IM-Defensoras condena el feminicidio de la periodista Anabel Flores y alerta sobre el contexto generalizado de riesgo para las defensoras y periodistas en México.
Las 691 mujeres defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que integramos la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) repudiamos y condenamos el feminicidio de la periodista Anabel Flores Salazar, quien fue encontrada asesinada con señales de tortura en el estado de Puebla, tras haber sido sustraída de su domicilio en Veracruz por un contingente de hombres armados el pasado 8 de febrero de 2016.
El asesinato de Anabel Flores Salazar es el 14º perpetrado en México contra una mujer periodista desde 2002, y junto con los todavía impunes de Yolanda Ordaz (2011) y Regina Martínez (2012) es el 3º acaecido en el Estado de Veracruz desde 2011, bajo el mandato del Gobernador Javier Duarte, periodo en que el total de periodistas asesinados en dicho Estado asciende a 17.
Cabe destacar que este último crimen se produce después de que en noviembre de 2015 el Gobernador firmara el “Convenio de Colaboración Interinstitucional para instrumentar el Programa de Políticas a favor de las y los periodistas que desarrollan el ejercicio de la Libertad de Expresión en el Estado de Veracruz”. Sin embargo, el 22 de ese mismo mes, la reportera Melissa Díaz fue agredida por agentes de la seguridad pública mientras realizaba una cobertura informativa en Xalapa.
No obstante, la situación en Veracruz no es un hecho aislado. México ocupa el 1r lugar en asesinatos de periodistas en América Latina y el 7º del mundo según en el Balance de periodistas asesinados en el mundo, 2015 realizado por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. Por su parte, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) desde 2002 ha registrado 252 agresiones contra mujeres periodistas en México.
Este panorama, lejos de cesar, tiende a agravarse. En los últimos meses constatamos un incremento significativo en los ataques contra mujeres periodistas, como son los recientes allanamientos de los hogares de Flor Goché (Desinformémonos) y Elva Mendoza (Contralínea), en septiembre de 2015; de Gloria Muñoz (Desinformémonos), con substracción de información sensible, en noviembre de 2015; o de Anabel Hernández, hechos denunciados también en noviembre de 2015.
El clima de riesgo que enfrentan las mujeres periodistas en el país responde a un contexto generalizado de violencia e impunidad que afecta en igual medida a las mujeres defensoras de derechos humanos. La descomposición del tejido social, motivada por la implementación de políticas económicas de carácter neoliberal basadas en la depredación, el despojo, la competencia, la explotación, la gestión de la precariedad, la reducción del papel del Estado a la recaudación de impuestos y la gestión de la violencia (militarización, control de fronteras) y el auge del crimen organizado como para-estado o incluso como agente del propio Estado, ha situado a las mujeres en un papel fundamental al frente de sus familias, comunidades y movimientos, muchas veces transgrediendo los mandatos de género tradicionales.
Es el caso de las madres que buscan a sus hijos e hijas desparecidas, de las madres que buscan justicia por sus hijas víctimas de feminicidio, de las esposas de presos políticos, de las lideresas campesinas y comunitarias que se oponen a la imposición de megaproyectos extractivistas, energéticos o turísticos, de las defensoras de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual que combaten la imposición de políticas retrógradas que imponen las Iglesias y otros lobbys fundamentalistas, o de las mujeres periodistas que, en muchos casos por necesidades económica fruto de los sesgos de género que todavía imperan en la profesión, se ven obligadas o son las únicas dispuestas a cubrir ámbitos de información altamente riesgosos.
Ello ha puesto a las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en una situación de peligro cada vez más agravado, poniéndolas en el punto de mira y haciéndolas más vulnerables a unas agresiones que suelen presentarse con evidentes componentes de género, apelando a su condición de mujeres y sancionándolas doblemente: por defender derechos y por transgredir su condición de género. Del 2012 al 2014 la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) ha documentado 615 agresiones contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos con una más que preocupante tendencia al alza: 118 en 2012, 189 en 2013 y 308 en 2014.
Ante ello, el papel del Gobierno Federal es de absoluta omisión, con un Mecanismo Oficial de Protección plagado de fallas cuando no inoperante; e incluso de desacato ante instancias internacionales.
No menos preocupante es la campaña de difamación y descrédito en los medios de comunicación con el objeto de desprestigiar la labor de las fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa.
Preocupan sobre manera las agresiones casi constantes a articulistas y periodistas que visibilizan la grave situación de los derechos humanos que vivimos en México como es el caso de Carmen Aristegui, Rossana Reguillo y Sanjuana Martínez quienes a través de las redes sociales buscan ser intimidadas recibiendo amenazas de atentar contra su vida y sus cuerpos. Cuestionando su labor, sexualidad y vida personal.
Frente a esta situación y grave crisis en materia de derechos humanos, desde la Iniciativa Mesoamérica de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, defensoras de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México, exigimos al Gobierno Federal y a las autoridades estatales:
- Que se investigue debidamente el feminicidio de la periodista Anabel Flores Salazar, así como el del resto de mujeres y defensoras asesinadas en México y cuyos crímenes permanecen en la impunidad.
- Que se garantice y se implementen las condiciones para que, desde una perspectiva de género, todas las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos puedan ejercer de manera libre y segura su labor.
- Que cumpla e implementen todas las recomendaciones dictadas por los mecanismos internacionales de derechos humanos a favor de las mujeres defensoras y periodistas para que sea garantizada su labor en condiciones de seguridad y sin temor a represalias
- Que se promueva y reconozca públicamente la importancia y el valor fundamental de la labor de las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas de cara a la trasformación social, por la paz, el respeto, la tolerancia y una convivencia digna e igualitaria de las personas.
Red Defensoras Dh México, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Red Salvadoreña de defensoras de derechos humanos, AWID, JASS Mesoamérica, Consorcio Oaxaca, Udefegua Ong, Colectiva Feminista, Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM)