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Maestras mexicanas defienden sus derechos laborales en condiciones extremadamente precarias

NOTAS DE LOS VIERNES: Excluidas del debate sobre la reforma educativa, las maestras—que representan más del 96 por ciento de docentes a nivel preescolar, 66 por ciento en la educación básica y 51 por ciento en la escuela secundaria—están protestando contra una nueva ley que las afectará negativamente, sobre todo a quienes trabajan en comunidades rurales e indígenas.[1]

Por Katherine Ronderos

En septiembre de 2013, principalmente maestras de los estados mexicanos de Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas se fueron a la huelga mientras que más de 30,000 docentes de algunos de los estados más pobres se trasladaron a la Ciudad de México y acamparon en el Zócalo, centro de la ciudad, por más de tres semanas. Están protestando masivamente luego de que el Gobierno hizo aprobar leyes “secundarias” dirigidas a reformar la Ley General de Educación, particularmente aspectos relacionados con las carreras de docentes. Están exigiendo que el Gobierno modere sus reformas educativas.

Maestras oaxaqueñas de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un sindicato nacional de docentes, han dejado a sus hijas e hijos, sus comunidades y hogares para reclamar sus derechos laborales en la Ciudad de México, decididas a continuar luchando contra la injusticia que las mantiene marginadas.

Contexto político

La reforma educativa de 2012-2013 en México es una reforma constitucional presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México. El principal propósito del Pacto es crear consenso que trascienda las diferencias políticas a fin de propiciar que el Congreso apruebe las reformas necesarias para promover la democracia y el crecimiento económico, así como reducir la pobreza y la desigualdad social. La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron la reforma educativa en diciembre de 2012. En febrero de 2013, la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal, promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial de la Federación. El 10 de septiembre de 2013 fueron promulgadas tres leyes: la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.

La reforma busca imponer un sistema de evaluación a trabajadores de la educación, cubriendo su ingreso a la profesión, promoción y empleo continuo en el lugar de trabajo. Las escuelas mexicanas tienen costos relativos más altos y peores resultados que cualquier otro de los 34 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y por tanto la evaluación se basa en los criterios de la OCDE.

También se está reformando la estructura administrativa de las instituciones educativas. El sindicato considera que esto es particularmente dañino pues saca al Estado mexicano del proceso de financiar la operación de dichas instituciones. Por el contrario, el costo de operar cafeterías escolares, mantener la infraestructura y proporcionar servicios tales como agua y energía eléctrica quedará en manos de centros educativos, madres y padres.

Aunque el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha enfatizado que las y los docentes deben pasar exámenes y someterse a evaluaciones para mejorar sus estándares académicos, el Gobierno no les ha brindado capacitación apropiada, apoyo educativo, financiamiento o instalaciones para su preparación, especialmente en las regiones pobres.

En el centro de las protestas está un sistema de evaluación agregado a la Constitución. Es falso que los maestros no quieran ser evaluados, afirma Sarvia Analí Valverde, maestra en nivel preescolar de una pequeña comunidad en la región indígena mixteca del estado de Oaxaca. “Queremos que se nos evalúe pero de acuerdo al contexto social y económico en el que trabajamos, de acuerdo a nuestra propia realidad, no con procedimientos estandarizados”.[2]

Por otro lado, es necesario ser realistas respecto a las políticas que el Gobierno desea implementar. Por ejemplo, María Santiago, también maestra en Oaxaca, resalta cuán irrealista es que se les pida enseñar el idioma inglés para brindar una educación de calidad cuando los principales idiomas en su comunidad son el zapoteco o el mixteco y el español su segundo idioma. Asimismo, la profesora Elizabeth Escobar critica que la nueva ley les exija trabajar con internet cuando en algunas comunidades ni siquiera hay energía eléctrica.[2]

Docentes como Valverde explican que están anuentes a mejorar sus conocimientos y habilidades, pero sus opciones son limitadas en las áreas pobres y rurales donde trabajan: “Muchos queremos seguirnos preparando pero nos limita el hecho de estar en comunidades muy alejadas, sin transporte colectivo, y sólo disponemos de fines de semana para trasladarnos a estudiar”, señala, y enfatiza: “Hay quienes dicen que el magisterio es el responsable del rezago educativo cuando en realidad no es así; más bien el rezago educativo es una problemática estructural que se debe, entre otras cosas, a que la partida que debieran mandar para la educación la gastan en otros ramos”.

La verdad sobre las protestas de las maestras

La mayoría de maestras en áreas rurales e indígenas devengan apenas US$600 o menos por mes. Son ellas quienes viven con escaseces diarias, con el hambre de sus estudiantes, y sufren las condiciones miserables de edificios escolares que carecen incluso de las facilidades más básicas como aulas, servicio sanitario, techos apropiados, agua o electricidad. “Como maestras, nosotras somos quienes directamente convivimos en las comunidades con estudiantes, con madres y padres de familia, y conocer las carencias que enfrentan te llena de rabia”, dice una joven maestra del estado de Oaxaca.[2]

Las maestras suelen proporcionar a sus estudiantes materiales de estudio tales como lápices y cuadernos, la mayoría de las veces con su propio dinero. Aunque no hay docentes para actividades extracurriculares (es decir, inglés, deportes, artes y computación), esto no impide que enseñen danza, juegos o jardinería a fin de incrementar el desarrollo de habilidades para satisfacer las necesidades de algunas escuelas.

Sus condiciones de trabajo distan de ser decentes y suficientes, sin acceso a servicios de salud, con la amenaza de perder sus empleos durante el embarazo, además de que estar lejos de su hogar es difícil y extenuante.

En el pasado, el papel de las maestras en las protestas consistía en cocinar para los compañeros y participar en las marchas, pero ahora se han convertido en verdaderas activistas que lideran marchas, forman parte de los procesos para toma de decisiones, movilizan a las comunidades y dan continuidad al movimiento. Beatriz Picasso Pérez, integrante del comité ejecutivo de la CNTE, dice: “Somos mayoría. Nuestra participación es determinante. Antes sólo cocinábamos; ahora estamos en todas las diferentes fases de esta movilización. Es una lucha permanente para que se escuchen nuestras voces; agarramos el micrófono para canalizar nuestro enojo e impotencia”. Aun así, y pese al adelanto de las maestras dentro de movimiento magisterial, ellas enfrentan discriminación debido a su sexo. Luchan por tener las mismas oportunidades de ascenso laboral que los hombres, ya que esto no ocurre—por ejemplo, la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje muestra que las mujeres conforman sólo el 34.7 por ciento de directores de secundarias en México.[1]

Si bien los medios de comunicación tradicionales han desacreditado la protesta de las y los docentes creándoles un ambiente hostil y violento, ellas y ellos han encontrado un gran apoyo en los medios alternativos para hacer escuchar su voz, además de que circulan boletines y comparten sus preocupaciones en taxis, restaurantes y las calles. Personas de diferentes sectores que creen en la lucha magisterial están apoyando con alimentos, les acompañan en los campamentos y se unen a las marchas. Sin embargo, existe la gran preocupación de que las autoridades siguen cuestionando el legítimo derecho a la protesta y están actuando con violencia y represión.

En las recientes semanas, las condiciones de vida han sido algo de lo más difícil para las maestras en esta protesta. Ellas han sobrevivido a lluvias y enfermedades, duermen sobre el suelo y a la intemperie, cocinan y comen en condiciones insalubres y se enfrentan al problema de no recibir un salario; más importante aún, han dejado atrás a sus familias, hijas e hijos y viven con temor a un desalojo represivo.

Un gran mito creado por los medios de comunicación es que las y los docentes están protestando sin ofrecer alternativas constructivas cuando, de hecho, han estado trabajando para desarrollar soluciones prácticas. Por ejemplo, Anabel Medina, quien enseña en la última escuela para maestras que queda en el estado de Oaxaca, describe cómo las docentes han respondido a la falta de infraestructura y materiales básicos: “En 2000 se nos cayó la edificación; se levantaron nuevas estructuras pero sólo de aulas, no así del acondicionamiento para los procesos que complementan el aprendizaje como talleres de tecnología y laboratorios. Los planes y programas vienen muy raquíticos, sin métodos de enseñanza. Hemos tenido que diseñar nuestros propios métodos como el de proyectos de pedagogía emancipatoria”.[2]

Celiflora García Cervantes capacita a maestras y maestros para crear estrategias que incorporen lenguas originarias en su práctica docente y cree que las reformas conducirán a un retroceso e inhibirán los logros del sector magisterial. “Un equipo de seis asesores acudimos a las escuelas, tenemos reuniones de consejo técnico y desde ahí en forma colectiva construimos los proyectos educativos, en los que se retoma el conocimiento contextual de los alumnos, con base en sus intereses o a partir de un problema social de la propia comunidad. Y el proyecto se concibe para ser trabajado en ambas lenguas”.[2]

El reto

Como maestras, madres y defensoras de los derechos humanos, su principal reto es fortalecer su trabajo de liderazgo y hacer escuchar sus voces. La esencia de su lucha es esforzarse por un mejor futuro para cada niña y niño en México, por una educación pública y gratuita, y oponerse a la actual reforma educativa pues madres y padres no podrán pagar una educación que posiblemente será de menor calidad.

A pesar de que las personas manifestantes fueron desalojadas violentamente del campamento, donde la policía les lanzó gases y utilizó tanquetas de agua el 13 de septiembre,[3] la Sección 22 de la CNTE sigue comprometida a protestar en el Zócalo. Aunque el resultado de esta larga huelga aún no está claro, la decisión de seguir adelante con la resistencia inspira a otras defensoras de los derechos humanos.

Notas:

[1] Reforma educativa pega a maestras rurales, Lizbeth Ortiz Acevedo, Cimacnoticias, 17 de septiembre de 2013.

[2] Las maestras en la lucha magisterial, Laura Carlsen, Asociadas por lo Justo (JASS), 16 de septiembre de 2013.

[3] Policía Federal desaloja el Zócalo ocupado por la CNTE en medio de choques, CNN México, 13 de septiembre de 2013. Ver video del desalojo de docentes en el Zócalo por la Policía Federal.

Más información:

Fuente: Notas de los Viernes de AWID, 27 de septiembre de 2013. Título original: Women Teachers Defending Their Labor Rights Under Extremely Precarious Conditions In Mexico. Traducción: Laura E. Asturias

Category
Análisis
Source
AWID