NOTAS DE LOS VIERNES: Las amenazas contra líderes locales y defensoras de los derechos humanos continúan siendo parte de una estrategia de intimidación utilizada por los actores del conflicto armado en Colombia.
Por Katherine Ronderos
El informe de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca (2012), Situación de Derechos Humanos en el Departamento del Cauca, muestra que las víctimas de amenazas son lideresas indígenas y defensoras a quienes se les pone en la mira por estar vinculadas a procesos campesinos y de protección del medio ambiente.
El 30 de septiembre de 2013, Adelinda Gómez Gaviria, una defensora y lideresa campesina, recibió varios impactos de bala que la mataron cerca de su hogar en el municipio de Almaguer, en la región del Cauca en Colombia. Gómez Gaviria caminaba de regreso a casa después de una reunión con el comité local de mujeres, cuando a ella y su hijo de 16 años se les acercaron dos hombres no identificados. Ella recibió cinco disparos que le quitaron su vida y su hijo se encuentra en estado crítico en un hospital en la ciudad de Popayán. Gómez Gaviria dedicó su vida a su comunidad, trabajando como parte del Proceso de Mujeres Maciceñas del Comité de Integración del Macizo Colombiano (FundeCIMA).
En entrevista con AWID, una persona representante de FundeCIMA se refirió al papel activo y de liderazgo que Gómez Gaviria jugó en la organización del Foro Agroambiental y Minero en Almaguer en febrero de 2013, el cual analizó el impacto local de las empresas mineras extractivas de oro en su región y propuso una oposición colectiva contra proyectos mineros ilegales y a gran escala. Un mes antes de ser asesinada, Gómez Gaviria había recibido una llamada amenaza telefónica por parte de extraños que le advirtieron “Deja de intervenir con esa cosa de la minería; eso es riesgoso y la va a hacer matar”, pero ella no prestó atención a la amenaza por no considerarse una figura pública como otras defensoras en su región.
La región del Cauca está inmersa en una batalla por la extracción de sus recursos naturales, principalmente oro, que ha despertado un marcado interés de empresas transnacionales de inversión de capital en la región, y las solicitudes de concesiones mineras para exploración y extracción están aumentando sustancialmente. Según el informe Situación de Derechos Humanos en el Departamento del Cauca (2012), el Servicio Geológico Colombiano ha recibido 510 solicitudes de concesiones que corresponden al 25% del total de la tierra en la región, las cuales podrían ser entregadas a multinacionales, y ha otorgado 248 títulos (11.5%) para extracción minera.
El boom de la minería en Colombia
Pese a las extensas riquezas naturales de Colombia, el auge de la minería extractiva es relativamente reciente. En la última década, como parte de una estrategia nacional para atraer la inversión extranjera y hacer de las industrias extractivas un importante motor o ‘locomotora’ para su crecimiento económico, el Gobierno colombiano ha flexibilizado sus restricciones a la exploración y explotación mineras. Estas reformas legislativas han posicionado al país como una ‘región de interés’ para compañías multinacionales que buscan oportunidades de inversión. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” establece que el sector de la minería ocupa el segundo lugar en exportaciones nacionales, con un incremento del 74% de inversión extranjera directa entre 2006 y 2009 (principalmente de oro, ferroníquel y carbón). La intención del Plan Nacional para el Desarrollo Minero – Visión al año 2019 es convertir a Colombia en un ‘país minero’. Hoy día, el 40% de la tierra en Colombia ha sido concedido a compañías multinacionales, o está siendo solicitado por éstas, con el fin de desarrollar proyectos de extracción de minerales y petróleo crudo.
El Gobierno ha declarado la minería como una “actividad de utilidad pública y de interés social” para la cual se permite la expropiación unilateral de propiedad privada. También declaró que la lucha contra la minería es ilegal y concedió títulos mineros en zonas naturales protegidas tales como páramos, resguardos indígenas y territorios colectivos que pertenecen a comunidades afrodescendientes.
Este modelo de desarrollo económico arriesga la presencia de una crisis humanitaria; la entrada de compañías multinacionales puede aumentar todavía más la militarización en áreas rurales, ya que el ejército nacional colombiano y empresas privadas de seguridad protegen a las compañías multinacionales en áreas inestables, incrementando el potencial de choques violentos.
Mayores riesgos para las defensoras
La Mesa de Mujer y Conflicto Armado señaló en su informe (2012) que el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y su ‘locomotora de la minería’ tendrían un impacto directo en áreas altamente afectadas por el conflicto armado. En 2012, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales recibieron una exposición significativa en la agenda política y estuvieron entre los principales debates nacionales e internacionales de la opinión pública.
Aunque las cifras de la Unidad Nacional de Protección de Colombia muestran un incremento presupuestario para la protección de las y los defensores de los derechos humanos (DDH), la realidad de las agresiones, particularmente de asesinatos, confirma que la protección física es insuficiente si no existen políticas para mecanismos de protección.
