El incremento de los actores que impulsan agendas fundamentalistas dentro de los espacios políticos internacionales es motivo de preocupación al celebrarse el Día de los Derechos Humanos. Feministas y otrxs activistas de la justicia social deben actuar ahora para reafirmar y salvaguardar nuestros derechos humanos.
Existen grupos conservadores con sede en los Estados Unidos que envían mails semanalmente a sus seguidores alrededor del mundo.
Estos boletines están llenos de advertencias sobre cómo «radicales de la ONU» y las «feministas radicales y deliberadamente estériles» representan una amenaza para el orden moral con su «diabólico evangelio de anticoncepción, control de la población, pornografía, aborto, derechos de lxs homosexuales y todos los demás aspectos de la revolución sexual».1 En estos boletines se han incluido artículos con títulos tales como «Padres Gay pueden hacerte triste y gordo» y «La ideología del género conduce al abuso de los niños».2
Quienes trabajamos por la justicia social podemos desestimar este tipo de retórica. Sin embargo, la escala y el poder del movimiento global en contra de los derechos humanos merece mayor atención, especialmente en el contexto del creciente auge de los movimientos derechistas en todo el mundo, incluyendo Brexit y las elecciones estadounidenses este año. Tomemos, por ejemplo, el Congreso Mundial de Familias - World Congress of Families (WCF) - cuya red de 35 asociaciones cuenta con un presupuesto anual combinado de más de 200 millones de dólares y, según el WCF, tiene un alcance de más de 50 millones de personas en todo el mundo.3 Además de un flujo regular de declaraciones, publicaciones de «ciencias sociales» y documentos de política, la contribución clave del WCF a la escena global en contra de los derechos humanos es su conferencia internacional regular, autodenominada «Olimpiadas» del conservadurismo social.
Los y las seguidores del WCF usan como consigna a «la familia» para respaldar sus argumentos en contra de la igualdad de género y para demonizar a las feministas y a otros actores de la justicia social. Las referencias al bienestar de lxs niñxs y los derechos de los padres se intercalaron a lo largo de la conferencia de cuatro días para cubrir con un velo muy delgado la realidad de su opresivamente estrecha conceptualización de la familia.
El WCF es sólo una de las iniciativas adoptadas con entusiasmo por diversos ámbitos mundiales anti-derechos humanos. Existe una gran constelación de diversas iniciativas que han encontrado maneras innovadoras de movilizar a quienes sienten que las conquistas del feminismo y la mayor aceptación de las relaciones y familias «no tradicionales» o no heteronormativas representan una amenaza para el tejido social. Muchos de estos grupos han logrado llegar a algunos segmentos de la generación milenial y movilizarlos como la próxima generación de promotores de las causas extremadamente conservadoras.
Las tácticas discursivas utilizadas por estos actores pueden ser muy sutiles. Algunos grupos trabajan para disfrazar la doctrina religiosa conservadora que los impulsa, empleando estratégicamente discursos secularizados o de pseudociencia, presentándose como grupos de investigación o comités de expertos (think-tanks en inglés). De hecho, lo que escriben y producen muchos actores conservadores no es más que un discurso ambiguo, apropiándose del lenguaje de los derechos humanos para atacar a los mismos derechos. Tomemos un pasaje de la misión de un grupo llamado «Voice for Justice», con sede en el Reino Unido, que puede ser muy similar al de una organización que trabaja por la justicia social basada en los derechos: «Nuestro llamado es el de luchar por las personas desfavorecidas y marginadas y defender a todos quienes que se enfrentan a la explotación y/o opresión ocasionadas por la imposición de una cosmovisión cada vez más totalitaria».
Particularmente inquietante es el creciente número de grupos e instituciones que pretenden representar una visión alternativa de los derechos de las mujeres o del feminismo. En esta línea de discusión, los derechos de las mujeres no son criticados como derechos de las mujeres. Por el contrario, los actores conservadores presentan a lxs activistas feministas como defensorxs con intereses propios en una ideología radical, sexualizada y occidental, mientras se presentan a ellos mismos como defensores de las mujeres «reales» alrededor del mundo, protegiendo su «dignidad» y sus vínculos con la familia y el hogar. Esta táctica discursiva ingeniosa fue promulgada por primera vez por la Santa Sede y hoy en día es empleada por la Organización de Cooperación Islámica (OCI por sus siglas en inglés), así como por muchas ONGs conservadoras cristianas que también hablan en este mismo tono. Estas tácticas también han logrado ganar legitimidad dentro de los espacios de los derechos humanos, como por ejemplo, algunos actores y organismos de Naciones Unidas que hacen referencia al papel de la OCI en el empoderamiento de las mujeres.
Más allá de deconstruir las tácticas discursivas utilizadas por estos grupos, lo más importante es que nosotrxs, como feministas y otrxs defensorxs de la justicia social, entendamos que estos ejemplos son parte de un fenómeno más grande, extremadamente alarmante. Lxs fundamentalistas religiosxs están ahora operando con mayor frecuencia, recursos y apoyo en los espacios internacionales de derechos humanos. Además, estos actores están muy bien coordinados, creando afiliaciones dinámicas basadas en temas específicos entre actores de la sociedad civil, organizaciones intergubernamentales y Estados, así como entre regiones y religiones.
