La fuga anual de entre 500 y 800 billones de dólares desde los países en desarrollo hacia el Norte global, a través de flujos financieros ilícitos (FFIs), señala una profunda crisis de gobernabilidad mundial y desigualdad sistémica, tal y como lo demuestran las cifras del nuevo informe de Oxfam, publicado en enero de 2016. Este es también un tema de justicia de género.
Los ejemplos más representativos de los flujos financieros ilícitos son aquellos que resultan de actividades criminales como el lavado de dinero, o el comercio de armas y drogas. Si bien estos juegan un papel importante, el gran volumen de FFIs proviene de la evasión y la elusión de impuestos a escala global realizada por las empresas multinacionales, así como de la facturación comercial falsa. Algunos de los sectores corporativos más poderosos y que operan en un Sur global caracterizado por la riqueza de recursos naturales, particularmente en las industrias extractivas, lideran el podio de los de los evasores de impuestos. Se benefician ampliamente de toda suerte de incentivos tributarios, bajo el sello de “esquemas de protección a las inversiones”, y cuentan con el apoyo de poderosas instituciones financieras que transfieren riqueza a paraísos fiscales, como parte de los servicios que ofrecen a sus clientes corporativos.
¿Por qué lxs defensorxs de la igualdad de género deben interesarse por los flujos financieros ilícitos?
La lucha contra los flujos financieros ilícitos está relacionada con la necesidad de impugnar al poder empresarial a nivel nacional e internacional. Contar con un sistema financiero responsable y regulado a nivel mundial es una herramienta para corregir la desigual distribución de la riqueza y el poder que está en manos de unas pocas personas. En el fondo, es una cuestión de justicia económica, social y de género. A continuación se detallan por lo menos tres argumentos en los que se fundamentan estas afirmaciones y los aspectos que lxs defensorxs de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres deberían tener en cuenta:
1. La Organización de las Naciones Unidas estima que los flujos financieros ilícitos se traducen en una pérdida anual de 50 billones de dólares en África.
Estos son recursos públicos que se requieren imperiosamente para combatir la pobreza, mejorando el acceso a servicios clave como la educación de calidad, la atención en salud, la protección social, el cuidado, la salud y derechos sexuales y reproductivos..
Los recursos asignados para estas áreas en particular son claramente insuficientes en la mayoría de los países en desarrollo. Esto conlleva, por ejemplo, a que muchas mujeres asuman una carga cada vez mayor de tareas de cuidado, a la vez que la oferta de servicios sociales se reduce. Las limitaciones de las políticas públicas de los Estados para movilizar recursos públicos profundizan las múltiples discriminaciones y desigualdades de género estructurales, en la medida en que el trabajo no remunerado de las mujeres juega un papel crucial en el subsidio de toda la economía.
2. Adicionalmente, incluso si las empresas encuentran formas innovadoras para evadir el pago de impuestos (o contratan a profesionales del derecho tributario para que lo hagan), los ingresos públicos deben recaudarse de algún modo.
A menudo se percibe que lo más fácil es gravar los bienes básicos, consumidos normalmente por la gente común (ignorando las consecuencias sociales y de género de esta elección). Numerosos estudios, incluyendo el de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos (en inglés), muestran la incidencia de los gravámenes a los bienes básicos de consumo, como el impuesto al valor agregado (IVA), en el recrudecimiento de las desigualdades de género. Debido a las normas de género vigentes, la gran mayoría de las mujeres gasta una importante cantidad de sus ingresos en la adquisición de bienes básicos, para destinarlos a quienes están bajo su cuidado. Las grandes empresas, sin embargo, se benefician de las exenciones tributarias.
3. Como tercer punto, en la medida en que la recaudación de ingresos públicos se torna más ardua, los países recurren cada vez más a fuentes privadas para su financiamiento –precisamente a los mismos actores que contribuyen a disminuir los recursos públicos.
El entusiasmo que rodea a las alianzas público-privadas, como una forma de financiar el desarrollo, está así ligado a las consecuencias de la fuga de capitales del Sur global al Norte. La protección de las inversiones y las disposiciones para la solución de las diferencias entre los inversionistas y el Estado aseguran que la parte privada de la ecuación obtiene el retorno de su inversión, sin importar el resultado. Permitir el libre reinado de las empresas para obtener ganancias de los recursos comunes y acceso a servicios no conduce a la realización plena de los derechos de las mujeres ni a la justicia de género.
Sin un marco regulatorio fuerte, fundamentado en los derechos humanos y sin mecanismos vinculantes de rendición de cuentas para el sector privado, hay poca evidencia (en inglés) que indique que las alianzas público-privadas pueden contribuir a reducir las desigualdades.
A pesar de este contexto, hay indicios de que el problema de los flujos financieros ilícitos ya no puede ser pasado por alto como un daño colateral..
Como lo informa Inter Press Service (en inglés), la Organización de las Naciones Unidas catalogó a los flujos financieros ilícitos como una de las “fuentes escondidas” clave para el financiamiento al desarrollo. Admiten que hacerle frente a este asunto es una necesidad absoluta para asegurar el financiamiento para el desarrollo en el marco de la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
“Por muchas razones, 2015 será recordado como el año de los flujos financieros ilícitos” afirma la Financial Transparency Coalition (Coalición por la transparencia financiera). En su informe 2015 (PDF, en inglés) se revisan los avances y retrocesos en esta materia. “Los daños que [los flujos financieros ilícitos] generan, están identificados. Pero solo la ciudadanía, trabajando en alianza con el gobierno, los medios masivos de comunicación, las empresas, entre otros, pueden asegurar que se implementen las soluciones correctas”, señala la coalición.
¿Qué se puede hacer?
Claramente, los países no pueden combatir los flujos financieros ilícitos de manera individual. Se requiere pasar globalmente de la competencia fiscal a la cooperación fiscal. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desarrolló una serie de acciones (en inglés) para regular la evasión y la elusión de impuestos, la cual fue adoptada por el G20 en noviembre. Sin embargo, la falta de participación de la totalidad de los países en desarrollo más afectados por los flujos financieros ilícitos, hace que estos espacios pierdan legitimidad para emitir reglas aplicables a todos los países.
Aunque los países desarrollados se resistieron ferozmente al establecimiento de un órgano de las Naciones Unidas en materia fiscal (en inglés) durante la Tercera Conferencia para el Financiamiento para el Desarrollo, sostenida en Adís Abeba, en julio de 2015, la presión no ha disminuido. Los países en desarrollo y la sociedad civil global persistirán tanto al interior como al exterior de la Organización de las Naciones Unidas, exigiendo un órganismo fiscal global (en inglés). La regulación democrática en materia de transparencia fiscal y la disponibilidad pública de la información financiera serán esenciales.
Adicionalmente, fortalecer la responsabilidad corporativa es una posibilidad que se contempla en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta avanza en la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante (en inglés) para regular, a través de leyes internacionales en materia de derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Este proceso también tiene el potencial de abordar la evasión fiscal corporativa en tanto que violación a los derechos humanos, particularmente de los derechos económicos, sociales y culturales. La participación sustantiva de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil es clave para asegurar la inclusión de la perspectiva feminista a lo largo del proceso y, en última instancia, en el instrumento vinculante. De igual forma, resulta de suma importancia el involucramiento constructivo de todos los gobiernos en el proceso.
En paralelo a estos procesos y a las discusiones entre lxs oficiales de gobierno, la movilización de los movimientos sociales en su conjunto, incluyendo de lxs defensorxs de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, es más importante que nunca. Esta movilización permitirá exigir, para toda la gente y para la garantía de sus derechos humanos, los recursos que se fugan a través de los flujos financieros ilícitos. Desafiar al poder corporativo y demandar la justicia fiscal son componentes clave en la lucha por la justicia económica y de género a nivel global.