
Intisar Al-Hasairi

Over the past few years, a troubling new trend at the international human rights level is being observed, where discourses on ‘protecting the family’ are being employed to defend violations committed against family members, to bolster and justify impunity, and to restrict equal rights within and to family life.
The campaign to "Protect the Family" is driven by ultra-conservative efforts to impose "traditional" and patriarchal interpretations of the family, and to move rights out of the hands of family members and into the institution of ‘the family’.
Since 2014, a group of states have been operating as a bloc in human rights spaces under the name “Group of Friends of the Family”, and resolutions on “Protection of the Family” have been successfully passed every year since 2014.
This agenda has spread beyond the Human Rights Council. We have seen regressive language on “the family” being introduced at the Commission on the Status of Women, and attempts made to introduce it in negotiations on the Sustainable Development Goals.
AWID works with partners and allies to jointly resist “Protection of the Family” and other regressive agendas, and to uphold the universality of human rights.
In response to the increased influence of regressive actors in human rights spaces, AWID joined allies to form the Observatory on the Universality of Rights (OURs). OURs is a collaborative project that monitors, analyzes, and shares information on anti-rights initiatives like “Protection of the Family”.
Rights at Risk, the first OURs report, charts a map of the actors making up the global anti-rights lobby, identifies their key discourses and strategies, and the effect they are having on our human rights.
The report outlines “Protection of the Family” as an agenda that has fostered collaboration across a broad range of regressive actors at the UN. It describes it as: “a strategic framework that houses “multiple patriarchal and anti-rights positions, where the framework, in turn, aims to justify and institutionalize these positions.”
En el contexto actual, hemos identificado cinco grandes amenazas para la lucha por economías feministas y justas.
«La financialización alude a la importancia creciente de los mercados financieros, los motivos financieros, las instituciones financieras y las elites financieras en el manejo de la economía y las instituciones que la rigen tanto a nivel nacional como internacional» - Gerald Epstein
Epstein Gerald A. 2006: Financialization and the World Economy. Edward Elgar Publishing.
Las instituciones financieras ejercen una fuerte influencia sobre la gobernabilidad económica y la dirección que toman las políticas para el desarrollo. La influencia cada vez más acentuada que tienen el sector corporativo y las instituciones financieras internacionales en la definición de políticas públicas locales y globales ha resultado en Estados cada vez más presos de los intereses del capital. El sistema financiero actual, con sus políticas controversiales de crédito y deuda, juega un rol fundamental para la reproducción y la expansión de los procesos de acumulación de capital.
Esto plantea preguntas importantes acerca de cómo regular y repensar el sistema financiero global, no solo para evitar las graves consecuencias negativas de las crisis causadas por las deudas sino también para permitir medios de vida sostenibles y la realización de los derechos económicos y sociales sin retrocesos.
(Para más detalles, ver el artículo de Balakrishnan y Heintz “Debt, Power, and Crisis: Social Stratification and the Inequitable Governance of Financial Markets”, en inglés [Deuda, poder y crisis: Estratificación social y la gobernabilidad inequitativa de los mercados financieros]
En estos últimos 20 años, los acuerdos comerciales (tanto bilaterales como multilaterales) han expandido su rol mostrando un interés cada vez mayor en el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual a las corporaciones.
Estos derechos han beneficiado claramente a las corporaciones transnacionales afectando gravemente la posibilidad de que las naciones y pueblos más empobrecidos puedan realizar sus derechos humanos, en particular
Además, la liberalización de las importaciones agrícolas que resulta en una afluencia de bienes baratos pone en peligro a las mujeres campesinas que trabajan en forma autónoma en países empobrecidos y a la seguridad alimentaria de todxs. Las cláusulas de protección a las inversiones que forman parte de los acuerdos comerciales limitan el espacio político para que los gobiernos nacionales promulguen e implementen regulaciones en asuntos tan críticos como la protección ambiental, los derechos laborales y la duración de las patentes.
Los movimientos feministas han estado, y continúan estando, en la primera línea de resistencia a estos acuerdos, denunciando las trampas que encierran.
(Ver por ejemplo, las reacciones de movimientos sociales y redes feministas de todo el mundo frente a las negociaciones del Tratado Trastlántico de Comercio e Inversiones y del Acuerdo de Asociación Transpacífico)
La mercantilización de los recursos de la Tierra y sus consecuencias — la degradación ambiental y el cambio climático producidos por décadas de industrialización agresiva, despojo y extractivismo de los recursos mundiales — han dañado la biodiversidad y la resiliencia ecológica. Estos daños ya están amenazando la mera existencia de la sociedad humana.
