NOTAS DE LOS VIERNES: “El conflicto armado colombiano vigente por más de 50 años, se desarrolló paralelo a una situación de pobreza en el país.
Por Gabriela De Cicco
El desplazamiento forzado, las masacres perpetradas contra poblaciones y otros actos de violación al Derecho Internacional Humanitario afectan principalmente a las mujeres”, así comienza su relato nuestra entrevistada, la abogada Luz E. Romero, fundadora y coordinadora general del Colectivo Mujeres al Derecho (COLEMAD), que desde 2003 centra su trabajo en el estudio e intervención sobre la situación, necesidades y derechos de las mujeres rurales afectadas por el desplazamiento forzado y por el conflicto armado en general y la responsabilidad del Estado frente a estas situaciones.
AWID: Por más de 40 años grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas del gobierno han sido el centro del conflicto armado en Colombia. ¿Podrías brevemente contextualizar el conflicto?
Luz Estella Romero: Existen diferentes causas que han ocasionado el conflicto armado en Colombia; algunas son de tipo político, contienda entre partidos políticos que ostentan el poder y otros que quieren participación de ese poder; otros motivos, que nosotras no dejamos de señalar una y otra vez, son la desigualdad social e inequidad en la distribución de las riquezas de nuestro país. Esto llevó a que diversos grupos sociales, entre ellos los campesinos, se armaran e iniciaran un proceso beligerante en busca de acceso a oportunidades e igualdad social; las mujeres han participado desde el inicio en estos procesos.
Territorialmente, la Región Caribe es una de las más afectadas. Siete de sus ocho departamentos son considerados como los de más prevalencia de violencia, y como zonas de riesgo e inseguridad por la presencia de los diferentes actores armados que operan en la zona y que cometen ataques contra la población civil.
A consecuencia del mal llamado proceso de desmovilización de los grupos paramilitares bajo la ley de “Justicia y Paz”, el gobierno y otras autoridades estatales desconocen su continuo actuar y han decidido denominarlas hoy en día como “bandas criminales, Bacrim”, entre sus mayores representantes podemos mencionar a los Águilas Negras, que ya han amenazado cinco veces a la Liga de Mujeres Desplazadas.
Por otro lado, en el país existe una crisis institucional; muchas de las instituciones del Estado han sido permeadas por los intereses de los paramilitares; esto cobró mayor fuerza durante el gobierno de Uribe Vélez, y continúa en el actual gobierno de Santos, ejemplo de ello es la situación del poder legislativo representado en el Congreso de la República: más de 70 de sus 268 miembros han sido o están siendo juzgados por la Corte Suprema de Justicia o se encuentran detenidos, por nexos con el paramilitarismo, fenómeno que se ha denominado “parapolítica”. También es bastante conocida la intervención de otros países en el conflicto colombiano, como es el caso de EE. UU., lo cual debe ser tenido en cuenta para clasificar el conflicto como internacional y no ser visto solamente como un conflicto interno.
AWID: ¿Cómo ha afectado a las mujeres y a las niñas la para/militarización en Colombia? ¿A qué mujeres y niñas ha afectado más?
L. E. R.: De los más de cinco millones de personas desplazadas forzadamente, a nivel nacional, un 50.5% son mujeres, el 24.3% de los hogares presenta jefatura femenina, 49.6% son menores de 18 años, el 4.7% es mayor de 65 años, 4.0% pertenecen a grupos indígenas, 9.7% a la población afro colombiana y el 0.53% presenta algún tipo de discapacidad. (1)
Las mujeres víctimas del conflicto viven una interrelación de violencias y amenazas; separaciones, pérdida de sus seres queridos, inseguridad física y económica, un riesgo mayor de violencia sexual. En muchos de los territorios controlados por las fuerzas de seguridad, ejército, paramilitares y guerrilla, la violencia sexual ejercida sobre las mujeres está muy ligada al despojo de la tierra y a la de infligir castigo a los guerreros de otros bandos atacando sexualmente a sus mujeres.
La violencia contra las mujeres no comenzó durante la guerra y/o conflicto armado; fue, es y se mantiene como una práctica histórica y generalizada, pero los delitos como la violencia de género (maltrato físico y psicológico, violencia sexual en el espacio doméstico), la discriminación, el acoso sexual, el despojo de los bienes, de los derechos económicos y demás formas de violencia contra las mujeres, cuando se desatan los conflictos se exacerban y son utilizados como armas de guerra. La violencia y la pobreza se conjugan en mayor impacto sobre las mujeres rurales e indígenas de las regiones.
A manera de ejemplo te doy algunas cifras que muestran lo que pasa en Colombia. De enero a diciembre del 2010 se reportaron 1.292 casos de asesinatos de mujeres, 15.123 casos de informes periciales sexológicos, es decir, por presuntos abusos sexuales en diferentes modalidades (estas cifras corresponden a casos investigados por presuntos delitos); 43.280 mujeres denunciaron lesiones personales en su cuerpo; en el delito de Violencia de pareja en que la víctima es una mujer se reportaron 44.854 casos; violencia contra niñas, niños y adolescentes: en 5.969 casos las víctimas fueron mujeres y en 5263 fueron hombres.
Los asesinatos no sólo fueron en el contexto de la violencia doméstica, algunos de los asesinatos de estas mujeres tienen como móviles su papel de liderazgo dentro de las comunidades a las que pertenecían y la defensa de los derechos humanos.
AWID: Cuál ha sido el efecto del accionar para/militar en Colombia sobre los derechos de las mujeres?
