NOTAS DE LOS VIERNES: El 13 de septiembre de 2011, el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR)[1] y la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP)[2] presentaron una queja ante la Corte Penal Internacional (CPI)[3] para que ésta investigue y procese al Papa, al Secretario de Estado del Vaticano y a dos Cardenales por violación, otras formas de violencia y tortura como crímenes de lesa humanidad.
Por Shareen Gokal, con base en entrevistas a Pam Spees (CCR) y Megan Peterson (SNAP)
Cuando Megan Peterson tenía 14 años estaba convencida de que su llamado en la vida era ser monja. Luego, en 2004, conoció al Rev. Palanivel Jeyapaul, un sacerdote visitante de la India, en la parroquia de ella, en la Diócesis de Crookston, Minnesota. Habiéndolo visto por primera vez en un retiro de jóvenes, Megan vaciló sólo un momento cuando él le preguntó sobre el libro que ella estaba leyendo y le ofreció prestarle uno suyo.
Jeyapaul le ofreció a Megan una silla en su oficina y se volteó para tomar el libro, pero lo que hizo fue bajarse la bragueta. Luego procedió a violarla. La violó en repetidas ocasiones durante casi un año, amenazando con lastimar a Megan y su familia si ella no cooperaba. Él usó contra la joven la religión que ella había llegado a amar, diciéndole que ésta era la voluntad de dios, que Megan debía arrepentirse de sus pecados y él tenía el poder de sanarla.
La experiencia de Megan es emblemática de tantos casos de abuso cometido por clérigos en todo el mundo – un abuso caracterizado por violencia, traición y daño perdurable.
Exigiendo justicia y rendición de cuentas a funcionarios eclesiales de alto nivel
Con un perpetrador tan poderoso como la Iglesia Católica, víctimas y sobrevivientes[4] de violación y abuso sexual han tenido pocas probabilidades de asegurar que funcionarios abusadores rindan cuentas y la institución prevenga mayores daños. Pero eso podría estar por cambiar.
La queja,[5] presentada el 13 de septiembre de 2011 por el CCR y SNAP, contiene 22,000 páginas de testimonios de apoyo, estudios de casos, deposiciones, cartas, declaraciones, fotografías, hallazgos de múltiples comisiones[6] e informes de grandes jurados y persigue establecer que la violencia sexual perpetrada en la Iglesia Católica es sistemática y generalizada. Según las pruebas disponibles en varios países, incluyendo Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Irlanda e Italia, se estima que entre 1981 y 2005 la cantidad de víctimas era de aproximadamente 100,000,[7] pero la cifra real podría ser muchísimo más alta a nivel mundial teniendo en cuenta los casos en África, América Latina y otras regiones.
El crimen individual de violación, incluso fuera del contexto de un conflicto armado, es admisible en la CPI si forma parte de la perpetración generalizada o sistemática de otros delitos, haciéndolo enjuiciable como crimen de lesa humanidad. Aunque la jurisdicción de la CPI sólo data del año 2002, cuando el Estatuto de Roma entró en vigor, la queja presentada a la CPI argumenta que los numerosos casos ocurridos antes de 2002 son vitales para establecer la “cultura de violación e impunidad” dentro de la Iglesia. Asimismo, los querellantes arguyen que los casos ocurridos en Estados Unidos u otros países que no han ratificado el Estatuto de Roma son admisibles como prueba porque establecen el carácter generalizado y sistemático de la violencia sexual dentro de la Iglesia.
Irónicamente, la propia naturaleza centralizada y jerárquica de la Iglesia Católica, utilizada tan eficazmente en el encubrimiento de violaciones sexuales, también constituye la evidencia más sólida de éstas. La queja establece que funcionarios de alto nivel del Vaticano sabían o debieron haber sabido de la brutalidad que estaba siendo perpetrada por sus miembros. Durante el periodo en que se identificó a más de 100,000 víctimas de abuso sexual, el actual Papa, Joseph Ratzinger, dirigió la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), entidad a la cual deben reportársele todas las violaciones sexuales dentro de la Iglesia.
Como Prefecto de la CDF, a Ratzinger se le acusa de haber ordenado, alentado, facilitado o de alguna otra manera instigado esas políticas y prácticas relacionadas con el encubrimiento de denuncias verosímiles de violencia sexual.[8] Estas prácticas incluyen obstrucción a la justicia, destrucción de pruebas, transferencia de sacerdotes abusadores a otras parroquias, negativa a cooperar con autoridades civiles, culpabilización de las víctimas, recompensas por encubrimientos y castigo a quienes denuncian estos hechos.
En la queja también se nombra al Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Tarcisio Bertone, quien dijo que los obispos no deberían ser obligados a denunciar a sacerdotes abusadores ante las autoridades civiles: “[La sociedad civil] debe... respetar el ‘secreto profesional’ de los sacerdotes... Si un sacerdote no puede confiar en su obispo por temor a ser denunciado, entonces esto significaría que ya no existe libertad de conciencia”.[9]
Las pruebas incluyen correspondencia durante muchos años, por y al entonces Cardenal Ratzinger y a Bertone, en la cual a obispos que pretendían sacar o apartar del sacerdocio a curas abusadores se les negó repetidamente la autorización para hacerlo, a pesar de evidencias contundentes y, en un caso, del ritual de abuso de un sacerdote que fue descrito como de “calidad satánica”.[10]
El Cardenal Angelo Sodano también es nombrado en la queja por su papel instrumental para evitar rendición de cuentas en uno de los casos más “notorios” de violencia sexual cometida por el sacerdote Marcial Maciel Degollado. Maciel, fundador de la orden religiosa Legión de Cristo, había sido denunciado ante el Papa Juan Pablo II por violación y violencia sexual contra miembros de la orden a partir de 1989. El Vaticano no actuó en absoluto respecto a Maciel, quien luego engendró varios hijos con mujeres a quienes conoció usando una identidad falsa. Uno de estos hijos ha denunciado que Maciel lo violó también a él. Los procedimientos canónicos iniciaron sólo después de que el escándalo empezó a salir más a la luz pública en 2004, pero fueron detenidos por Sodano con la aprobación del Papa Juan Pablo II.[11]
Abusos y encubrimientos generalizados y sistémicos
Entre los hallazgos incluidos en la queja están los dados a conocer por un Gran Jurado en 2011, que investigó a la Arquidiócesis de Filadelfia y documentó centenares de casos de abuso sexual contra niñas y niños por al menos 63 sacerdotes.[12] Pese a que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos adoptó en 2002 la llamada “política de tolerancia cero”[13] frente al abuso sexual, se descubrió que 37 curas acusados de violencia sexual verosímil estaban fungiendo activamente en la Arquidiócesis de Filadelfia en 2011.[14] Un sacerdote fue transferido tantas veces que, según los registros de la propia Arquidiócesis, a ésta “se le estaban acabando los lugares a los cuales enviarlo donde no fuera ya conocido”.[15]
En la Arquidiócesis de Boston, una investigación realizada durante 18 meses por la Fiscalía General de Massachusetts reveló que 250 sacerdotes y trabajadores de la Iglesia estaban siendo acusados de violencia sexual contra menores de edad “tan masiva y prolongada que raya en lo increíble”. Al igual que lo hicieron las demás Comisiones, el Informe sobre Boston concluyó que “quizás lo más trágico sea que una gran parte del daño pudo haber sido prevenida”.[16] Sin embargo, nada se hizo a pesar de que los funcionarios eclesiales de más alto nivel tenían conocimiento de estos delitos.
Una investigación interdiocesana en Alemania reveló que “hubo destrucción de documentos en una medida considerable”. Un ex arzobispo en Estados Unidos atestiguó que “rutinariamente había triturado documentos” que contenían acusaciones de abuso sexual, mientras que un obispo fue grabado cuando les aconsejaba a abogados de la Iglesia usar canales diplomáticos protegidos para comunicarse sobre asuntos de violencia sexual.
En 2001, el Obispo francés Pierre Pican fue sentenciado a tres meses de cárcel pues no denunció las violaciones y otros actos de violencia sexual por un sacerdote de su diócesis contra diez niños. Después, Pican recibió una carta del Cardenal Darío Castrillón Hoyos, con la aprobación del entonces Cardenal Ratzinger y del Papa Juan Pablo II, en la cual le decía: “Lo has hecho bien y estoy encantado de tener un compañero en el Episcopado que, a los ojos de la historia y de todos los obispos del mundo, habría preferido la cárcel antes que denunciar a su hijo sacerdote”.[17]
Entre los casos individuales presentados a la CPI está el de Rita Milla, quien a los 16 años fue abusada sexualmente por el sacerdote Santiago Tamayo en la Iglesia de Santa Filomena en Carson, California. La agresión sexual aumentó en los siguientes cinco años y Rita fue violada en repetidas ocasiones por siete curas. Quedó embarazada y, pese a la insistencia del sacerdote, se negó a abortar. Tamayo, cuyo hermano tenía una clínica en Filipinas, la envió a ésta, donde fue descuidada y pasó hambre hasta que cayó en coma y dio a luz a su hija en estas condiciones.[18]
La madre de Rita finalmente la localizó y la regresó a California para que se recuperara. Aunque Rita denunció el abuso ante la Arquidiócesis, luego de un año ésta le informó que nada podía hacerse. En 1984 presentó una demanda contra la Arquidiócesis de Los Ángeles, pero los siete sacerdotes acusados habían desaparecido y, cuando el caso finalmente llegó a la Corte de Apelaciones, el estatuto de limitaciones había expirado. En marzo de 1991, Tamayo regresó a California, confesó, pidió perdón a Rita y le mostró cartas que daban pruebas de que la Arquidiócesis de Los Ángeles le había estado pagando a él para que permaneciera en Filipinas a fin de evitar un escándalo o acción legal.
