
Marinalva Manoel

Esta sección de análisis especial ofrece un análisis feminista crítico y acceso a los recursos clave relacionados con la «protección de la familia» en los espacios internacionales de derechos humanos.
Durante los últimos años, venimos observando una nueva y preocupante tendencia en el ámbito internacional de derechos humanos, donde se están empleando discursos sobre la «protección de la familia» para defender violaciones cometidas contra miembros de la familia, de modo de reforzar y justificar la impunidad y para coartar la igualdad de derechos en el seno de la familia y la vida familiar.
La campaña para «proteger a la familia» es impulsada por proyectos conservadores que tienen como fin imponer interpretaciones «tradicionales» y patriarcales de familia; quitando los derechos de las manos de sus miembros para ponerlos en las de la institución «familia».
Desde 2014 un grupo de estados opera como bloque en espacios de derechos humanos, bajo el nombre «Group of Friends of the Family» [Grupo de amigos de la familia], y a partir de entonces se han aprobado resoluciones sobre la «Protección de la familia» todos los años.
Esta agenda se ha extendido más allá del Consejo de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en inglés). Hemos visto cómo el lenguaje regresivo sobre «la familia» se ha introducido en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (CSW, por sus siglas en inglés), y hemos asistido a intentos por incluir este lenguaje en las negociaciones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
AWID trabaja con asociadxs y aliadxs para resistir conjuntamente las agendas regresivas de «Protección de la familia» y otras, y para defender la universalidad de los derechos humanos.
En respuesta a la creciente influencia de actores regresivos en los espacios de derechos humanos, AWID se ha unido con aliadxs para formar el Observatorio de la Universalidad de los Derechos (OURs, por sus siglas en inglés). OURs es un proyecto colaborativo que monitorea, analiza y comparte información sobre iniciativas anti-derechos tales como la «Protección de la familia».
Derechos en Riesgo, el primer informe de OURs, traza un mapa de los actores que conforman el cabildeo global anti-derechos e identifica sus discursos y estrategias principales, señalando los efectos que estos discursos y estrategias están teniendo sobre nuestros derechos humanos.
El informe expone a la «Protección de la familia» como una agenda que ha promovido la colaboración entre una amplia gama de actores regresivos en las Naciones Unidas. La describe como un marco estratégico que aloja «múltiples posiciones patriarcales y anti-derechos, cuyo marco, a su vez, apunta a justificar e institucionalizar estas posiciones».
En el contexto actual, hemos identificado cinco grandes amenazas para la lucha por economías feministas y justas.
«La financialización alude a la importancia creciente de los mercados financieros, los motivos financieros, las instituciones financieras y las elites financieras en el manejo de la economía y las instituciones que la rigen tanto a nivel nacional como internacional» - Gerald Epstein
Epstein Gerald A. 2006: Financialization and the World Economy. Edward Elgar Publishing.
Las instituciones financieras ejercen una fuerte influencia sobre la gobernabilidad económica y la dirección que toman las políticas para el desarrollo. La influencia cada vez más acentuada que tienen el sector corporativo y las instituciones financieras internacionales en la definición de políticas públicas locales y globales ha resultado en Estados cada vez más presos de los intereses del capital. El sistema financiero actual, con sus políticas controversiales de crédito y deuda, juega un rol fundamental para la reproducción y la expansión de los procesos de acumulación de capital.
Esto plantea preguntas importantes acerca de cómo regular y repensar el sistema financiero global, no solo para evitar las graves consecuencias negativas de las crisis causadas por las deudas sino también para permitir medios de vida sostenibles y la realización de los derechos económicos y sociales sin retrocesos.
(Para más detalles, ver el artículo de Balakrishnan y Heintz “Debt, Power, and Crisis: Social Stratification and the Inequitable Governance of Financial Markets”, en inglés [Deuda, poder y crisis: Estratificación social y la gobernabilidad inequitativa de los mercados financieros]
En estos últimos 20 años, los acuerdos comerciales (tanto bilaterales como multilaterales) han expandido su rol mostrando un interés cada vez mayor en el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual a las corporaciones.
