L’hommage se présente sous forme d’une exposition de portraits d’activistes du monde entier qui ne sont plus parmi nous qui ont lutté pour les droits des femmes et la justice sociale.
Cette année, tout en continuant à convoquer la mémoire de celleux qui ne sont plus parmi nous, nous souhaitons célébrer leur héritage et souligner les manières par lesquelles leur travail continue à avoir un impact sur nos réalités vécues aujourd’hui.
49 nouveaux portraits de féministes et de défenseur·e·s viennent compléter la gallerie. Bien que de nombreuses des personnes que nous honorons dans cet hommage sont décédé·e·s du fait de leur âge ou de la maladie, beaucoup trop d’entre iels ont été tué·e·s à cause de leur travail et de qui iels étaient.
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Les portraits de l'édition 2020 ont été illustrés par Louisa Bertman, artiste et animatrice qui a reçu plusieurs prix.
L’AWID tient à remercier nos membres, les familles, les organisations et les partenaires qui ont contribué à cette commémoration. Nous nous engageons auprès d’elleux à poursuivre le travail remarquable de ces féministes et défenseur·e·s et nous ne ménagerons aucun effort pour que justice soit faite dans les cas qui demeurent impunis.
« Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines » - Proverbe mexicain
Le premier hommage aux défenseur-e-s des droits humains a pris la forme d’une exposition de portraits et de biographies de féministes et d’activistes disparu·e·s lors du 12e Forum international de l’AWID en Turquie. Il se présente maintenant comme une gallerie en ligne, mise à jour chaque année.
Depuis, 467 féministes et défenseur-e-s des droits humains ont été mis·es à l'honneur.
Kasia viene apoyando la labor de los movimientos feministas y por la justicia social desde hace 15 años. Antes de sumarse a AWID, se lideró las acciones de política e incidencia ActionAid y Amnistía Internacional, a la vez que participaba en procesos de organización feministas y de distintas agrupaciones por la justicia social en Polonia, en pro del acceso al aborto y contra la violencia en las fronteras europeas. Es una apasionada del financiamiento para la movilizaciónfeminista en toda su audacia, riqueza y diversidad. Reparte su tiempo entre Varsovia y su aldea comunitaria de trabajo artesanal en el bosque. Le encanta tomar saunas y adora con locura a su perro Wooly.
En el contexto actual, hemos identificado cinco grandes amenazas para la lucha por economías feministas y justas.
«La financialización alude a la importancia creciente de los mercados financieros, los motivos financieros, las instituciones financieras y las elites financieras en el manejo de la economía y las instituciones que la rigen tanto a nivel nacional como internacional» - Gerald Epstein
Epstein Gerald A. 2006: Financialization and the World Economy. Edward Elgar Publishing.
Las instituciones financieras ejercen una fuerte influencia sobre la gobernabilidad económica y la dirección que toman las políticas para el desarrollo. La influencia cada vez más acentuada que tienen el sector corporativo y las instituciones financieras internacionales en la definición de políticas públicas locales y globales ha resultado en Estados cada vez más presos de los intereses del capital. El sistema financiero actual, con sus políticas controversiales de crédito y deuda, juega un rol fundamental para la reproducción y la expansión de los procesos de acumulación de capital.
Esto plantea preguntas importantes acerca de cómo regular y repensar el sistema financiero global, no solo para evitar las graves consecuencias negativas de las crisis causadas por las deudas sino también para permitir medios de vida sostenibles y la realización de los derechos económicos y sociales sin retrocesos.
(Para más detalles, ver el artículo de Balakrishnan y Heintz “Debt, Power, and Crisis: Social Stratification and the Inequitable Governance of Financial Markets”, en inglés [Deuda, poder y crisis: Estratificación social y la gobernabilidad inequitativa de los mercados financieros]
En estos últimos 20 años, los acuerdos comerciales (tanto bilaterales como multilaterales) han expandido su rol mostrando un interés cada vez mayor en el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual a las corporaciones.
