NOTAS DE LOS VIERNES: El Proyecto de Ley sobre Prevención y Control del VIH y el SIDA, que criminaliza la transmisión del virus cuando una persona sabe que está infectada, fue presentada al Parlamento de Uganda en 2010. El anteproyecto tiene varias implicaciones adversas para los derechos humanos y de las mujeres.
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En Uganda, un país de África Oriental sin acceso al mar y cuya población asciende a 34.6 millones de habitantes,[1] hay 1.2 millones (6.4 por ciento) de personas con VIH y sida. Más mujeres que hombres son infectadas y afectadas por el VIH y el sida, como también a edades más tempranas, conformando alrededor del 57 por ciento de toda la población adulta con VIH y sida.[2] Uganda fue una de las primeras naciones que adoptó un enfoque agresivo para combatir la pandemia cuando ésta inició en las décadas de 1980-90, logrando que la prevalencia del VIH se redujera de 15 por ciento en 1991 a 5 por ciento en 2001.[3] Sin embargo, hoy día la prevalencia está aumentando debido a la convergencia de varios factores, incluyendo una posible relajación tras el surgimiento de los medicamentos antirretrovirales. Estados Unidos es el principal donante para programas contra el VIH y el sida en Uganda y desde 2003, a fin de continuar recibiendo fondos, el gobierno ugandés tuvo que poner un mayor énfasis en políticas exclusivamente sobre abstinencia.[4]
AWID conversó con Lillian Mworeko, Coordinadora Regional de la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH/Sida (ICW) en África Oriental, sobre las implicaciones del Proyecto de Ley sobre Prevención y Control del VIH y el Sida para los derechos humanos y de las mujeres.
AWID: ¿Cuáles son las razones aparentes que el gobierno ha dado para introducir el Proyecto de Ley? ¿Existen muchos casos de personas que han transmitido el VIH ‘a sabiendas’ o ‘adrede’?
Lillian Mworeko (LM): Según los proponentes del Proyecto de Ley, los objetivos de éste son “reducir la transmisión del VIH, proporcionar servicios de pruebas y asesoramiento para el VIH, crear obligaciones gubernamentales respecto al manejo del VIH, establecer provisiones encaminadas a la protección de las personas con VIH y tipificar delitos para la transmisión intencional del VIH”.
No conozco ningún caso de una persona que intencionalmente haya infectado a otra. Pero a juzgar por ciertas declaraciones políticas de parlamentarios, parece haber una sensación de desesperación porque todo se ha hecho y aun así están ocurriendo nuevas infecciones. Hay quienes dicen que ahora que las personas con VIH tienen acceso a los medicamentos antirretrovirales y lucen saludables, nadie puede saber que están infectadas y por eso ‘siguen propagando la enfermedad’. El sentimiento es que, si esto fuera criminalizado, impediría que personas con VIH infecten a otras.
LM: Al principio hubo una fuerte voluntad política. El Presidente mostró interés en combatir el VIH y el sida, lo cual alentó a otros líderes políticos a apoyarlo. Esto condujo a utilizar un enfoque multisectorial que abarcó a todos los sectores, incluyendo organizaciones basadas en la fe, organizaciones de la sociedad civil, personas con VIH y sida (PVVS) y comunidades.
En ese tiempo existían menos recursos disponibles para afrontar la pandemia, pero había un espíritu de voluntariado y abnegación en todos los grupos interesados. Los limitados recursos de que se disponía eran utilizados para hacer frente a las necesidades y prioridades.
En la actualidad hay menos voluntad política. Los enfoques para combatir la pandemia se han comercializado y los programas no abordan adecuadamente los factores que la impulsan. Aunque el VIH y el sida se han feminizado, hay poca programación y fondos para asuntos tales como salud sexual y reproductiva o violencia doméstica y otros tipos de violencia por motivos de género. Se destina un escaso financiamiento a grupos de mujeres con VIH y sida.