Estos derechos han beneficiado claramente a las corporaciones transnacionales afectando gravemente la posibilidad de que las naciones y pueblos más empobrecidos puedan realizar sus derechos humanos, en particular
Además, la liberalización de las importaciones agrícolas que resulta en una afluencia de bienes baratos pone en peligro a las mujeres campesinas que trabajan en forma autónoma en países empobrecidos y a la seguridad alimentaria de todxs. Las cláusulas de protección a las inversiones que forman parte de los acuerdos comerciales limitan el espacio político para que los gobiernos nacionales promulguen e implementen regulaciones en asuntos tan críticos como la protección ambiental, los derechos laborales y la duración de las patentes.
Los movimientos feministas han estado, y continúan estando, en la primera línea de resistencia a estos acuerdos, denunciando las trampas que encierran.
(Ver por ejemplo, las reacciones de movimientos sociales y redes feministas de todo el mundo frente a las negociaciones del Tratado Trastlántico de Comercio e Inversiones y del Acuerdo de Asociación Transpacífico)
La mercantilización de los recursos de la Tierra y sus consecuencias — la degradación ambiental y el cambio climático producidos por décadas de industrialización agresiva, despojo y extractivismo de los recursos mundiales — han dañado la biodiversidad y la resiliencia ecológica. Estos daños ya están amenazando la mera existencia de la sociedad humana.
La comunidad internacional no ha logrado enfrentar los patrones de producción y consumo que conforman la raíz misma de este problema. Lo que hicieron los gobiernos — con el apoyo de las grandes empresas a quienes les interesa obtener ganancias — fue optar por el enfoque de la «economía verde» que promueve las «tecnologías energéticamente eficientes» (como la energía nuclear, los biocombustibles, los organismos genéticamente modificados y la geoingeniería) y los esquemas de comercio de emisiones de dióxido de carbono como soluciones mágicas.
Si bien los procesos de apropiación de tierras y recursos no son algo nuevo -de hecho, han sido luchas centrales en la historia colonial- lo que sí es nuevo son los medios de avanzada por los cuales la tierra y los recursos naturales se están volviendo mercancías en nuevos mercados.
Las instituciones financieras internacionales desempeñan un rol central en promover la mercantilización de la tierra en los países en desarrollo. Estas instituciones financian reformas agrarias que les permiten a actores poderosos utilizar la tierra para ganancias especulativas a cambio de magras promesas de empleos y crecimiento. La apropiación de tierras tiene impactos negativos de gran alcance sobre el acceso de los pueblos a bienes y servicios esenciales, además de causar desplazamiento de poblaciones y degradación ambiental.
Quienes se están resistiendo a la apropiación de tierras, incluyendo a las defensoras de derechos humanos, se enfrentan todos los días a distintas formas de violencia que van desde las agresiones físicas a los abusos sexuales.
Esta base patriarcal tiene una hegemonía particular en los modelos neoliberales actuales.
Resulta evidente que la economía política y el desarrollo se vinculan de varias formas con la sexualidad y el género: pensemos en cómo define el capitalismo lo que se puede entender como 'trabajo' y cómo el valor de los seres humanos se define a partir de su productividad en el trabajo rentado.
En la mayoría de los casos, el lugar que ocupan las mujeres en la economía mundial continúa siendo el de trabajadoras explotadas por su género ya que su trabajo está devaluado en los empleos precarios, la subsistencia doméstica, la reproducción y la producción no remunerada en el hogar. Naturalizada como trabajo no remunerado de las mujeres, la labor que permtie la reproducción de la fuerza de trabajo le provee un enorme subsidio al capitalismo a la vez que funciona como fuente de opresión y sometimiento de género.
Esta situación se ve agravada por el hecho de que cuando los mecanismos de protección social comienzan a debilitarse, se incrementa la carga laboral de las mujeres.
