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El pasado 16 de marzo el Ministro brasileño de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, anunció lo que se viene a sumar como un golpe más contra los derechos humanos y en particular a los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBTI en nuestra región.
Vannuchi anunció que el Gobierno de Brasil decidió dar marcha atrás y no promoverá la despenalizacion del aborto, cediendo así a las presiones de la Iglesia Católica. El Presidente Lula da Silva había aprobado el pasado mes de diciembre un Programa de Derechos Humanos que incluía este punto entre algunos de los más reacciones en contra despertaron en diferentes sectores de la sociedad.
Como han señalado las compañeras de IPAS: “El desarrollo del plan de 2010, encabezado por el presidente Lula, fue notable por su inclusión. El documento actual que se está debatiendo es el resultado de un amplio proceso de consulta que incluyeron conferencias de Derechos Humanos a a nivel municipal, estatal y nacional. El mismo se ocupa de varios temas polémicos que han desencadenado respuestas negativas. Los sectores conservadores de la Iglesia Católica se oponen a despenalización del aborto; los militares se openen a los esfuerzos para desclasificar los archivos del período de la dictadura, y los terratenientes se oponen a la reforma agraria.”
El Plan Nacional de Derechos Humanos es una guía legislativa para el desarrollo de futuras políticas de salud y de la legislación basada en normas de derechos humanos y principios como la igualdad, la no discriminación, y la dignidad de la persona., y dentro de ese marco se pensaba contemplar una ley de despenalización del aborto, la regulación de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, y la investigación de las torturas que fueron cometidas en la dictadura militar brasileña (1964-1985), entre otras reformas.
El Ministro también informó que se dejará sin efecto el intento de prohibir la exhibición de símbolos religiosos en edificios públicos, otros de los puntos sobre los que el Episcopado puso mucha presión.
Jandira Queiroz de Sexuality Policy Watch, hizo saber que una clínica de aborto fue cerrada el centro de Río de Janeiro. Allí, diez personas fueron arrestadas: un médico, cuatro de sus ayudantes, y cinco mujeres a las que ya se les había practicado un aborto, sin tener en cuenta que algunas de ellas aún estaban sangrando.
El médico, sus ayudantes y el propietario de la clínica puede llegar a ser condenados de a 1 a 4 años de presión por la práctica del aborto con el consentimiento de la "víctima", y también por conspiración, y eso podría equivaler de 1 a 3 años en prisión. Las pacientes tuvieron que pagar una fianza de R $ 150 para ser liberadas.