En octubre de 2016, AWID participó de la segunda sesión del Grupo de trabajo intergubernamental sobre corporaciones transnacionales en Ginebra, para impulsar un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. Las evidencias cada vez mayores de la dimensión de género que tienen los impactos de los abusos empresariales hacen que sea imperativo para lxs feministas, las defensoras de derechos humanos y las organizaciones de derechos de las mujeres que están enfrentando al poder de las corporaciones en el terreno, compartir sus perspectivas, experiencias y demandas.
Se ha convertido en una tendencia sumamente preocupante. Cada semana vemos alguna noticia de represalias violentas contra activistas que protestan frente a lo que las corporaciones hacen en todo el mundo, y muchxs activistas, incluyendo a defensoras como Berta Cáceres, pagan con sus vidas la defensa de sus comunidades y sus territorios. Los ejemplos abundan, desde quienes protestan contra el oleoducto Dakota Access Pipeline en Estados Unidos; las comunidades indígenas que resisten los proyectos de represas de Agua Zarca en Honduras, hasta el delta del Níger donde las mujeres siguen enfrentando la exploración petrolífera por parte de empresas petroleras internacionales.
Poder corporativo y derechos humanos
El mero tamaño y alcance del poder corporativo, cuando se lo compara con los estados nacionales, puede ser difícil de comprender. Hay investigaciones que muestran que el 63% de las mayores 175 entidades económicas mundiales son corporaciones transnacionales y no países.
Hasta ahora, la capacidad de demandar a las corporaciones por violaciones de derechos humanos y daño ambiental ha dependido de la aptitud, voluntad política y recursos de los gobiernos nacionales para pagar las exorbitantes sumas de dinero que insume llevar adelante tales litigios internacionales, de manera de hacer responsables a las corporaciones y exigir compensaciones.
La miríada de acuerdos de protección de inversiones firmados por los Estados con las corporaciones a menudo les permiten a éstas eludir las consecuencias y en cambio optar por compensaciones voluntarias. Luego del derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh, que mató a más de 1000 trabajadorxs –la mayoría de lxs cuales eran mujeres– la movilización internacional para exigir responsabilidad de las marcas internacionales de indumentaria logró sólo una exigua compensación para las familias de quienes murieron en su lugar de trabajo.
La reciente filtración de los Papeles de Panamá (Panama Papers) confirmó los temores largamente albergados por los estados y la sociedad civil, que la indignante evasión impositiva, cometida por algunas de las mayores empresas del mundo, está mucho más extendida de lo que se pensaba anteriormente. Estos son ingresos presupuestarios que deberían estar disponibles para costear servicios públicos de calidad tales como la atención de salud, educación o servicios de cuidados dentro de los países donde estas corporaciones producen y venden. Esto significa que están privando a los gobiernos nacionales de estos recursos, lo cual es contrario al progreso de los derechos y la igualdad de las mujeres y de los derechos humanos en general.
Es tiempo de un tratado
Ahora hay una oportunidad real de revertir este estado de cosas y terminar con la impunidad que se ha basado en la “buena voluntad” de las empresas para enmendarse. Existe una propuesta para crear un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos. La propuesta, actualmente bajo estudio de un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (IGWG, por sus siglas en inglés) que funciona dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene el apoyo de varios países y de activistas de la sociedad civil.
Las negociaciones del tratado constituyen una oportunidad única para que lxs ciudadanxs y los estados aborden las brechas que actualmente existen dentro del mecanismo de Arbitraje de diferencias entre inversores y Estados, el cual permite a las empresas demandar a los gobiernos en caso de que sus operaciones y ganancias se vean afectados por legislación y otras regulaciones. Este mecanismo ha hecho que sea muy difícil para los gobiernos regular las operaciones de las corporaciones en interés de sus ciudadanxs.
Lxs activistas coinciden en que el proceso será largo: podría llevar varios años, incluso una década, pero valdrá la pena luchar para poner fin a una era de impunidad sistemática.
Entre los desafíos venideros, se encuentra el de lograr que el texto del tratado pueda cumplir lo que se pretende. El tratado debe tener un mecanismo de implementación claro para ser algo más que palabras en un papel.
Muchas veces se pasa por alto la dimensión de género que tienen los impactos producidos el abuso corporativo. Por ejemplo, las defensoras que enfrentan los abusos de las corporaciones en sus comunidades han denunciado una y otra vez que están en la mira, no sólo por el trabajo que hacen, sino también debido a su género. Esto incluye violaciones, ataques sexuales y amenazas contra ellas y sus familias, para limitar su participación política en la esfera pública. Sus puntos de vista deben ser tomados en cuenta en cualquier tratado vinculante a través de las voces de las propias defensoras.
