. Estos daños ya están amenazando la mera existencia de la sociedad humana.

La comunidad internacional no ha logrado enfrentar los patrones de producción y consumo que conforman la raíz misma de este problema. Lo que hicieron los gobiernos — con el apoyo de las grandes empresas a quienes les interesa obtener ganancias — fue optar por el enfoque de la «economía verde» que promueve las «tecnologías energéticamente eficientes» (como la energía nuclear, los biocombustibles, los organismos genéticamente modificados y la geoingeniería) y los esquemas de comercio de emisiones de dióxido de carbono como soluciones mágicas.

4.Comercialización de la tierra y aceleración del fenómeno global de apropiación de tierras y recursos.

Si bien los procesos de apropiación de tierras y recursos no son algo nuevo  -de hecho, han sido luchas centrales en la historia colonial- lo que sí es nuevo son los medios de avanzada por los cuales la tierra y los recursos naturales se están volviendo mercancías en nuevos mercados.

Las instituciones financieras internacionales desempeñan un rol central en promover  la mercantilización de la tierra en los países en desarrollo. Estas instituciones financian reformas agrarias que les permiten a actores poderosos utilizar la tierra para ganancias especulativas a cambio de magras promesas de empleos y crecimiento. La apropiación de tierras tiene impactos negativos de gran alcance sobre el acceso de los pueblos a bienes y servicios esenciales, además de causar desplazamiento de poblaciones y degradación ambiental.

Quienes se están resistiendo a la apropiación de tierras, incluyendo a las defensoras de derechos humanos, se enfrentan todos los días a distintas formas de violencia que van desde las agresiones físicas a los abusos sexuales.

5. Una base patriarcal arraigada que le da estructura al sistema capitalista

Esta base patriarcal tiene una hegemonía particular en los modelos neoliberales actuales.

Resulta evidente que la economía política y el desarrollo se vinculan de varias formas con la sexualidad y el género: pensemos en cómo define el capitalismo lo que se puede entender como 'trabajo' y cómo el valor de los seres humanos se define a partir de su productividad en el trabajo rentado.

En la mayoría de los casos, el lugar que ocupan las mujeres en la economía mundial continúa siendo el de trabajadoras explotadas por su género ya que su trabajo está devaluado en los empleos precarios, la subsistencia doméstica, la reproducción y la producción no remunerada en el hogar. Naturalizada como trabajo no remunerado de las mujeres, la labor que permtie la reproducción de la fuerza de trabajo le provee un enorme subsidio al capitalismo a la vez que funciona como fuente de opresión y sometimiento de género.

Esta situación se ve agravada por el hecho de que cuando los mecanismos de protección social comienzan a debilitarse, se incrementa la carga laboral de las mujeres.

El fenómeno de la migración global que encarnan miles de refugiadxs económicxs que escapan de la pobreza que lxs oprime no es ajeno a las relaciones de poder entre los géneros que impone el capitalismo. Las remesas se convierten en una de las principales fuentes del financiación para el desarrollo de familias y comunidades, pero tienen un costo enorme para las mujeres migrantes que se esfuerzan por alcanzar un salario que les permita vivir en su nuevo país.

También estamos viendo cómo los sistemas patriarcales capitalistas están utilizando la violencia y la opresión para mantener su estatus quo. El alza del gasto mundial para sostener el militarismo y la violencia, perpretados ambos por actores estatales y no estatales, se vuelca cada vez más a controlar el disenso, los cuerpos y voces de las mujeres, así como a zanjar disputas económicas, políticas y sociales.

En todo el mundo, la violencia, el encarcelamiento y la discriminación afectan de manera desproporcionada a:

• mujeres
• comunidades étnicas no hegemónicas,
• pueblos indígenas,
• personas con discapacidades,
• trabajadorxs sexuales,
• personas empobrecidas, y
• personas LGBTQI.

Para confrontar la violencia estructural y sus vínculos con el sistema global capitalista, se necesita un análisis interseccional que relacione entre sí el género, la raza, la etnia, la edad, la capacidad, la nacionalidad, la orientación sexual y la identidad de género entre otras categorías.

La profunda crisis de gobernabilidad mundial que vivimos también se expresa en los débiles acuerdos intergubernamentales a los que se logra llegar y que a menudo carecen de los mecanismos más básicos para la rendición de cuentas. El sistema multilateral que antes le fue útil a la gobernabilidad mundial no está logrando responder a las múltiples crisis actuales. El sistema mismo continúa siendo muy poco democrático, con las corporaciones adquiriendo cada vez más presencia y más poder ya que ocupan los espacios donde antes estaban los Estados.

