Reflexiones feministas sobre la HRC53: tendencias, desafíos y oportunidades

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) es el organismo «político» de derechos humanos más importante de la ONU. Es el principal lugar donde los gobiernos discuten y negocian asuntos de derechos humanos, se cuestionan unos a otros respecto de sus contextos nacionales, y rinden cuentas por los abusos. Al reflexionar sobre la reciente 53ª sesión, que tuvo lugar durante los meses de junio y julio de 2023, examinamos algunos detalles para entender mejor la manera en que los estados y las organizaciones antiderechos buscan evitar la indagación sobre violaciones a los derechos humanos y socavar el sistema en su conjunto.

La negociación del lenguaje sobre género y sexualidad atascada en punto muerto

En la 53ª sesión se presentaron al Consejo dos resoluciones que conciernen directamente a la justicia de género: Acelerar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas: prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas privadas de libertad en el sistema de justicia penal y Matrimonio infantil, precoz y forzado: eliminación y prevención de los matrimonios forzados.
 
Durante las negociaciones de estas resoluciones, escuchamos muchas estrategias bien conocidas, utilizadas por estados tales como Rusia, Nigeria, Pakistán y Egipto para obstaculizar el lenguaje progresista sobre género y sexualidad, incluida la introducción de enmiendas hostiles.^[1] Cuando estados como Canadá, México y la Unión Europea impulsaron la inclusión de referencias a la educación sexual integral (ESI) y al derecho a la autonomía corporal, Egipto y Rusia etiquetaron estos conceptos como «controvertidos» aduciendo que no son parte del consenso internacional ni de ningún instrumento legalmente vinculante. Rechazaron la inclusión de lenguaje sobre salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR), por ejemplo, por alentar el aborto a demanda, y sostuvieron que la ESI «hipersexualiza a lxs niñxs» y lxs lleva a tomar decisiones no informadas sobre sus cuerpos, lo cual a su vez provoca supuestamente su incapacidad para «mantener familias estables».

Todas las enmiendas propuestas fueron rechazadas por un voto. Las resoluciones no reflejaron el pleno alcance del lenguaje propuesto por lxs feministas, pero el texto final contiene lenguaje progresista, y fue recibido de todos modos con beneplácito. Sin embargo, estas dinámicas nos dejan a lxs feministas con una pregunta más importante que todavía no tiene respuesta: ¿cómo seguimos? Las negociaciones de este año reflejan la trayectoria de la dinámica política y la polarización del Consejo, que se han ido afianzando durante los últimos años. Los estados que bloquean el lenguaje progresista sobre género y sexualidad han solidificado su coalición, consolidando sus estrategias y tácticas, a la vez que colaboran con organizaciones antiderechos tales como la Alliance Defending Freedom [Alianza en Defensa de la Libertad, ADF]. Por otro lado, la Unión Europea y los Estados Unidos, junto con estados latinoamericanos tales como México, Costa Rica y Chile, han enfatizado persistentemente su papel como «defensores del género» en espacios multilaterales. Esto presenta varios desafíos para lxs feministas. No menos importante es el hecho de que el trabajo de cabildeo para «mover» las posiciones de los estados y trabajar con estados «intermedios» se está tornando cada vez más difícil. Además, ¿cómo nos aseguramos de que nuestras demandas feministas no sean cooptadas por estados del Norte Global que han demostrado ser, ellos mismos, las mayores barreras a las demandas feministas de justicia climática, acceso a los medicamentos y responsabilización por el daño causado por las corporaciones? Como feministas, no podemos permitirnos estrechez y compartimentalización en lo que respecta a nuestros reclamos de justicia y rendición de cuentas. Esto nos deja con muchas preguntas sobre cómo podemos hacer trabajo de cabildeo en forma diferente e interseccional, frente al panorama actual del multilateralismo.