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (CSW)
La CSW, que se celebra anualmente en marzo, ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más disputados en el sistema de Naciones Unidas por los actores que luchan en contra de los derechos humanos. En marzo de 2015, los esfuerzos conservadores marcaron el tono antes de que comenzaran los eventos o negociaciones.
No sólo el vigésimo aniversario de Beijing no fue considerado como una oportunidad para una Quinta Conferencia Mundial, debido a la preocupación real sobre la posible erosión de los compromisos de décadas anteriores, la versión final del documento de la Comisión fue una débil Declaración negociada incluso antes de que lxs activistas por los derechos de las mujeres llegaran al terreno. La Declaración final fue diluida hasta el punto de hacerla irrelevante. Las omisiones evidentes incluyeron la falta de referencia a las organizaciones feministas, la violencia basada en el género o la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), e incluso muy pocas alusiones a las obligaciones de los Estados de defender los derechos humanos.
Posteriormente, en la 60ª CSW, el nuevo Caucus de Jóvenes fue infiltrado por un gran número de actores desafiantes en contra del aborto y los SDSR. Las organizaciones juveniles progresistas reportaron que los actores anti-derechos presentes las superaban en número y además las abuchearon. De nuevo, las intensas negociaciones fueron seguidas por un texto deprimente. Una regresión notable, celebrada por parte de las ONG de derechos cristianos fue que la versión final de las Conclusiones Acordadas incluyó la referencia a «la familia como un contribuyente al desarrollo, incluso en el logro de los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados para las mujeres y las niñas». Al final, el texto de las Conclusiones Acordadas refuerza una visión unitaria e implícitamente patriarcal, jerárquica y heteronormativa de la familia y su lugar en el desarrollo.
Justo cuando abordar los derechos humanos de las mujeres es de extrema importancia, la CSW se ha convertido en un espacio despolitizado. Utilizar este espacio para avanzar los derechos se ha vuelto más y más difícil ya que gran parte de nuestra energía termina enfocada en tratar de mantenernos firmes en contra de la reacción conservadora.
El Consejo de Derechos Humanos (CDH)
Como el organismo intergubernamental responsable de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, el CDH es un punto de entrada clave para los actores conservadores en sus campañas para erosionar y modelar las protecciones de los derechos humanos. En los últimos años, este mecanismo ha sido el escenario de una serie de acciones perjudiciales en contra de los derechos humanos. En acuerdo con otros actores que luchan contra de los derechos, una estrategia de los Estados conservadores y bloques de Estados consiste en negociar agresivamente un lenguaje positivo e introducir enmiendas hostiles a las resoluciones, lo que se ve con más frecuencia en resoluciones que se centran en derechos relacionados con el género y la sexualidad.
Por ejemplo, durante la sesión de junio de 2016 del CDH, hubo gran oposición contra una resolución sobre la discriminación contra las mujeres por parte de los Estados integrantes de la OCI y sus aliados, por ser «ofensiva» con respecto a la cultura y la tradición. Sin embargo, durante las polémicas negociaciones se eliminaron múltiples estipulaciones, incluyendo el derecho de las mujeres y las niñas a tener control sobre su sexualidad, salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos, y también las referidas a la necesidad de revocar las leyes que perpetúan la opresión patriarcal de las mujeres y las niñas en las familias así como las leyes que penalizan el adulterio o perdonan la violación matrimonial, y la importancia de la educación sexual integral para abordar las desigualdades de género.
Hasta la fecha, tres resoluciones relacionadas han pasado de 2014 a 2016.
Esta iniciativa multinacional pretende consagrar un concepto patriarcal, heteronormativo y nuclear de la «familia» que no refleja las realidades vividas en el lenguaje de los derechos humanos, traduciendo un apoyo ultraconservador por la familia «natural» o «tradicional» y los «valores familiares» al nivel internacional. También enfatiza el papel de esta forma unitaria de familia por encima de las obligaciones al respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos individuales, haciendo caso omiso de la realidad con respecto a las violaciones de derechos que tienen lugar dentro de las familias, en particular la violencia de género.
El Comité de Derechos Humanos
En 2015, moviendo sus miradas hacia otro frente, varias organizaciones de derechos religiosos comenzaron a dirigirse al Comité de Derechos Humanos, el órgano de supervisión de los tratados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El PIDCP es un instrumento fundamental para la defensa de los derechos humanos, un tratado multilateral vinculante que, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, forma parte de la antigua Carta Internacional de Derechos Humanos.
