Después de una lucha de décadas, la sanción del aborto legal en Argentina despertó un tsunami feminista en la región, pero también reacciones de la derecha más conservadora.
Aquel 30 de diciembre amanecimos con la emoción contenida.
Dentro del Congreso, el debate por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), había comenzado en la tarde anterior y se había extendido durante la madrugada. Afuera el rumor crecía y se expandía en ambas direcciones de una plaza separada por una valla. De un lado, mujeres con pañuelos verdes, enfundadas en ropa y pintura del mismo color, bailaban y cantaban consignas en contra del patriarcado y por el aborto legal. Del otro, las que se denominan a sí mismas “pro vida”, usaban pañuelos y banderas celestes con la leyenda “salvemos las dos vidas”.
© AntonioLitov / Fotomovimiento - Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
A pesar de la pandemia y las recomendaciones de quedarnos en nuestras casas, la zona estaba repleta. Y a medida que pasaban las horas, y cada senador daba su discurso y dejaba asentada su posición, uno de los bandos comenzaba a agitarse mientras que el otro se llamaba a un silencio de pura incredulidad. La situación se repetía en otras ciudades y en las redes sociales. La grieta se ampliaba.
Hasta que apenas pasadas las 4 a.m. no quedaron dudas. La voz de la vicepresidenta, Cristina Fernández, confirmó lo que ya era una realidad: “con 38 votos afirmativos, 28 negativos, y 1 abstención, resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo”. En el recinto se escuchó un aplauso sostenido y algunos gritos de celebración.
En las calles, la marea feminista explotó en lágrimas y abrazos. Lloraban las adolescentes con glitter, también las mujeres con hijxs, y las amigas de cabello gris. En Argentina, por primera vez en la historia, el aborto era legal, seguro y gratuito. Por fin una ley contemplaba el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
Una historia en verde y violeta
A simple vista, Nelly Minyersky es una señora mayor que podría pasar sus días en la tranquilidad de un retiro merecido. Pero Nelly, a sus 92 años, aun es una abogada activa, con experiencia en la docencia universitaria, referente de la lucha feminista. Desde los inicios de su carrera, en la década del 70, se involucró con los derechos de familia. La primera presidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, dentro de una corriente que apoyó el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos, fue pionera en la participación de una ley que promueve el acceso a los anticonceptivos en la ciudad de Buenos Aires.
La idea de la legalización surgió en los Encuentros Nacionales de Mujeres y tomó fuerzas cuando, en 2005, se creó la campaña Nacional por el Aborto, entre varias organizaciones, grupos y feministas independientes. La campaña se organizó sin grandes autoridades; territorial y transversalmente. El propósito estaba por encima de los intereses y las pertenencias políticas, así se armó una gran red de periodistas, actrices, escritoras, educadoras, profesionales de la salud, incluso de católicas por el derecho a decidir.
El proyecto resultaba de avanzada: contemplaba cambios en el sistema educativo y de salud. No solo despenalizaba la práctica, sino que legalizaba un hecho que estaba en las sombras pero que ocurría en salas clandestinas, de las maneras más peligrosas y mortales, y que afectaba a las mujeres más vulnerables, excluidas del sistema. Los ataques vinieron de muchos frentes: la Iglesia católica que quería imponer sus creencias, los grupos políticos conservadores más extremistas, periodistas y medios que no podían aceptar que las mujeres tomaran decisiones sin su consentimiento. “Lo interesante de la IVE es que ataca una piedra basal de sistema patriarcal: que prevalezcan los derechos sobre nuestro cuerpo. Si bien la ley tiene requisitos y límites es un camino importante”.
