En el Día de los Derechos Humanos 2020 queremos que el sistema de derechos humanos de la ONU sobreviva a la COVID-19

Los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas (Relatorxs Especiales y Grupos de Trabajo) desempeñan un papel fundamental para afirmar y fortalecer estándares y normas de derechos humanos dentro del sistema de la ONU. Pero en este momento crítico están siendo atacadxs por actores estatales y no estatales que quieren deslegitimar los derechos a la autonomía corporal y a la salud sexual y reproductiva, así como la universalidad de los derechos, y desfinanciar el sistema internacional de derechos humanos con su capacidad de exigir que los estados se hagan responsables de las violaciones a los derechos humanos.

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La pandemia del COVID-19 con sus efectos económicos y sociales ha puesto en evidencia que las estructuras políticas, económicas y legales existentes han dejado completamente de lado a las personas más vulnerables y marginalizadas de nuestras sociedades. Esto incluye a las personas que se enfrentan a discriminación y marginación por su género y su sexualidad. Mediante consultas sustantivas con movimientos feministas, LGBTIQ, y otros actores de derechos humanos y justicia social, los Procedimientos Especiales han llamado una y otra vez a los estados a defender los derechos relacionados con el género y la sexualidad desde una perspectiva sistémica e interseccional que tenga en cuenta las causas estructurales de la discriminación.

En estos últimos años lxs actores antiderechos han incrementado su presencia en el sistema internacional de derechos humanos con una intensidad sin precedentes.

Participan activamente en los procesos y al mismo tiempo se movilizan en la periferia del sistema.  Este fenómeno está íntimamente ligado al modelo político-económico global dominante, que se caracteriza por una intensificación de las desigualdades económicas; el auge de líderes políticos autoritarxs, nacionalistas y xenofóbicxs en el poder; y la aplanadora del complejo militar-industrial que avanza sin freno alguno. 

Lxs titulares de los Procedimientos Especiales son objeto de ataque permanente por parte de actores antiderechos y reaccionarios.

Estos ataques afectan la capacidad de los Procedimientos Especiales de llevar adelante sus mandatos con la mayor eficacia posible y amenazan su existencia misma.

• Lxs actores antiderechos presentan interpretaciones autorizadas de los órganos de tratados y los Procedimientos Especiales de la ONU sobre derechos relacionados con el género y la sexualidad como “creación de nuevos derechos”. Pero no se trata de “nuevos derechos” y tampoco de derechos que respondan a “intereses especiales”. Son intereses válidos de derechos humanos que surgen de personas cuyas vidas o necesidades muchas veces son ignoradas, y han sido reafirmados y defendidos en forma consistente por sistemas globales, regionales y nacionales de derechos humanos.
• En repetidas ocasiones hemos presenciado cómo actores antiderechos y reaccionarios intentan deslegitimar a lxs titulares de los Procedimientos Especiales acusándolxs de ser parciales o afirmando que su trabajo es ultra vires o una duplicación del trabajo de otros organismos de la ONU. Estos argumentos permiten que los estados continúen perpetrando violaciones a los derechos humanos con impunidad y además las defiendan, invocando supuestas falencias en el mecanismo encargado de revisar sus acciones.

Si bien algunas de estas estrategias tienen por objeto anular los avances logrados en cuanto a derechos relacionados con el género y la sexualidad, también debemos nombrar a estos intentos por debilitar a los Procedimientos Especiales como lo que son: piezas de un ataque más extendido y sistemático contra el contenido y la estructura misma de los conceptos, instituciones y protecciones de derechos humanos para desmantelar la responsabilidad estatal frente a los abusos a los derechos humanos.

El financiamiento es otro desafío importante que enfrentan lxs Procedimientos Especiales. En septiembre de 2020, su Comité de Coordinación subrayó la preocupación acerca del impacto de la crisis de financiamiento que atraviesa la ONU sobre el funcionamiento del sistema de expertxs independientes. Lxs titulares de los Procedimientos Especiales trabajan sin remuneración, cuentan con mucho menos personal y apoyo general del que necesitan y todo esto lxs deja más expuestxs a los ataques de actores antiderechos que quieren desfinanciar los sistemas de derechos humanos de la ONU.