Grupos anti-derechos humanos se movilizaron con la esperanza de consolidar su retórica en contra del aborto dentro del tratado. Cuando el Comité anunció que estaba redactando una nueva interpretación autorizada del derecho a la vida, más de treinta actores conservadores no estatales enviaron comunicaciones escritas, abogando para que su discurso inexacto y engañoso sobre el «derecho a la vida», que la vida comienza en la concepción y que el aborto es una violación del derecho, se incorporará en la interpretación que hace el Comité del artículo 6.
Que los grupos conservadores se enfocaran en ser tomados en cuenta por el Comité de Derechos Humanos fue un gran cambio, considerando que históricamente los actores que luchan en contra de los derechos humanos han intentado repetidamente socavar e invalidar la labor esencial de los organismos de monitoreo de los tratados, incluyendo al Comité de Derechos Humanos, caracterizando sus interpretaciones autorizadas, que usan un lenguaje vinculante de derechos humanos, como tendenciosas o «activistas». Esta táctica es un indicador del enfoque proactivo que los actores anti-derechos están usando en la búsqueda de nuevos espacios dentro de las Naciones Unidas que puedan ser utilizados para incrementar su subversión de los derechos humanos fundamentales.
Negociaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030
Algunos actores que luchan en contra de los derechos humanos participaron en actividades de cabildeo durante el desarrollo de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible durante el otoño de 2015, centrándose de nuevo en los derechos relacionados con el género y la sexualidad. Estos esfuerzos no tuvieron tanto éxito para influenciar la Agenda 2030 dentro de los diferentes espacios de las Naciones Unidas. Por ejemplo, su principal petición de tener un objetivo dedicado únicamente a la familia, la meta clave de un nuevo bloque de 25 Estados, encabezado por Belarús y que se autodenominaba el Grupo de Amigos de la Familia, no se concretó.
Sin embargo, después de presionar con éxito en contra derechos humanos fuertes, los SDSR, y el lenguaje de la orientación sexual y la identidad de género en el texto final, los actores conservadores asumieron una estrategia diferente. En un intento de evadir la rendición de cuentas estatal y socavar la universalidad de los derechos, varios Estados han expresado reservas repetidamente sobre los Objetivos. Las reservas más notables proceden de Qatar, el Grupo Africano, Ecuador, Egipto, Sudán, Chad y la Santa Sede.
La Santa Sede también formuló algunas reservas y declaró que «confía en que la promesa de que ‘nadie quedará atrás’ servirá como la perspectiva a través de la cual toda la Agenda será interpretada» para proteger «el derecho a la vida de la persona, desde la concepción hasta la muerte natural». Arabia Saudita, además de expresar reservas, declaró que el país no seguirá ninguna norma internacional relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que haga referencia a la orientación sexual o la identidad de género, calificándolas de «contrarias a la ley islámica».
Es tiempo de actuar
El poder de los actores religiosos conservadores, tanto estatales como no estatales, para erosionar la base misma de los derechos humanos, no debe tomarse a la ligera. Estos son sólo algunos ejemplos, un vasto grupo de nuestros derechos relacionados con el género y la sexualidad están bajo ataque coordinado y sofisticado. Los Estados y ONGs conservadores están trabajando de maneras innovadoras y más coordinadas para socavar los sistemas existentes de derechos humanos.
De hecho, se puede decir que la derecha religiosa, que ya no se limita a remendar los bordes de los acuerdos y bloquear cierto lenguaje, está trabajando para transformar conceptualmente el marco de derechos humanos y desarrollar avenidas de influencia, estándares y producción de normas paralelas. Esto refleja un mayor nivel de compromiso y la inversión a largo plazo de los grupos conservadores en la ONU como institución, incluyendo su inversión en la organización de estrategias para las agendas en contra de los derechos humanos.
Con gobiernos alrededor del mundo desplazándose hacia la derecha, y más recientemente con la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, se le ha dado más poder y legitimidad a los actores que trabajan en contra de los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional. Ante esta situación, lxs feministas y otrxs defensorxs de la justicia social nos enfrentamos al desafío de defender nuestros estándares actuales de derechos humanos y prepararnos mejor para evitar nuevos intentos de erosionarlos, mientras seguimos presionando por cambios que ofrezcan mejores protecciones y rendición de cuentas.
El primer paso en esta lucha es acumular el conocimiento necesario sobre la oposición para comprender las tendencias de sus esfuerzos hasta el momento, sus fortalezas y debilidades y sus trayectorias hacia el futuro. Solo entonces podremos unirnos en esfuerzos renovados para trabajar a través de temas y espacios para reclamar y reafirmar nuestros derechos humanos.
1 C-Fam (Center for Family and Human Rights) mail 5 de agosto, 2016, revisado. Traducido directamente del inglés.. 2 C-Fam Friday Fax email newsletters, Vol. 19, No. 29 (13 de julio, 2016) and Vol. 19, No. 34 (18 de agosto, 2016) respectivamente. Traducido directamente del inglés. 3 WCF newsletter. Traducido directamente del inglés.
Este artículo se ha adaptado y es parte del próximo informe de tendencias del Observatorio de la Universalidad de los Derechos (OURs en inglés)