Los Estados Unidos y sus tácticas para socavar el Consejo de Derechos Humanos
El Consejo de Derechos Humanos (HRC, por su sigla en Inglés) es el principal órgano «político» de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos; es decir, constituye el principal espacio donde los gobiernos discuten y negocian las cuestiones de derechos humanos, donde se interpelan unos a otros sobre sus respectivos contextos nacionales y buscan la rendición de cuentas mutua respecto de las violaciones a esos derechos. El Consejo se reúne unas cuantas veces al año, y en el período de sesiones de septiembre es importante volver a analizar algunos detalles de la reunión de junio para comprender mejor de qué manera ciertos Estados procuran evitar el escrutinio y debilitar la totalidad del sistema.
El Gobierno de los Estados Unidos renunció al Consejo cuando se iniciaba el período de sesiones de junio.
La Embajadora ante la ONU, Nikki Haley, se refirió al Consejo como una «cloaca» de parcialidades, como un órgano «hipócrita» y «egoísta». Afirmó que presta demasiada atención a Israel y descuida bastante el tema de Irán y –fundamentalmente– que son muy pocos los gobiernos que comparten las ideas de los Estados Unidos sobre la reforma de la ONU.
Para decir verdad, el Gobierno de los Estados Unidos desplegaba una serie de tácticas en perjuicio del sistema de los derechos humanos, que a la vez resguardaban al propio Gobierno de todo examen riguroso. No está solo en esta estrategia, ni el Consejo es el único sitio de "problemas", pero vale la pena examinar con más detenimiento sus esfuerzos recientes, ya que revelan estrategias estatales que tienen un posible impacto negativo.
Entonces, para que así conste, es necesario repasar primero algunas cosas.
El Consejo de Derechos Humanos es un «sitio» donde se abordan temas cruciales de derechos humanos, como el genocidio, las preocupaciones sobre las personas refugiadas y la tortura. Es además un sitio donde se llevan adelante y se promueven nuevos análisis sobre las cuestiones relativas a los derechos como, por ejemplo, la mortalidad materna, el acceso al aborto seguro, y los derechos de las personas LGBTI y las indígenas. En general es un lugar donde los gobiernos son los actores principales, pero donde la sociedad civil también desempeña un papel fundamental al demandar la rendición de cuentas y generando un análisis progresista (y en ocasiones feminista) de los derechos.
En respuesta a las acusaciones hechas por los Estados Unidos:
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Sí, el Consejo aborda las violaciones a los derechos humanos en Israel. Asimismo, aborda de manera oficial las violaciones cometidas en Irán, Siria, Burundi, Sudán del Sur, Corea del Norte y demás países cuyas políticas merecen algún tipo de escrutinio, incluidos los del Norte Global (los países mencionados se encuentran entre aquellos que son tema de los debates oficiales anuales).
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Las sugerencias de los Estados Unidos para la reforma de la ONU fueron en general rechazadas por otros gobiernos y ONGs; se consideró que podrían causar divisiones y, en algunos, socavaban la integridad del Consejo. La reforma de la ONU implica un arduo proceso; no es inusual que en 12 meses no se arribe a un acuerdo sobre alguna propuesta. Los Estados Unidos reclamaba acelerar los acuerdos.
En realidad, como demuestran su salida del acuerdo sobre el cambio climático y del acuerdo nuclear con Irán, la suspensión del financiamiento para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (por ejemplo) y su reciente embestida contra la Corte Penal Internacional, los Estados Unidos de Trump invierte en frustrar la gobernanza internacional y desviar el escrutinio de su propio historial interno de derechos humanos.