Alarmantemente, el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH) resalta un incremento excesivo de la violencia contra mujeres líderes locales y defensoras en Colombia. En su boletín trimestral de enero a marzo de 2013, el SIADDHH documentó un total de 45 agresiones individuales contra DDH, de las cuales el 49%fue contra las defensoras, en comparación con un 28% durante el mismo periodo en 2012.
Si bien organizaciones de la sociedad civil han apelado por medios constitucionales para desafiar las políticas que fomentan la minería a gran escala, el conflicto armado histórico de Colombia, junto a los continuos altos niveles de impunidad, convierte los efectos negativos de la minería a gran escala en un asunto de derechos humanos que requiere atención nacional e internacional.
A pesar del bajo progreso en cuanto a la implementación de medidas de protección colectivas y la aprobación de sólo 3,668 de las 9,717 (38%) solicitudes de medidas de protección recibidas por la Unidad Nacional de Protección, además de la falta de planes de contingencia por parte del Ministerio del Interior, han habido algunos progresos para mejorar y ampliar la cobertura del programa de protección. Por ejemplo, en la Mesa Nacional de Garantías se han dado debates sustantivos entre organizaciones locales y nacionales de derechos humanos y funcionarios del Gobierno; también está el dictamen emitido en 2012 por la Corte Suprema de Justicia según el cual los crímenes contra las y los DDH o reclamantes de tierras deben considerarse crímenes de lesa humanidad, dado el contexto de persecución sistemática. Sin embargo, los debates políticos nacionales se han llevado a cabo sin abordar las causas reales de la violencia contra las y los DDH en Colombia, tales como la falta de investigaciones o de una genuina prevención de agresiones, la impunidad, la corrupción y el estigma, así como el hecho de abandonar a las y los líderes en regiones que han sido entregadas a actores armados y corporaciones multinacionales.
Llamado internacional por un enfoque basado en los derechos humanos frente a los proyectos de desarrollo a gran escala
En su más reciente informe sobre la relación entre los proyectos de desarrollo a gran escala y las actividades de los defensores de los derechos humanos, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, enfatiza que a las y los DDH que trabajan en nombre de las comunidades afectadas por los proyectos de desarrollo a gran escala se les están tildando cada vez más de ser “contrarios al gobierno”, “contrarios al desarrollo” o hasta enemigos del Estado, también se les están acosando, estigmatizando y criminalizando por hacer su trabajo; además enfrentan amenazas, incluso de muerte, y ataques físicos. Sekaggya resalta que en vez de estar en contra del desarrollo, las y los defensores juegan un papel muy importante en promoverlo.
El informe insta a aplicar a los proyectos de desarrollo a gran escala un enfoque basado en los derechos humanos, incluyendo los principios de igualdad y no discriminación, participación, protección, transparencia y rendición de cuentas, así como acceso a un remedio apropiado. Es esencial que las comunidades y quienes defienden sus derechos “deben participar de manera activa, libre y significativa en el proceso y estar protegidos contra represalias y otras violaciones en todas las etapas (evaluación y análisis, diseño y planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto)”.
Asimismo, el informe reitera la obligación de los Estados de brindar protección a quienes reivindican “su legítimo derecho a participar en los procesos de toma de decisiones y expresar su oposición a los proyectos de desarrollo a gran escala”, además de resaltar que las empresas privadas y los donantes, como también los Estados, pueden contribuir a asegurar la rendición de cuentas (párrafos 58 y 72).
Aunque los Estados Miembros han adoptado diferentes enfoques para garantizar que se respeten los derechos de las personas afectadas por los proyectos de desarrollo a gran escala, en Colombia, según Sekaggya, se exige por ley que la Agencia Nacional de Hidrocarburos detalle, en todo contrato otorgado, la metodología que utilizará para evaluar el impacto de un proyecto sobre las poblaciones afectadas y la forma en que el proyecto las beneficiará. Señala, sin embargo, que “parece haber diferentes interpretaciones de lo que entraña este derecho, lo que genera discrepancias en la forma en la que se aplica”.
Finalmente, Sekaggya expresa de nuevo su preocupación por los riesgos y retos particulares que afrontan las mujeres defensoras vinculados con las actividades que llevan a cabo y los derechos que defienden, por lo cual “es importante que puedan hacer su trabajo sin ser objeto de represalias de ningún tipo”. Entre sus principales recomendaciones está la necesidad de realizar evaluaciones del impacto que los proyectos de desarrollo a gran escala tienen sobre los derechos humanos, asegurando que se investiguen los efectos potenciales de un proyecto y teniendo en cuenta la posible existencia de diferentes motivos de discriminación.
Fuente: Notas de los Viernes de AWID, 8 de noviembre de 2013. Título original: Large-Scale Development Projects Increase Risks to Women Human Rights Defenders in Colombia. Traducción: Laura E. Asturias