Bajo el lema de ‘seguridad nacional’, un conjunto de países experimentan una creciente criminalización del disenso que se combina con la reducción del espacio para el activismo y el trabajo por la justicia social. Para las organizaciones que para operar dependen del financiamiento exterior, las implicaciones son graves.
El listado de países con espacios en vías de reducción para el trabajo por la justicia social y donde se intensifica la criminalizacióndel disenso se agranda. Las medidas enérgicas no se presentan solo como un abuso prejuicioso de poder por parte de las autoridades, sino también como una reformulación de las leyes orientadas a coartar a determinadas organizaciones por la justicia social para impedir su trabajo. En muchas ocasiones, estas medidas son justificadas con la preocupación por la ‘seguridad nacional’, y tienen que ver con una confrontación ideológica más amplia y los cambios geopolíticos por los que atraviesa el mundo actualmente, con implicaciones devastadoras para las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento de fuentes extranjeras.
Maina Kai, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas declaró en su informe preparado para el 23º período de sesiones del Consejo de Seguridad (junio de 2013): “La capacidad de buscar, obtener y utilizar recursos es fundamental para la existencia y el funcionamiento efectivo de toda asociación, por pequeña que sea. El derecho a la libertad de asociación no solo incluye la capacidad de los individuos o las entidades jurídicas para fundar una asociación y afiliarse a ella sino también para buscar, recibir y utilizar recursos —humanos, materiales y financieros— de fuentes nacionales, extranjeras e internacionales”. El informe del Relator Especial continuaba diciendo que la tendencia creciente de algunos gobiernos de restringir el financiamiento extranjero es contradictoria, ya que muchos de ellos buscan obtener financiamiento de los mismos países a los que procuran negar sus espacios civiles. El informe señalaba también que dicha tendencia infringe diversos marcos jurídicos internacionales, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones y la Declaración sobre los derechos de los defensores de derechos humanos.
Los ejemplos sobre los que tomamos conocimiento provienen de Algeria, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Camboya, China, Egipto, Etiopía, Hungría, India, Jordania, Kenya, la República Kiriguisa, Pakistán, Rusia, Sudán y Turkmenistán, donde se encuentran las organizaciones más afectadas y que trabajan por los derechos humanos o realizan campañas de defensa referidas a la orientación sexual y la identificación de género. AWID conversó con mujeres y personas LGBTQI (lesbianas, gays, bisexuales, trans*, queer e intersexo) que defienden los derechos humanos para contar con una mirada más profunda sobre la situación en Rusia y la India.
La legislación rusa sobre ‘agentes extranjeros’
En mayo de 2015, Vladimir Putin sancionó una ley que otorga a las autoridades rusas la facultad de poner fin a las actividades de toda organización extranjera o internacional cuyas acciones hayan sido catalogadas como ‘no deseables’ para la “capacidad de defensa, la seguridad, el orden público o la salud pública” del país. La ley impone sanciones económicas, de prisión o restricción de movimiento para quienes infrinjan la ley y se afirma en una ley aprobada en 2012 que tipifica a los grupos como ‘agentes extranjeros’ por sus presuntas actividades políticas o de financiamiento exterior. Hasta principios de julio de 2015, 78 organizaciones fueron incorporadas oficialmente al listado de ‘agentes extranjeros’, entre ellos muchos grupos ambientalistas y por los derechos humanos. En la última ola de anuncios, la prestigiosa Fundación Dynasty fue catalogada conforme a lo dispuesto por esta ley, ya que su dinero y patrimonio se encuentran en bancos extranjeros.