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Firman la declaración:

• Integrantes del Grupo de Trabajo OURs 
• AWID
• CRR 
• ISHR

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Por qué son importantes los Procedimientos Especiales de la ONU y por qué deberíamos apoyar sus mandatos

• Los Procedimientos Especiales de la ONU desempeñan un papel importante en cuanto a afirmar y fortalecer los estándares y normas de derechos humanos, como parte del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU). Mediante consultas sustantivas con movimientos feministas, LGBTIQ, y otros actores de derechos humanos y justicia social, los Procedimientos Especiales de la ONU han expuesto y subrayado tendencias sistemáticas que afectan derechos relacionados con el género y la sexualidad en todo el mundo. También han formulado recomendaciones concretas a los estados y a actores clave con respecto a sus obligaciones de respetar, promover, proteger y cumplir con los derechos humanos. Como expertxs independientes cuya función es presentar informes y monitorear la situación de derechos humanos en áreas temáticas y países específicos, los Procedimientos Especiales contribuyen a garantizar la rendición de cuentas cuando se producen violaciones a los derechos humanos a nivel global y nacional.

Aportes de lxs titulares de mandatos de la ONU para lograr avances en derechos relacionados con género y sexualidad

• La pandemia del COVID-19 con sus efectos económicos y sociales ha puesto en evidencia que las estructuras políticas, económicas y legales existentes han dejado completamente de lado a las personas más vulnerables y marginalizadas de nuestras sociedades. Esto incluye a las personas que se enfrentan a discriminación y marginación por su género y su sexualidad. Los Procedimientos Especiales han llamado una y otra vez a los estados a defender los derechos relacionados con el género y la sexualidad desde una perspectiva sistémica e interseccional que tenga en cuenta las causas estructurales de la discriminación.

• En forma consistente, el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental así como el Grupo de Trabajo contra la discriminación hacia mujeres y niñas han exhortado a los estados a tener en cuenta la naturaleza y el impacto de la discriminación por género, situación socioeconómica, estatus de minoría y estatus étnico, religión, raza, orientación sexual, identidad y expresión de género, discapacidad, ocupación, etc. sobre los colectivos marginalizados como un obstáculo para que puedan disfrutar plenamente de su salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR), lo que incluye el acceso a servicios, insumos e instituciones de SDSR.

• Los Procedimientos Especiales también han destacado la necesidad de adoptar un enfoque de derechos humanos para responder al impacto de los fascismos, los fundamentalismos y el neoliberalismo sobre los derechos relacionados con el género y la sexualidad. En su informe de 2020, el Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias llamó a los Estados a contrarrestar los intentos por parte de actores antiderechos de apropiarse del concepto de libertad de religión, utilizándolo para justificar violaciones a los derechos relacionados con el género y la sexualidad. En su informe 2018, la Relatora Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia exhortó a los estados a rechazar activamente el fortalecimiento del patriarcado y de la heteronormatividad mediante leyes que, invocando valores nacionales o tradicionales, socavaban la autonomía de las mujeres y de las minorías de género y sexuales.

Ataques sistemáticos contra titulares de Procedimientos Especiales

• En estos últimos años lxs actores antiderechos han incrementado su presencia en el sistema internacional de derechos humanos con una intensidad sin precedentes. Participan activamente en los procesos y al mismo tiempo se movilizan en la periferia del sistema. Resulta fundamental destacar que este fenómeno está íntimamente ligado al modelo político-económico global dominante, que se caracteriza por una intensificación de las desigualdades económicas; el auge de líderes políticos autoritarxs, nacionalistas y xenofóbicxs en el poder; y la aplanadora del complejo militar-industrial que avanza sin freno alguno. Todos estos factores habilitan a los movimientos antiderechos a actuar en espacios políticos internacionales con un renovado impacto.

• Lxs titulares de los Procedimientos Especiales son objeto de ataque permanente por parte de actores antiderechos y reaccionarios cuya táctica es distorsionar y manipular los conceptos de los derechos fundamentales y el alcance de la rendición de cuentas que pueden exigir los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Estos ataques afectan la capacidad de los Procedimientos Especiales de llevar adelante sus mandatos con la mayor eficacia posible. También tienen como objetivo poner en riesgo la propia existencia de los mandatos: muchxs actores antiderechos cuestionan la existencia de los mandatos y los avances producto de su labor.