Repensar, renovar y reactivar

Estas amenazas nos desafían a lxs feministas a repensar nuestro marco de referencias y nuestras estrategias. Y también a renovar y reactivar nuestro compromiso con la construcción de movimientos junto con otrxs por una economía justa.

Nos desafían a pensar agendas más amplias por las transformaciones socioeconómicas desde una perspectiva feminista, atendiendo a las realidades que viven la mayoría de lxs empobrecidxs. Ahora es el momento de lograr cambios por una economía justa y de hacerle frente a los desafíos sistémicos persistentes.

Ver también

Nuestra visión

¿Cómo se originó este proyecto?

Nuestras socias

La pandémie de COVID-19 a montré au monde l'importance des travailleur·euses essentiel·les. Nous parlons des personnes qui font le ménage, les travailleur·euses domestiques, les infirmier·ères, les d'ambulancier·ères, les personnes travaillant dans les transports, les supermarchés et autres. Leur travail consiste à prendre soin et à garantir le bien-être des autres et à faire fonctionner nos économies.

Mais pendant qu'iels prennent soin de nous..

Grupos, organizações e movimentos cujo foco específico ou principal seja os direitos das mulheres, de jovens, a justiça de género, os direitos das pessoas LBTQI+ e de aliados em todas as regiões e em todos os níveis, quer sejam novos ou já estabelecidos.

Définition

Comme le remarque l’activiste et chercheuse Soma Kishore Parthasarathy, il existe des conceptualisations diverses de la notion de biens communs.

De manière conventionnelle, ils sont définis comme des ressources naturelles se trouvant en dehors du domaine privé et dont l'usage est affecté à ceux et celles qui en dépendent. Aujourd’hui, ce concept a été élargi pour comprendre, outre les ressources naturelles, les ressources liées aux savoirs, au patrimoine, à la culture, aux espaces virtuels, et même au climat. Le concept de biens communs est antérieur au régime de la propriété privée et il représentait le fondement de l'organisation de la société. Les définitions données actuellement par les entités gouvernementales limitent ce cadre aux ressources foncières et matérielles.

Le concept de biens communs repose sur la pratique culturelle du partage d'espaces de vie et des ressources envisagés comme des cadeaux de la nature, destinés au bien commun et à la viabilité de ces biens communs.

Le contexte

Les biens communs de l’humanité sont de plus en plus menacés par les nations et les forces du marché qui les colonisent, les exploitent et les occupent.

Dans certains contextes favorables, les «biens communs» ont le potentiel d’habiliter les femmes, en particulier les femmes opprimées économiquement, à jouir d’autonomie par rapport à la manière de négocier leurs multiples besoins et aspirations.

Perspective féministe

Le patriarcat est renforcé lorsque les femmes et d'autres genres opprimés se voient refuser l'accès aux biens communs et au contrôle de ces derniers.

Par conséquent, une économie féministe cherche à rétablir les droits légitimes des communautés vis-à-vis de ces ressources communes. Cette autonomie leur permet de subvenir à leurs besoins, tout en faisant progresser des systèmes de gouvernance plus égalitaires par rapport à l'utilisation de ces ressources. Une économie féministe reconnaît le rôle des femmes et offre l’égalité des chances par rapport à la prise de décision : les femmes ont un accès égalitaire à ces ressources.

Pour en savoir plus sur cette proposition :

• La récupération des biens communs pour la justice de genre et économique : luttes et mouvements en Inde est une interview de la chercheuse Soma Kishore Parthasarathy sur la façon dont les femmes de l’Inde rurale dénoncent la réalité actuelle en proposant une gestion partagée des ressources communes. 
• Feminism And The Politics Of The Commons (Le féminisme et la politique des biens communs), par Silvia Federici (article en anglais). L’article se penche sur la politique des biens communs d'un point de vue féministe façonné par la lutte contre la discrimination sexuelle et le travail reproductif. Il vise à clarifier les conditions selon lesquelles le principe des biens communs peut devenir le fondement d'un programme anticapitaliste.

نعم! نلاحظ ونقدّر الأسباب المختلفة لعدم تلق الحركات النسوية التمويل الخارجي، حيث من الممكن أن تكون غير مؤهلة لتقديم الطلبات للتمويل و\ أو تلقّي المال من خارج البلاد، أو الاعتماد على المصادر التي يتم إنتاجها بشكل مستقل كاستراتيجية سياسية. نريد أن نسمع منكم/ن بعيدا عن تجربتكم/ن مع التمويل الخارجي.

