NOTAS DE LOS VIERNES: Están llegando a etapas cruciales los debates sobre la nueva agenda de desarrollo que reemplazará los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas (ONU) cuando expiren en poco menos de un año (sin que muchos objetivos hayan sido alcanzados). El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, declaró recientemente que la Agenda de Desarrollo post-2015 será una parte esencial del 69º periodo de sesiones de la Asamblea General (AG69) que inició esta semana. Acá damos una mirada a algunas de las actuales preocupaciones respecto a los debates y negociaciones en curso previos al AG69.
Por Susan Tolmay y Nerea Craviotto[i]
El documento final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU sobre los ODM en 2010 solicitó al Secretario General que informara anualmente acerca de los esfuerzos realizados para acelerar los progresos hacia el logro de los ODM y en su informe anual planteara recomendaciones respecto a las nuevas medidas que deban adoptarse con el fin de promover la Agenda de Desarrollo post-2015. El resultado de Río+20[ii]—la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible—inició un proceso intergubernamental para preparar una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),[iii] pero que en gran medida se ha confinado a salones de conferencia y corredores en la sede de la ONU en Nueva York. Existe un amplio acuerdo respecto a la necesidad de que haya vínculos estrechos entre los dos procesos para llegar a una agenda mundial de desarrollo posterior a 2105 que en su centro tenga el desarrollo sostenible, y esta confluencia comenzará a darse en la actual AG69.
Entre las organizaciones de la sociedad civil (OSC), incluyendo organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres, hay un escepticismo latente acerca de si el nuevo marco del desarrollo traerá una transformación verdadera del sistema mundial de gobernanza y económico debido, entre otras razones, a la renuencia de Estados Miembros a adoptar propuestas osadas hacia transformaciones estructurales que podrían ocuparse significativamente de la pobreza y las desigualdades.
Tal como se estipuló en el documento de resultados de Río+20, un Grupo de Trabajo de Composición Abierta de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible[iv], conformado por 30 miembros, fue establecido y ha tenido sesiones regulares con el fin de discutir y acordar una propuesta para los ODS. Organizaciones de derechos de las mujeres que han participado en todas las sesiones emitieron varias alertas rojas tras la conclusión del Grupo de Trabajo, diciendo: “La adopción del documento final del Grupo de Trabajo de Composición Abierta es un paso significativo, pero los ODS aún carecen de ambición real para el cambio transformador urgente que el mundo necesita a fin de lograr la igualdad de género, los derechos humanos de las mujeres, el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza, y poner fin a las desigualdades”.[v]
Los medios de implementación son esenciales
Hay importantes análisis disponibles sobre los componentes fundamentales de los ODS, análisis que han surgido en recientes debates respecto a los medios de implementación y la financiación para el desarrollo sostenible, en el Comité Intergubernamental de Expertos en Financiación para el Desarrollo Sostenible (ICESDF) y de camino a la Conferencia Internacional de Seguimiento sobre la Financiación para el Desarrollo, a realizarse en Addis Abeba, Etiopía, en julio de 2015. Las OSC—incluyendo organizaciones de mujeres y feministas, así como activistas por los derechos humanos de todas las regiones—están abogando por que se fortalezcan los ODS propuestos poniendo los derechos humanos en el centro de los mismos.
Los asuntos en torno a los medios de implementación no pueden ni deben desasociarse de cuestiones relacionadas con los principales temas macroeconómicos, incluyendo la gobernanza y las reformas económicas mundiales. Las OSC están urgiéndoles a líderes y a todos los actores en el desarrollo, reunidos en la AG69 del 16 de septiembre al 1 de octubre de 2014, que acojan el espíritu, la visión y misión de Río+20 y se comprometan a realizar cambios audaces en los actuales sistemas financiero y comercial insostenibles e inequitativos para asegurar la no regresión, una realización progresiva y el uso de los recursos máximos disponibles con el fin de lograr los derechos humanos para todas las personas.
Derechos humanos y justicia para toda la gente
Uno de los mensajes constantes de la sociedad civil a lo largo de este proceso ha sido que cualquier nueva agenda del desarrollo debe basarse en el principio de los derechos humanos y la justicia para todas las personas. Los compromisos en materia de derechos humanos son valores universales legalmente vinculantes cuyo propósito es promover el bienestar humano y deben ser el punto de referencia para todo marco de financiación para el desarrollo posterior a 2015. Además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966 y ratificado por más de 160 países, claramente da fundamentos para conectar los recursos a las vidas de la gente. Por lo tanto, los actores en el desarrollo deben asegurar una coherencia de políticas basada en los derechos humanos, inclusive sobre asuntos relacionados con el comercio, la inversión, la ayuda, los impuestos, la migración, la propiedad intelectual, la deuda, las políticas monetarias y la regulación financiera. Asimismo, los gobiernos y las instituciones financieras internacionales deben realizar evaluaciones públicas independientes y periódicas de los impactos transfronterizos que sus políticas y acuerdos tienen sobre los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
El disfrute de los derechos de las mujeres y el adelanto de la igualdad de género también deben ser un objetivo central y adecuadamente financiado en la Agenda de Desarrollo post-2015. Ese objetivo debe incluir indicadores específicos para medir no sólo la realización de los derechos de las mujeres y su bienestar, sino también la transformación de los arraigados desequilibrios de poder, las normas patriarcales, los cambios sociales y culturales, las desigualdades económicas y las formas múltiples e interrelacionadas de discriminación que perpetúan las desigualdades de género. El financiamiento para los derechos de las mujeres no debe rehuir de promover un acceso significativo, incluso financiero, a información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y una plena autonomía sexual y reproductiva como prerrequisito para la realización de los derechos humanos de las mujeres. Además, los y las líderes deben asegurar que las organizaciones de derechos de las mujeres estén en primer plano a fin de orientar y moldear las estrategias de financiamiento para un cambio transformador a largo plazo.