La comunidad internacional no ha logrado enfrentar los patrones de producción y consumo que conforman la raíz misma de este problema. Lo que hicieron los gobiernos — con el apoyo de las grandes empresas a quienes les interesa obtener ganancias — fue optar por el enfoque de la «economía verde» que promueve las «tecnologías energéticamente eficientes» (como la energía nuclear, los biocombustibles, los organismos genéticamente modificados y la geoingeniería) y los esquemas de comercio de emisiones de dióxido de carbono como soluciones mágicas.
Si bien los procesos de apropiación de tierras y recursos no son algo nuevo -de hecho, han sido luchas centrales en la historia colonial- lo que sí es nuevo son los medios de avanzada por los cuales la tierra y los recursos naturales se están volviendo mercancías en nuevos mercados.
Las instituciones financieras internacionales desempeñan un rol central en promover la mercantilización de la tierra en los países en desarrollo. Estas instituciones financian reformas agrarias que les permiten a actores poderosos utilizar la tierra para ganancias especulativas a cambio de magras promesas de empleos y crecimiento. La apropiación de tierras tiene impactos negativos de gran alcance sobre el acceso de los pueblos a bienes y servicios esenciales, además de causar desplazamiento de poblaciones y degradación ambiental.
Quienes se están resistiendo a la apropiación de tierras, incluyendo a las defensoras de derechos humanos, se enfrentan todos los días a distintas formas de violencia que van desde las agresiones físicas a los abusos sexuales.
Esta base patriarcal tiene una hegemonía particular en los modelos neoliberales actuales.
Resulta evidente que la economía política y el desarrollo se vinculan de varias formas con la sexualidad y el género: pensemos en cómo define el capitalismo lo que se puede entender como 'trabajo' y cómo el valor de los seres humanos se define a partir de su productividad en el trabajo rentado.
En la mayoría de los casos, el lugar que ocupan las mujeres en la economía mundial continúa siendo el de trabajadoras explotadas por su género ya que su trabajo está devaluado en los empleos precarios, la subsistencia doméstica, la reproducción y la producción no remunerada en el hogar. Naturalizada como trabajo no remunerado de las mujeres, la labor que permtie la reproducción de la fuerza de trabajo le provee un enorme subsidio al capitalismo a la vez que funciona como fuente de opresión y sometimiento de género.
Esta situación se ve agravada por el hecho de que cuando los mecanismos de protección social comienzan a debilitarse, se incrementa la carga laboral de las mujeres.
El fenómeno de la migración global que encarnan miles de refugiadxs económicxs que escapan de la pobreza que lxs oprime no es ajeno a las relaciones de poder entre los géneros que impone el capitalismo. Las remesas se convierten en una de las principales fuentes del financiación para el desarrollo de familias y comunidades, pero tienen un costo enorme para las mujeres migrantes que se esfuerzan por alcanzar un salario que les permita vivir en su nuevo país.
También estamos viendo cómo los sistemas patriarcales capitalistas están utilizando la violencia y la opresión para mantener su estatus quo. El alza del gasto mundial para sostener el militarismo y la violencia, perpretados ambos por actores estatales y no estatales, se vuelca cada vez más a controlar el disenso, los cuerpos y voces de las mujeres, así como a zanjar disputas económicas, políticas y sociales.
En todo el mundo, la violencia, el encarcelamiento y la discriminación afectan de manera desproporcionada a:
Para confrontar la violencia estructural y sus vínculos con el sistema global capitalista, se necesita un análisis interseccional que relacione entre sí el género, la raza, la etnia, la edad, la capacidad, la nacionalidad, la orientación sexual y la identidad de género entre otras categorías.
La profunda crisis de gobernabilidad mundial que vivimos también se expresa en los débiles acuerdos intergubernamentales a los que se logra llegar y que a menudo carecen de los mecanismos más básicos para la rendición de cuentas. El sistema multilateral que antes le fue útil a la gobernabilidad mundial no está logrando responder a las múltiples crisis actuales. El sistema mismo continúa siendo muy poco democrático, con las corporaciones adquiriendo cada vez más presencia y más poder ya que ocupan los espacios donde antes estaban los Estados.
Estas amenazas nos desafían a lxs feministas a repensar nuestro marco de referencias y nuestras estrategias. Y también a renovar y reactivar nuestro compromiso con la construcción de movimientos junto con otrxs por una economía justa.