El fenómeno de la migración global que encarnan miles de refugiadxs económicxs que escapan de la pobreza que lxs oprime no es ajeno a las relaciones de poder entre los géneros que impone el capitalismo. Las remesas se convierten en una de las principales fuentes del financiación para el desarrollo de familias y comunidades, pero tienen un costo enorme para las mujeres migrantes que se esfuerzan por alcanzar un salario que les permita vivir en su nuevo país.
También estamos viendo cómo los sistemas patriarcales capitalistas están utilizando la violencia y la opresión para mantener su estatus quo. El alza del gasto mundial para sostener el militarismo y la violencia, perpretados ambos por actores estatales y no estatales, se vuelca cada vez más a controlar el disenso, los cuerpos y voces de las mujeres, así como a zanjar disputas económicas, políticas y sociales.
En todo el mundo, la violencia, el encarcelamiento y la discriminación afectan de manera desproporcionada a:
Para confrontar la violencia estructural y sus vínculos con el sistema global capitalista, se necesita un análisis interseccional que relacione entre sí el género, la raza, la etnia, la edad, la capacidad, la nacionalidad, la orientación sexual y la identidad de género entre otras categorías.
La profunda crisis de gobernabilidad mundial que vivimos también se expresa en los débiles acuerdos intergubernamentales a los que se logra llegar y que a menudo carecen de los mecanismos más básicos para la rendición de cuentas. El sistema multilateral que antes le fue útil a la gobernabilidad mundial no está logrando responder a las múltiples crisis actuales. El sistema mismo continúa siendo muy poco democrático, con las corporaciones adquiriendo cada vez más presencia y más poder ya que ocupan los espacios donde antes estaban los Estados.
Estas amenazas nos desafían a lxs feministas a repensar nuestro marco de referencias y nuestras estrategias. Y también a renovar y reactivar nuestro compromiso con la construcción de movimientos junto con otrxs por una economía justa.
Nos desafían a pensar agendas más amplias por las transformaciones socioeconómicas desde una perspectiva feminista, atendiendo a las realidades que viven la mayoría de lxs empobrecidxs. Ahora es el momento de lograr cambios por una economía justa y de hacerle frente a los desafíos sistémicos persistentes.
LE QUOTA D'EMPLOI TRANS
n'est pas respecté par les entreprises
Diakite s'est activement impliquée dans la défense des femmes dans la vie politique et publique au Mali.
Elle a travaillé pour soutenir la formation des candidates aux élections et s'est élevée contre les mutilations génitales féminines (MGF). Elle était un ardente défenseure de la santé et des droits reproductifs.
Yes, please do! We encourage you to share the survey link with your networks. The more diverse perspectives we gather, the more comprehensive our understanding of the financial landscape for feminist organizing will be.
Comme le remarque l’activiste et chercheuse Soma Kishore Parthasarathy, il existe des conceptualisations diverses de la notion de biens communs.
De manière conventionnelle, ils sont définis comme des ressources naturelles se trouvant en dehors du domaine privé et dont l'usage est affecté à ceux et celles qui en dépendent. Aujourd’hui, ce concept a été élargi pour comprendre, outre les ressources naturelles, les ressources liées aux savoirs, au patrimoine, à la culture, aux espaces virtuels, et même au climat. Le concept de biens communs est antérieur au régime de la propriété privée et il représentait le fondement de l'organisation de la société. Les définitions données actuellement par les entités gouvernementales limitent ce cadre aux ressources foncières et matérielles.
Le concept de biens communs repose sur la pratique culturelle du partage d'espaces de vie et des ressources envisagés comme des cadeaux de la nature, destinés au bien commun et à la viabilité de ces biens communs.
Les biens communs de l’humanité sont de plus en plus menacés par les nations et les forces du marché qui les colonisent, les exploitent et les occupent.
Dans certains contextes favorables, les «biens communs» ont le potentiel d’habiliter les femmes, en particulier les femmes opprimées économiquement, à jouir d’autonomie par rapport à la manière de négocier leurs multiples besoins et aspirations.
