Al concluir la 69ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69) en la Ciudad de Nueva York, el 21 de marzo de 2025, les feministas reflexionaron sobre el impacto que tuvieron los actores anti-derechos en los resultados de la sesión, en un contexto donde parecía haber disposición a sacrificar los objetivos de justicia de género.
Ya desde el principio, el escenario para el 30º aniversario de la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Beijing no auguraba nada bueno. Para empezar, Arabia Saudita estaba presidiendo la sesión; no era el mejor presagio para la esperada declaración política sobre igualdad de género. Países con historial anti-género tanto reciente como de larga data también formaban parte de la Comisión, incluida Argentina. Además, con un impacto más amplio tanto para la CSW69 como para el panorama global de derechos humanos, la administración Trump había anunciado en febrero una prohibición de visas para atletas transgénero que potencialmente podría extenderse a todas las personas trans y afectar la participación durante las dos semanas del evento. Durante su primer mandato, Trump había implementado una "prohibición a la inmigración de países musulmanes" que afectaba a quienes viajaban a Estados Unidos desde siete países de mayoría musulmana. La prohibición ha seguido afectando la capacidad de algunas personas viajeras para recibir visas estadounidenses, y desde entonces Trump ha amenazado con imponer una nueva versión amplia.
Todo esto se sumaba al desmantelamiento masivo de la asistencia exterior de Estados Unidos - seguido de cerca por anuncios de los Países Bajos, el Reino Unido y Francia que también estaban realizando profundos recortes en sus presupuestos de desarrollo - todo lo cual amenazaba la presencia de la sociedad civil en la CSW, particularmente desde el Sur Global, y en otros espacios multilaterales de cara al futuro.
A pesar de los esfuerzos en contra por parte de ciertos Estados Miembros, la declaración política de la CSW de este año fue adoptada por consenso, renovando los compromisos de los países con el innovador marco de la Declaración de Beijing de 1995 para la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Lamentablemente, en el momento geopolítico actual con el creciente autoritarismo global, las personas representantes de Estados Unidos y Argentina estaban bien coordinadas para plantear objeciones cada vez que se mencionaba la palabra género, entre otros términos relacionados con "diversidad, equidad e inclusión" (DEI). Esta retórica antigénero y anti-DEI también resonó con fuerza desde Estados Unidos en las semanas previas a la CSW durante las reuniones de juntas directivas de agencias de la ONU, incluida ONU Mujeres, que apoya la convocatoria de la CSW. Esta constante obstrucción hizo que actores como la Santa Sede y Rusia —que tradicionalmente se han manifestado enérgicamente en contra de cualquier lenguaje progresista relacionado con género y sexualidad durante las negociaciones— parecieran casi razonables durante las negociaciones. Mientras tanto, Arabia Saudita, a pesar de su propio historial en materia de derechos humanos, estaba empeñada en lograr que se adoptara una declaración política por consenso para que esto se reflejara positivamente en su presidencia.
Al final, no todo estaba perdido. El texto final incluyó la primera referencia a la violencia de género en una declaración política de la CSW, retuvo los logros previos sobre la inclusión LBTQI, así como el lenguaje sobre el reconocimiento, la representación, la reducción, la compensación y la redistribución del cuidado. Sin embargo, no debería sorprender que el documento final reflejara importantes pérdidas para el movimiento feminista. Lamentablemente, hay una total ausencia de lenguaje sobre salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR) y educación sexual integral, así como un lenguaje débil relacionado con el cambio climático. Algunos Estados Miembros de América Latina —exceptuando Argentina— y la Unión Europea, lucharon para mantener fuera del texto el término esencializante "maternidad", así como el lenguaje conservador en torno a "la familia".
Mientras que grupos anti-derechos, como el Centro para los Derechos Humanos y la Familia (C-Fam), se jactaban de la "indignación feminista" por la pérdida del lenguaje sobre SDSR y educación sexual, lamentaban a su vez el lenguaje que permaneció en el texto, como las referencias al "género" y las "formas interseccionales de discriminación". Esta última, según afirman, "a menudo se utiliza para introducir cuestiones de identidad de género y orientación sexual." Algunos grupos anti-derechos como Ordo Iuris de Polonia celebraron la presencia de una "coalición de organizaciones pro-vida" para impedir la inclusión de cualquier lenguaje sobre SDSR. C-Fam y sus aliados anti-género, tanto entre la sociedad civil como entre los Estados Miembros, incluido Estados Unidos, centraron sus esfuerzos en la CSW en la "protección" de las mujeres. En su visión del mundo, esto requiere promover ideologías anti-transgénero, anti-trabajo sexual, anti-aborto, anti-pornografía y anti-reproducción asistida.