En dépit de la rigidité de leur doctrine et de leur vision du monde, les acteurs anti-droits ont fait preuve d’ouverture dans la construction de nouveaux types d’alliances stratégiques ainsi que dans l’utilisation de nouvelles techniques d’organisation et modes d’argumentation. En conséquence, ils sont de plus en plus influents dans les espaces internationaux.

Les ultraconservateurs qui agissent à ce niveau ont fait considérablement évoluer leurs stratégies. Ils ne limitent pas leurs ambitions à la modification de certains aspects marginaux des accords et à la lutte contre l’utilisation de certaines formulations. Ils œuvrent également à la transformation conceptuelle du cadre lui-même et à l’élaboration de norme et de référentiels alternatifs. Ils cherchent enfin à ouvrir les brèches qui renforceront leur influence.

Stratégie 1 : la formation de délégués à l’ONU

Les ultraconservateurs travaillent à la création et à la pérennité de leurs relations avec des délégués d’États membres de l’ONU en leur proposant régulièrement des formations – notamment pendant le Global Family Policy Forum (Forum mondial sur la politique familiale) qui se tient tous les ans – ainsi que du matériel de formation ciblé.

Ces formations régulières et ces ressources donnent systématiquement aux délégués des informations relatives à des sujets de débat et à des techniques de négociation dans le but d’approfondir leur contribution aux objectifs anti-droits au sein du système relatif à ceux-ci. Les délégués reçoivent également des compilations ciblées de « formulations consensuelles » et de références à des informations pseudo-scientifiques ou à des statistiques dans le but de renforcer leur argumentaire.

La transmission organisée de ces messages explique en partie pourquoi les délégués de certains États membres adoptent des positions ultraconservatrices dans les débats internationaux sur les droits humains en totale contradiction avec leurs propres lois et politiques nationales.

Stratégie 2 : l’organisation de rassemblements internationaux

Les abondantes réunions régionales et internationales entre acteurs anti-droits contribuent à créer des liens plus étroits entre les organisations de la société civile (OSC) ultraconservatrices, les États et blocs d’États et certains organismes intergouvernementaux puissants. Le Congrès mondial international des familles est une bonne illustration de rassemblements de ce type.

Ces rencontres renforcent les liens personnels et les alliances stratégiques, des éléments clés de la construction et de la pérennité des mouvements. Elles facilitent l’existence de relations transnationales et interreligieuses dynamiques qui se créent autour de questions et d’intérêts communs. Celles-ci permettent aux acteurs anti-droits de mettre en œuvre une approche plus entreprenante et de formuler un ensemble plus complet de revendications en matière de politique internationale.

Stratégie 3 : l’émission de réserves sur les accords relatifs aux droits humains

Des États et blocs d’États tentent depuis toujours de saper les consensus internationaux ou le principe de responsabilité des États définis en vertu des normes internationales relatives aux droits humains. À cette fin, ils émettent des réserves quant aux accords sur les droits humains, menaçant ainsi le caractère universel de leur applicabilité.

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) est le texte qui a provoqué l’émission du plus grand nombre de réserves. La plupart d’entre elles sont fondées sur des conflits présumés avec le droit religieux. Le droit international relatif aux droits humains est très clair concernant les références à la tradition, à la culture ou à la religion : celles-ci ne peuvent en aucun cas justifier de violations des droits humains. Nombre des réserves émises à propos de la CEDAW ne sont pas valables car elles sont « incompatibles avec l’objet et le but » de la CEDAW. Néanmoins, les États se servent constamment de ces réserves pour ne pas assumer leurs responsabilités en matière de droits humains.

Ces acteurs émettent des « réserves » de plus en plus nombreuses sur les documents et accords de l’ONU qui ne sont pas des traités officiels, notamment sur les résolutions du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale.

Stratégie 4 : la création d’un cadre parallèle relatif aux droits humains

Il est alarmant de constater que certains acteurs rétrogrades actifs au sein du système onusien ont commencé à coopter les références existantes en matière de droits et à élaborer et promouvoir un langage consensuel qui revêt un caractère profondément anti-droits. L’objectif est de créer puis de propager ce langage qui légitime des normes patriarcales, hiérarchiques, discriminatoires et culturellement relativistes dans les espaces internationaux consacrés aux droits humains.

