Las medidas por la COVID19 siguen siendo focos de propagación de desinformación con consecuencias desastrosas para las mujeres y las minorías sexuales y de género. Los actores anti-derechos han sacado provecho de la pandemia para:
- difundir deliberadamente desinformación sobre tratamientos peligrosos contra el aborto
- justificar las restricciones estatales coercitivas y las medidas militarizadas donde la desinformación es utilizada para desacreditar las razones de las mujeres y lxs activistas LGBTIQ y para reprimir su derecho a la libertad de expresión y de opinión, así como la libertad de reunión y asociación
- co-optar el derecho a la libertad de expresión e impulsar la desinformación para atacar y discriminar con impunidad a los grupos marginados.
El reciente informe Derechos en Riesgo, del Observatorio sobre la Universalidad de los Derechos1, destaca la manipulación de la religión, la cultura y la tradición y la cooptación del lenguaje de derechos humanos, como tácticas clave usadas por los actores anti-derechos para incrementar su poder, controlar los cuerpos e imponer un orden social que privilegia a algunxs a expensas de otrxs. La desinformación es utilizada para generar pánico moral y afirmar que determinados grupos de personas son una amenaza para la seguridad, valores e intereses de la sociedad. Las mujeres, las personas trans y disidentes de género, lxs inmigrantes, las personas negras y marrones, las minorías étnicas y religiosas y las comunidades empobrecidas son utilizadas como chivos expiatorios para conferir aún más poder a estructuras que ya son poderosas.
Las consecuencias anti-derechos que observamos surgen de opresiones entrelazadas, que incluyen el ascenso del nacionalismo, formas diversas y en evolución de fundamentalismos, la creciente desigualdad y la captura corporativa del estado, la supremacía blanca y el neocolonialismo: así se construye la discriminación sistémica.
Para proteger el derecho a la libertad de expresión y opinión de todxs, necesitamos una respuesta integral y coordinada capaz de abordar numerosas formas interrelacionadas de discriminación. Llamamos a los estados a proteger, respetar y cumplir nuestro derecho a la libertad de expresión y opinión, y a detener y enfrentar la desinformación que socava nuestros derechos. Además, deploramos el financiamiento sistemáticamente insuficiente para el sistema de derechos humanos de la ONU y la campaña por la llamada eficiencia, incluyendo la cancelación de los debates generales en junio, los cuales sirven como un espacio crucial para que la sociedad civil interactúe sin restricciones con el Consejo. Reclamamos la reinstalación de los debates generales en todas las sesiones, con la opción de que la sociedad civil participe a través de declaraciones grabadas en video.
Esta declaración fue presentada en el Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación durante la 47° sesión del Consejo de Derechos Humanos. Las organizaciones firmantes de esta declaración son:
- AWID
- GIN-SSOGIE
- Sexual Rights Initiative
- Akahata
- COC Netherlands