Nos desafían a pensar agendas más amplias por las transformaciones socioeconómicas desde una perspectiva feminista, atendiendo a las realidades que viven la mayoría de lxs empobrecidxs. Ahora es el momento de lograr cambios por una economía justa y de hacerle frente a los desafíos sistémicos persistentes.
Создать ориентированную на феминистские реалии доказательную базу движения денег их получателей
Mena Mangal was a prominent TV journalist, women’s rights advocate and cultural adviser to Wolesi Jirga, the lower house of Afghanistan's national parliament.
For more than a decade, she worked for Ariana TV, Tolo TV's Pashto-language channel Lamar, and the private Afghan national television broadcaster Shamshad TV. As a presenter, Mena focused on women’s rights and cultural talk shows.
"Women's rights activist Wazhma Frogh said Mangal "had a loud voice" and actively spoke out as an advocate for her people."
Off-screen, she also ran popular social media pages that advocated for the rights of Afghan girls and women to education and work. In terms of her private life, Mena wrote extensively about being forced into an arranged marriage in 2017 and the process she had to go through to finally obtain a divorce.
In a Facebook post, Mena wrote she was receiving death threats from unknown sources but would continue to carry out her work.
On 11 May 2019, she was attacked by unknown gunmen and shot dead in broad daylight in a public space in Southeast Kabul.
"We are concerned about the situation because it has a direct impact on women who work outside their homes...Female journalists are changing their professions due to the increasing risks they are facing." - Robina Hamdard, Kabul-based women’s rights activist.
"My dreams and objectives have always been the same as those of Lohana Berkins: for the cooperative to continue standing and not to close. To continue to give this place to our travesti comrades, to give them work and a place of support"
Brisa Escobar,
president of the Cooperative
Comme le remarque l’activiste et chercheuse Soma Kishore Parthasarathy, il existe des conceptualisations diverses de la notion de biens communs.
De manière conventionnelle, ils sont définis comme des ressources naturelles se trouvant en dehors du domaine privé et dont l'usage est affecté à ceux et celles qui en dépendent. Aujourd’hui, ce concept a été élargi pour comprendre, outre les ressources naturelles, les ressources liées aux savoirs, au patrimoine, à la culture, aux espaces virtuels, et même au climat. Le concept de biens communs est antérieur au régime de la propriété privée et il représentait le fondement de l'organisation de la société. Les définitions données actuellement par les entités gouvernementales limitent ce cadre aux ressources foncières et matérielles.
Le concept de biens communs repose sur la pratique culturelle du partage d'espaces de vie et des ressources envisagés comme des cadeaux de la nature, destinés au bien commun et à la viabilité de ces biens communs.
Les biens communs de l’humanité sont de plus en plus menacés par les nations et les forces du marché qui les colonisent, les exploitent et les occupent.
Dans certains contextes favorables, les «biens communs» ont le potentiel d’habiliter les femmes, en particulier les femmes opprimées économiquement, à jouir d’autonomie par rapport à la manière de négocier leurs multiples besoins et aspirations.
Le patriarcat est renforcé lorsque les femmes et d'autres genres opprimés se voient refuser l'accès aux biens communs et au contrôle de ces derniers.
Par conséquent, une économie féministe cherche à rétablir les droits légitimes des communautés vis-à-vis de ces ressources communes. Cette autonomie leur permet de subvenir à leurs besoins, tout en faisant progresser des systèmes de gouvernance plus égalitaires par rapport à l'utilisation de ces ressources. Une économie féministe reconnaît le rôle des femmes et offre l’égalité des chances par rapport à la prise de décision : les femmes ont un accès égalitaire à ces ressources.
Os movimentos feministas, de direitos das mulheres, de justiça de género, de LBTQI+ e de aliados em todo do mundo encontram-se num momento crítico, e enfrentam uma forte retaliação contra direitos e liberdades conquistados anteriormente. Os últimos anos trouxeram o crescimento rápido do autoritarismo, a violenta repressão da sociedade civil e a criminalização dos defensores dos direitos humanos das mulheres e de pessoas de género diverso, o aumento da guerra e do conflito em várias partes do nosso mundo, a perpetuação contínua de injustiças económicas e crises de saúde, da ecologia e do clima interligadas.