Irina Kosterina, coordinadora del programa de Género y Democracia de la Fundación Heinrich Böll, manifestó que para los donantes, incluida su fundación, se está tornando cada vez más y más difícil trabajar en Rusia: “Ahora muchos temas referidos al género, la orientación sexual y algunas cuestiones políticas muy difícilmente pueden discutirse en la esfera pública. Algunas ONG asociadas, que han sido acusadas de ‘agentes extranjeros’, decidieron cesar sus actividades. No podemos apoyar proyectos sobre derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales o trans*(LGBT), ya que está prohibido por la ‘ley de propaganda homosexual’, y nuestras ONG LGBT se centran primordialmente en apoyar a las comunidades, y no en actividades de incidencia y campañas públicas. La adopción de la nueva ley sobre ‘organizaciones extranjeras no deseadas’ reducirá en gran medida —o detendrá por completo— la presencia de donantes extranjeros en Rusia. Esta situación provocará una merma sustancial de la actividad cívica en algunas áreas, especialmente en la del trabajo por los derechos de las mujeres y las personas LGBT”. Este revés ocurre cuando un número creciente de grupos por los derechos de las mujeres está recibiendo notificaciones de su certificación de agente extranjero en un contexto que otrora era propicio para el diálogo, la solidaridad y el aprendizaje entre movimientos. Por ejemplo, el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad en Rusia está en pleno crecimiento, y está celebrando numerosas conquistas, que incluyen la accesibilidad de los edificios y una mayor visibilidad pública de las personas con discapacidad, algo que hace 20 años no sucedía.
La incidencia de Rusia y su restricción de los espacios de la sociedad civil se está propagando en Europa oriental y otros países postsoviéticos. Un estudio de caso incluido en el Informe sobre Derechos Humanos y Democracia de 2014, publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido, habla de una reducción del espacio para las organizaciones de la sociedad civil en Europa oriental y el Asia Central. Si bien el informe señala que las razones para esta reducción de espacio son inciertas, indica que aparentemente los países de la región creen que el malestar civil en Ucrania obedece a la influencia extranjera. El temor a la incidencia del financiamiento extranjero en la política interna no es nuevo. Hace más de 10 años, las Fundaciones George Soros, que prosperaron en toda la región, lentamente fueron expulsadas por temor a que provocaran un efecto social distinto a la dirección que el Estado deseaba para el desarrollo. Con los años, y de forma más intensa en los últimos dos, se sancionaron leyes que restringen las actividades de las ONG en Azerbaiyán, Belarús, Turkmenistán y Uzbekistán, mientras que en Armenia y Kirguistán actualmente se están proponiendo y discutiendo leyes similares.
La Ley de la India sobre regulación de contribuciones extranjeras
En la India, quienes defienden los derechos humanos y grupos ambientalistas de alto perfil han sido alcanzados por el gobierno neoliberal de Modi a través de la Ley de regulación de contribuciones extranjeras (FCRA, por su sigla en inglés). Según Kalyani Menon-Sen de Feminist Learning Partnerships en Gurgaon, India, “Greenpeace es uno de los objetivos de la Ley, ya que se opone al pillaje empresarial de los recursos naturales; la Fundación Ford ha apoyado a Teesta Setalvad, que es el rostro de la campaña de justicia para las y los sobrevivientes del genocidio de Gujarat en 2002; [y] el Bank Information Trust ha investigado las violaciones a la legislación nacional y la subversión del debido proceso por parte del Banco Mundial y los proyectos financiados por el BID en los sectores energéticos y del carbón”. Las organizaciones de mujeres, incluidas las pequeñas ONG de base que han recibido financiamiento de la Fundación Ford, se han convertido en daños colaterales en lo que Menon-Sen describe como la “caza de brujas de la FCRA” y han sido demandadas por asociación.
En la India, el financiamiento extranjero es muy importante para las organizaciones de base por diversas razones. Además del financiamiento extranjero, las ONG indias solo cuentan con otras cuatro opciones para obtener fondos: fondos de responsabilidad social empresarial, que las empresas deben tener por ley; el Gobierno; las instituciones filantrópicas internacionales; y el público en general. El financiamiento más prolífico proviene de las empresas y el Gobierno, que tienden a ser conservadores o restrictivos al momento de escoger el destino de sus donaciones.
