NOTA DE LOS VIERNES: Mientras se conmemora el 28 de septiembre el Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, revisamos la situación en El Salvador, donde el aborto es ilegal y donde muchas mujeres permanecen encarcelados a causa de estas leyes.
Por Gabby De Cicco*
Según Sara García de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, las mujeres del país están luchando aún para que los Derechos sexuales y reproductivos (DDSSyRR) se reconozcan como Derecho Humanos, ya que hay leyes y políticas sobre el aborto que violan esos derechos. Sara nos cuenta sobre cómo afecta la prohibición total del aborto la vida de las mujeres y sobre las estrategias que las feministas utilizan allí para romper el silencio sobre este tema y ponerlo en las diferentes agendas.
AWID: ¿Puedes hablarnos sobre la actual legislación sobre el aborto en El Salvador?
Sara García (SG): En 1998, como resultado de presiones de grupos fundamentalistas relacionados con la jerarquía católica, con grupos de poder económico, político y mediático, entró en vigencia un Código Procesal Penal donde se penaliza todo tipo de aborto, incluso aquellas que antes sí se reconocían[1]. Un año más tarde cambia la Constitución de la República en la cual se reconoce la vida en el instante de la concepción. Esto con el afán de crear una especie de candado para que no existiesen políticas que permitieran a las mujeres decidir sobre su cuerpo.
AWID: ¿De qué manera esto afecta la vida de las mujeres?
SG: Esos cambios tuvieron distintas consecuencias. En un primer momento se generó un aparato de persecución, inquisidor, ya que la Fiscalía como la Policía tenían un mandato de perseguir el delito o cualquier sospecha de delito. Entonces si una mujer llegaba a un Hospital Público con un sangramiento, en ese momento ella perdía su presunción de inocencia y comenzaba a ser investigada. Entonces se genera esta lógica de que toda mujer con sangramiento ha abortado, por tanto debe ser investigada y luego procesada.
Lo que también se generó en ese momento fue silencio. Fue tan fuerte el temor que una de las interpretaciones que se hacía de la ley era que quienes hablaran sobre el aborto también serían penalizadas. Por eso parte de las organizaciones sociales, incluso las de mujeres se silenciaron, y esto generó que el tema de la despenalización del aborto pasara a un tercer o cuarto plano, y no tuvo ya apoyo social.
AWID: ¿De qué manera se han organizados las feministas y grupos de mujeres para resistir estos medidas restrictivas?
SG: Después del momento de silencio, nos pusimos a trabajar y se generó el movimiento “Solidarias por Karina”. Ella tuvo una emergencia obstétrica y al llegar al hospital la denunciaron asumiendo que había abortado en lugar de darle el tratamiento necesario por la hemorragia que estaba viviendo. En 2002 la condenaron a 30 años de presión. En 2009 el movimiento solidario se fortalece recibiendo apoyo de los movimientos sociales, el de mujeres y hasta nivel internacional. Se logró hacer un juicio para revisar la sentencia presentando los errores judiciales que hubieron en el proceso. Se hizo un paquete de nuevas pruebas, y sumada la presión social se logró demostrar su inocencia y que era injusto que esta mujer estuviera en la cárcel. Karina pasó sólo 7 años privada de libertad. Karina nos decía “allá adentro hay otras mujeres en prisión” y esto nos llevó a trabajar en otros casos. En ese contexto fue que se forma la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto, comprometidas a generar un espacio multidisciplinario, que permita quebrar el silencio generando diálogo, nombrando la realidad y haciendo visible las injusticias que está generando esta ley.
Hemos hecho talleres con periodistas para hablar del manejo idóneo de estos casos. Muchas veces la noticia periodística tiene características sensacionalistas, o posicionan a las mujeres que han sufrido un aborto como las malas madres, las sádicas. Entonces hemos tenido un trabajo con medios, con periodistas para brindar lenguaje, información sobre derechos humanos y de DDSSyRR. También lo hemos hecho con el gremio de Salud, porque sabemos que ahí hay una gran necesidad.
La Agrupación Ciudadana realizó una investigación en cada juzgado de Instrucción de Sentencia en todo el país, buscando relevar todos los casos de mujeres que habían sido denunciadas y procesadas por aborto o por homicidio agravado[2]. La investigación logró determinar que el 57% de las denuncias vienen de los hospitales públicos del país. La violación al secreto profesional se está dando y es por el mismo miedo que existe por esta legislación[3]. Es importante saber que existe ese miedo y trabajar en la sensibilización sobre el secreto profesional, la importancia de respetarlo, señalando que al no hacerlo la consecuencia es que las mujeres están en prisión. La investigación también logró determinar que las mujeres que viven en situación de pobreza, que han tenido una baja escolaridad y que son mujeres jóvenes, son la gran mayoría de las que están privadas de libertad.
AWID: ¿Puedes hablarnos del caso de las 17?
SG: Con los casos de Las 17 lo que buscábamos era generar un impacto a nivel mediático para que se conociera la temática de manera más contundente. Intercambiando con compañeras mexicanas de “Las Libres”, de Guajanato, que trabajan en los mismo que nosotras, intentando liberar a las mujeres, supimos que implementaron una estrategia en la que llevaron siete casos de mujeres de una sola vez y visibilizaron la injusticia de manera colectiva. La estrategia jurídica llevó a la exposición mediática, que llevó el caso a la opinión pública, y así reaccionaran distintos medios, instituciones y organizaciones sociales.