«Quiero transmitir el siguiente mensaje a todos los tunecinos y tunecinas: Tenemos que unirnos para decir no a la censura y a los juicios contra el derecho a opinar.» - Lina Ben Mhenni (entrevista de 2013)
«Es cierto que la información y la Internet son importantes, pero para hacer una revolución es crucial estar en el territorio. Algunas personas aquí en Túnez piensan que el cambio se dará mediante un simple “me gusta” en Internet. Yo creo que hay que estar activxs en el terreno. Y, por supuesto, que hay que combinar las acciones en el terreno con la acción en las redes.» - Lina Ben Mhenni (entrevista en POCIT)
En 2010 co-organizó una protesta que desafió la decisión gubernamental de suprimir medios de comunicación e instalar la censura de Internet. Lina era muy conocida por su blog «A Tunisian Girl», y por su trabajo durante la revolución tunecina de 2011. En su blog, difundió la información sobre el levantamiento, compartió imágenes que documentaban las protestas, y fue una de las pocas voces que hablaron sobre los asesinatos y la represión de lxs manifestantes de Sidi Bouzid. Lina publicaba en su blog utilizando su nombre real en lugar de un seudónimo que protegiera su identidad, y fue una de lxs pocxs bloguerxs en hacerlo.
«Nuestra libertad de expresión corre verdadero peligro. Me temo que estamos perdiendo los extraordinarios frutos de la revolución: la desaparición del miedo y nuestra libertad de expresión. Tenemos que seguir luchando para proteger y preservar este derecho.» - Lina Ben Mhenni (entrevista de 2013)
Lina tenía solamente 36 años cuando falleció, el 27 de enero de 2020, debido a complicaciones derivadas de una enfermedad autoinmune.
«Libertad, mejor educación y mejor salud—eso era lo que todxs queríamos. Cuando fracasábamos, ella nos empujaba.» - Hala, maestra de Lina
En dépit de la rigidité de leur doctrine et de leur vision du monde, les acteurs anti-droits ont fait preuve d’ouverture dans la construction de nouveaux types d’alliances stratégiques ainsi que dans l’utilisation de nouvelles techniques d’organisation et modes d’argumentation. En conséquence, ils sont de plus en plus influents dans les espaces internationaux.
Les ultraconservateurs qui agissent à ce niveau ont fait considérablement évoluer leurs stratégies. Ils ne limitent pas leurs ambitions à la modification de certains aspects marginaux des accords et à la lutte contre l’utilisation de certaines formulations. Ils œuvrent également à la transformation conceptuelle du cadre lui-même et à l’élaboration de norme et de référentiels alternatifs. Ils cherchent enfin à ouvrir les brèches qui renforceront leur influence.
Les ultraconservateurs travaillent à la création et à la pérennité de leurs relations avec des délégués d’États membres de l’ONU en leur proposant régulièrement des formations – notamment pendant le Global Family Policy Forum (Forum mondial sur la politique familiale) qui se tient tous les ans – ainsi que du matériel de formation ciblé.
Ces formations régulières et ces ressources donnent systématiquement aux délégués des informations relatives à des sujets de débat et à des techniques de négociation dans le but d’approfondir leur contribution aux objectifs anti-droits au sein du système relatif à ceux-ci. Les délégués reçoivent également des compilations ciblées de « formulations consensuelles » et de références à des informations pseudo-scientifiques ou à des statistiques dans le but de renforcer leur argumentaire.
La transmission organisée de ces messages explique en partie pourquoi les délégués de certains États membres adoptent des positions ultraconservatrices dans les débats internationaux sur les droits humains en totale contradiction avec leurs propres lois et politiques nationales.
Les abondantes réunions régionales et internationales entre acteurs anti-droits contribuent à créer des liens plus étroits entre les organisations de la société civile (OSC) ultraconservatrices, les États et blocs d’États et certains organismes intergouvernementaux puissants. Le Congrès mondial international des familles est une bonne illustration de rassemblements de ce type.
Ces rencontres renforcent les liens personnels et les alliances stratégiques, des éléments clés de la construction et de la pérennité des mouvements. Elles facilitent l’existence de relations transnationales et interreligieuses dynamiques qui se créent autour de questions et d’intérêts communs. Celles-ci permettent aux acteurs anti-droits de mettre en œuvre une approche plus entreprenante et de formuler un ensemble plus complet de revendications en matière de politique internationale.
Des États et blocs d’États tentent depuis toujours de saper les consensus internationaux ou le principe de responsabilité des États définis en vertu des normes internationales relatives aux droits humains. À cette fin, ils émettent des réserves quant aux accords sur les droits humains, menaçant ainsi le caractère universel de leur applicabilité.