Dans ce but, un certains nombre de déclarations ont été rédigées, parmi lesquelles la Déclaration mondiale de la famille et les Articles de San José, qui se veulent les représentantes d’une version moins contraignante du droit des droits humains. Des signatures sont recueillies auprès de multiples acteurs de la société civile, d’États et d’institutions et sont ensuite utilisées comme des outils de plaidoyer et de lobbying.

Stratégie 5 : le développement de sources « scientifiques » alternatives

Dans le cadre d’un virage stratégique vers le recours à des arguments non religieux, les acteurs anti-droits ont considérablement investi dans leurs propres groupes de réflexion axés sur les « sciences sociales ». Relayées par des médias conservateurs en plein essor, les idées de ces think tanks sont largement diffusées par des groupes conservateurs issus de la société civile. Les mêmes supports servent ensuite de matériel de base pour le travail de plaidoyer auprès du système international relatif aux droits humains.

Bien que les objectifs et la motivation des conservateurs découlent de leurs interprétations extrémistes de la religion, de la culture et de la tradition, leurs arguments rétrogrades sont souvent appuyés par des études qui s’arrogent une forme d’autorité intellectuelle. Ils élaborent ainsi un contre-discours, savant mélange de doctrine traditionaliste et de sciences sociales.

Stratégie numéro 6 : la mobilisation des jeunes

Il s’agit de l’une des stratégies les plus efficaces de la droite religieuse, et elle représente un investissement majeur pour l’avenir du processus organisationnel des acteurs anti-droits. Le recrutement des jeunes et le développement de leurs compétences en leadership – des processus qui s’opèrent en premier lieu au niveau local par le biais des églises et des campus – sont une priorité pour de nombreux conservateurs qui tentent d’influencer les politiques internationales.

Cette stratégie leur a permis de s’infiltrer dans les espaces du système onusien notamment consacrés à la jeunesse, parmi lesquels la Commission de la condition de la femme, et de créer une opposition conséquente aux réseaux et organisations progressistes de jeunes.

Stratégie 7 : compromettre le financement des mécanismes relatifs aux droits humains et les délégitimer

Que ce soit auprès des mécanismes d’experts faisant autorité – parmi lesquels les Procédures spéciales et les organes chargés de la surveillance de l’application des traités de l’ONU – ou auprès des organes opérationnels comme les agences de l’ONU, les groupes anti-droits ont conscience que leur influence potentielle est beaucoup plus faible qu’au sein des mécanismes politiques.

En conséquence, les groupes anti-droits répandent un certain nombre d’idées, parmi lesquelles le fait que les agences des Nations Unies « outrepassent leur mandat », que le Comité de la CEDAW et d’autres organes créés en vertu d'instruments relatifs aux droits humains n’ont pas le pouvoir d’interpréter les traités ou encore que les Procédures spéciales sont activées par des experts partisans qui ne respectent pas l’étendue de leur mandat. Les groupes anti-droits exercent également des pressions pour compromettre le financement d’agences comme le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).

Cette délégitimation des mécanismes de l’ONU encourage l’impunité des États. Les gouvernements soumis à un examen international sont alors en mesure de justifier leurs actes en arguant du fait que le mécanisme de révision lui-même est défaillant ou trop exigeant.

Stratégie 8 : s’organiser en ligne

Les forces conservatrices non étatiques investissent de plus en plus dans les médias sociaux et dans d’autres plateformes en ligne pour promouvoir leurs activités, leurs campagnes et diffuser le plus largement possible leurs informations sur les espaces internationaux relatifs aux droits humains. L’organisation espagnole CitizenGo, par exemple, se veut la version conservatrice de change.org et publie des pétitions et des campagnes épistolaires. Une pétition récente contre la création par l’ONU d’une journée internationale de l’avortement sans risque a rassemblé plus de 172 000 signatures.

Tendances globales :

• S’inspirer des stratégies d’organisation des groupes féministes et d’autres acteurs progressistes.

• Adapter à la sphère internationale les stratégies qui ont porté leurs fruits au niveau national.

• Passer de la « protestation symbolique » contre le cadre des droits humains à une stratégie d’infiltration subversive du système.

En comprenant les stratégies déployées par les acteurs anti-droits, nous pouvons les contrer plus efficacement.

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Autres chapitres

• Les principaux acteurs anti-droits
• Principaux éléments de rhétorique
• Les conséquences principales sur le système international des droits humains

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The growing dominance of international financial markets and institutions in defining global economic policies has resulted in the capture of people’s power in the interest of global elites and big corporations. 