En un giro interesante que refleja los debates globales más amplios sobre la "verdad" dentro de los Estados crecientemente autoritarios, los grupos anti-derechos cuestionaron en la CSW las definiciones de desinformación e información errónea, así como el papel de la inteligencia artificial. Sin embargo, gran parte de la ya conocida retórica de victimización fue reproducida nuevamente en esta CSW por estos grupos, así como su habitual apropiación del lenguaje de los derechos humanos. Por segundo año consecutivo, C-Fam organizó un evento paralelo a la CSW - la Conferencia sobre el Estado de la Mujer y la Familia, o CSWF - copatrocinada por la Fundación Heritage (famosa por el Proyecto 2025) y el grupo canadiense anti-aborto Campaign Life Coalition, entre otros, debido a su supuesta exclusión de la CSW. Predicando a su propio coro de activistas jóvenes de universidades cristianas estadounidenses y grupos anti-género, como Family Watch International, el evento de dos días no reveló mucha retórica nueva ni una participación particularmente alta.
Desafortunadamente, la misión de EE.UU. ante la ONU otorgó credibilidad al evento al copatrocinar una sesión de C-Fam y pronunciar comentarios "sobre el Asalto de la Ideología de Género a las Mujeres y la Familia." Además, tras la CSWF, sus participantes jóvenes anti-género dirigieron sus ataques a eventos progresistas, tanto los organizados por Estados Miembros como por la sociedad civil, intentando intimidar a panelistas y participantes con comentarios y preguntas anti-aborto al final de las sesiones. Hubo una marcada coordinación y un aumento en la consistencia respecto a 2024. Más que de costumbre, los grupos de oposición se centraron en un lenguaje de exclusión y en quejas de estar siendo sistemáticamente atacados por el movimiento feminista. Intentaron participar en eventos que eran solo con inscripción previa, y denunciaron una mayor exclusión de los debates, dando credibilidad a sus afirmaciones de exclusión.
Además, aunque se mencionó la Declaración de Consenso de Ginebra como una fuerza organizadora para el movimiento anti-género en las Naciones Unidas, incluso por parte del representante interino de EE.UU. ante la ONU, la mayoría de los nuevos temas identificados en las sesiones anti-género, tanto en la CSWF como en eventos paralelos oficiales con Estados Miembros, se centraron en: contraponer la "maternidad" a la igualdad de género; promover la "salud mental" en el contexto de la atención post-aborto y como alternativa a la atención de afirmación de género; continuar apropiándose del discurso de los derechos de las personas con discapacidad; y mantener un constante enfoque anti-transgénero mediante el uso de la "ideología de género". Esto último se vio lamentablemente reforzado por el posicionamiento de la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Su participación en línea en varios eventos paralelos anti-género de la CSW junto a grupos como C-Fam y CitizenGO no solo se dirigió contra las poblaciones transgénero, sino que también elevó el perfil de grupos anti-aborto y anti-LGBTQI en general. Este año, CitizenGO desplegó cinco autobuses con mensajes en contra del aborto y las personas transgénero.
"El flagelo de la pornografía" y el trabajo sexual como violencia contra las mujeres fueron, de manera lamentable pero predecible, incorporados al discurso principal por múltiples gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, liderados por el Lobby Europeo de Mujeres, que se aliaron en eventos paralelos para insistir en puntos de vista muy similares. Estos eventos mezclaron deliberadamente la prostitución con la trata sexual y la explotación digital, haciendo hincapié en cómo la tecnología incrementa las vulnerabilidades. Les expositores destacaron los fracasos de los modelos de legalización y despenalización mientras defendían el modelo abolicionista, enfatizando la necesidad de reformas legislativas, un activismo liderado por sobrevivientes y la formación de coaliciones internacionales para promover el enfoque abolicionista en toda Europa.
Aunque su incesante narrativa de victimización haría creer lo contrario a la mayoría, esta CSW69 demostró cómo los actores anti-derechos han estado más envalentonades que nunca. Estos grupos y Estados Miembros continúan participando en el espacio multilateral, buscando debilitarlo desde su estructura interna mientras también lo atacan y le quitan financiamiento desde el exterior. Mientras esto ocurre globalmente y desde los espacios de la ONU tanto en la Ciudad de Nueva York como en Ginebra, es probable que el marco normativo para los derechos de las mujeres continúe perdiendo poder y valor.
En este sentido, se anticipa que la próxima 58ª Comisión sobre Población y Desarrollo, del 7 al 11 de abril, también será una negociación difícil. El período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que continúa en curso al momento de escribir este texto, está mostrando tendencias similares. Las crecientes dificultades para responsabilizar a los Estados que no implementan o que violan estos marcos normativos han hecho que las feministas sean cada vez más críticas con espacios como la CSW. Las interrogantes sobre la relevancia de la ONU, combinadas con su creciente inaccesibilidad, probablemente alejen a más y más feministas de los espacios de política internacional, haciendo aún más fácil que los grupos anti-derechos tomen el control. Exigir mayor acceso para la sociedad civil —a través del proceso de revitalización de la CSW o de la discusión sobre los métodos de trabajo que tendrá lugar el próximo año— sería una forma de resistir. Las organizaciones de la sociedad civil han reivindicado constantemente formas mejores y más amplias de contribuir y ser parte de la discusión. Es hora de que los Estados Miembros que se preocupan por el sistema de la ONU actúen conforme a esas numerosas recomendaciones.
El Observatorio sobre la Universalidad de los Derechos agradece a les integrantes del Caucus de Derechos de las Mujeres que contribuyeron a la cobertura de la CSW69 y al desarrollo de este documento.