El financiamiento y la programación no se basan en evidencias. Desde hace mucho tiempo sabemos que los métodos para prevención de la transmisión de madre a hijo (PTMH) pueden reducir drásticamente las tasas de transmisión. Sin embargo, en Uganda alrededor del 50 por ciento de mujeres con VIH que están embarazadas no tiene acceso a servicios de PTMH, por lo cual sigue habiendo cerca de un 20 por ciento[5] de nuevas infecciones en bebés. También sabemos que el tratamiento contribuye enormemente a la prevención y, aun así, tenemos más de 500,000 personas que necesitan medicamentos antirretrovirales pero no pueden acceder al tratamiento. Sabemos que la abstinencia no funciona para la mayoría de mujeres en Uganda donde los índices de pobreza son tan altos, las mujeres tienen poco poder de decisión en sus hogares y la violencia doméstica es muy común. No obstante, se invierten muchos recursos en esta estrategia, en vez de centrarse en lo que sí funciona.
LM: El requisito de revelación obligatoria del estado de VIH socava los esfuerzos de prevención del VIH y sida y crea un desincentivo a realizarse la prueba. Promueve estigma contra las PVVS y las obliga a revelar su estado, exonerando al mismo tiempo a quienes ignoran su estado de VIH, ya que una persona que lo conoce puede ser penalizada por tener relaciones sexuales con alguien. La salud personal debe ser responsabilidad de cada persona y éste debería ser el enfoque de los esfuerzos de prevención y tratamiento.
Las pruebas de VIH son rutinarias durante la atención prenatal, por lo que las mujeres a menudo conocen su estado antes que sus parejas. Según el Proyecto de Ley, una persona, al enterarse de su estado de VIH, debería revelárselo a su pareja o el profesional médico lo hará. Si las mujeres no revelan su estado tan pronto como regresan de la clínica prenatal, su compañero puede pedirle la información al profesional de salud. El resultado es que los maridos y las comunidades culpabilizan a las mujeres por adquirir el VIH. Las pruebas obligatorias para mujeres embarazadas son innecesarias; las mismas metas de salud pública pueden alcanzarse por medio de pruebas con consentimiento informado.
Existen evidencias de que enfatizar la revelación voluntaria, combinada con un asesoramiento a fondo y la garantía de confidencialidad respecto a los resultados de las pruebas, logra buenos efectos sin violar los derechos a la privacidad. El Proyecto de Ley podría destruir la confianza entre médico y paciente, que es clave para manejar la propagación del VIH, y probablemente menos personas buscarían tratamiento en centros médicos autorizados.
Las disposiciones para pruebas obligatorias marginarán aun más a personas usuarias de drogas inyectables y trabajadoras/es del sexo. La mejor manera de llegar a estos grupos es con asesoramiento efectivo, consentimiento, confidencialidad y un mayor acceso a tratamiento.
El Proyecto de Ley busca prevenir la discriminación de PVVS, pero nada dice sobre las discriminaciones en el hogar y la comunidad, que son lugares importantes donde se discrimina a las PVVS en Uganda.
El VIH y el sida amenazan los derechos a la vida y la salud; sin embargo, el Proyecto de Ley utiliza lenguaje equívoco (como “idear medidas prácticas” o “dependiendo de los recursos disponibles”) en lo que respecta a las obligaciones del Estado. No dice nada sobre un elemento muy importante de la prevención y el control del VIH: la toma de conciencia pública. El derecho a la información requeriría que a la gente se le brinden conocimientos que le permitan asumir la responsabilidad personal de su salud.
La experiencia de otros lugares en África ha mostrado que criminalizar la transmisión del VIH por personas que se saben infectadas no reduce la propagación del virus sino, por el contrario, socava los esfuerzos de prevención del VIH. Las desalienta a realizarse una prueba pues ignorar cuál es su estado de salud es la mejor defensa contra una acusación penal. De hecho, en jurisdicciones con leyes penales específicas para el VIH, quienes brindan asesoramiento sobre pruebas del VIH a menudo tienen la obligación de advertirles a las personas que realizarse una prueba las expondrá a responsabilidad penal si el resultado fuera positivo y continuaran teniendo relaciones sexuales sin informarle a su pareja sobre su estado de VIH. A veces también deben proporcionar evidencia del estado de VIH de una persona en un juicio penal. Esto interfiere con la prestación de cuidados de salud y frustra los esfuerzos por alentar a la gente a realizarse la prueba.