Tamayo ya falleció, y fue separado del sacerdocio no por sus crímenes contra Rita sino por haber contraído matrimonio. Una prueba de paternidad ordenada por un tribunal confirmó que otro sacerdote de la Diócesis, Valentine Tugade, era el padre de la hija de Rita. A la pregunta de un periodista, Tugade respondió: “Sí la recuerdo. ... tuvimos relaciones sexuales con ella, muchos de nosotros”, pero luego agregó, “ella lo deseaba, así que no tengo que disculparme con ella. Me arrepentí hace mucho tiempo”.[19]
En el caso de Megan Peterson,[20] mencionado al principio de este artículo, un fiscal presentó cargos contra el Rev. Palanivel Jeyapaul y obtuvo una orden de extradición, así como una ‘alerta roja’ de Interpol. Jeyapaul continúa trabajando en iglesias de la India aunque el Vaticano tiene pleno conocimiento de que fue acusado de violación. El testimonio de Megan es parte de las pruebas presentadas a la CPI contra William Levada, sucesor de Ratzinger como Prefecto de la CDF, por no haber actuado para asegurar la extradición de Jeyapaul y su cooperación con la investigación, además del papel que jugó en facilitar violaciones adicionales.
Encarando la impunidad
Según Pam Spees, la abogada del CCR que llevó el caso ante la CPI, ningún sistema nacional ha sido capaz o ha estado dispuesto a procesar a funcionarios de alto nivel del Vaticano por su responsabilidad directa o ‘de mando’ en estos crímenes. Incluso cuando sí hay procesamiento judicial en un país, casi siempre se aborda sólo el caso individual y no los soportes sistémicos más grandes de tales crímenes.
La presencia global y el estatus seudo-soberano de la Iglesia, su uso de canales diplomáticos y su insistencia en el secretismo (el cual hace valer amenazando con la excomunión) significan que ha continuado evadiendo la rendición de cuentas en jurisdicciones nacionales de todo el mundo. Mientras tanto, el Fiscal de la CPI debe decidir si la queja presentada corresponde a la jurisdicción y alcance de la Corte y si ésta tendrá la voluntad política para enfrentarse a la “representante de Dios en la Tierra” por estos atroces crímenes.
Actúa:
Las organizaciones de la sociedad civil pueden identificar y llegar a sobrevivientes y organizaciones de estas personas para brindarles apoyo. A veces, además del trauma que las y los sobrevivientes sufren, también enfrentan un gran riesgo físico, psicológico y emocional si llegan a pronunciarse. Si conoces a sobrevivientes que quieran encontrar a otras personas sobrevivientes, puedes ponerles en contacto con SNAP a través de www.snapnetwork.org/contact. Quienes hablan sólo español pueden visitar www.snapnetwork.org/mexico.
Si sabes de otras personas que tienen información o pruebas que deseen compartir en relación con el caso, por favor contacta al CCR (http://ccrjustice.org/contact) o comunícate directamente con la CPI (www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Contact). Cuantos más casos sean presentados a la CPI, mayor será la probabilidad de que ésta decida escuchar una queja contra el Vaticano.
Exige cuentas a tu gobierno por sus obligaciones de respetar, proteger y realizar nuestros derechos humanos asegurando que los funcionarios eclesiales a cualquier nivel sean sujetos de las mismas leyes que se aplican a todas las personas, en vez de estar por encima de éstas. El gobierno debería estar investigando y procesando no sólo a los perpetradores directos de violación y otros tipos de violencia sexual, sino también a los funcionarios de mayor nivel que permiten la permanencia de los primeros o incluso los transfieren a otros lugares sabiendo que cometieron un delito y volverán a hacerlo.
De igual forma, exige a los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos que cumplan su promesa y sus mandatos de garantizar la rendición de cuentas. La Iglesia Católica quiere ser tratada como un Estado cuando ello conviene a los intereses del Vaticano, pero luego se oculta tras el velo de la autoridad religiosa cuando no le conviene. La Iglesia debe aceptar las consecuencias y repercusiones de los actos cometidos por todos sus miembros.