L. E. R.: El Estado justifica el armamentismo en la “seguridad democrática”, pero cada vez se aleja más del sentido de seguridad humana. Nos toca convivir con soldados, policías armados hasta los dientes y preparados para atacar con sus armas desenfundadas, pero esta seguridad se centra en la protección de monopolios económicos, políticos y personas de la elite económica y política del país.
Las mujeres no nos sentimos seguras. La ola de violencia y ataques en el contexto del conflicto que vive Colombia se ha agudizado en los últimos años y es generalizada para todo el país.
La violencia se manifiesta en las continuas amenazas de grupos paramilitares a través de panfletos; ataques de la fuerza pública a las manifestaciones de protesta social; desapariciones y detenciones de lideresas comunitarias; asesinatos y feminicidios a mujeres y en especial a las defensoras de derechos humanos; combates entre grupos guerrilleros, ejército y policía, y en otras regiones son más evidentes los ataques de los grupos paramilitares y grupos de narcotráfico.
AWID: ¿Podrías profundizar un poco sobre las formas en que el desplazamiento forzado ha afectado a las mujeres?
L. E. R.: En Colombia, las mujeres han sido excluidas del proceso al acceso a títulos sobre la tierra, el territorio y en la toma de decisiones respecto a ellos; esto hace que muchas de las mujeres víctimas del desplazamiento y el despojo de sus tierras enfrenten dificultades para demostrar sus derechos sobre estos, ya que carecen de títulos de propiedad, o desconocen el tamaño real de los bienes abandonados y usurpados; los que poseían esa información eran los “hombres” de las familias, que fueron asesinados y/o desaparecidos.
También las mujeres víctimas del desplazamiento están enfrentando los cobros judiciales por parte de bancos y entidades financieras que les están reclamando deudas de créditos que obtuvieron “los hombres” de las familias para la compra de tierras y poder trabajar las mismas antes de ser desplazados. Ni el estado ni el sector financiero han tenido en consideración que las victimas tuvieron que desplazarse por el conflicto armado y por lo tanto abandonar sus tierras que era su manera de generar ingresos y que por lo tanto no tienen recursos para pagar las deudas.
También se suma a la crisis humanitaria de las mujeres, el tener que enfrentarse a los problemas ambientales, como las recurrentes inundaciones anuales, que afectan las zonas donde las mujeres viven y que crean nuevos desplazamientos. El Estado no ha hecho nada para implementar planes que permitan mitigar los riesgos y las pérdidas que estas inundaciones provocan.
AWID: ¿Existen políticas para atender las necesidades de las mujeres desplazadas?
L. E. R.: No existe una política pública de atención, existen unos programas aislados que no responden a las necesidades de las mujeres y sus familiares ni tienen cobertura en todo el territorio ni llega a toda la población afectada. Esta situación fue condenada por la Corte Constitucional, quien en sus sentencias ha hecho reiterados llamados de atención al gobierno para que centre sus esfuerzos en crear una verdadera política que atienda la magnitud del problema.
Te doy el ejemplo de unos lugares en que viven mujeres con las que el COLEMAD viene trabajando en la costa. Estos son unos asentamientos infrahumanos en los municipios de Pueblo Viejo y Ciénaga, departamento del Magdalena (ubicado en la costa norte del país). La situación de estas familias es desoladora. Las viviendas que habitan fueron construidas a partir de tablas, zinc, cartón y plástico. Se trata de cuartos que no superan la medida de una habitación en la cual conviven un mínimo de tres núcleos familiares; este hacinamiento genera situaciones de inseguridad que aumentan los riesgos para las mujeres y niñas de ser víctimas de violencia sexual; en la temporada de lluvias se encuentran inundados, debido a que sus “viviendas” se encuentran ubicadas en la orilla de la ciénaga.
El acceso a servicios de salud es limitado o nulo debido a la falta de cobertura o por falta de recursos económicos para dirigirse al centro de salud que se encuentra retirado de las zonas donde estas comunidades están asentadas, esta situación ocasionó la muerte de un menor el año anterior. Más de 500 hogares viven en estas condiciones después de 15 años de haber sido desplazados de sus lugares de origen.
AWID: ¿Qué se ha hecho desde el Estado para detener o prevenir estas violaciones a los derechos?
L. E. R.: Muy poco o mejor nada. Los poderes estatales están concentrados en la defensa de la propiedad privada, el latifundio, los intereses de los grandes políticos y de la economía extranjera. Esto se puede constatar con los diferentes tratados de libre comercio que Colombia ha suscrito o está negociando con Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos, no contienen beneficios para el sector campesino, solamente para los monopolios económicos del país, las multinacionales extranjeras y la agroindustria. Otra prueba es el mantenimiento de la mayoría del presupuesto nacional en gastos militares y burocráticos.
Si bien las Cortes de Justicias han favorecido con sentencias que reivindican los derechos de las mujeres, no es menos cierto que por ejemplo la Corte Constitucional sancionó como constitucional la “la ley de justicia y paz”, que deja en la impunidad muchos de los crímenes confesados por los paramilitares y desconoce a la fuerza pública como un actor armado.
Por estos días se discute en el Congreso de la República el proyecto de Ley 107 sobre reparación y restitución de víctimas del conflicto, este incluye algunos beneficios para las mujeres, pero le falta mucho para ser una verdadera ley de verdad, justicia y reparación y como muchas de las leyes en Colombia contiene, en teoría, elementos progresistas pero pocos elementos funcionales a la hora de ser puesta en práctica.
Notas:
1) Estas cifras fueron trabajadas por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
Lectura complementaria:
X Informe sobre violencias contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia: descargarlo aquí en formato pdf.