Our policy brief on Illicit Financial Flows explores their disproportional gender impact and unveils the current legal and political frameworks that allow multinational corporations to benefit from tax abuse to the detriment of people and planet.

The brief concludes with these seven feminist policy recommendations to demand transparency and corporate accountability in order to curb illicit financial flows.

Our recommendations for advocacy

Illicit financial flows are gaining unprecedented attention: whether in development negotiations, like those leading to Agenda 2030 and the Addis Ababa Financing for Development Conference in 2015; or making headlines in mainstream media with the release of leaked documents on offshore finance known as the ‘Panama Papers’. In another example, the Ecuadorean people voted to bar politicians and civil servants from having assets, companies or capital in tax havens, in a referendum in February 2017. The Ecuadorian government is now a leading voice within the group of G77, in the United Nations, to create a UN global tax body to end tax havens.

This public attention potentially builds momentum for feminists, social movements and tax justice advocates to pressure for the transformation of the global financial system, which entrenches global inequalities, including gendered inequalities.

We offer below a set of seven policy asks as a contribution to growing advocacy efforts from social justice, feminist, women’s rights and gender equality actors:

1.  Address IFFs as a violation of human rights and women’s rights:

• Illicit financial flows are hindering the fulfillment of the obligation of States to mobilise the maximum available resources for the realisation of human rights, including long agreed commitments on women’s rights and gender equality.
• Strengthening corporate accountability is a possibility on the table at the UN Human Rights Council. An open-ended intergovernmental working group is in place to elaborate an international legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises. This process has the potential to address corporate tax evasion as a violation of human rights, including women’s rights, and should be greater supported by countries in the global North and South.

2.  Ensure multinational corporations pay their share of taxes:

• Develop international mechanisms that curb abusive tax practices and prevent corporate tax exemptions. UN member states should initiate negotiations to draft a UN convention to combat abusive tax practices. The convention should adopt a consolidation and apportionment system for taxing global corporate profits.
• Revise specifically national regulations in wealthy countries that demand MNCs pay taxes only in the resident country, rather than in the countries of economic activity. This practice hinders developing countries the most, as they increasingly lose taxable base to low and zero tax jurisdictions. Proposals like the Unitary Taxation approach should be considered in this regard.

3.  Support the establishment of a United Nations intergovernmental tax body:

• A UN tax body with equal voting rights and universal membership should have the power to review national, regional and global tax policy and ensure states comply with long agreed commitments on human rights, including women’s rights and gender equality.

4.  Promote transparency and gender-sensitive data gathering:

• Greater efforts must be made at the global level to refine comparable data on tax abuse, for example with gender disaggregated data that shows the gender biases of certain tax systems.
• Countries must ensure a framework for automatic information exchange, which guarantees public and global access to key data that affects the resources available for the realization of human rights.
• Implement country-by-country reporting obligations for multinational corporations to publicly disclose, as part of annual reports, profits made and taxes paid for each country in which they operate.
• Among other financial information, there must be greater cooperation from governments to share their national public registries that disclose beneficial owners of companies, trusts, foundations and similar legal structures.

5.  Promote tax justice through progressive fiscal policies at the national level:

• Promote tax justice through progressive fiscal policies. This requires increasing the weight of direct taxes on income capital and highly profitable sectors of society, while reducing and removing the burden on women and poor people. Poor segments of society, of which women are overrepresented, should not end up paying more taxes, in relation to their income, than the richest segments that often benefit from government tax subsidies, tax holidays and reductions.
• Governments must critically review the harmful trade and investment agreements that grant tax incentives and exemptions that perpetuate inequality and gender biases.

6.  Ensure participation of women’s rights organisations, social movements and progressive civil society broadly:

• Economic and fiscal policy decisions often lack a gender sensitive perspective. Engagement between the ministries of Gender and Finance, and both with civil society and women human rights defenders, is key to better understand the impact that revenue decisions are having on women’s rights and gender equality.
• An enabling environment should be in place to protect women human rights defenders and others (including whistle-blowers, tax justice activists) that expose tax abuse and report corruption.

7.  Stop the impunity of criminal activities associated with IFFs and ensure accountability:

• Establish a global coordinated mechanism across national tax authorities, human rights and gender equality machineries, and intelligence units, to ensure criminal activities associated with IFFs do not continue with impunity.
• Strengthen national and global justice systems to be able to hold individuals and entities to account for funding criminal activities through IFFs.

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