El Consejo de Derechos Humanos (CDH) es el principal organismo «político» de derechos humanos de la ONU. Esto significa que es el espacio principal en que los gobiernos hablan sobre cuestiones de derechos humanos, negocian estándares de derechos humanos y se exigen mutuamente rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos. El CDH se reúne algunas veces durante el año y recientemente, en julio, concluyó su sesión 47°.
Durante muchos años, el CDH ha sido un escenario fundamental para las ofensivas antiderechos de alto perfil a nivel de políticas internacionales, sin dejar por ello de ser el espacio donde, en general, se han logrado más avances en cuanto a salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR). La movilización y la incidencia feministas han liderado estos avances, que incluyen haber resistido y confrontado la arremetida y las reacciones adversas de lxs antiderechos. A continuación destacamos algunas de las tácticas y discursos empleados por actores antiderechos durante el CDH 47 así como los desafíos cada vez más intensos a que se enfrentan activistas feministas y de derechos humanos que trabajan en este espacio, particularmente en el contexto del Covid-19.
Bloquear y alterar: Estados conservadores
Enmiendas hostiles
Durante todo el proceso de negociación de las resoluciones, observamos que algunos Estados empleaban muchas estrategias y discursos que ya conocemos en un intento por resistir el lenguaje progresista. Para debilitar los derechos relacionados con el género y la sexualidad en el CDH, Estados conservadores y bloques de Estados a menudo negocian agresivamente la eliminación del lenguaje que afirma derechos y presentan enmiendas hostiles a las resoluciones. En su regreso al CDH, Rusia lideró la presentación de una serie de enmiendas hostiles a resoluciones relacionadas con el género y la sexualidad al mismo tiempo que bloqueaba y alteraba activamente el lenguaje referido a SDSR durante las negociaciones. Rusia presentó 10 enmiendas hostiles a la resolución sobre derechos humanos, VIH y Sida, además de participar en enmiendas conjuntas presentadas junto con Arabia Saudita, Pakistán y Egipto a la resolución sobre mortalidad y morbilidad maternas prevenibles y la resolución sobre violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. Todas esas enmiendas fueron derrotadas en la votación.
Apelaciones al relativismo cultural para apoyar el debilitamiento de protecciones a los derechos humanos
En las negociaciones en torno a diversas resoluciones, algunos Estados argumentaron a favor de la necesidad de tomar en cuenta las «especificidades culturales» de distintos países o las leyes nacionales ya existentes. Por ejemplo: en sus enmiendas hostiles a la resolución sobre VIH y Sida Egipto, Rusia e Irak se opusieron al uso del concepto «poblaciones clave». Para estos Estados, la «cultura y las personas más afectadas difieren de un país a otro». Agencias de la ONU como ONUSIDA definen las «poblaciones clave» como aquellas que corren el mayor riesgo de contraer infecciones, como las de trabajadorxs sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y otras. Muchos países también han desarrollado e implementan políticas para abordar el VIH y el Sida empleando este concepto. Sostener que cada país debería «definir sus propias poblaciones vulnerables basándose en el contexto epidemiológico local» es un intento (de algunos Estados) por evadir la rendición de cuentas cuando cometen violaciones o no protegen los derechos de colectivos marginalizados en sus países. Egipto y Arabia Saudita también presentaron una enmienda contra la inclusión de referencias a la educación sexual integral en la resolución sobre violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, con el argumento de que esta contradice su «cultura».
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«Protección de la familia»
En un ejemplo de instrumentalización de la crisis del Covid-19, Côte d’Ivoire lideró una declaración conjunta en la que se afirmaba la obligación por parte del Estado de «proteger la familia» e implementar «políticas orientadas hacia ella» dado su «rol crucial». Circularon muchos rumores acerca de que en esta sesión se presentaría una resolución específica sobre este tema, con el riesgo de que su lenguaje reaccionario se consolidara como lenguaje aceptado de derechos humanos. Para muchxs activistas feministas fue un alivio ver que en lugar de eso se presentaba una declaración, que tiene mucho menos peso político que una resolución. Sin embargo, que 98 países hayan avalado la declaración indica que este discurso cuenta con un apoyo considerable. La declaración se hace eco de una resolución previa sobre «protección a la familia» que se niega a reconocerla como un espacio donde puede existir violencia contra las mujeres, las personas de la diversidad genérica y personas marginalizadas, además de inculcar una visión estrecha, patriarcal y heteronormativa de la familia.