La inclusión de una disposición relacionada con el intento de transmitir el VIH agrega aun más complicaciones. No toma en cuenta las singulares circunstancias de parejas serodiscordantes,[6] ni las de madres y mujeres embarazadas que tienen el VIH. Según esta disposición, una mujer con VIH que quiere tener un bebé podría llegar a ser sentenciada por “intentar” transmitirle el virus si opta por amamantarle. Ella puede decidir amamantar no con la intención de transmitir el virus sino por temor al estigma social asociado a no amamantar o rehusarse a hacerlo, y/o porque está enterada de los bien conocidos beneficios de la leche materna para bebés. Su decisión de amamantar también podría deberse a falta de alternativas, dados los altos niveles de pobreza particularmente en el norte post-conflicto de Uganda y en la región nororiental de Teso.
Criminalizar la transmisión del VIH sólo puede justificarse en los muy raros casos de individuos que transmiten el virus con la intención de dañar a otras personas. Esto debería ser abordado por leyes penales vigentes, como las relacionadas con asesinato y ataque.
AWID: ¿Cómo se están movilizando las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para cabildear contra el Proyecto de Ley y cuáles son las probabilidades de éxito?
LM: Hace un año formamos una coalición de organizaciones de la sociedad civil para educar a parlamentarias, parlamentarios y el público sobre el Proyecto de Ley y sus implicaciones. Fue evidente que la mayoría de parlamentarios no tenía idea de sus repercusiones negativas.
Hemos creado asociaciones con diferentes grupos interesados, incluyendo los medios de comunicación. Ganamos la primera ronda de esta lucha al ampliar los conocimientos sobre el Proyecto de Ley. Debido a una constante presión, el Parlamento tuvo que realizar reuniones consultivas y el Proyecto de Ley no fue presentado para debate durante la última sesión parlamentaria. Ahora estamos buscando un punto de entrada con el nuevo Parlamento.
La incidencia es a menudo un viaje largo y aparentemente interminable, pero sabemos que debido a nuestra persistencia muchos parlamentarios y parlamentarias se han sensibilizado y debatirán el Proyecto de Ley desde una posición informada.
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¿Piensas que las leyes pueden usarse para prevenir la propagación del VIH, o hay otros enfoques más efectivos?
Notas:
IndexMundi, Población de Uganda (en inglés).
AVERT, VIH y sida en Uganda (en inglés). Ver también: Cohen, Susan A., ‘Más allá del eslogan: Lecciones de la experiencia de Uganda con el ABC’, Instituto Alan Guttmacher, diciembre de 2003; Human Rights Watch, ‘Los “programas de sólo abstinencia” se apropian del éxito de la lucha contra el sida – La estrategia contra el VIH promovida por Estados Unidos amenaza a la juventud’, 29 de marzo de 2005; NotieSe, ‘Estrategia ABC, fracaso en Uganda’, 9 de marzo de 2005.
Lantigua, Isabel F., ‘Abstención y condones contra el sida en Uganda’, El Mundo, 25 de septiembre de 2006.
AVERT, VIH y sida en Uganda (en inglés).
ONUSIDA, Comisión de Uganda para el Sida, ‘Uganda: HIV Prevention Response and Modes of Transmission Analysis’ [Uganda: Respuesta para la prevención del VIH y análisis de las vías de transmisión], marzo de 2009.
Ver: Pérez, María, Borrás, Juan José y Zubieta, Xud, ‘Parejas serodiscordantes’, El Mundo, 26 de febrero de 2007; Fundación Huésped, ‘Prevención en parejas serodiscordantes – Cuidarse en pareja’, 2001.
Fuente: