“Fundamentalmente, el feminismo no puede apoyar el racismo, la supremacía y la dominación opresiva en ninguna de sus formas.”
- Mariam Barghouti
El 22 de octubre, el Ministro de Defensa y Viceprimer Ministro israelí, Benny Gantz, firmó una orden que declara a seis organizaciones de la sociedad civil de Cisjordania, Palestina, como organizaciones terroristas, en virtud de la Ley Antiterrorista israelí de 2016. Todas ellas son organizaciones de la sociedad civil palestina muy conocidas y respetadas: Addameer, al-Haq, Defensa de los Niños Palestina, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas.
Condenamos firmemente este acto del gobierno israelí como un ataque temerario a la esencia del trabajo por los derechos humanos, destinado a silenciar y aislar a estas organizaciones y a afianzar aún más un entorno de impunidad. Este ataque simultáneo contra un sindicato de trabajadorxs agrícolas y una organización de derechos socioeconómicos, dos organizaciones de derechos humanos, una organización feminista y una organización de derechos de lxs niñxs, es un claro intento de agotar y criminalizar el espacio cívico palestino.
Todos estos grupos se han enfrentado a la represión de las autoridades israelíes durante muchos años, ya sea en forma de intimidación, interrogatorios, redadas en las oficinas y otras formas de acoso.
“¿Por qué ahora? Ya no pueden soportar que les pidamos cuentas ante las Naciones Unidas y el resto del mundo"
- Sahar Francis, directora de Addameer
Este último asalto se produce en un momento en el que Israel está sometido a una mayor presión internacional por sus violaciones de derechos humanos. Declarar a estas organizaciones de la sociedad civil como organizaciones terroristas es una clara escalada en el autoritarismo de Israel y en su voluntad de escapar de sus responsabilidades. Las consecuencias de este acto son de gran alcance, no sólo en la capacidad de estas importantes organizaciones de derechos humanos para realizar su trabajo, sino también en el precedente de la criminalización de los derechos humanos a nivel mundial.
“Esta designación prohibiría de hecho el trabajo de quienes defienden los derechos humanos y permitiría al ejército israelí detener a su personal, cerrar sus oficinas, confiscar sus bienes y prohibir sus actividades y su labor en materia de derechos humanos". Los expertos señalan su preocupación por el hecho de que, al menos en el caso de una de estas organizaciones, esta decisión pueda haber sido tomada como una forma de represalia por haber cooperado con entidades de la ONU.”
- Expertos de la ONU
Como feministas, exigimos que el gobierno israelí revoque la designación de las organizaciones de derechos humanos como terroristas y que la comunidad internacional haga responsable a Israel de su historial de derechos humanos. Exigimos el fin de la criminalización de la solidaridad palestina en todo el mundo.