En base a esa experiencia, vimos que lo mismo se podía realizar utilizando una ley en la que existe la figura del indulto, que significa un perdón o extinción de la pena. En un principio a nosotras nos hacía un poco de ruido porque decíamos que el Estado debería pedirles perdón a ellas, el sistema de salud y el judicial son los que deben de pedir perdón.
El 1º de abril de 2014 se hizo una caravana que partió de la cárcel de mujeres rumbo a la Asamblea Legislativa y ahí entregamos las 17 solicitudes de indulto. Con Las 17 se logró encontrar un perfil común entre ellas. En primer lugar eran mujeres jóvenes, que fueron denunciadas en hospitales públicos, en algunos casos ni siquiera sabían que estaban embarazadas[4].
A nivel nacional hemos tenido un acercamiento con las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). En la comisión diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han escrito una carta en la que dicen que van a respaldar el indulto de Las 17, y David Morales de la PDDH ha tenido una postura bastante favorable, abrió un expediente específico por Las 17, y está haciendo un informe, amparado también en otro documento que ya tenía la PDEH, que demuestra la situación inhumana en que viven las mujeres injustamente privadas de libertad.
A nivel internacional se han generado espacios en redes sociales, en donde se invita a que las personas envíen mensajes de solidaridad, por Las 17, que nos envíen videos, y cartas tanto a la Asamblea Legislativa como a la Corte. Al día 1º de septiembre, ya hay 10 mil firmas.
Esa serie de acciones permitieron poner el tema en agenda, ese ha sido uno de los logros que perseguíamos nosotras, se está hablando de las consecuencias de la penalización del aborto desde los casos concretos, desde las vidas de las mujeres.
AWID: cuales son los pasos a seguir y si tienen pensado algo en particular para el 28 de septiembre?
SG: En cuanto a Las 17 seguimos con la campaña en redes, de recolección de firmas. Seguimos haciendo el acercamiento con legisladores/as, y con personas que están en estos puestos de decisión, pero también para este tenemos bastante actividad relacionada al 28 de septiembre. La Sec. Gral. de Amnistía Internacional nos visitará para presentar la Campaña “Mi cuerpo mi derecho”, y también para presentar un informe sobre la situación de los DDHH de las mujeres y la criminalización del aborto en el país. También se están organizando con el movimiento social y feminista una caravana para hacer visible la lucha por la despenalización del aborto en El Salvador, y en América Latina y el Caribe.
También nos visitará la Coordinadora del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, Luz Patricia Mejía. Con ella se va a posicionar y hacer visible la consecuencia de la penalización. También nos va a visitar Alda Facio. Con cada visitante se harán visitas a las cárceles de mujeres para poner en evidencia la consecuencia más clara que es la criminalización.
Con todo esto mantenemos esta lógica que llevamos a los medios: no es delito estar en contra de una ley que consideramos injusta, y si estamos en un país democrático y la ciudadanía cree que es injusta, no es delito decirlo ni hablarlo.
*La autora agradece a Daniela Fonkatz.
Lecturas adicionales:
- http://www.elfaro.net/es/201010/noticias/2756/
[1] El terapéutico, cuando la vida de la mujer está en riesgo; el ético, cuando la mujer tiene un embarazo fruto de violencia sexual y el eugenésico que es cuando la mujer está embarazada de un producto con anomalías incompatibles con la vida extrauterina.
[2] “Porque lo que sucede en estos caso es que en un primer momento a las mujeres se las denuncia por aborto, pero luego en el camino, en el proceso judicial, les cambian la figura del delito, a homicidio agravado”.
[3] “Lo pudimos ver claramente por el caso de Beatriz, que fue un caso que nosotras estuvimos acompañando también. Los médicos sabían que era necesario interrumpir ese embarazo, era un comité de 15 médicos que evaluó que habían que interrumpir el embarazo pero nadie lo hacía, porque tenían miedo de que los metieran presos. Por eso hasta la misma Beatriz le hablaban de la Fiscalía diciéndole que ella era la primera en ir a prisión”.
[4] “Teresa, una mujer de 28 años, trabajadora en una maquila, con un hijo de 9 años, y no sabía que estaba embarazada. Tuvo un desprendimiento y cae desmayada, la suegra la encuentra y la lleva al hospital. Allí le dicen usted abortó, dónde está el niño, y llamaron a la policía. Lo que encontramos en el expediente es que la “testiga” en su contra era la jefa de Recursos Humanos de la maquila donde ella trabajaba. Ella manifestó que en enero de ese año le había perdido permiso por un motivo de embarazo. Ese testimonio de la de Recursos Humanos es de una gran inconsistencia, porque el aborto ocurrió en noviembre, y de enero a noviembre son 11 meses, es algo imposible. Lo que pesó más que fuera una persona con ese nivel de calificación, ocupando un lugar de poder diera el testimonio. Cosas similares se repiten en los otros casos”.