Esta semana en Ginebra, lxs integrantes de un grupo de trabajo intergubernamental de Naciones Unidas están discutiendo un tratado jurídicamente vinculante, largamente esperado, para regular el impacto de las transnacionales sobre los derechos humanos.
Ya es hora. Actualmente, las desigualdades de poder entre estados y corporaciones son enormes. De las 100 mayores entidades económicas globales, 69 son corporaciones y 31 son países.
Los ingresos combinados de las 10 corporaciones más grandes superan los ingresos de más de 180 países. Las corporaciones alegan responsabilidad por sus aportes de bienes públicos y objetivos de desarrollo global, obteniendo así acceso a nuevos recursos y poderes a través de asociaciones público-privadas (APP).
Hoy estos son temas fundamentales para todxs lxs jóvenes feministas. El poder corporativo consolidado y la captura corporativa tienen impactos desproporcionados sobre las vidas de las mujeres jóvenes y las niñas.
La privatización de los servicios públicos (en particular en educación y atención de la salud) ha aumentado las desigualdades y puesto en riesgo la calidad de estos servicios, efectos que se suman a los obstáculos que enfrentan las mujeres jóvenes, lxs jóvenes trans y las niñas para acceder a sus derechos.
En países como Sudáfrica, cuando se privatizaron los servicios de planificación familiar dentro de un marco de reformas neoliberales más amplias, presenciamos la introducción sistemática de tarifas para servicios esenciales como atención a la salud materna, reproducción asistida, aborto y otros servicios ginecológicos.
Como resultado de esto, muchas personas perdieron el acceso a los servicios, y los índices de aborto inseguro y prácticas de autotratamiento riesgosas alcanzaron niveles inaceptables.
La creciente influencia corporativa sobre los gobiernos también ha hecho que la legislación internacional privilegie los intereses de las empresas en, por ejemplo, las leyes laborales.
Lxs jóvenes sufren desproporcionadamente el impacto de estos resultados: desde las condiciones laborales deplorables y la falta de acceso a servicios públicos de calidad, hasta la falta de reconocimiento del trabajo de cuidados de nula o escasa remuneración.
La difícil situación de las jóvenes trabajadoras migrantes de la industria indumentaria es un ejemplo de larga data del carácter desechable y mercantilizado de la mano de obra femenina: el 85% de lxs trabajadores de talleres clandestinos son mujeres de entre 15 y 25 años.
A nivel global del sector, existe una voluntad en los medios, la moda y las artes (y cada vez más, en todos los sectores) de depender del trabajo «precario» y mal retribuido de las mujeres jóvenes.
Según una investigación de la Confederación Sindical Internacional, sólo el 6% de lxs trabajadores de las cadenas de suministro globales de 50 grandes compañías transnacionales son empleadxs directxs. El resto es parte de una «fuerza laboral oculta».
En especial, el trabajo precario impide que las trabajadoras jóvenes se adhieran a sindicatos que podrían ayudarlas a acceder las protecciones laborales necesarias.
Los flujos financieros ilícitos (FFI) también tienen un impacto de género desproporcionado, ya que consumen recursos críticos que, de otro modo, podrían ser asignados a la promoción de los derechos humanos de las mujeres, algo que fue enfatizado en la primera Academia Macroeconómica Feminista Africana (AFMA, por su sigla en inglés) que se reunió en Johannesburgo la semana pasada.
Los FFI de África producen una pérdida estimada anual de más de USD 50 mil millones, de los cuales el 65% corresponde a la evasión y elusión fiscal comercial, que incluye la transferencia de ingresos a paraísos fiscales. Los marcos legales y políticos actuales permiten que las corporaciones transnacionales se beneficien del fraude fiscal en detrimento de las personas y el planeta.
Vivimos en épocas en que oponerse a las corporaciones que invaden las tierras y destruyen el medio ambiente resulta letal. Según el informe «Defender la tierra» de 2016 publicado por Global Witness, cada semana son asesinadas al menos cuatro personas.
En Honduras, la defensora ambiental y líder indígena Berta Cáceres fue asesinada el año pasado. Este año Bertha Zúñiga Cáceres, su hija de 26 años, sobrevivió a un ataque de agresores armados con machetes.
Las jóvenes defensoras de derechos humanos siguen enfrentando ataques violentos cuando defienden el medio ambiente y el derecho a la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades rurales. Muchas más reciben amenazas diarias.
Ahora puede vislumbrarse un camino para poner fin a los abusos corporativos, que incluye los debates en Ginebra de esta semana. Pero los estados deben también abordar los impactos de género específicos de las actividades comerciales.
Las demandas feministas consisten, entre otras:
- Considerar la evasión fiscal corporativa como una violación de los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres.
- Responsabilizar a las corporaciones por la destrucción ambiental, y por la reducción y el deterioro de los estándares y las condiciones laborales.
- Asegurar que el trabajo de las defensoras de derechos humanos sea respetado y protegido.
Lxs jóvenes feministas deben unirse a la creciente movilización por un tratado vinculante de la ONU sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos. Somos nosotrxs quienes más se beneficiarán con el fin de la impunidad corporativa.