Los «espacios de un solo sexo» en centros de detención

Lxs feministas consideraron que el foco de la resolución de este año sobre violencia contra las mujeres era una oportunidad para poner de relieve la obligación de los estados de ocuparse del sistema carcelario como forma de violencia estructural, y de abordar las causas fundamentales de la reclusión, incluidos el racismo, la pobreza y la falta de vivienda. Sin embargo, durante las negociaciones de la resolución, estados tales como Arabia Saudita, Nigeria, Pakistán y Egipto se centraron en la adopción de referencias a los «espacios de un solo sexo» en los centros de detención, haciéndose eco de los habituales elementos de debate antitrans que circulan en países como el Reino Unido, Australia y los Estados Unidos. En cooptación del lenguaje progresista, describieron a la falta de espacios de un solo sexo en los centros de detención como una «causa fundamental de violencia sistémica» a ser abordada.
 
Si bien esta referencia puede parecer razonable a simple vista, lxs feministas han refutado esta narrativa, ya que en realidad no salvaguarda los derechos de las mujeres (tanto cis como trans), y apunta desproporcionadamente contra las mujeres trans.^[2] Este discurso sobre la supuesta amenaza que representan las prisioneras trans, que emana de organizaciones antitrans del Reino Unido,^[3] ha demostrado ser parte de la agenda más amplia de «derechos basados en el sexo» y «crítica al género» que busca establecer un nuevo y estrecho significado de lo que es ser mujer. En esencia, es parte de un pánico moral orquestado que está alimentando la violencia y la discriminación contra las personas trans, intensificadas enormemente durante los últimos años. Además, tergiversa peligrosamente las causas, las consecuencias y los impactos de la violencia de género contra todas las personas.
 
Lamentablemente, estas narrativas se han expandido hacia otras partes del mundo y han infiltrado los espacios de derechos humanos de la ONU, con el pretexto de «proteger a las mujeres cis de la violencia». A pesar de que la legislación internacional sobre derechos humanos es clara respecto de la indivisibilidad de los derechos para todas las personas, algunxs actorxs de la ONU como Reem Alsalem, la actual Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, han distorsionado el goce de los derechos de las mujeres trans y el de las mujeres cis como divergentes e incompatibles.^[4] Durante las negociaciones de la resolución, varios estados hicieron referencia a las afirmaciones nocivas de la actual Relatora para justificar la inclusión de lenguaje sobre espacios de un solo sexo. Si bien el texto final no contiene estas referencias, resulta claro que en la ONU el rechazo a las demandas y las agendas del feminismo interseccional está creciendo desde todas las direcciones, e incluso desde dentro del sistema.

La OCI y la derecha cristiana unen fuerzas por «la familia»

Durante esta sesión del Consejo, la Organización de Cooperación Islámica (OCI), la Liga de los Estados Árabes, la Unión Africana y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo organizaron conjuntamente un evento paralelo, Role of the Family in Accelerating Development and Building Resilience [sobre el rol de la familia en la aceleración del desarrollo y la construcción de resiliencia]. En consistencia con sus iniciativas de años anteriores a fin de que la «protección de la familia» sea materia de las resoluciones del Consejo,^[5] el evento paralelo enfatizó a «la familia» como el centro de las políticas sociales y económicas, así como de los programas para «el empoderamiento de las mujeres».
 
Como señala el informe Derechos en riesgo de 2017, esta narrativa apunta a desviar el tema de los derechos humanos hacia instituciones que ya son poderosas (concretamente, la familia) en lugar de centrarlo en lxs integrantes individuales de la familia, y a ejercer vigilancia sobre las normas referidas al género y la sexualidad. Más aún, lxs feministas han puesto en evidencia que depender del «parentesco» dentro del grupo familiar obliga a la familia (y, a fin de cuentas, a la mano de obra feminizada) a ocuparse de cosas que, de otro modo, estarían a cargo de sistemas organizados de bienestar social.^[6] Así, muchos estados han llevado a cabo la privatización neoliberal y la desregulación del sistema de bienestar social y de los servicios de cuidado gracias a este foco puesto en el grupo familiar.
 
El panel de expertxs del evento paralelo demostró la forma en que lxs actorxs antiderechos han desarrollado estrategias holísticas, integradas y transnacionales para su cabildeo dentro de la ONU. Los estados y las organizaciones antiderechos están cubriendo todo el terreno. No sólo están construyendo políticas «orientadas a la familia» a nivel nacional:^[7] están fuertemente comprometidos en la promoción y la legitimación de sus agendas en foros internacionales, a través del reforzamiento de alianzas transnacionales, el cabildeo estratégico y la «investigación basada en la evidencia».
 