• Lxs actores antiderechos presentan interpretaciones autorizadas de los órganos de tratados y los Procedimientos Especiales de la ONU sobre derechos relacionados con el género y la sexualidad como “creación de nuevos derechos”. Mediante la difusión de lecturas distorsionadas de los estándares de derechos humanos, lxs actores antiderechos y los estados reaccionarios muchas veces buscan invalidar por completo la tarea de lxs titulares de los Procedimientos Especiales y el trabajo de otrxs expertxs independientes dentro del sistema de la ONU. Esta táctica ignora la realidad acerca de cómo se crean y se interpretan las normas internacionales de derechos humanos, invalida preocupaciones que son centrales a los derechos humanos y emplea análisis sesgados: no se trata de “nuevos derechos” y tampoco de derechos que respondan a “intereses especiales”. Son intereses válidos de derechos humanos que surgen de personas cuyas vidas o necesidades muchas veces son ignoradas, y han sido reafirmados y defendidos en forma consistente por sistemas globales, regionales y nacionales de derechos humanos.

• Si bien algunas de estas estrategias tienen por objeto anular los avances logrados en cuanto a derechos relacionados con el género y la sexualidad, también debemos nombrar a estos intentos por debilitar a los Procedimientos Especiales como lo que son: piezas de un ataque más extendido y sistemático contra el contenido y la estructura misma de los conceptos, instituciones y protecciones de derechos humanos cuyo fin último es desmantelar la responsabilidad estatal frente a los abusos a los derechos humanos.

• En repetidas ocasiones hemos presenciado cómo actores antiderechos y reaccionarios intentan deslegitimar a lxs titulares de los Procedimientos Especiales acusándolxs de ser parciales o afirmando que su trabajo no es relevante para los derechos humanos a escala global. Hemos visto cómo actores antiderechos presionan contra la renovación de algunos mandatos o para que se reduzca significativamente su alcance, describiendo su tarea como ultra vires o una duplicación del trabajo de otros organismos de la ONU. En última instancia, estos argumentos permiten que los estados continúen perpetrando violaciones a los derechos humanos con impunidad y además las defiendan, invocando supuestas falencias en el mecanismo encargado de revisar sus acciones. Esta estrategia tiene consecuencias de muy largo alcance en cuanto a responsabilidad estatal. 
  (En 2015 y 2016 varios estados miembros tuvieron opiniones muy críticas acerca de informes temáticos de la Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres y del Grupo de Trabajo sobre discriminación hacia mujeres y niñas en las que afirmaron, por ejemplo, que los informes no tomaban suficientemente en cuenta las diferencias religiosas y culturales.)

• Al manipular el discurso relacionado con el género y la sexualidad para sus propios fines y recurrir a argumentos en defensa de la soberanía estatal para atacar a los Procedimientos Especiales, lxs actores antiderechos apuntan a un objetivo más amplio: desfinanciar el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas en su totalidad. Los mecanismos de derechos humanos de la ONU ya cuentan con menos presupuesto del necesario y solo se les asigna el 4% del presupuesto total de Naciones Unidas. En septiembre de 2020, el Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales subrayó su preocupación acerca del impacto de la crisis de financiamiento que atraviesa la ONU sobre el funcionamiento del sistema de expertxs independientes nombradxs por el Consejo de Derechos Humanos. Lxs titulares de los Procedimientos Especiales trabajan sin remuneración, cuentan con mucho menos personal y apoyo general del que necesitan y todo esto lxs deja más expuestxs a los ataques de actores antiderechos.

• Los feminismos y otros movimientos sociales hemos encarado diversas acciones para afirmar y reivindicar nuestros derechos, así como para hacer retroceder iniciativas hostiles que ponían en riesgo su protección. Continuamos apoyando los mandatos de los Procedimientos Especiales como un espacio para lograr avances en cuanto a normas y lenguaje de derechos humanos, incluyendo los derechos relacionados con el género y la sexualidad. Pero no podemos hacerlo en soledad, sin la voluntad política de quienes detentan el poder al interior de los distintos sistemas. La ONU debe reconocer y abordar de manera sustantiva el impacto de actores y discursos antiderechos que, por dentro y por fuera del sistema, buscan erosionar nuestros derechos fundamentales y el alcance de las responsabilidades estatales. Los Estados deben cumplir plenamente con sus compromisos financieros e internacionales en relación al presupuesto ordinario de la ONU. También deben garantizar un apoyo permanente para que existan Procedimientos Especiales fuertes y que cuenten con los recursos que necesitan, al mismo tiempo que llaman la atención a los actores antiderechos de todos los niveles por sus acciones.