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La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, adoptada formalmente en septiembre de 2015, fue el resultado de un proceso de tres años durante los cuales las activistas y organizaciones de derechos de las mujeres se movilizaron para colocar la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres en el centro.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada formalmente por Jefes de Estado y gobiernos en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2015, fue el resultado de un proceso de tres años durante el cual activistas y organizaciones por los derechos de las mujeres se movilizaron para colocar en el centro la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres.
En el proceso convergieron múltiples agendas lideradas por la ONU, particularmente Río+20 (nombre abreviado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible), el proceso de la financiación para el desarrollo y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODM) que expiraron en 2015. La versión final de la Agenda 2030 propone un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, así como directrices sobre cómo se llevarán a cabo la implementación y el financiamiento. La singularidad de los ODS radica en su formulación al compararlos con los ODM, ya que el proceso fue liderado por una amplia gama de actoras/es aparte de los Estados y profesionales.
Aunque la Agenda 2030 no es tan ambiciosa como por la que AWID y otras organizaciones por los derechos de las mujeres habíamos abogado, de todos modos hubo logros importantes en cuanto a la igualdad de género, el reconocimiento de los derechos humanos, el trabajo decente y la necesidad de cambiar los patrones de producción y consumo, por nombrar sólo algunas de las principales mejoras en comparación con los ODM.
Uno de los hitos clave para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es el objetivo separado (Objetivo 5), que da prominencia a los temas relacionados con las mujeres, en vez de considerarlos asuntos transversales como se ha hecho en el pasado.
Este objetivo tiene ocho metas que incluyen los siguientes compromisos:
- poner fin a la discriminación y la violencia de género
- eliminar el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina
- asegurar el acceso universal a los servicios de cuidados y a la información en materia de salud sexual y reproductiva
- proteger los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas
- eliminar las disparidades de género en las escuelas y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza
- proporcionar educación que promueva la igualdad de género y los derechos humanos
- ampliar las oportunidades económicas de las mujeres y reconocer sus derechos a los recursos
- reducir las cargas del trabajo de cuidados no remunerado que recaen sobre las mujeres y las niñas
Todos estos compromisos constituyen herramientas importantes para que las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones por los derechos de las mujeres y las jóvenes activistas feministas, presionen a los gobiernos y otras partes interesadas por la implementación coherente de estos objetivos a nivel local.
Además del Objetivo 5 hubo otros logros dentro de los objetivos relacionados con la igualdad de género, así como un análisis más integral de la pobreza, el hambre, la salud, el medio ambiente y las interrelaciones entre las dimensiones sociales, económicas y medioambientales.
Los ODS rebatieron el modelo de ‘talla única’, lo cual es un hito en comparación con los ODM. También hubo reconocimiento de que el contexto y las circunstancias nacionales tienen que comprenderse para poder medir efectivamente los progresos. Los ODS son globales e inspiradores, pero no obligatorios, y pueden y deberían ser adaptados a las circunstancias nacionales. Esto tiene que ir acompañado de movimientos fuertes de la sociedad civil que participen en los procesos de vigilancia y aseguren que los Estados apliquen el principio del máximo de los recursos de que dispongan, el de no regresión, el de realización progresiva y el de protección plena de los derechos humanos—todos los cuales están en el centro.
A pesar de los logros manifiestos, no podemos perder de vista la perspectiva de la desigualdad. El Objetivo 10: Reducir inequidades también fue rebatido fuertemente durante el proceso y mucho se perdió en el texto. Sin embargo, aun permite que la desigualdad sea afrontada. Tal como los indicadores y la implementación están definidos, debemos continuar abordando las causas fundamentales de la desigualdad—por ejemplo, combatir la evasión tributaria—y los Estados deberían asegurar impuestos progresivos, proporcionar servicios universales gratuitos de salud y educación, apoyar el poder de negociación de las/os trabajadoras/es y reducir la disparidad entre personas ricas y pobres.
Los riesgos a futuro
Si los objetivos de hecho llegan a lograrse tal como han sido planificados, indudablemente existe un potencial transformador para que millones de personas salgan de la pobreza y las vidas de las mujeres mejoren en todo el mundo. No obstante, uno de los principales obstáculos a una implementación exitosa es la falta de un compromiso financiero concreto para hacer que el financiamiento sea una realidad.
AWID celebró el anuncio hecho por el presidente de la República Popular China de que, a fin de contribuir al desarrollo de las mujeres y el trabajo de ONU Mujeres a nivel mundial, su país donará USD 10 millones a ONU Mujeres para la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la realización de los objetivos relacionados en la Agenda de Desarrollo Post-2015. Más de 80 líderes mundiales presentes en la Asamblea General de la ONU en septiembre asumieron el compromiso de poner fin a la discriminación contra las mujeres para el año 2030, anunciando acciones concretas y medibles dirigidas a impulsar un cambio rápido en sus países. Aplaudimos al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, quien exhortó a los Jefes de Estado a crear y enérgicamente implementar políticas coherentes sobre la igualdad de género y asignar a esta un financiamiento significativo para que los compromisos se hagan realidad.
Sin embargo, la delegación de responsabilidades en esta materia al sector privado en las formas de asociaciones público-privadas, inversión corporativa directa y asociaciones de la ONU con empresas plantea más retos que soluciones. El papel del sector corporativo en el desarrollo y su rendición de cuentas al respecto son asuntos sobre los cuales no hubo un debate adecuado durante la negociación y aun así, como fue evidente, la comercialización de la agenda del desarrollo por medio de corporaciones continúa ocupando un plano central.
Por lo tanto, nuestra preocupación es que, mientras las empresas y los gobiernos se dan la mano, intercambiando promesas de trabajar conjuntamente en los ODS, poco ha cambiado en los asuntos estructurales que permiten una concentración sin precedentes de la riqueza en manos del 1 por ciento más rico de la población mundial. El capítulo de la Agenda 2030 referido a los Medios de Implementación, que se prevé que proporcionará el mapa de ruta para la implementación, promueve una mayor liberalización comercial como la solución y no intenta abordar el continuo despojo de recursos desde los países en desarrollo hacia las naciones desarrolladas a través de corrientes financieras ilícitas y pagos de la deuda, entre muchos otros asuntos que son fundamentales para afrontar la persistente desigualdad.
Si estas cuestiones estructurales continúan sin control, no sería sorprendente descubrir que, de hecho, en el año 2030 la concentración de la riqueza se habrá afianzado aun más y será uno de los principales obstáculos para el logro de esta Agenda.
A fin de cuentas, la historia del impacto de la Agenda 2030 será relatada en el terreno, con base en la capacidad de la sociedad civil de organizarse para hacer realidad esta Agenda mediante la reivindicación del poder popular.
También es clave pugnar por progresos en áreas que los ODS omitieron, entre ellas la opresión de personas LGBT*QI y los derechos de las personas con discapacidad, así como la salud y los derechos sexuales y reproductivos plenos, incluyendo derechos a la planificación familiar y al aborto, para realmente asegurar que nadie se quede atrás.
Qué debemos vigilar
Indicadores
Se estableció dentro de la ONU un Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el fin de que desarrolle indicadores para dar seguimiento a los progresos mundiales respecto a los Objetivos. La propuesta del Grupo será presentada para aprobación a la Comisión de Estadística de la ONU en su 47ª sesión en marzo de 2016. Del 11 de agosto al 14 de septiembre de 2015 tuvo lugar en Nueva York una consulta abierta y aun hay espacio para que la sociedad civil influya en cómo debería ser el conjunto de indicadores, en particular reflejando un enfoque de derechos humanos e igualdad de género. Obtén más información (en inglés) aquí y lee sobre algunas de las recomendaciones que ya fueron presentadas por observadoras/es de la sociedad civil, incluyendo a organizaciones y especialistas por los derechos de las mujeres.
Implementación
El tiempo para la implementación local, nacional y regional ya comenzó y es en esta área donde la participación de activistas por los derechos de las mujeres es más crucial para asegurar que los compromisos contraídos en Nueva York no se diluyan en la práctica. Contacta a tu gobierno para preguntar cómo se implementarán los ODS en tu país y exigir que las voces feministas sean escuchadas y constituyan una parte integral de cualquier plan de desarrollo.
Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible
El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible es la plataforma central de la ONU a la cual se debe vigilar para el seguimiento y examen de la Agenda 2030. Ya se ha planificado una reunión que se realizará en julio de 2016 bajo los auspicios del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU con el fin de identificar los progresos y brindar liderazgo, orientación y recomendaciones. La participación de la sociedad civil organizada, incluyendo a activistas y organizaciones por los derechos de las mujeres, debe garantizarse para que diferentes voces sean escuchadas y se pueda exigir cuentas a los gobiernos a nivel global por sus fracasos o éxitos en la implementación de esta Agenda.