Para seguir leyendo: La «Protección de la familia
Infiltración y cooptación: actores de sociedad civil antiderechos
Estas tendencias antiderechos en el CDH ya son conocidas por lxs feministas, que en varias ocasiones han alertado sobre el incremento sustancial en cuanto a movilización por parte de la sociedad civil antiderechos en espacios de la ONU en Nueva York, especialmente la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). Organizaciones de sociedad civil que forman parte de la derecha cristiana como C-Fam (Fundación Bioética) y Family Watch International (Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia) han creado coaliciones reaccionarias dentro de la CSW como el caucus por los Derechos de la Familia y hacen incidencia con los Estados para que el texto de las Conclusiones Convenidas de la CSW continúe siendo poco ambicioso y débil en comparación con otros textos negociados de la ONU relacionados con el género. No resulta sorprendente que a los grupos feministas les esté resultando cada vez más difícil lograr avances en cuanto a derechos en la CSW ya que buena parte de su energía la dedican a mantener lo conquistado frente a la reacción adversa de lxs antiderechos.
En el CDH lo más significativo ha sido la reacción coordinada de los Estados contra los derechos relacionados con el género y la sexualidad, mientras que la movilización de actores de sociedad civil antiderechos ha sido menos prominente y de menor impacto en Ginebra. Sin embargo, dado que cuentan cada vez con más recursos y con alianzas transnacionales estratégicas, actores de sociedad civil antiderechos como CitizenGo y Alliance Defending Freedom (ADF Internacional) se están tornando cada vez más visibles y activos en el CDH. Con un enfoque ‘desde adentro y por afuera’, los actores antiderechos han atacado en forma directa a algunxs titulares de mandato de los Procedimientos Especiales de la ONU en un intento por deslegitimar al sistema de derechos humanos de la ONU como un todo, al mismo tiempo que promueven agendas antiderechos desde el interior del sistema.
Para saber más sobre actores de sociedad civil antiderechos (en inglés)
Confluencia entre Estados y organizaciones de sociedad civil antiderechos
La creciente influencia de la sociedad civil antiderechos sobre las delegaciones oficiales en el CDH se está convirtiendo en una fuente de preocupación importante para lxs activistas feministas. Lxs activistas han denunciado prolongadas consultas entre organizaciones de sociedad civil antiderechos y Estados como Bangladesh, Egipto, Nigeria, Pakistán, Rusia y Arabia Saudita, señalando que estos Estados hacen declaraciones en el CDH que se parecen mucho a los discursos habituales de las organizaciones antiderechos. En la sesión que nos ocupa, Pakistán y Bangladesh se opusieron a incluir el derecho al aborto seguro en la resolución sobre violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, esgrimiendo como argumento la «protección del derecho a la vida». El «derecho a la vida» es un tópico recurrente en los discursos de la derecha y de las organizaciones fundamentalistas cristianas que se oponen al aborto como ADF pero hasta ahora no había ocupado un lugar destacado (¿o siquiera figurado?) en el discurso de Bangladesh o Pakistán tanto a nivel doméstico como en espacios políticos internacionales. Esta fusión de estilos no es una mera coincidencia sino que más bien parece producto de la estrategia en curso que llamamos «caballo de Troya» y que procura socavar y debilitar los estándares de derechos humanos desde el interior mismo del sistema de derechos humanos.
Cooptación de los derechos de las personas con discapacidad para socavar el derecho al aborto
El intento de Bangladesh y Pakistán por excluir las referencias al derecho al aborto durante las negociaciones en torno a la resolución sobre violencia contra las mujeres contó con el apoyo inmediato de ADF. Si bien no rechazó de plano la inclusión del derecho al aborto seguro en el texto, ADF puso énfasis en que cuando ‘los niños no son queridos porque tienen discapacidad … nunca aceptará que (el aborto) forme parte de los servicios de salud’. ADF recurrió a una táctica que es común en espacios de la ONU y continuó su argumento pidiendo que se retomara el lenguaje convenido de textos más débiles como la CIPD, subrayando que el aborto nunca debería ser promovido como método de planificación familiar.
Estos argumentos son consistentes con el giro táctico más amplio que han adoptado ADF y otros actores antiderechos en estos últimos años. Estos grupos han pasado de narrativas explícitamente religiosas y antiderechos a un discurso que coopta el lenguaje progresista de los derechos humanos. En este caso en particular, ADF coopta las preocupaciones genuinas de activistas por los derechos de las personas con discapacidad para promover restricciones o la eliminación completa del acceso al aborto. Actores antiderechos posicionan a los derechos reproductivos como opuestos a los intereses de grupos marginalizados. Un marco de referencia sobre la justicia reproductiva que sea integral e interseccional afirma los derechos de todas las personas a la autonomía corporal e incluye la justicia para las personas con discapacidad.