Mientras estábamos en Ginebra para la segunda sesión del Grupo de trabajo intergubernamental sobre corporaciones transnacionales, AWID entrevistó a activistas feministas acerca de sus esperanzas y demandas en relación a este proceso.
Esto es lo que ellas tenían para decir:
«Las corporaciones manejan grandes sectores de la economía y sin embargo en su mayor parte eluden rendir cuentas. Es difícil llevarlas a juicio; es difícil quebrar su poder político. Dirigen gobiernos. Es importante también para las mujeres, porque hay muchos temas de mujeres de los que la ley no se ocupa. Realmente podemos trazar un paralelo: los temas de mujeres no son privados, son públicos y están sujetos a la legislación internacional. Las corporaciones, incluso si son entidades privadas, tienen efectos sobre la esfera pública también».
Beth Stephens, Center for Constitutional Rights [Centro para los derechos constitucionales], Estados Unidos
(vídeo en inglés)
«Para la protección de los derechos de las mujeres, es esencial lograr un tratado vinculante que detenga los abusos corporativos. Por mucho tiempo, las mujeres de todos los sectores sociales: mujeres de áreas rurales, de comunidades indígenas, mujeres de las minorías sociales, mujeres sufriendo pobreza, han tenido que cargar con los peores efectos de las violaciones de derechos humanos y con que se les negara el sustento básico debido a que el poder corporativo actúa conjuntamente con los Estados que se han negado o han fracasado en proteger los derechos humanos de las mujeres. Necesitamos tener un tratado vinculante para poder equilibrar la situación. Las mujeres han sido resilientes y han enfrentado muchos desafíos a lo largo de las últimas décadas, pero esa resiliencia no es infinita. Necesitamos que los Estados den un paso al frente. Necesitamos que la comunidad internacional dé un paso al frente y es por eso que necesitamos un tratado vinculante. No será la única solución sino un arma que tendremos como defensoras de derechos humanos para defender nuestros derechos. En las negociaciones de este tratado debe haber voces de mujeres ocupando un lugar central, especialmente las de las comunidades afectadas, tomando la palabra y haciendo tanto ruido como sea posible. De otra manera, va a ser un tratado entre hombres».
Debbie Stothard, Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Birmania
(vídeo en inglés)
«Hemos visto abusos de los derechos humanos por parte de las corporaciones durante décadas. Hemos visto cómo operan y cómo los Estados son incapaces de hacer su trabajo bien y regularlas. Han copado varios espacios de toma de decisiones. Un tratado es muy importante para tener un instrumento jurídicamente vinculante que realmente permita que las corporaciones rindan cuentas, incluyendo no sólo a las transnacionales, sino también a aquellas que tienen participación estatal y a las que contribuyen con la financiación de proyectos en el terreno. Es crucial pensar en los impactos que estas corporaciones están teniendo en las vidas de las mujeres, por ejemplo sobre los derechos laborales, la brecha salarial de género, el impacto sobre las mujeres en comunidades locales cuando hay violaciones de derechos humanos –especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales–, toma de tierras, territorios y recursos naturales que tienen un impacto sobre las comunidades rurales e indígenas».
Fernanda Hopenhaym, Poder, México.
«Hasta ahora no tenemos un mecanismo para que las corporaciones se hagan responsables de sus actividades ilegales. Este es particularmente el caso en Palestina, donde tienes crímenes de guerra sucediendo en el terreno pero ningún mecanismo para responsabilizar a las corporaciones. ¿Cómo hacemos que sea feminista? Debemos tener en cuenta en cada una de las partes del tratado la cuestión de la forma específica en que las mujeres reciben los impactos de las violaciones que suceden en el terreno, prestándole la atención adecuada a un marco de derechos de las mujeres«.
Mona Sabella, Al Haq, Palestina
¡Infórmate!
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Para participar de los grupos de la sociedad civil que están incidiendo en el proceso, visita el sitio web de la Alianza por el Tratado.
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Para leer más sobre el trabajo de AWID en relación al estado de situación del poder corporativo y cómo las feministas lo están enfrentando en todo el mundo, mira las infografías y el informe en inglés: "Challenging corporate power"
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Puedes conocer más sobre las defensoras de derechos humanos que luchan contra el poder empresarial y sus abusos y las formas en que puedes apoyarlas