Estos derechos han beneficiado claramente a las corporaciones transnacionales afectando gravemente la posibilidad de que las naciones y pueblos más empobrecidos puedan realizar sus derechos humanos, en particular
Además, la liberalización de las importaciones agrícolas que resulta en una afluencia de bienes baratos pone en peligro a las mujeres campesinas que trabajan en forma autónoma en países empobrecidos y a la seguridad alimentaria de todxs. Las cláusulas de protección a las inversiones que forman parte de los acuerdos comerciales limitan el espacio político para que los gobiernos nacionales promulguen e implementen regulaciones en asuntos tan críticos como la protección ambiental, los derechos laborales y la duración de las patentes.
Los movimientos feministas han estado, y continúan estando, en la primera línea de resistencia a estos acuerdos, denunciando las trampas que encierran.
(Ver por ejemplo, las reacciones de movimientos sociales y redes feministas de todo el mundo frente a las negociaciones del Tratado Trastlántico de Comercio e Inversiones y del Acuerdo de Asociación Transpacífico)
La mercantilización de los recursos de la Tierra y sus consecuencias — la degradación ambiental y el cambio climático producidos por décadas de industrialización agresiva, despojo y extractivismo de los recursos mundiales — han dañado la biodiversidad y la resiliencia ecológica. Estos daños ya están amenazando la mera existencia de la sociedad humana.
La comunidad internacional no ha logrado enfrentar los patrones de producción y consumo que conforman la raíz misma de este problema. Lo que hicieron los gobiernos — con el apoyo de las grandes empresas a quienes les interesa obtener ganancias — fue optar por el enfoque de la «economía verde» que promueve las «tecnologías energéticamente eficientes» (como la energía nuclear, los biocombustibles, los organismos genéticamente modificados y la geoingeniería) y los esquemas de comercio de emisiones de dióxido de carbono como soluciones mágicas.
Si bien los procesos de apropiación de tierras y recursos no son algo nuevo -de hecho, han sido luchas centrales en la historia colonial- lo que sí es nuevo son los medios de avanzada por los cuales la tierra y los recursos naturales se están volviendo mercancías en nuevos mercados.
Las instituciones financieras internacionales desempeñan un rol central en promover la mercantilización de la tierra en los países en desarrollo. Estas instituciones financian reformas agrarias que les permiten a actores poderosos utilizar la tierra para ganancias especulativas a cambio de magras promesas de empleos y crecimiento. La apropiación de tierras tiene impactos negativos de gran alcance sobre el acceso de los pueblos a bienes y servicios esenciales, además de causar desplazamiento de poblaciones y degradación ambiental.
Quienes se están resistiendo a la apropiación de tierras, incluyendo a las defensoras de derechos humanos, se enfrentan todos los días a distintas formas de violencia que van desde las agresiones físicas a los abusos sexuales.
Esta base patriarcal tiene una hegemonía particular en los modelos neoliberales actuales.
Resulta evidente que la economía política y el desarrollo se vinculan de varias formas con la sexualidad y el género: pensemos en cómo define el capitalismo lo que se puede entender como 'trabajo' y cómo el valor de los seres humanos se define a partir de su productividad en el trabajo rentado.
En la mayoría de los casos, el lugar que ocupan las mujeres en la economía mundial continúa siendo el de trabajadoras explotadas por su género ya que su trabajo está devaluado en los empleos precarios, la subsistencia doméstica, la reproducción y la producción no remunerada en el hogar. Naturalizada como trabajo no remunerado de las mujeres, la labor que permtie la reproducción de la fuerza de trabajo le provee un enorme subsidio al capitalismo a la vez que funciona como fuente de opresión y sometimiento de género.
Esta situación se ve agravada por el hecho de que cuando los mecanismos de protección social comienzan a debilitarse, se incrementa la carga laboral de las mujeres.
El fenómeno de la migración global que encarnan miles de refugiadxs económicxs que escapan de la pobreza que lxs oprime no es ajeno a las relaciones de poder entre los géneros que impone el capitalismo. Las remesas se convierten en una de las principales fuentes del financiación para el desarrollo de familias y comunidades, pero tienen un costo enorme para las mujeres migrantes que se esfuerzan por alcanzar un salario que les permita vivir en su nuevo país.
También estamos viendo cómo los sistemas patriarcales capitalistas están utilizando la violencia y la opresión para mantener su estatus quo. El alza del gasto mundial para sostener el militarismo y la violencia, perpretados ambos por actores estatales y no estatales, se vuelca cada vez más a controlar el disenso, los cuerpos y voces de las mujeres, así como a zanjar disputas económicas, políticas y sociales.
En todo el mundo, la violencia, el encarcelamiento y la discriminación afectan de manera desproporcionada a:
Para confrontar la violencia estructural y sus vínculos con el sistema global capitalista, se necesita un análisis interseccional que relacione entre sí el género, la raza, la etnia, la edad, la capacidad, la nacionalidad, la orientación sexual y la identidad de género entre otras categorías.
La profunda crisis de gobernabilidad mundial que vivimos también se expresa en los débiles acuerdos intergubernamentales a los que se logra llegar y que a menudo carecen de los mecanismos más básicos para la rendición de cuentas. El sistema multilateral que antes le fue útil a la gobernabilidad mundial no está logrando responder a las múltiples crisis actuales. El sistema mismo continúa siendo muy poco democrático, con las corporaciones adquiriendo cada vez más presencia y más poder ya que ocupan los espacios donde antes estaban los Estados.
Estas amenazas nos desafían a lxs feministas a repensar nuestro marco de referencias y nuestras estrategias. Y también a renovar y reactivar nuestro compromiso con la construcción de movimientos junto con otrxs por una economía justa.
Nos desafían a pensar agendas más amplias por las transformaciones socioeconómicas desde una perspectiva feminista, atendiendo a las realidades que viven la mayoría de lxs empobrecidxs. Ahora es el momento de lograr cambios por una economía justa y de hacerle frente a los desafíos sistémicos persistentes.
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ABS - CBN (Original: Agence France Presse): Environmental lawyer murdered in Bohol
Business and Human Rights Resource Centre: Philippines: Killing of lawyer Mia Mascariñas-Green brings to 112 the number of environmental campaigners murdered in the country in the last 15 years
BBC: Mia Mascarinas-Green: Widower tells how wife was killed in Philippines (Audio)
Faye est une féministe panafricaine passionnée, engagée dans les mouvements pour les droits des femmes, la justice raciale, les droits des migrant·e·s et des travailleur·euse·s, et la justice environnementale. Son activisme s'appuie sur l'héritage de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et de ses suites au Zimbabwe.
En 2019, Faye rejoint l'AWID en tant que Directrice des Finances, des Opérations et du Développement. Elle s’est efforcée de garantir que l’AWID respecte les principes et les valeurs féministes dans toutes ses opérations. Elle y apporte plus de 20 années d’expérience en leadership féministe, en stratégie et autres aspects du développement organisationnel et financier.
Faye est membre engagée du conseil d'administration de Urgent Action Fund-Africa et d'autres organisations de défense des droits des femmes. Auparavant, elle a occupé des postes de responsable des finances et des opérations chez Pediatric Adolescent Treatment for Africa et JASS - Just Associates Inc. en Afrique australe. Elle a également occupé des postes de direction chez International Computer Driving Licence (ICDL) en Afrique centrale et australe. Elle est titulaire d'une licence en sciences comptables de l'Université d'Afrique du Sud ainsi que membre du Southern African Institute for Business Accountants.
Comme le remarque l’activiste et chercheuse Soma Kishore Parthasarathy, il existe des conceptualisations diverses de la notion de biens communs.
De manière conventionnelle, ils sont définis comme des ressources naturelles se trouvant en dehors du domaine privé et dont l'usage est affecté à ceux et celles qui en dépendent. Aujourd’hui, ce concept a été élargi pour comprendre, outre les ressources naturelles, les ressources liées aux savoirs, au patrimoine, à la culture, aux espaces virtuels, et même au climat. Le concept de biens communs est antérieur au régime de la propriété privée et il représentait le fondement de l'organisation de la société. Les définitions données actuellement par les entités gouvernementales limitent ce cadre aux ressources foncières et matérielles.