Justicia fiscal, innovación y cautela respecto a nuevos actores
Un marco de financiación del desarrollo para la agenda post-2015 debe poner énfasis en el financiamiento público dirigido al desarrollo sostenible. La movilización de recursos nacionales es esencial para fortalecer los niveles de protección social universal que apoyan a las personas más necesitadas mediante la redistribución de los ingresos.
Aunque los gobiernos donantes deberían cumplir su obligación de que la Asistencia Oficial para el Desarrollo constituya como mínimo el 0.7 por ciento del producto interno bruto, es necesario establecer nuevos mecanismos innovadores en la financiación para el desarrollo, reemplazando el problemático sistema de ayuda y deuda con uno basado en el respeto, la solidaridad, la equidad, la inclusión, la no subordinación y la justicia para toda la gente.
Si bien el sector privado debe jugar un rol para el logro del desarrollo sostenible y la Agenda de Desarrollo post-2015, la sociedad civil advierte en contra de la tercerización de la cooperación al desarrollo y las implicaciones para la falta de rendición de cuentas. La financiación por parte del sector privado, incluidas las asociaciones público-privadas, debe ir acompañada de evaluaciones, rendición de cuentas y transparencia obligatorias, en cumplimiento de las normas y estándares de derechos humanos, asegurando beneficios para los derechos de las personas, no para el lucro.
Fortalecer la regulación de los mercados financieros debe ser una prioridad de primer orden, incluyendo la eliminación de flujos financieros ilícitos, de especulación en los precios de los productos y de paraísos fiscales. Esta regulación del mercado financiero debe asegurar que el sector privado no arrebate con una mano lo que da con la otra e incluir obligaciones vinculantes para que bancos, fundaciones y agencias de calificación respeten plenamente los derechos humanos y en particular no violen o socaven los derechos fundamentales a la alimentación, al agua, la vivienda, la educación, la salud y la seguridad social.
Las políticas fiscales adecuadamente diseñadas y progresistas son palancas políticas esenciales para asegurar la no regresión en los derechos económicos, sociales y culturales. Las respuestas a la crisis financiera de 2008 resaltan los impactos catastróficos e inequitativos que las llamadas ‘medidas de austeridad’—incluyendo las de políticas fiscales que pretenden reducir el gasto público—tienen sobre las personas más pobres y vulnerables. Aprendiendo de esas lecciones, la sociedad civil insta a la formulación de políticas fiscales anticíclicas que propicien un reparto más equilibrado de los costos de la crisis, asegurando al mismo tiempo los niveles mínimos de protección social universal para toda la gente.
Gobernanza internacional y reforma de prácticas
La reforma de la gobernanza y las prácticas de las instituciones financieras internacionales (IFI) es imperativa y urgente para que las políticas fiscales y monetarias estén alineadas con los estándares de derechos humanos, incluso particularmente los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos de las mujeres. Es importante asegurar que las IFI rindan cuentas por violaciones a los derechos humanos derivadas de políticas dañinas y fortalecer la estabilidad del sistema financiero internacional.
El diseño e implementación de un mecanismo independiente y justo de resolución de la deuda soberana son imperativos. Tal mecanismo debería abordar también la cancelación de las deudas de países de ingresos bajos y proporcionar alivio inmediato de la deuda a países de ingresos medios gravemente endeudados, así como la cancelación de deudas ilegítimas de todos los países del Sur, de modo que la deuda externa deje de ser un obstáculo para que los gobiernos cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos y diseñen políticas fiscales centradas en el desarrollo.
AWID y muchas otras organizaciones de desarrollo, ambientalistas, sindicales, feministas y de derechos humanos en todo el mundo esperamos que los Estados Miembros en la AG69 comprometan sus actuales obligaciones relativas a los derechos humanos como marcos esenciales y no negociables para producir una agenda de desarrollo sostenible inclusivo, orientado a la acción y sujeto a rendición de cuentas. Este espíritu debe preparar el terreno previo a los debates y negociaciones que conducirán a la Cumbre de septiembre de 2015.[vi]
Fuente: Notas de los Viernes de AWID, 19 de septiembre de 2014. Título original: UNGA69: Human Rights and Financing for Development in the Post-2015 Agenda. Traducción: Laura E. Asturias
[i] Con contribuciones de Ana Inés Abelanda y Alejandra Scampini.
[ii] Ver también: Portal Río+20 y El futuro que queremos.
[iii] Más información: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); Un proceso para determinar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); Agenda para el desarrollo después de 2015; Promoción del crecimiento económico sostenido y del desarrollo sostenible.
[iv] Con este Grupo de Trabajo de Composición Abierta, los Estados Miembros decidieron usar un innovador sistema de representación basado en membrecía que es nuevo para órganos limitados de membrecía de la Asamblea General. Esto significa que la mayoría de escaños en el Grupo de Trabajo es compartida por varios países.
[v] En una declaración emitida por el Grupo Principal de Mujeres.
[vi] La fase final de las negociaciones intergubernamentales de la Agenda de Desarrollo post-2015 culminarán en esta cumbre, con un nivel de Jefes de Estado y de Gobiernos.