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El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU ha sido durante mucho tiempo un espacio para que la sociedad civil exija responsabilidades a los Estados por las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha convertido en un terreno fértil para una serie de intereses creados que pretenden hacer retroceder los derechos, en especial en materia de género y sexualidad. En la última sesión, celebrada el mes pasado, fuimos testigos de cómo algunos Estados se plegaban a las prioridades de las empresas multinacionales y otros impulsaban un lenguaje contra los derechos.
En el reciente 50º período de sesiones del CDH, dos resoluciones que se estaban debatiendo preocupaban especialmente a las feministas: la participación y el activismo político de las mujeres jóvenes y las niñas y el acceso a los medicamentos, las vacunas y otros productos de salud. Estas cuestiones no están separadas; sin el acceso a los medicamentos y las vacunas, las mujeres jóvenes y las niñas no pueden participar en la vida política, y viceversa, como lo demuestra el impacto desproporcionado de la desigualdad mundial en materia de vacunas sobre las mujeres del Sur Global.
Sin embargo, a puerta cerrada en el Palacio de las Naciones de Ginebra, descubrimos que los diplomáticos discutían estos dos temas como si no tuvieran ninguna relación entre sí.
En una sala, representantes de la UE, Canadá y Nueva Zelanda se enfrentaron a Egipto, Rusia y Pakistán. El primer grupo defendía un lenguaje progresista en materia de género y sexualidad, mientras que el segundo presionaba para que se utilizara un lenguaje antiderechos. Ambas partes se negaron a ceder.
En otra sala, donde se discutía la salud y el acceso a los medicamentos, esos mismos Estados que defendían un lenguaje progresista en materia de género y sexualidad bloquearon los esfuerzos para abordar la desigualdad mundial en materia de vacunas que salvaría innumerables vidas.
La disonancia de estas escenas era imposible de ignorar.
Ataques a la justicia de género: Colaboración entre Estados conservadores y organizaciones antiderechos
Los Estados con posiciones conservadoras en materia de derechos de la mujer, como Egipto, Bahréin, Nigeria, Rusia y Pakistán, presentaron argumentos y enmiendas a la resolución que eran claros intentos de diluir los derechos relacionados con el género y la sexualidad, y utilizaron argumentos y tácticas antiderechos demasiado conocidos.
A lo largo de las negociaciones, estos Estados utilizaron de manera indebida el concepto de “evolución de las capacidades del niño” e insistieron en que la participación política de las mujeres jóvenes y las niñas debe estar sujeta a la "orientación de los padres". Esta narrativa forma parte de un esfuerzo sistemático y cínico por crear una nueva y falsa categoría de "derechos parentales". Los "derechos parentales" son, de hecho, un código para conceder a los padres más poder para restringir los derechos y la autonomía de los menores, oponerse a la educación basada en los derechos y pasar por alto la violencia de género dentro de las familias. Los conservadores también invocaron el pánico moral para oponerse a la inclusión de la Educación Sexual Integral (ESI) en el texto de la resolución.
Pero los Estados no lo hacen solos. El informe Derechos en riesgo: Hora de Actuar puso de manifiesto la profunda colaboración entre los Estados y las organizaciones antiderechos para consolidar las políticas discriminatorias en la ONU.
La Alliance Defending Freedom, con sede en Estados Unidos, estuvo especialmente activa durante la sesión. La ADF, una organización de defensa legal cristiana designada como grupo de odio por el Southern Poverty Law Center, fue vista supuestamente presionando a diplomáticos que representaban a Egipto y Pakistán. La ADF es conocida por presionar y apoyar a las delegaciones que adoptan posiciones particularmente conservadoras de restricción de derechos en diversas negociaciones. En pasadas sesiones del Consejo, las feministas han denunciado que Estados como Pakistán y Bangladesh han imitado los argumentos antiabortistas de la ADF.