Fuente: Notas de los Viernes de AWID, 9 de diciembre de 2011. Traducción del inglés: Laura E. Asturias. Título original: ‘Bringing the Pope to account for widespread and systematic crimes against humanity’.
[1] El Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) se dedica a promover y proteger los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos de América y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fundado en 1966 por abogados que representaban a movimientos por los derechos civiles en el sur estadounidense, el CCR es una organización legal y educativa sin fines de lucro comprometida a hacer un uso creativo de la ley como fuerza positiva para el cambio social.
[2] Fundada en 1988 en Chicago, Estados Unidos, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP) es el grupo de apoyo más grande, más antiguo y más activo para mujeres y hombres que han sufrido daños a manos de figuras religiosas de autoridad. Tiene sucursales en Australia, Canadá, Europa y México.
[3] CCR (Centro para los Derechos Constitucionales), “Victim’s Communication Pursuant to Article 15 of the Rome Statute Requesting Investigation and Prosecution of High-level Vatican Officials for Rape and Other Forms of Sexual Violence as Crimes Against Humanity and Torture as a Crime Against Humanity” [Comunicación de víctima conforme al Artículo 15 del Estatuto de Roma, solicitando investigación y procesamiento de funcionarios de alto nivel del Vaticano por violación y otras formas de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad y tortura como crimen de lesa humanidad], Expediente CPI No. OTP-CR-159/11, presentado en nombre de SNAP y de víctimas/sobrevivientes individuales, 13 de septiembre de 2011.
[4] Aunque el término “sobreviviente” es apropiado para reconocer, afirmar y empoderar a quienes han sufrido violencia, también es importante reconocer que las pruebas recolectadas evidencian que muchas personas no han sobrevivido a sus terribles experiencias. El caso presentado a la CPI documenta casos trágicos de suicidio, intento de suicidio y daños perdurables (CCR, “Victim’s Communication...”, págs. 4-5).
[5] Ver: Gray-Block, Aaron, ‘Víctimas abusos piden que CPI investigue al Papa’, Reuters, 13 de septiembre de 2011.
[6] Las Comisiones Hughes, Winter, Ferns, Ryan, Murphy y Cloyne, y los Informes sobre Westchester, Suffolk y New Hampshire.
[7] CCR, “Victim’s Communication...”, pág. 6.
[8] Ibíd., pág. 56.
[9] Ibíd., pág. 37.
[10] Ibíd., pág. 46.
[11] Ibíd., pág. 47.
[12] El registro de los incidentes documentados en el testimonio es impresionante. Los casos incluyen el de una niña de 11 años a quien un sacerdote violó, embarazó y luego la llevó a tener un aborto. Otra niña fue abusada sexualmente cuando estaba inmovilizada en la cama de un hospital. Una víctima fue violada a la edad de 12 años, tras lo cual intentó suicidarse y ahora, como adulta, permanece institucionalizada en un hospital mental. Un padre golpeó a su hijo hasta dejarlo inconsciente pues el niño se había quejado de que su hermano estaba siendo abusado por un sacerdote.
[13] Del Pino, Javier, ‘Los curas de EE UU serán perdonados si “sólo” abusaron una vez de un menor – La propuesta obispal limita la expulsión automática a los casos futuros’, Diario El País, 5 de junio de 2002.
[14] Ver: ‘La Arquidiócesis de Filadelfia reveló los nombres de sacerdotes en escándalo de abuso’, La Mujer de Púrpura, 11 de marzo de 2011.
[15] CCR, “Victim’s Communication...”, pág. 25.
[16] Ibíd., pág. 21.
[17] Ibíd., págs. 37-38. Ver también: BBC Mundo, ‘Carta del Vaticano “muestra encubrimientos de abuso”’, 16 de abril de 2010.
[18] Ver testimonio de Rita Milla en: Hernández, María Camila, ‘Grupo busca juzgar al Papa en la CPI por abusos sexuales de sacerdotes’, El Tiempo, 17 de septiembre de 2011. Ver también: Del Pino, Javier, ‘Entrevista: Rita Milla, víctima de abusos sexuales: “Siete sacerdotes abusaron de mí hasta que me quedé embarazada”’, Diario El País, 18 de julio de 2007; y EFE, ‘Una mujer violada por siete curas es compensada con medio millón de dólares’, 5 de diciembre de 2007.
[19] CCR, “Victim’s Communication...”, págs. 42-43.
[20] Ver más detalles de este caso en: ‘Demanda a arquidiócesis de Minnesota – Rev. Palanivel Jeyapaul, abusador de menores’, ProtegeATusHijos.org, 2 de julio de 2009.