Le patriarcat est renforcé lorsque les femmes et d'autres genres opprimés se voient refuser l'accès aux biens communs et au contrôle de ces derniers.
Par conséquent, une économie féministe cherche à rétablir les droits légitimes des communautés vis-à-vis de ces ressources communes. Cette autonomie leur permet de subvenir à leurs besoins, tout en faisant progresser des systèmes de gouvernance plus égalitaires par rapport à l'utilisation de ces ressources. Une économie féministe reconnaît le rôle des femmes et offre l’égalité des chances par rapport à la prise de décision : les femmes ont un accès égalitaire à ces ressources.
Perçue comme une figure transformatrice sur les fronts de la lutte pour la libération et pour la liberté, Andaiye a été l’une des premières membres de l’Alliance du peuple travailleur (WPA), un parti socialiste en Guyane de lutte contre le régime autoritaire et participait activement à sa direction. Tout au long de sa vie, Andaiye a placé la justice pour la classe ouvrière et les droits des femmes vivant en milieu rural au centre de son action militante, et s’est battue pour l’élimination des obstacles ethniques entre les femmes indo-guyaniennes et celles afro-guyaniennes.
Andaiye fut l’une des membres fondatrices des Red Thread Women, une organisation de défense pour la juste rémunération du travail en soins réalisé par les femmes, en plus d’avoir travaillé à l’Université des Indes occidentales et avec l’organisation CARICOM. N’hésitant jamais à défier les gouvernements, elle a pointé du doigt les déséquilibres en matière de genre dans les conseils de l’État, les lois discriminatoires à l’égard des travailleur·euse·s du sexe, réclamé le droit à l’avortement en Jamaïque et s’est érigée contre les accords commerciaux, tels que le Marché unique des Caraïbes (CSME) qui permettait la libre circulation des travailleuses domestiques migrantes mais n’octroyait pas ce même droit à leurs enfants.
Elle a publié plusieurs essais universitaires, rédigé des articles d’opinion et révisé les derniers ouvrages de Walter Rodney, l’activiste politique guyanien et coleader du WPA assassiné en 1980. Survivante du cancer, Andaiye a été l’une des fondatrices de la Ligue guyanienne contre le cancer et du Groupe d’action des survivant·e·s du cancer. Elle a également siégé au conseil exécutif de l’Association caribéenne pour la recherche et l’action féministes (CAFRA), dirigé le Help and Shelter et été membre du conseil de la Commission nationale guyanienne pour les femmes. Elle a par ailleurs reçu de nombreux prix, dont le prestigieux Golden Arrow of Achievement (quatrième prix le plus important du Guyana).
Andaiye est décédée le 31 mai 2019, à l’âge de 77 ans. Les nombreux hommages que lui ont rendus des activistes, ami·e·s et celles et ceux que sa vie aura inspiré·e·s ont parlé avec éloquence de son incroyable héritage et de la grandeur de son humanité.
En voici quelques-uns :
“« Andaiye m’a profondément marquée... elle représenttait tellement de choses pour moi : une éducatrice, une combattante, elle m’a appris l’autocritique, à réfléchir plus clairement, elle m’a enseigné la survie, ce qu’est le courage sans limite, la compassion, à dépasser les apparences et traiter les gens comme des gens, sans se laisser impressionner par le statut, la classe, la race... rien de tout ça. » Peggy Antrobus, activiste féministe, auteure, universitaire, La Barbade
« Le genre d’idéalisme confiant que démontrait Andaiye, cette disposition à affronter le monde et une croyance tenace qu’on pouvait vraiment le changer... Cette politique de l’espoir... Comment honorer sa vie, son héritage et sa mémoire autrement qu’en poursuivant le travail éthiquement et en continuant à s’autocritiquer? Et de faire en sorte de placer le travail de soins des femmes au centre. » - Tonya Haynes, La Barbade
« Je peux l’entendre se moquer de notre engouement collectif. Donc, je ris tout en pleurant. Chapeau bas, chère Andaiye, et merci pour tout. Que le voyage de ton esprit soit aimant et lumineux. Passe le bonjour à Walter et aux ancêtres. » - Carol Narcisse, La Jamaïque
En dépit de la rigidité de leur doctrine et de leur vision du monde, les acteurs anti-droits ont fait preuve d’ouverture dans la construction de nouveaux types d’alliances stratégiques ainsi que dans l’utilisation de nouvelles techniques d’organisation et modes d’argumentation. En conséquence, ils sont de plus en plus influents dans les espaces internationaux.