El panel contó con la presencia de dos organizaciones e instituciones de la derecha cristiana que están muy bien financiadas: la Alliance Defending Freedom (ADF) y la Brigham Young University (BYU) con base en los Estados Unidos. Mientras quien representaba a la ADF usó argumentos técnico y legales como arma, describiendo a la familia como la unidad fundamental a ser protegida bajo la legislación internacional sobre derechos humanos, la persona de BYU utilizó de manera preponderante el lenguaje del desarrollo, sosteniendo que el grupo familiar «evita la pobreza» y produce «paz y cohesión».
 
En el panel también estuvo presente un representante del Doha International Family Institute (DIFI), que se define como el primer centro de estudios del mundo en producir un informe de políticas sobre la protección social focalizada en la familia. Este representante reiteró los argumentos de la ADF, compartiendo los resultados de dicho informe, que sostiene que existe una correlación directa entre las estructuras familiares tradicionales y las mejoras en la salud mental de las personas que integran esas familias. DIFI también anunció la realización de una conferencia internacional en 2024 en celebración del 30° aniversario del Año Internacional de la Familia.

Los estados tienen la obligación de proteger la libertad de expresión, y también de poner fin al racismo y a la xenofobia

Hacia el final de la 53ª sesión del Consejo, la Misión Permanente de Pakistán ante las Naciones Unidas de Ginebra presentó, en nombre de los Estados Miembro de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), una resolución sobre la «lucha contra el odio religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia». Como señalaron algunos estados y organizaciones de la sociedad civil,^[8] la resolución buscaba reintroducir lenguaje sobre la «difamación de religiones» e imponer restricciones indebidas sobre el derecho a la libertad de expresión. Intenta ir más allá del alcance de la legislación internacional sobre derechos humanos con el objetivo de proteger no a las personas individuales sino más bien a libros religiosos.
 
La ONU y lxs expertxs regionales en derechos humanos han enfatizado, con total legitimidad, la «diferencia fundamental entre la crítica a una religión, creencia o escuela de pensamiento, y los ataques contra personas individuales en razón de su adhesión a tales religiones o creencias.» En países como Malasia, ciertas leyes excesivamente amplias que alegan «proteger al Islam» y penalizar a quienes «insultan al Islam» son utilizadas para atacar a las comunidades marginadas y queer. Pakistán, el país que propuso la resolución, ha endurecido recientemente sus leyes contra la blasfemia, y estas leyes han sido usadas contra los opositores políticos del gobierno.^[9]
 
Si bien los estados del Norte Global se opusieron a la resolución y pusieron toda su influencia en la defensa del derecho a la libertad de expresión, es difícil no pensar en la violencia sistémica que enfrentan en esos países las personas marrones y negras (muchas de las cuales se identifican también como musulmanas). A pesar de que algunos estados del Norte Global reconocieron que la quema del Corán «alimenta el odio y la violencia», hubo una renuencia generalizada a considerar este acto dentro del continuum de violencia y discriminación que afecta a las comunidades racializadas de Europa.[10] Impulsados por el legado de la colonización, el racismo y la xenofobia, estados tales como Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos a menudo han utilizado el pretexto de la lucha contra el extremismo islámico (según conceptos racialmente codificados de los «valores occidentales» y el laicismo) para aumentar la vigilancia y justificar la brutalidad policial y las políticas inmigratorias xenofóbicas en perjuicio de las personas negras y marrones. En vista de esta realidad, las afirmaciones de los estados del Norte Global fueron obviamente consideradas poco sinceras.
 
Los ataques antiderechos en las negociaciones intergubernamentales y los espacios multilaterales plantean amenazas reales. Es importante recordar que estos ataques vienen desde todas las direcciones. Como feministas, la defensa de la indivisibilidad de los derechos requiere también elaborar estrategias más holísticas en respuesta al panorama actual del multilateralismo, que a la vez promuevan todo el espectro completo de derechos para todas las personas, y en especial para las comunidades más marginadas.