A título de ejemplo, cabe recordar que en el exacto momento en que los Estados Unidos se retiraba dramáticamente del Consejo, separaba a menores de sus padres y madres en la frontera sur. A la fecha, cientos de esxs menores no han retornado y las familias siguen detenidas sin ninguna razón. En su última alocución oficial ante el Consejo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de aquel momento, Zeid Ra’ad Al Hussein, aludió a esta situación como una forma de abuso infantil. Existen además buenos motivos para creer que esta política de separación de lxs menores al menos en determinadas circunstancias se ajusta a la definición de tortura empleada en el derecho internacional de derechos humanos.
Hay también gran cantidad de dinero involucrado en el proceso de separación de lxs menores.
Se han desviado millones de dólares del Gobierno federal hacia estados, ciudades y agencias privadas de los Estados Unidos como parte de una iniciativa a largo plazo para separar y detener familias. En el estado de Texas, por ejemplo, se han otorgado como mínimo 450 millones de dólares a las empresas y organizaciones que alojarán (mantendrán detenidas) y prestarán servicios (probablemente exiguos) a las personas que hayan cruzado recientemente la frontera de los Estados Unidos. También preocupa la corrupción y las organizaciones fundamentalistas cristianas que hacen de nexo, incluida una con evidentes vínculos con la Secretaria de Educación de los Estados Unidos, Betsy DeVos.
La privatización de las detenciones supone un esfuerzo por expulsar de los Estados Unidos la mayor cantidad posible de inmigrantes latinxs. Mientras tanto, la «prohibición de viajar» de los Estados Unidos, que restringe duramente la inmigración desde ciertos Estados con poblaciones predominantemente árabes y musulmanas, recibió el respaldo de la Corte Suprema esa misma semana. Y desde luego, esto coexiste con el racismo omnipresente contra la población negra en la política y la práctica estadounidense.
Detrás de escena: un desafío para las ONG
Durante la misma semana de la retirada de los Estados Unidos, de la publicación de un demoledor informe sobre la pobreza en el país y de la protesta pública contra la separación de menores de sus familias, el Gobierno estadounidense envió una carta [hyperlink] a aproximadamente 20 ONGs con una larga trayectoria en materia de derechos humanos y compromiso con la ONU donde condenaba abiertamente la falta de apoyo de estas a la política de reforma propuesta por los Estados Unidos.
En la carta se difamaba a organizaciones reconocidas, que trabajan por los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, junto a grupos abocados a los derechos de las mujeres, la salud y los derechos sexuales y reproductivos y las personas LGBTI (International Lesbian and Gay Association, OutRight International e International Women’s Health Coalition, entre otras). Se acusaba a estos grupos de ser en parte responsables de la decisión de los Estados Unidos de abandonar el Consejo y de haberse «alineado con China y Rusia» para frustrar la agenda estadounidense.
Como respuesta, los grupos aludidos optaron por no caer en la trampa.
Declinaron toda responsabilidad por la renuncia de los Estados Unidos y reafirmaron su compromiso con el sistema de derechos humanos. No obstante, la carta del Gobierno a las ONGs que trabajan por los derechos humanos significó un nuevo deterioro en la diplomacia de los Estados Unidos. Dejó al descubierto una nueva voluntad de desafiar y repudiar a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos y los derechos de las personas de grupos marginados en los espacios de la gobernanza internacional.
Al fin y al cabo, el Consejo no es el que se verá afectado por la dimisión de los Estados Unidos, sino que serán los derechos de las personas a las que el Consejo busca proteger. Si los países comienzan a alinearse para atacar al sistema mismo que se ha establecido para salvaguardar los derechos humanos, en última instancia, son las personas las que sufrirán como consecuencia de la falta de rendición de cuentas de los gobiernos.
Y mientras los gobiernos simplemente se aparten de los sistemas de gobernanza en lugar de comprometerse con ellos con buena voluntad, dichos sistemas podrían, en efecto, debilitarse. Las pérdidas, al menos como se desprende de los ejemplos anteriores, son vastas, estratégicas e intencionadas.
Cynthia Rothschild es una activista y consultora independiente especializada en derechos humanos, género y sexualidad.