Los fondos de responsabilidad social empresarial tienden a volcarse a actividades menos controvertidas, que excluyen a los grupos ambientalistas y de derechos humanos porque por naturaleza estos desafían al Gobierno y la industrialización. Seem Misra, una abogada de Nueva Delhi indica que el trabajo basado en los derechos es visto como una actividad “confrontativa”. Rajesh Tandon, fundador de Participatory Research en la India, declara que el financiamiento tanto de los donantes de clase media, como del sector empresarial es conservador, pues son “donantes de primera generación que no desean oponerse al Gobierno”. A su vez, estos donantes también son menos proclives a financiar programas de capacitación, movilización y sensibilización. Esto explicaría por qué son tantos los grupos que se inclinan por los donantes extranjeros al momento de buscar financiamiento flexible para estas actividades. La declaración de Tandon se afirma en un análisis del Centro Asiático para los Derechos Humanos, que mostró que el financiamiento gubernamental se destinaba primordialmente a los grupos abocados a la prestación de servicios directos. Este mismo análisis indicó que ningún fondo llegó a los grupos que buscan la rendición de cuentas del Gobierno por la implementación y salvaguarda de la legislación. Para explicar las diferencias en el financiamiento público, Tandon brinda un ejemplo: “…las ONG obtendrán dinero del Gobierno para construir baños, pero no para que las personas tomen conciencia o para motivarlas a usarlos”. Esto hace recordar los resultados del informe de AWID Regando las hojas, dejando morir las raíces producido en 2013. Cada vez más los donantes de todos los sectores están orientando su financiamiento a las “hojas”, por ejemplo, a micropréstamos para mujeres a título individual, en lugar de destinarlo a las “raíces”, como son las organizaciones por los derechos de las mujeres que tienen una vasta experiencia y que por décadas vienen estableciendo las bases para el cambio institucional y de sistemas. Ante esta reiteración del método de financiamiento del Gobierno de la India en todo el espectro del desarrollo, las organizaciones indias por los derechos de las mujeres, sin dudas, se ven perjudicadas.
De los ejemplos de la India, de Rusia y de otras partes, es posible observar una tendencia clara. Los Estados buscan controlar a las organizaciones que más los interpelan: organizaciones de derechos humanos; instituciones dedicadas a temas de gobernabilidad; y las que plantean desafíos a los usos patriarcales y heteronormativos, conocidas también como organizaciones por los derechos de las mujeres y aquellas que trabajan en defensa de la orientación sexual y la identidad de género.
La situación, sin embargo, es aún más compleja. Este contexto es parte de un choque de ideologías y cambios geopolíticos más grandes por los que atraviesa el mundo hoy. Con un péndulo económico que se aleja de Occidente hacia el sur, hay una menor necesidad de dependencia en los modelos neoliberales para el desarrollo impulsados por los Estados Unidos y Europa occidental. Desafortunadamente, la sociedad civil se está convirtiendo en el daño colateral de esta contienda. Es comprensible que las economías en crecimiento, como las de la India y Rusia, deseen escoger sus propias alternativas de desarrollo a las del Banco Mundial y el FMI, pero el acceso y la demanda de derechos humanos fundamentales, de libertad de reunión y de expresión no se pueden rechazar simplemente como ideales occidentales. Esa noción perjudica a los movimientos de resistencia locales que por siempre han estado allí, con o sin financiamiento extranjero. Acabar con ellas mediante leyes de intimidación no será de utilidad para Rusia, para la India ni para ninguna otra nación con una economía en crecimiento. El intento por construir una relación más saludable entre la sociedad civil independiente y el Estado debería ser el objetivo de las próximas medidas para todas las naciones mencionadas antes, en lugar del desvío continuo hacia quienes se ubican en el lado correcto de las leyes de ‘agente extranjero’. Este momento también es importante para que la comunidad donante internacional pueda reflejarlo en su labor hasta ahora en esos países, consultar con sus asociados sobre formas para avanzar y generar alternativas de apoyo a la sociedad civil que además busquen su participación.