La crisis del COVID-19 ha dejado al desnudo profundas desigualdades dentro y entre sociedades, causadas por opresiones entrecruzadas que preceden a la crisis. Las respuestas a la pandemia han demostrado la manera en que los fundamentalismos religiosos, nacionalistas y de mercado se consolidan y conspiran para expandir el poder y la influencia política, social y económica de los actores y las corporaciones antiderechos, a expensas de las personas más marginadas.
8 de marzo 2017
En todo el mundo, los actores antiderechos velozmente instrumentalizaron la crisis mediante:
- la despriorización de los servicios de salud sexual y reproductiva, definiéndolos como servicios no esenciales;
- el ataque contra las organizaciones feministas y los movimientos sociales y disidentes, aprobando legislaciones de amplio alcance para prohibir el aborto;
- la promoción de políticas que sostienen ideales patriarcales y heteronormativos de la unidad familiar; y
- la utilización de las personas LGBTIQ, inmigrantes, negras y marrones y de las minorías étnicas y religiosas como chivo expiatorio.
La pandemia del COVID-19 es también un crudo recordatorio de que el modelo económico dominante nos está fallando. Las respuestas gubernamentales revelaron que el statu quo privilegia el lucro por encima de la vida humana, y en particular de las vidas de las mujeres, de las personas pobres o de clase trabajadora, de las personas discapacitadas y de las del Sur Global. La producción de vacunas (bienes públicos globales) está siendo sujeta al chantaje de las grandes corporaciones farmacéuticas, con la ayuda de gobiernos económicamente poderosos que continúan defendiendo los derechos de propiedad intelectual y obstruyendo la producción masiva y la distribución de las vacunas para toda la población.
Desde el comienzo de la pandemia, los movimientos feministas y por la justicia de género han articulado principios y demandas clave para los planes de recuperación socioeconómica. Estos incluyen: invertir en infraestructura social y sistemas de cuidado; reconocer y proteger los derechos de quienes realizan trabajos esenciales, incluidxs lxs trabajadorxs migrantes e indocumentadxs; reestructurar los mercados laborales y las cadenas de suministro para abolir la explotación, el abuso y la discriminación; ubicar a los derechos humanos y la justicia climática en el centro de las políticas económicas; evitar a toda costa las políticas de austeridad; y más. Estos principios y demandas deben ser escuchados.
Demandas a los Estados:
- poner fin a la instrumentalización del COVID-19 para reprimir la autonomía corporal y justificar las violaciones a los derechos humanos;
- salvaguardar los derechos relacionados con el género y la sexualidad como universales e inalienables, indivisibles, e interrelacionados con todos los otros derechos;
- interactuar con organizaciones feministas y por la justicia de género locales, nacionales y regionales, y adherir a las demandas políticas y a las necesidades de recuperación socioeconómica que estas organizaciones están planteando, tales como el Manifiesto para una Recuperación Feminista;
- ratificar las convenciones C190 y C189 de la OIT;
- apoyar la exención de los ADPIC, y corregir las barreras estructurales establecidas por los regímenes de derechos de propiedad intelectual y las injustas reglamentaciones y penalidades que estos imponen sobre el acceso a los medicamentos, en especial a las vacunas.
Demandas al Consejo de Derechos Humanos:
- ocuparse en forma coordinada de la movilización antiderechos dentro del sistema internacional de derechos humanos, para ponerle fin;
- priorizar la participación significativa de los movimientos feministas y por la justicia social, y reinstaurar medidas concretas a este efecto.
Gracias.
Esta declaración fue presentada por AWID en el Debate anual de un día de duración sobre los derechos humanos de la mujer del Consejo de Derechos Humanos sobre «Recuperación socioeconómica con igualdad de género de la pandemia COVID-19».