Les ultraconservateurs qui agissent à ce niveau ont fait considérablement évoluer leurs stratégies. Ils ne limitent pas leurs ambitions à la modification de certains aspects marginaux des accords et à la lutte contre l’utilisation de certaines formulations. Ils œuvrent également à la transformation conceptuelle du cadre lui-même et à l’élaboration de norme et de référentiels alternatifs. Ils cherchent enfin à ouvrir les brèches qui renforceront leur influence.
Les ultraconservateurs travaillent à la création et à la pérennité de leurs relations avec des délégués d’États membres de l’ONU en leur proposant régulièrement des formations – notamment pendant le Global Family Policy Forum (Forum mondial sur la politique familiale) qui se tient tous les ans – ainsi que du matériel de formation ciblé.
Ces formations régulières et ces ressources donnent systématiquement aux délégués des informations relatives à des sujets de débat et à des techniques de négociation dans le but d’approfondir leur contribution aux objectifs anti-droits au sein du système relatif à ceux-ci. Les délégués reçoivent également des compilations ciblées de « formulations consensuelles » et de références à des informations pseudo-scientifiques ou à des statistiques dans le but de renforcer leur argumentaire.
La transmission organisée de ces messages explique en partie pourquoi les délégués de certains États membres adoptent des positions ultraconservatrices dans les débats internationaux sur les droits humains en totale contradiction avec leurs propres lois et politiques nationales.
Les abondantes réunions régionales et internationales entre acteurs anti-droits contribuent à créer des liens plus étroits entre les organisations de la société civile (OSC) ultraconservatrices, les États et blocs d’États et certains organismes intergouvernementaux puissants. Le Congrès mondial international des familles est une bonne illustration de rassemblements de ce type.
Ces rencontres renforcent les liens personnels et les alliances stratégiques, des éléments clés de la construction et de la pérennité des mouvements. Elles facilitent l’existence de relations transnationales et interreligieuses dynamiques qui se créent autour de questions et d’intérêts communs. Celles-ci permettent aux acteurs anti-droits de mettre en œuvre une approche plus entreprenante et de formuler un ensemble plus complet de revendications en matière de politique internationale.
Des États et blocs d’États tentent depuis toujours de saper les consensus internationaux ou le principe de responsabilité des États définis en vertu des normes internationales relatives aux droits humains. À cette fin, ils émettent des réserves quant aux accords sur les droits humains, menaçant ainsi le caractère universel de leur applicabilité.
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) est le texte qui a provoqué l’émission du plus grand nombre de réserves. La plupart d’entre elles sont fondées sur des conflits présumés avec le droit religieux. Le droit international relatif aux droits humains est très clair concernant les références à la tradition, à la culture ou à la religion : celles-ci ne peuvent en aucun cas justifier de violations des droits humains. Nombre des réserves émises à propos de la CEDAW ne sont pas valables car elles sont « incompatibles avec l’objet et le but » de la CEDAW. Néanmoins, les États se servent constamment de ces réserves pour ne pas assumer leurs responsabilités en matière de droits humains.
Ces acteurs émettent des « réserves » de plus en plus nombreuses sur les documents et accords de l’ONU qui ne sont pas des traités officiels, notamment sur les résolutions du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale.
Il est alarmant de constater que certains acteurs rétrogrades actifs au sein du système onusien ont commencé à coopter les références existantes en matière de droits et à élaborer et promouvoir un langage consensuel qui revêt un caractère profondément anti-droits. L’objectif est de créer puis de propager ce langage qui légitime des normes patriarcales, hiérarchiques, discriminatoires et culturellement relativistes dans les espaces internationaux consacrés aux droits humains.
Dans ce but, un certains nombre de déclarations ont été rédigées, parmi lesquelles la Déclaration mondiale de la famille et les Articles de San José, qui se veulent les représentantes d’une version moins contraignante du droit des droits humains. Des signatures sont recueillies auprès de multiples acteurs de la société civile, d’États et d’institutions et sont ensuite utilisées comme des outils de plaidoyer et de lobbying.
Dans le cadre d’un virage stratégique vers le recours à des arguments non religieux, les acteurs anti-droits ont considérablement investi dans leurs propres groupes de réflexion axés sur les « sciences sociales ». Relayées par des médias conservateurs en plein essor, les idées de ces think tanks sont largement diffusées par des groupes conservateurs issus de la société civile. Les mêmes supports servent ensuite de matériel de base pour le travail de plaidoyer auprès du système international relatif aux droits humains.
Bien que les objectifs et la motivation des conservateurs découlent de leurs interprétations extrémistes de la religion, de la culture et de la tradition, leurs arguments rétrogrades sont souvent appuyés par des études qui s’arrogent une forme d’autorité intellectuelle. Ils élaborent ainsi un contre-discours, savant mélange de doctrine traditionaliste et de sciences sociales.
Il s’agit de l’une des stratégies les plus efficaces de la droite religieuse, et elle représente un investissement majeur pour l’avenir du processus organisationnel des acteurs anti-droits. Le recrutement des jeunes et le développement de leurs compétences en leadership – des processus qui s’opèrent en premier lieu au niveau local par le biais des églises et des campus – sont une priorité pour de nombreux conservateurs qui tentent d’influencer les politiques internationales.
Cette stratégie leur a permis de s’infiltrer dans les espaces du système onusien notamment consacrés à la jeunesse, parmi lesquels la Commission de la condition de la femme, et de créer une opposition conséquente aux réseaux et organisations progressistes de jeunes.
Que ce soit auprès des mécanismes d’experts faisant autorité – parmi lesquels les Procédures spéciales et les organes chargés de la surveillance de l’application des traités de l’ONU – ou auprès des organes opérationnels comme les agences de l’ONU, les groupes anti-droits ont conscience que leur influence potentielle est beaucoup plus faible qu’au sein des mécanismes politiques.
En conséquence, les groupes anti-droits répandent un certain nombre d’idées, parmi lesquelles le fait que les agences des Nations Unies « outrepassent leur mandat », que le Comité de la CEDAW et d’autres organes créés en vertu d'instruments relatifs aux droits humains n’ont pas le pouvoir d’interpréter les traités ou encore que les Procédures spéciales sont activées par des experts partisans qui ne respectent pas l’étendue de leur mandat. Les groupes anti-droits exercent également des pressions pour compromettre le financement d’agences comme le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).
Cette délégitimation des mécanismes de l’ONU encourage l’impunité des États. Les gouvernements soumis à un examen international sont alors en mesure de justifier leurs actes en arguant du fait que le mécanisme de révision lui-même est défaillant ou trop exigeant.
Les forces conservatrices non étatiques investissent de plus en plus dans les médias sociaux et dans d’autres plateformes en ligne pour promouvoir leurs activités, leurs campagnes et diffuser le plus largement possible leurs informations sur les espaces internationaux relatifs aux droits humains. L’organisation espagnole CitizenGo, par exemple, se veut la version conservatrice de change.org et publie des pétitions et des campagnes épistolaires. Une pétition récente contre la création par l’ONU d’une journée internationale de l’avortement sans risque a rassemblé plus de 172 000 signatures.
S’inspirer des stratégies d’organisation des groupes féministes et d’autres acteurs progressistes.