La «ideología de género» y la narrativa de victimización
Otra organización de la derecha cristiana, HazteOír, hizo una intervención oral en respuesta al informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género con referencia a la «ley de inclusión» por género e identidad de género. La organización acusó a quienes defienden la ‘ideología de género y la agenda LGBT’ de ‘silenciar, eliminar y vituperar a cualquiera que se oponga a su agenda’. Lxs actores antiderechos suelen manipular esta narrativa de victimización al servicio de sus campañas antiderechos, posicionándose como una «voz moral» que está siendo atacada y llamando a la movilización de la opinión pública.
En la intervención de HazteOír se empleó el discurso de la «ideología de género» para quitarle legitimidad a lxs defensorxs de la justicia de género y social, presentándolxs como lobistas ‘autoritarixs’ que buscan ‘imponer sus ideologías como verdades absolutas’ y amenazan el ‘orden natural de la familia’. Al pedir a la OACNUDH y titulares de mandato que ‘protejan de manera efectiva todos los derechos fundamentales sin crear exclusiones ni incorporar postulados de la ideología de género o de la agenda LGBT’, HazteOír intenta quitarle legitimidad a los derechos relacionados con el género y la sexualidad calificándolos de «nuevos derechos» que carecen de fundamento en el marco de referencia de los derechos humanos (una táctica común de lxs antiderechos).
Para seguir leyendo: Discursos antiderechos (en inglés)
Erosión del espacio de sociedad civil en el CDH
No cabe duda de que el giro hacia la virtualidad en los procedimientos en el contexto de la pandemia del Covid-19 ha abierto algunos espacios para la participación remota que benefician a activistas que residen fuera de Ginebra y especialmente a lxs del Sur Global. Sin embargo, como lo señalaron organizaciones feministas y de sociedad civil en declaraciones conjuntas (en inglés), este pasaje a la virtualidad ha afectado de manera negativa la posibilidad de que la sociedad civil controle y exija rendición de cuentas a los Estados.
La gran mayoría de los debates del CDH que están disponibles en línea tienen lugar sin subtítulos ni interpretación en lengua de señas, lo que excluye de participar en las sesiones a las personas con ciertas discapacidades y en particular a las personas sordas así como a quienes no hablan inglés como primera lengua. Los detalles para acceder en línea a las negociaciones informales — el espacio donde los Estados negocian el lenguaje de las resoluciones del CDH — fueron eliminados del cronograma formal de la sesión, dejando a criterio de los Estados compartir esa información o no. Esto favorece a las organizaciones de sociedad civil con sede en Ginebra o que ya tienen contactos con representantes de Estados, cerrándole la puerta a otrxs. La cancelación de los debates generales, un espacio importante para informes y conversaciones acerca del género y los derechos de las mujeres, dejó a muchos grupos feministas sin espacios para hablar frente al Consejo.
Estas medidas tienen lugar en el contexto de una carencia sistemática de financiamiento para la OACNUDH y de Estados que no pagan sus aportes al sistema de derechos humanos de la ONU. La respuesta del Consejo ha sido iniciar una serie de medidas pro «eficiencia» en el largo plazo para ahorrar tiempo y dinero. Como se subrayó en una declaración de sociedad civil (en inglés) presentada en la sesión anterior del CDH, conceptos como «eficiencia» y «racionalización» así como los procesos y resultados que surgen de ellos no son neutrales sino productos de la cultura gerencial corporativa, que suelen utilizarse para ocultar y justificar la exclusión así como numerosas violaciones a los derechos humanos.
Al término de la sesión 47° del CDH quedó en evidencia la creciente complicidad transnacional entre la sociedad civil antiderechos y los Estados en ese espacio, que refleja las tendencias globales en cuanto a movilización de la derecha y los fundamentalismos religiosos. Mientras transcurría la 47° sesión, Hungría aprobó una ley de «propaganda antigay» que prohíbe «representar y promover contenidos homosexuales» para audiencias menores de 18 años. El Congreso Mundial de Familias, organización de derecha estadounidense pero financiada en parte por Rusia, tuvo una participación destacada en el proceso que llevó a la aprobación de esa ley.1
Mientras lxs actores antiderechos en la ONU y en todo el mundo promueven sus agendas cada vez con más coordinación e impacto, el espacio de sociedad civil va siendo erosionado a una velocidad alarmante. Son lxs activistas feministas y personas que defienden los derechos humanos lxs que siguen presionando para que los Estados rindan cuentas y para que se protejan los derechos humanos. Más que nunca es necesario denunciar e interrumpir las tácticas antiderechos y su impacto sobre el sistema de la ONU. La ONU debe tomar medidas concretas para fortalecer y facilitar la participación feminista en el CDH, y no reducirla.
Firma el llamado a la acciónpara detener la infiltración antiderechos en la ONU (en inglés).
1https://lefteast.org/what-is-the-hungarian-pedophilia-act/