NOTAS DE LOS VIERNES: Japón es una nación rica, pero tiene una trayectoria relativamente pobre en lo que concierne a los derechos de las mujeres. ¿Cuál es la situación de las mujeres en este país?
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Japón es una potencia industrial y económica cuya gente conforma casi el dos por ciento de la población mundial. Es miembro del Grupo de los Ocho (G8), que aglutina a los Estados con mayores progresos industriales y económicos del mundo. Pero el récord de este país en cuanto a los derechos de las mujeres ha quedado muy atrás de sus demás logros. ¿Puede ello atribuirse a su éxito económico? ¿Existe la suposición de que si un país satisface las necesidades básicas de su gente, y es moderno e industrializado, también tiene asegurado un buen récord respecto a los derechos de la población? ¿Acaso el hecho de que el idioma principal del Japón no es uno de los más prominentes en el mundo – árabe, español, francés, inglés, portugués – explica la escasez de conocimiento sobre los derechos de las mujeres japonesas y de activismo global en torno a ellos?
Japón tiene un récord admirable en cuanto a la inscripción y retención de niñas en la escuela. Sin embargo, ya fuera de ésta, las japonesas pueden obtener empleos, pero raras veces ascienden a puestos de mayor nivel en sus profesiones. Un artículo del Christian Science Monitor da una mirada a la realidad que muchas mujeres japonesas enfrentan:
“Chie, quien solía trabajar como vendedora para una empresa japonesa, recuerda haber sufrido durante el cumplimiento de sus obligaciones en la oficina. Tuvo que aguantar a hombres que les daban nalgadas a las mujeres. Se ponía un uniforme y llegaba al trabajo 15 minutos más temprano, tal como se le exigía, para preparar café. Finalmente, después de cinco años, le dijo a su jefe que quería tomar el puesto de dos vendedores que se fueron. “En la siguiente reunión, él dijo que contraría a dos hombres para los trabajos”, recuerda Chie, quien no quiso usar su nombre completo. “Renuncié. Y luego mi jefe me preguntó: ‘Ah, ¿estabas hablando en serio?’”
Como profesora y activista por los derechos de las mujeres, Kozue Akibayashi dice: “Japón tiene una alta calificación en el IDH [Índice de Desarrollo Humano] y el IDG [Índice de Desarrollo ajustado por Género], pero en el IPG [Índice de Potenciación de Género] baja significativamente”. En 2009, el Foro Económico Mundial colocó al Japón en la posición 101, entre 134, de su Índice de Disparidad entre Géneros (IDDG). ¿Oculta la riqueza del país las insuficiencias en su récord relativo a los derechos de las mujeres?
La Constitución del Japón prohíbe la discriminación por motivos de culto, raza, sexo o condición social. Tal como ocurre en muchas otras partes del mundo, legalmente las mujeres sí tienen derechos, pero éstos suelen verse afectados por interpretaciones que en la actualidad se hacen de la antigua cultura japonesa. De hecho, dice Akibayashi, muchos de los “valores” que mantienen a las mujeres un paso atrás fueron desarrollados junto al Estado moderno pero, en realidad, históricamente no eran parte de la cultura japonesa.
Aunque en Japón las mujeres tienen derecho por ley a la igualdad y a ser protegidas contra la discriminación, lo cierto es que el acoso sexual y un salario desigual son comunes. Akibayashi dice que la brecha salarial entre los sexos es muy alta y que muchas mujeres cualificadas ocupan puestos de media jornada después de casarse o tener hijos. De hecho, la cantidad de mujeres empleadas en puestos de tiempo completo está disminuyendo. Según el artículo del Christian Science Monitor:
“Entre 1985 y 2008, la proporción de mujeres con trabajos a tiempo completo se redujo de 68.1 por ciento a 46.5 por ciento. Dicho de otra manera, el 53.5 por ciento de las mujeres en la fuerza laboral trabaja a medio tiempo o por contrato, mientras que la cifra correspondiente a los hombres es de 19.1 por ciento”.
Akibayashi cita como un ejemplo de la desigualdad el hecho de que, al momento de casarse, el 90 por ciento de las parejas escoge el apellido del hombre como nombre familiar y en el Parlamento japonés hay una fuerte resistencia a permitir el doble apellido. Suele aducirse que, si llegara a ser permitido, esto “destruiría a la familia”.
Numerosos casos de violencia sexual no se denuncian. Según Akibayashi, “El castigo por crímenes sexuales es leve y continúa recayendo en las víctimas la carga de demostrar el delito. A menos que ellas presenten una denuncia en la policía, no habrá ninguna investigación”. Un informe de 2010 de Freedom House afirma: “La violencia contra las mujeres a menudo no se denuncia debido a preocupaciones por la reputación de la familia y otras costumbres sociales”.
Japón no tiene una fuerte cultura de organización en torno a los derechos de las mujeres. Akibayashi dice que si bien hay numerosos grupos de mujeres en todo el país, están concentrados en la ciudad capital, Tokio, y en otras áreas urbanas. Al igual que en muchas otras partes del mundo, las mujeres en zonas rurales del Japón son las más pobres y las más subrepresentadas de todas.
En el pasado reciente ha habido en el mundo una mayor atención al sufrimiento de las “mujeres de confort” – jóvenes que fueron raptadas de territorios ocupados por Japón y mantenidas como esclavas sexuales para soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Ellas provenían principalmente de China, Corea, las Filipinas y del propio Japón, y algunas han demandado al gobierno japonés a fin de que éste reconozca el tormento que vivieron y las indemnice por el mismo. Tal como indica el informe de Freedom House, en 2007 el Congreso de Estados Unidos emitió una resolución en la que exhortó al gobierno del Japón a aceptar responsabilidad por la esclavitud sexual de las “mujeres de confort” y compensarlas por los daños. Sin embargo, los tribunales japoneses alegan que el asunto fue resuelto en tratados posteriores a la guerra.
Hoy día, la trata de niñas y mujeres continúa siendo un problema en Japón. Freedom House, refiriéndose a un informe de 2009 del Departamento de Estado estadounidense, señala que “Japón es primordialmente un país de destino para personas que son sometidas a trata con fines de trabajos forzados y explotación sexual”.
La sociedad japonesa – como cualquier otra – no es equitativa. Según el informe de Freedom House:
“Aunque la Constitución prohíbe la discriminación por motivos de raza, culto, sexo o condición social, ciertos grupos continúan enfrentando discriminación no oficial. Los tres millones de burakumines del Japón, que son descendientes de parias de la era feudal, y la minoría indígena ainu sufren una arraigada discriminación social que les impide tener acceso igualitario a vivienda y oportunidades laborales. Las personas extranjeras en general, y particularmente de Corea, sufren desventajas similares”.
Las mujeres japonesas son sujetas de los derechos humanos descritos en la Constitución del país y en los numerosos tratados de los cuales el Estado es parte. Aun así, interpretaciones culturales erróneas acerca de la posición de las mujeres en la sociedad son un obstáculo al disfrute de sus derechos. Siendo un miembro prominente de la comunidad mundial y de la influyente agrupación G8 de naciones ricas, así como donante importante para países pobres, Japón debería dar un mejor ejemplo defendiendo los derechos de las mujeres en su territorio, además de desmantelar los estereotipos de género.
El movimiento de mujeres en Japón, aun siendo relativamente pequeño, se beneficiaría de una mayor interacción con los movimientos mundiales de mujeres que han incidido en cambios positivos en tantos países del planeta.
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