Le concept de biens communs repose sur la pratique culturelle du partage d'espaces de vie et des ressources envisagés comme des cadeaux de la nature, destinés au bien commun et à la viabilité de ces biens communs.
Les biens communs de l’humanité sont de plus en plus menacés par les nations et les forces du marché qui les colonisent, les exploitent et les occupent.
Dans certains contextes favorables, les «biens communs» ont le potentiel d’habiliter les femmes, en particulier les femmes opprimées économiquement, à jouir d’autonomie par rapport à la manière de négocier leurs multiples besoins et aspirations.
Le patriarcat est renforcé lorsque les femmes et d'autres genres opprimés se voient refuser l'accès aux biens communs et au contrôle de ces derniers.
Par conséquent, une économie féministe cherche à rétablir les droits légitimes des communautés vis-à-vis de ces ressources communes. Cette autonomie leur permet de subvenir à leurs besoins, tout en faisant progresser des systèmes de gouvernance plus égalitaires par rapport à l'utilisation de ces ressources. Une économie féministe reconnaît le rôle des femmes et offre l’égalité des chances par rapport à la prise de décision : les femmes ont un accès égalitaire à ces ressources.
La Coopérative Textile Nadia Echazú porte le nom d'une pionnière dans la lutte pour les droits des personnes trans en Argentine. À bien des égards, le travail de la coopérative célèbre la vie et l'héritage de Nadia Echazú, qui a eu une carrière militante remarquable.
La Coopérative Textile Nadia Echazú porte le nom d'une pionnière dans la lutte pour les droits des personnes trans en Argentine. À bien des égards, le travail de la coopérative célèbre la vie et l'héritage de Nadia Echazú, qui a eu une carrière militante remarquable.
Peu de temps après sa mort, ses collègues militantes ont fondé la coopérative en son nom, pour honorer la marque profonde qu'elle a laissée sur l'activisme trans et travesti en Argentine.
Elina is a young afro-Dominican intersectional feminist and human rights lawyer, committed to use her voice and skills to build a more just, empathic and inclusive world. She started Law school at 16, convinced it would give her the tools to understand and promote social justice. After a J.D. in the Dominican Republic, she pursued an LL.M. in Public International Law and Human Rights in the UK as a Chevening Scholar. She was the only Latinx-Caribbean woman in her class, graduating with honours.
Elina has worked at the intersection of human rights, gender, migration and policy, from government, grassroots collectives and international organizations. She helped litigate cases on gender-based violence before the Inter-American Court of Human Rights. As a member of the Youth Advisory Panel of UNFPA, she contributed to strengthening sexual and reproductive rights in the Dominican Republic. She co-led Amnesty International’s first campaign on sex workers’ rights in the Americas, developing strong partnerships with sex-worker led organizations and using Amnesty’s position to amplify women human rights defenders and sex workers’ voices.
Elina is part of Foro Feminista Magaly Pineda and the Global Shapers Community. She speaks Spanish, French and English. Thanks to her diverse background, Elina brings strong governance and strategic planning skills, substantive expertise on the United Nations and regional human rights mechanisms and her bold determination to keep AWID as an inclusive organization for all women, especially young and Caribbean feminists. With these offerings, joins a global sisterhood of feminist badasses, where she can keep nurturing her feminist leadership and never again feel alone in her path.
En dépit de la rigidité de leur doctrine et de leur vision du monde, les acteurs anti-droits ont fait preuve d’ouverture dans la construction de nouveaux types d’alliances stratégiques ainsi que dans l’utilisation de nouvelles techniques d’organisation et modes d’argumentation. En conséquence, ils sont de plus en plus influents dans les espaces internationaux.
Les ultraconservateurs qui agissent à ce niveau ont fait considérablement évoluer leurs stratégies. Ils ne limitent pas leurs ambitions à la modification de certains aspects marginaux des accords et à la lutte contre l’utilisation de certaines formulations. Ils œuvrent également à la transformation conceptuelle du cadre lui-même et à l’élaboration de norme et de référentiels alternatifs. Ils cherchent enfin à ouvrir les brèches qui renforceront leur influence.
Les ultraconservateurs travaillent à la création et à la pérennité de leurs relations avec des délégués d’États membres de l’ONU en leur proposant régulièrement des formations – notamment pendant le Global Family Policy Forum (Forum mondial sur la politique familiale) qui se tient tous les ans – ainsi que du matériel de formation ciblé.
Ces formations régulières et ces ressources donnent systématiquement aux délégués des informations relatives à des sujets de débat et à des techniques de négociation dans le but d’approfondir leur contribution aux objectifs anti-droits au sein du système relatif à ceux-ci. Les délégués reçoivent également des compilations ciblées de « formulations consensuelles » et de références à des informations pseudo-scientifiques ou à des statistiques dans le but de renforcer leur argumentaire.
La transmission organisée de ces messages explique en partie pourquoi les délégués de certains États membres adoptent des positions ultraconservatrices dans les débats internationaux sur les droits humains en totale contradiction avec leurs propres lois et politiques nationales.
Les abondantes réunions régionales et internationales entre acteurs anti-droits contribuent à créer des liens plus étroits entre les organisations de la société civile (OSC) ultraconservatrices, les États et blocs d’États et certains organismes intergouvernementaux puissants. Le Congrès mondial international des familles est une bonne illustration de rassemblements de ce type.
Ces rencontres renforcent les liens personnels et les alliances stratégiques, des éléments clés de la construction et de la pérennité des mouvements. Elles facilitent l’existence de relations transnationales et interreligieuses dynamiques qui se créent autour de questions et d’intérêts communs. Celles-ci permettent aux acteurs anti-droits de mettre en œuvre une approche plus entreprenante et de formuler un ensemble plus complet de revendications en matière de politique internationale.
Des États et blocs d’États tentent depuis toujours de saper les consensus internationaux ou le principe de responsabilité des États définis en vertu des normes internationales relatives aux droits humains. À cette fin, ils émettent des réserves quant aux accords sur les droits humains, menaçant ainsi le caractère universel de leur applicabilité.
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) est le texte qui a provoqué l’émission du plus grand nombre de réserves. La plupart d’entre elles sont fondées sur des conflits présumés avec le droit religieux. Le droit international relatif aux droits humains est très clair concernant les références à la tradition, à la culture ou à la religion : celles-ci ne peuvent en aucun cas justifier de violations des droits humains. Nombre des réserves émises à propos de la CEDAW ne sont pas valables car elles sont « incompatibles avec l’objet et le but » de la CEDAW. Néanmoins, les États se servent constamment de ces réserves pour ne pas assumer leurs responsabilités en matière de droits humains.
Ces acteurs émettent des « réserves » de plus en plus nombreuses sur les documents et accords de l’ONU qui ne sont pas des traités officiels, notamment sur les résolutions du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale.
Il est alarmant de constater que certains acteurs rétrogrades actifs au sein du système onusien ont commencé à coopter les références existantes en matière de droits et à élaborer et promouvoir un langage consensuel qui revêt un caractère profondément anti-droits. L’objectif est de créer puis de propager ce langage qui légitime des normes patriarcales, hiérarchiques, discriminatoires et culturellement relativistes dans les espaces internationaux consacrés aux droits humains.
Dans ce but, un certains nombre de déclarations ont été rédigées, parmi lesquelles la Déclaration mondiale de la famille et les Articles de San José, qui se veulent les représentantes d’une version moins contraignante du droit des droits humains. Des signatures sont recueillies auprès de multiples acteurs de la société civile, d’États et d’institutions et sont ensuite utilisées comme des outils de plaidoyer et de lobbying.
Dans le cadre d’un virage stratégique vers le recours à des arguments non religieux, les acteurs anti-droits ont considérablement investi dans leurs propres groupes de réflexion axés sur les « sciences sociales ». Relayées par des médias conservateurs en plein essor, les idées de ces think tanks sont largement diffusées par des groupes conservateurs issus de la société civile. Les mêmes supports servent ensuite de matériel de base pour le travail de plaidoyer auprès du système international relatif aux droits humains.
Bien que les objectifs et la motivation des conservateurs découlent de leurs interprétations extrémistes de la religion, de la culture et de la tradition, leurs arguments rétrogrades sont souvent appuyés par des études qui s’arrogent une forme d’autorité intellectuelle. Ils élaborent ainsi un contre-discours, savant mélange de doctrine traditionaliste et de sciences sociales.
Il s’agit de l’une des stratégies les plus efficaces de la droite religieuse, et elle représente un investissement majeur pour l’avenir du processus organisationnel des acteurs anti-droits. Le recrutement des jeunes et le développement de leurs compétences en leadership – des processus qui s’opèrent en premier lieu au niveau local par le biais des églises et des campus – sont une priorité pour de nombreux conservateurs qui tentent d’influencer les politiques internationales.
Cette stratégie leur a permis de s’infiltrer dans les espaces du système onusien notamment consacrés à la jeunesse, parmi lesquels la Commission de la condition de la femme, et de créer une opposition conséquente aux réseaux et organisations progressistes de jeunes.
Que ce soit auprès des mécanismes d’experts faisant autorité – parmi lesquels les Procédures spéciales et les organes chargés de la surveillance de l’application des traités de l’ONU – ou auprès des organes opérationnels comme les agences de l’ONU, les groupes anti-droits ont conscience que leur influence potentielle est beaucoup plus faible qu’au sein des mécanismes politiques.
En conséquence, les groupes anti-droits répandent un certain nombre d’idées, parmi lesquelles le fait que les agences des Nations Unies « outrepassent leur mandat », que le Comité de la CEDAW et d’autres organes créés en vertu d'instruments relatifs aux droits humains n’ont pas le pouvoir d’interpréter les traités ou encore que les Procédures spéciales sont activées par des experts partisans qui ne respectent pas l’étendue de leur mandat. Les groupes anti-droits exercent également des pressions pour compromettre le financement d’agences comme le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).
Cette délégitimation des mécanismes de l’ONU encourage l’impunité des États. Les gouvernements soumis à un examen international sont alors en mesure de justifier leurs actes en arguant du fait que le mécanisme de révision lui-même est défaillant ou trop exigeant.
Les forces conservatrices non étatiques investissent de plus en plus dans les médias sociaux et dans d’autres plateformes en ligne pour promouvoir leurs activités, leurs campagnes et diffuser le plus largement possible leurs informations sur les espaces internationaux relatifs aux droits humains. L’organisation espagnole CitizenGo, par exemple, se veut la version conservatrice de change.org et publie des pétitions et des campagnes épistolaires. Une pétition récente contre la création par l’ONU d’une journée internationale de l’avortement sans risque a rassemblé plus de 172 000 signatures.
S’inspirer des stratégies d’organisation des groupes féministes et d’autres acteurs progressistes.
Adapter à la sphère internationale les stratégies qui ont porté leurs fruits au niveau national.
Passer de la « protestation symbolique » contre le cadre des droits humains à une stratégie d’infiltration subversive du système.
En comprenant les stratégies déployées par les acteurs anti-droits, nous pouvons les contrer plus efficacement.
Télécharger le chapitre complet (en anglais)
Michelle es una feminista de Sudeste Asiático que disfruta de conspirar para congregar a las personas y suscitar conversaciones para el cambio social y el intercambio de conocimientos feministas, a través del arte, la poesía, la música y el juego. Con experiencia en promoción digital y desarrollo de estrategias de comunicación, ha contribuido a iniciativas de derechos digitales, investigaciones en derechos humanos y a la construcción de coaliciones de la sociedad civil a lo largo y ancho del Sudeste Asiático. Posee una licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional de Singapur, disfruta de pasear al azar por las calles de la ciudad y le gusta un poquito demasiado el café.