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) est le texte qui a provoqué l’émission du plus grand nombre de réserves. La plupart d’entre elles sont fondées sur des conflits présumés avec le droit religieux. Le droit international relatif aux droits humains est très clair concernant les références à la tradition, à la culture ou à la religion : celles-ci ne peuvent en aucun cas justifier de violations des droits humains. Nombre des réserves émises à propos de la CEDAW ne sont pas valables car elles sont « incompatibles avec l’objet et le but » de la CEDAW. Néanmoins, les États se servent constamment de ces réserves pour ne pas assumer leurs responsabilités en matière de droits humains.
Ces acteurs émettent des « réserves » de plus en plus nombreuses sur les documents et accords de l’ONU qui ne sont pas des traités officiels, notamment sur les résolutions du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale.
Il est alarmant de constater que certains acteurs rétrogrades actifs au sein du système onusien ont commencé à coopter les références existantes en matière de droits et à élaborer et promouvoir un langage consensuel qui revêt un caractère profondément anti-droits. L’objectif est de créer puis de propager ce langage qui légitime des normes patriarcales, hiérarchiques, discriminatoires et culturellement relativistes dans les espaces internationaux consacrés aux droits humains.
Dans ce but, un certains nombre de déclarations ont été rédigées, parmi lesquelles la Déclaration mondiale de la famille et les Articles de San José, qui se veulent les représentantes d’une version moins contraignante du droit des droits humains. Des signatures sont recueillies auprès de multiples acteurs de la société civile, d’États et d’institutions et sont ensuite utilisées comme des outils de plaidoyer et de lobbying.
Dans le cadre d’un virage stratégique vers le recours à des arguments non religieux, les acteurs anti-droits ont considérablement investi dans leurs propres groupes de réflexion axés sur les « sciences sociales ». Relayées par des médias conservateurs en plein essor, les idées de ces think tanks sont largement diffusées par des groupes conservateurs issus de la société civile. Les mêmes supports servent ensuite de matériel de base pour le travail de plaidoyer auprès du système international relatif aux droits humains.
Bien que les objectifs et la motivation des conservateurs découlent de leurs interprétations extrémistes de la religion, de la culture et de la tradition, leurs arguments rétrogrades sont souvent appuyés par des études qui s’arrogent une forme d’autorité intellectuelle. Ils élaborent ainsi un contre-discours, savant mélange de doctrine traditionaliste et de sciences sociales.
Il s’agit de l’une des stratégies les plus efficaces de la droite religieuse, et elle représente un investissement majeur pour l’avenir du processus organisationnel des acteurs anti-droits. Le recrutement des jeunes et le développement de leurs compétences en leadership – des processus qui s’opèrent en premier lieu au niveau local par le biais des églises et des campus – sont une priorité pour de nombreux conservateurs qui tentent d’influencer les politiques internationales.
Cette stratégie leur a permis de s’infiltrer dans les espaces du système onusien notamment consacrés à la jeunesse, parmi lesquels la Commission de la condition de la femme, et de créer une opposition conséquente aux réseaux et organisations progressistes de jeunes.
Que ce soit auprès des mécanismes d’experts faisant autorité – parmi lesquels les Procédures spéciales et les organes chargés de la surveillance de l’application des traités de l’ONU – ou auprès des organes opérationnels comme les agences de l’ONU, les groupes anti-droits ont conscience que leur influence potentielle est beaucoup plus faible qu’au sein des mécanismes politiques.
En conséquence, les groupes anti-droits répandent un certain nombre d’idées, parmi lesquelles le fait que les agences des Nations Unies « outrepassent leur mandat », que le Comité de la CEDAW et d’autres organes créés en vertu d'instruments relatifs aux droits humains n’ont pas le pouvoir d’interpréter les traités ou encore que les Procédures spéciales sont activées par des experts partisans qui ne respectent pas l’étendue de leur mandat. Les groupes anti-droits exercent également des pressions pour compromettre le financement d’agences comme le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).
Cette délégitimation des mécanismes de l’ONU encourage l’impunité des États. Les gouvernements soumis à un examen international sont alors en mesure de justifier leurs actes en arguant du fait que le mécanisme de révision lui-même est défaillant ou trop exigeant.
Les forces conservatrices non étatiques investissent de plus en plus dans les médias sociaux et dans d’autres plateformes en ligne pour promouvoir leurs activités, leurs campagnes et diffuser le plus largement possible leurs informations sur les espaces internationaux relatifs aux droits humains. L’organisation espagnole CitizenGo, par exemple, se veut la version conservatrice de change.org et publie des pétitions et des campagnes épistolaires. Une pétition récente contre la création par l’ONU d’une journée internationale de l’avortement sans risque a rassemblé plus de 172 000 signatures.
S’inspirer des stratégies d’organisation des groupes féministes et d’autres acteurs progressistes.
Adapter à la sphère internationale les stratégies qui ont porté leurs fruits au niveau national.
Passer de la « protestation symbolique » contre le cadre des droits humains à une stratégie d’infiltration subversive du système.
En comprenant les stratégies déployées par les acteurs anti-droits, nous pouvons les contrer plus efficacement.
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(Доступно на английском языке)
Activiste sociale et de l’environnement équatorienne, Gloria Chicaiza était une fervente défenseuse du droit à la terre et à l’eau. Elle s’est opposée au statu quo en luttant contre un modèle de développement fondé sur l’extraction et a oeuvré sans relâche pour la justice écologique et les droits des communautés affectées par l’exploitation minière.
Dans divers endroits de l’Équateur, Gloria a participé à des actions de résistance en faveur de la protection de l’écosystème. Avec passion et dévouement, Goria a apporté son soutien au mouvement autochtone et environnemental, à ces communautés et organisations qui s’opposent aux projets miniers et protègent leurs territoires et leurs projets de vie collectifs. Elle est intervenue au sein de forums locaux et internationaux contre la criminalisation des dissident·e·s et des résistant·e·s, contre les pressions et la violence exercées à l’encontre des activistes communautaires, en particulier des femmes défenseuses des droits humains, et pour soutenir les efforts déployés par les communautés en faveur de la souveraineté alimentaire et de la durabilité.
Elle était la coordonnatrice de la justice minière à Acción Ecológica, membre du Réseau latino-américain des femmes défenseuses des droits sociaux et environnementaux, et membre du conseil d'administration de l'Observatoire latino-américain des conflits miniers.
En octobre 2010, Gloria a été accusée par la société minière Curimining/Salazar Resources S.A. (dont le siège est à Vancouver, au Canada) d’avoir commandité un acte de terrorisme, de sabotage et d’association illégale dans le but de commettre un crime. Acción Ecológica a estimé qu’il s’agissait là de “représailles pour son travail de dénonciation concernant l’impact des activités minières dans le pays”.
En 2015, Gloria a facilité la coordination d’une délégation, composée de 25 femmes autochtones d’Amérique latine, affectée au Dialogue sur le changement climatique de la COP 20 des Nations Unies.
Gloria est décédée le 28 décembre 2019 des suites de complications liées à une transplantation pulmonaire. On se souvient d’elle pour ses actes de résistance et son travail acharné.
"Le moyen le plus rapide de parvenir à la durabilité reste encore la résistance.” - Gloria Chicaiza (2010 interview)
“Pour GLORIA. GLORIA Eau. GLORIA Terre. GLORIA Mère. GLORIA Révolution. GLORIA Soeur. GLORIA Ciel. GLORIAmie. GLORIAstrale. Merci de nous avoir entrelacé·e·s.” -Liliana Gutierrez
“Merci Glorita, d’avoir nourri l'espoir, d’avoir préservé la solidité de la structure, d’avoir tissé des liens avec la communauté, pour les mains unies, pour la solidarité, merci Glorita de t’être tenue à nos côtés dans les moments les plus difficiles. Merci de nous avoir appris que tout au long de la vie, personne ne se fatigue.” (Chakana News)
“Gloria Chicaiza appréciait ne pas sortir du lot et s’y épanouissait. Et aussi humble qu'elle fût, elle avait une capacité inouïe à mener et garder un rythme régulier et étourdissant, un pouls de vie qui guidait, mobilisait et inspirait les communautés et les réseaux dans la protection de la Terre Mère. Elle a dénoncé toutes les formes de violence contre les “cuerpos-territorios” (les corps comme territoires). Elle soutenait le “buen vivir" (“bien vivre”). - Gabriela Jiménez, coordonnatrice des partenariats en Amérique latine, KAIROS
“Merci Gloria Chicaiza, nous sommes sûr·e·s que depuis l’infini, tu continueras à soutenir notre combat. Toi qui as continué de te battre en dépit de ta santé défaillante. Tu continueras de vivre dans les forêts et les eaux que tu as défendues avec tant de courage. Tu vivras dans nos coeurs.” - La communauté d’Intag en Équateur