Nuestro derecho al goce
Por primera vez la ley llegó a ser tratada en el Congreso en 2018, pero no obtuvo los votos suficientes para ser sancionada. El lobby en contra era muy fuerte, sumado a un gobierno de derecha liberal en lo económico, pero ultraconservador en lo social. Aun así, más de un millón y medio de personas asistieron a la plaza. Para Nelly, que durante tanto tiempo vio cómo el proyecto terminaba en un cajón, era un sueño hecho realidad. “No logramos la ley, pero hubo un cambio enorme. Durante décadas ir a una comisaría y denunciar que una había sido violada era mal visto. Hemos tenido experiencias de denuncias trágicas de violencia o instituciones que no las atendían. Tampoco se hablaba de las niñas o adolescentes violadas”. Aunque la ley que permite el aborto en esos casos está sancionada desde 1921, aun hoy se niega este derecho en algunas clínicas y hospitales. Minyersky agrega que la socialización del conocimiento de nuestro derecho a tener relaciones sexuales sin estar obligadas a continuar un embarazo sirvió para dejar de naturalizar la violencia del patriarcado que provocaba mayor vergüenza en la víctima que en el victimario.
En aquella jornada de debates, el 8 de agosto de 2018, uno de los testimonios más celebrados fue el del fallecido senador Pino Solanas. cineasta y activista por el ambiente. El hombre de, por entonces, 82 años, contó su propia experiencia: cuando tenía 16, su novia tuvo que recurrir a un aborto clandestino. El miedo de ambos y el riesgo que significó para la vida de ella, lo marcaron para siempre. Pidió acabar con la hipocresía de que los abortos seguros fueran para las más pudientes.
“Ninguna ley represiva pudo, a lo largo de la historia, impedir los abortos. Dios tuvo la grandeza de, junto a la creación, descubrirle al hombre y a la mujer el goce, señora presidenta, que es un derecho humano fundamental, en esta vida de profundos sacrificios”.
Entre 2018 y 2020, los argumentos no fueron tan diferentes, pero sí cambió el contexto. El gobierno actual, de Alberto Fernández, se comprometió a darle su lugar al tratamiento de la ley, un impulso crucial desde el Poder Ejecutivo. Gran parte de la sociedad entendió su importancia y tomó posición. También se reveló una deficiencia puertas adentro. Diputados y senadores que ni siquiera habían leído el proyecto, en muchos casos, tomaban la palabra desde la representación de sus creencias y prejuicios. Argumentos, de lo más diversos, se tornaban ridículos. Se comparó a las mujeres con perritas, que tenían la posibilidad de llevar a término el embarazo y dar a sus “crías” en adopción. Se habló de lo inconstitucional de la ley, por considerar que los derechos de las personas existen desde su concepción, cuando no hay contradicciones ni tratados internacionales de derechos humanos que invaliden la posibilidad de abortar. En el Congreso se denunciaron los abusos de quienes amparados en la objeción de conciencia se han negado a practicar el aborto a niñas violadas o mujeres con embarazos riesgosos. Aún más, se habló de mujeres judicializadas por abortos espontáneos, como fue el caso de Belén, nombre con el que se conoció a una mujer que fue encarcelada con una causa inventada, solo por la sospecha de haberse practicado un aborto.
"A pesar de nuestra fe, nuestra oración, nuestra doctrina, hemos fallado porque hemos llegado tarde a entender la importancia de la educación sexual, del acceso al uso de los anticonceptivos. No logramos salvar la vida de ninguna mujer, ni ninguna vida", se sinceró como católica practicante la senadora Gladys González, que sufrió las amenazas de los miembros de su propia iglesia, cuando en 2018 votó a favor de la ley. En 2020, aún más convencida, pidió por un sistema de salud equitativo y de puertas abiertas.
Legalización y después
La ley de IVE 27.610 permite que mujeres y personas gestantes puedan decidir interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación, inclusive, salvo en casos justificados de violación o riesgo para la salud. La asistencia es de diez días máximo desde su requerimiento, y se le brinda el derecho a recibir un trato digno y mantener su privacidad por parte del personal de salud, así como de acceder a la información necesaria sobre los métodos de interrupción del embarazo y sus consecuencias. En el caso de que hubiera objeción de conciencia, tanto del personal como de la institución, deben derivar a la paciente para que sea atendida por otra/o profesional o establecimiento de salud. Pero nadie se puede negar si la persona embarazada corriera peligro.