La ADF fue un actor clave en el impulso para anular el caso Roe c. Wade en Estados Unidos y está replicando activamente su estrategia de defensa legal a nivel mundial. OpenDemocracy ha revelado que el grupo ha gastado al menos 21,3 millones de dólares en los cinco continentes desde 2008. Con el estatus de ECOSOC, que permite la participación en la ONU, y con personal fijo que trabaja en el CDH y en otros organismos multilaterales, la ADF también tiene un importante acceso a diplomáticos y funcionarios. Con la influencia de grupos antiderechos como la ADF en el Consejo, las feministas han dado la alarma de que los Estados conservadores son cada vez más audaces en sus ataques contra la justicia de género.
La justicia de las vacunas es una cuestión feminista
Estados como Canadá, el Reino Unido y la UE, que apoyaban firmemente la ESI y el derecho de las mujeres jóvenes y las niñas a la participación política, cambiaron de tono en otra sala en la que se negociaba el acceso a las vacunas y los medicamentos. Estos "campeones del género" rechazaron de manera sistemática los intentos de reconocer "el acceso a los medicamentos como un bien público mundial" y negaron cualquier obligación de los Estados de abordar la desigualdad entre países.
Mientras tanto, en otro ámbito, se celebraba la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio para ultimar el texto final de la exención de los ADPIC (Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). La exención de los ADPIC relajaría las normas de propiedad intelectual de la OMC y permitiría aumentar la producción y distribución de las vacunas y tratamientos contra la covid-19.
Sin embargo, la UE bloqueó cualquier cosa que se pareciera a una exención significativa en materia de propiedad intelectual, necesaria para garantizar que el resto del mundo tenga acceso al tratamiento. Estados Unidos, que antes apoyó una exención limitada, guardó silencio. El resultado fue la aprobación de lo que la Relatora Especial de la ONU sobre discriminación racial ha denominado "apartheid de las vacunas".
A lo largo de la pandemia, grupos como Feminists for a People's Vaccine han puesto de relieve cómo la asequibilidad y la disponibilidad de las vacunas están en manos de los Estados de altos ingresos y las empresas farmacéuticas. Suiza, que presidió las negociaciones sobre un texto relacionado con la violencia contra las mujeres y las niñas, habría destruido más de 600 000 dosis de vacunas contra la covid-19 acaparadas la semana anterior al inicio de la sesión del CDH.
Al dar prioridad a los monopolios de las corporaciones en lo que respecta a las vacunas, estos estados del Norte mostraron poca consideración por el inmenso y desproporcionado impacto al que se enfrentan las mujeres del Sur Global, las minorías raciales, las mujeres negras y las mujeres indígenas. Son estas mujeres las que se llevan la peor parte de las políticas que limitan el acceso generalizado a las vacunas.
¿Qué pasa después?
¿Cómo pueden los Estados, por un lado, afirmar un compromiso con la justicia de género y, por otro, bloquear cualquier intento de acceso a las vacunas para todos? Los Estados tratan de manera conveniente la participación política de las mujeres y la desigualdad global en materia de vacunas como cuestiones separadas, pero la realidad es que no se experimentan ni se viven por separado. Todas las formas de opresión deben abordarse como si estuvieran interconectadas, y hay que desafiar la influencia de todos los actores que se oponen a los derechos en la ONU, ya sean grupos fundamentalistas religiosos y agendas estatales nacionalistas o intereses corporativos.
Lo que resulta aterrador es que el espacio creado para responsabilizar a los Estados de las violaciones de los derechos humanos está cada vez más cooptado por los Estados y los actores antiderechos para servir a estos intereses creados, empeñados en erradicar la igualdad de derechos. Aunque las amenazas a las agendas feministas son muchas, las activistas feministas deben y seguirán luchando.
Nota: Este artículo fue escrito con el apoyo de la investigación de Isabel Marler y Anissa Daboussi, del equipo de promoción de los derechos universales y la justicia de AWID.
Este artículo se publicó originalmente el 16 de Agosto de 2022 en OpenGlobalRights.