Adapter à la sphère internationale les stratégies qui ont porté leurs fruits au niveau national.
Passer de la « protestation symbolique » contre le cadre des droits humains à une stratégie d’infiltration subversive du système.
En comprenant les stratégies déployées par les acteurs anti-droits, nous pouvons les contrer plus efficacement.
Télécharger le chapitre complet (en anglais)
She was part of democratic, anti-war and LGBT movements. In her activism, Yelena was a fierce critic of President Vladimir Putin and his administration, expressing her opposition against Russia’s annexation of Ukraine’s Crimea peninsula and the ill-treatment of prisoners.
Yelena came out as bisexual earlier in 2019.
"Her coming out was a surprise to me, and I didn't approve of it. I told her 'Listen, Lena, you already have a target painted on you because of your political activity. You've just pinned another to your chest."
- Olga Smirnova
Yelena did receive multiple death threats and according to some of her acquaintances, was listed on a homophobic website that called on its visitors to hunt down LGBT persons. She reported the threats to the police, however the Russian state failed to provide protection.
But even in a society where political opposition, as well as members of the LGBT community and advocates for their rights, face continuous and increasing violence, Yelena kept campaigning for social justice and equality.
“She did not miss a single action. And they detained her so often that I already lost count,”
- Olga Smirnova (fellow opposition activist and friend).
Yelena was murdered on 21 July 2019, not far from home. A suspect was arrested but according to some sources, many friends and fellow activists believe that the suspect is a scapegoat and that this was a targeted political killing.
For Yelena’s relatives and friends, her case remains unsolved even though the suspect confessed.
In 2013, Russia passed legislation banning the spreading of what it described as ‘gay propaganda’. In 2014, Human Rights Watch published a report relating to this.
Опрос доступен на английском, арабском, испанском, португальском, русском и французском языках!
Our new research paper The Devil is in the Details addresses knowledge gaps around religious fundamentalisms within the development sector, and aims to improve understanding of how they constrain development and women’s rights in particular. It provides recommendations for ways development actors can avoid inadvertently strengthening and instead challenge fundamentalisms. [CTA download link: Read the full paper]
Graphic1 | 1. Control of women’s bodies, sexuality, and choice are “warning signs” of rising fundamentalisms. |
2. Neoliberal economic policies have a particularly negative impact on women, and fuel the growth of religious fundamentalisms. | Graphic2 |
Graphic3 | 3. Choosing religious organizations as default for partnerships builds their legitimacy and access to resources, and supports their ideology, including gender ideology. |
4.Everyone has multiple identities and should be defined by more than just their religion. Foregrounding religious identities tends to reinforce the power of religious fundamentalists. | Graphic4 |
Graphic5 | 5. Religion, culture, and tradition are constantly changing, being reinterpreted and challenged. What is dominant is always a question of power. |
6. Racism, exclusion, and marginalization all add to the appeal of fundamentalists’ offer of a sense of belonging and a “cause”. | Graphic6 |
Graphic7 | 7. There is strong evidence that the single most important factor in promoting women’s rights and gender equality is an autonomous women’s movement. |
The Devil is in the Details details the grave human rights violations, and violations of women’s rights in particular, caused by state-sponsored fundamentalism, as well as by fundamentalist non-state actors such as militias, religious community organizations, and individuals. Fundamentalist reinforcement of regressive, patriarchal social norms are leading to the rise of violence against women, girls, and women human rights defenders (WHRDs). The paper highlights these key insights for addressing the problem:
Development actors are in a position to take a strong role in this. The collective capacity of development actors to recognize and collaboratively address religious fundamentalisms is vital for advancing social, economic, and gender justice and the human rights of all people in sustainable development. It is vital to promote intersectional feminist understandings of power and privilege, and to apply these to questions of religion and culture. Women’s organizations already have knowledge and strategies to counter fundamentalisms development actors should build on this, and invest in cross-issue coalitions to help them reach new heights.