The growing dominance of international financial markets and institutions in defining global economic policies has resulted in the capture of people’s power in the interest of global elites and big corporations.
Our policy brief on Illicit Financial Flows explores their disproportional gender impact and unveils the current legal and political frameworks that allow multinational corporations to benefit from tax abuse to the detriment of people and planet.
The brief concludes with these seven feminist policy recommendations to demand transparency and corporate accountability in order to curb illicit financial flows.
Illicit financial flows are gaining unprecedented attention: whether in development negotiations, like those leading to Agenda 2030 and the Addis Ababa Financing for Development Conference in 2015; or making headlines in mainstream media with the release of leaked documents on offshore finance known as the ‘Panama Papers’. In another example, the Ecuadorean people voted to bar politicians and civil servants from having assets, companies or capital in tax havens, in a referendum in February 2017. The Ecuadorian government is now a leading voice within the group of G77, in the United Nations, to create a UN global tax body to end tax havens.
This public attention potentially builds momentum for feminists, social movements and tax justice advocates to pressure for the transformation of the global financial system, which entrenches global inequalities, including gendered inequalities.
We offer below a set of seven policy asks as a contribution to growing advocacy efforts from social justice, feminist, women’s rights and gender equality actors:
Eni Lestari est travailleuse domestique indonésienne à Hong Kong et militante des droits des migrant·e·s. Après avoir échappé à son employeur abusif, elle est passée de victime à mobilisatrice de travailleurs·ses domestiques en particulier, et de travailleurs·ses migrant·e·s plus globalement. En 2000, elle a fondé l'Association of Indonesian Migrant Workers (Association des travailleurs·ses migrant·e·s indonésien·ne·s, ATKI-Hong Kong) qui s'est ensuite étendue à Macao, à Taïwan et en Indonésie. Elle a été coordonnatrice et porte-parole de l'Asia Migrants Coordinating Body (Instance de coordination des migrant·e·s en Asie, AMCB) - une alliance d'organisations de terrain de migrant·e·s à Hong Kong venant d'Indonésie, des Philippines, de Thaïlande, du Népal et du Sri Lanka. Elle est également l'actuelle présidente de l’International Migrants Alliance (Alliance internationale des migrant·e·s), la toute première alliance mondiale de migrant·e·s, d'immigré·e·s, de réfugié·e·s et d'autres personnes déplacées.
Elle a occupé des postes importants dans diverses organisations, en tant que membre actuelle du conseil régional de l’Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (Forum Asie-Pacifique sur les femmes, le droit et le développement, APWLD), ancienne membre du conseil d'administration de Global Alliance Against Traffic in Women (Alliance mondiale contre la traite des femmes, GAATW), porte-parole du Network of Indonesian Migrant Workers (Réseau des travailleurs·ses migrant·e·s indonésien·ne·s, JBMI), conseillère d’ATKI-Hong Kong et Macao ainsi que de l’Association of Returned Migrants and Families in Indonesia (Association des migrant·e·s et des familles retourné·e·s en Indonésie, KABAR BUMI). Elle a été une personne-ressource impliquée dans des forums organisés par des universitaires, des groupes interreligieux, des sociétés civiles, des syndicats et bien d'autres, à l’échelle nationale, régionale et internationale.
Elle a aussi participé activement aux assemblées/conférences des Nations Unies sur le développement et les droits des migrant·e·s et été choisie comme intervenante pour l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les mouvements massifs de migrant·e·s et de réfugié·e·s en 2016 à New York, aux États-Unis. Des nominations et des prix lui ont par ailleurs été décernés, dont celui d’Inspirational Women de BBC 100 Women, ainsi que le prix Public Hero de RCTI, l’Indonesian Club Award et le Non-Profit Leader of Women of Influence de la Chambre américaine de Hong Kong, et celui de Changemaker de Cathay Pacific.