Al mismo tiempo, fue sancionada la ley de los 1000 días, que brinda asistencia del Estado a maternidades de bajos recursos durante los tres primeros años de vida del niñe, para que la pobreza no sea causa de interrupción del embarazo.
Promulgada el 14 de enero de 2021 y puesta en vigencia el 24, la ley significa una evolución en la legislación argentina. No es casual que en Chile se debata la despenalización del aborto y tampoco que en Honduras se haya aprobado una reforma que prohíbe la posibilidad de tratar su despenalización. En Brasil y Venezuela pretenden avanzar en su criminalización. Mientras que el aborto es legal en Uruguay, Cuba, Guyana y Puerto Rico, en la mayoría de los países de Centroamérica está prohibido. Y en México solo se permite en los estados de Oaxaca y en Ciudad de México.
El caso de “Manuela”, en El Salvador podría significar un antes y un después. En ese país el aborto está penalizado sin excepciones desde 1998. La mujer, que vivía en una zona rural y tenía dos hijos, sufrió un aborto espontáneo y concurrió al hospital con una grave hemorragia. En lugar de ser atendida como correspondía, el personal médico la culpó y la denunció a las autoridades. Fue acusada de homicidio y condenada a 30 años de prisión. Murió privada de su libertad en 2010 por un cáncer linfático que nunca fue diagnosticado, ni se pudo tratar.
El centro de Derechos Reproductivos y otros colectivos feministas han llevado este caso a la corte Interamericana de Derechos Humanos, en representación de miles de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas. Podemos colaborar a través de cartas dirigidas a los jueces para que den su veredicto acerca de la violación que ejerció el estado de El Salvador sobre los derechos humanos básicos de Manuela y se realice una reparación a su familia.
Hoy más que nunca, las trabas no frenan el impulso abortero, hay grupos organizados, como el internacional Women First Digital o Socorristas en Red que trabajan para distribuir información, facilitan el acceso a la pastilla Misoprostol, y describen el procedimiento para abortar en casa.
El camino para Latinoamérica aun es largo y espinoso. Los grupos antiaborto pretenden intervenir, tanto donde el Estado pone reglas claras, como donde no ampara a quienes deciden abortar. Por eso es importante comprender que más vidas se salvarán con la ley. Imposible tener números oficiales, pero se calcula que en Argentina morían entre 350 mil y 500 mil personas por año en abortos clandestinos. La ley viene a ampararnos y, como dicen la filósofa Diana Maffía, y también Nelly Minyersky, “cuando amplías derechos no obligas a nadie”.
Para la periodista y escritora mexicana, Cecilia González, que vive en Argentina desde hace casi 20 años, ver de cerca el desarrollo de la campaña por el aborto fue un aprendizaje acerca del valor de la diversidad, pluralidad y horizontalidad de las feministas locales. Autora de “Al gran pueblo argentino” y especialista en temas de narcotráfico, le tocó cubrir momentos importantes de la historia argentina, entre ellos, las movilizaciones masivas de mujeres. Decidió ejercer su papel como periodista, sin el lucimiento personal que implica ponerse delante de las cámaras. Su proceso feminista avanzó con aciertos y errores, y con cierta incomodidad por la competencia que se generó entre algunas mujeres, de medirlo todo en una suerte de “feministómetro” de mejores o peores feministas. Lo que queda, lo que se comparte, son las experiencias. Y ellas se siguen sumando.
La convivencia de discursos, la diversidad de comunidades feministas, la paciencia con la que se tejió el proceso en las calles y las instituciones, es una lección que excede los lenguajes de la
demanda, dice la filósofa Noelia Billi. “Se ha generado un volumen impresionante de producción sensible, de prácticas y de teorías -del activismo, de la organización, de la militancia- que se inventan para que los cuerpos gestantes no sean ya ese lugar de cristalización de destinos, sino un espacio de libertad material”.