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NOTAS DE LOS VIERNES: Desde el golpe de Estado en Honduras de junio de 2009 existe una situación continua y empeorada de violencia y asesinatos sistémicos de las/os defensoras/es de derechos humanos. Esto es de suma gravedad particularmente para las mujeres defensoras de los derechos humanos (defensoras)
Por Rochelle Jones
Descrito Caracterizado como “uno de los países menos desarrollados y más inseguros de Centroamérica”, Honduras sufre enormes desigualdades económicas, corrupción y violencia sistémica. Desde el golpe de Estado de junio de 2009, cuando el entonces Presidente Manuel Zelaya Rosales fue destituido con el apoyo las fuerzas armadas, la impunidad ha sido un grave problema, existe un uso excesivo de la fuerza contra del disenso civil, y continuas amenazas y ataques en contra de las/os defensoras/es de derechos humanos y de los periodistas.
Proyectos de ‘desarrollo’ a gran escala que violan los derechos humanos
En el centro de las prioridades estatales de Honduras están los llamados ‘megaproyectos’, que incluyen la expansión de la minería y otras industrias extractivas y la conversión de tierras campesinas y naturales en plantaciones de monocultivos. El Gobierno también apoya proyectos turísticos vacacionales como “Los Micos Beach and Golf Resort”, ubicado en un parque nacional de la bahía de Tela. Este proyecto, comercializado como “The Undiscovered Caribbean Coast” (la costa caribeña aún no descubierta), es rechazado por las comunidades locales. Según Bertha Cáceres, coordinadora nacional del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), “es un concepto de desarrollo con el que no estamos de acuerdo porque amenaza nuestras vidas, nuestros derechos y a nuestras comunidades indígenas y negras”.
Los proyectos de ‘ciudades modelo’, recientemente rechazados [por la Corte Suprema de Honduras], también han ocasionado una controversia significativa y reflejan un Gobierno que tristemente prioriza los intereses de la empresa privada y de las corporaciones multinacionales por encima de los derechos de la población local. Los megaproyectos violan el derecho de las comunidades a la consulta, amenazan la identidad cultural de sus pueblos y conducen a desalojos forzados y múltiples formas de violencia en contra de sus habitantes. El Estado de Honduras está utilizando una política sistemática de silenciar los reclamos legítimos de quienes luchan por la democracia, la libertad de expresión, la tierra y los recursos naturales.
Las comunidades campesinas e indígenas que se pronuncian por sus derechos y se oponen a los megaproyectos y las ciudades modelo han enfrentado diariamente el uso arbitrario de las fuerzas de seguridad estatales en los desalojos, así como amenazas, difamación y asesinatos. Ejemplo de ello es el Bajo Aguán, un área agrícola plagada de conflictos violentos entre organizaciones agrarias y terratenientes tales como Miguel Facussé, uno de los hombres más ricos de Honduras. Más de 60 personas vinculadas a organizaciones campesinas en esta región han sido presuntamente asesinadas en los últimos cuatro años, incluyendo recientemente el prominente abogado hondureño de derechos humanos Antonio Trejo Cabrera, quien se había quejado por amenazas de muerte, incluso en documentos presentados el año pasado en los cuales buscaba protección contra el multimillonario terrateniente Facussé. Trejo era abogado de tres cooperativas campesinas en el Bajo Aguán. Estos actos recientes de represión son una muestra más de la política del Estado hondureño contra la protesta comunitaria, lo cual ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos reconocidas como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos y el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla.
Ha aumentado la violencia en contra de las mujeres y en particular en contra de las defensoras de los derechos humanos
A Honduras se le considera una de las naciones más peligrosas del mundo, plagada de asesinatos de periodistas, abogados y activistas, casos que pocas veces son procesados. Desde el golpe de Estado de junio de 2009, la continua situación de violencia y asesinatos sistémicos de las/os defensoras/es de derechos humanos ha empeorado. Esto es particularmente grave para las mujeres defensoras de los derechos humanos. Se han documentado numerosos casos de violencia sexual durante los desalojos forzados, pero raras veces son denunciados por temor a represalias y debido a la impunidad generalizada en situaciones de violencia contra las mujeres a lo largo del país. La violencia es aún más grave en contra de las defensoras, a quienes también se les acusa públicamente de estar contraviniendo el rol tradicional asignado a las mujeres. Las defensoras son amenazadas de muerte y con violencia sexual, además de ser criminalizadas. En octubre, por ejemplo, Karla Zelaya, una periodista del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), fue secuestrada durante aproximadamente tres horas por tres hombres después de un mes de haber recibido amenazas. Estos desconocidos, que la aterrorizaron, amenazaron, interrogaron e incluso torturaron, le dijeron que conocían todos sus movimientos y podían matarla en cualquier momento.
Un estudio de caso realizado por AWID sobre la situación en Honduras tras el golpe de Estado y que es parte de un informe global de la Coalición Internacional de Defensoras de los Derechos Humanos, reveló que la represión y la denegación de derechos no son casos aislados sino, por el contrario, denotan una política general de terror y abuso cometidos con impunidad – particularmente hacia las mujeres. Desde que el actual Presidente asumió el poder, las autoridades han incrementado la persecución y amenazas en contra de organizaciones feministas y de mujeres.
Jody Williams y Rigoberta Menchú Tum, ganadoras del Premio Nobel de la Paz, organizaron una delegación en Honduras en enero de este año que confirmó los informes provenientes de las defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones. En su informe, De sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala, la delegación señala que en Honduras la violencia contra las mujeres está alcanzando dimensiones críticas y en la última década los femicidios han aumentado en tasas alarmantes – hasta del 257 %. El informe afirma que las mujeres indígenas y las defensoras de los derechos humanos son particularmente vulnerables a los ataques, que incluyen violación sexual, tortura, asesinato y desapariciones forzadas. De manera alarmante, más del 95 % de los delitos queda impune. En su mayoría, los casos nunca son siquiera investigados por las autoridades. Martha Velázquez, integrante del Movimiento de Mujeres en Honduras, es citada en el informe diciendo “...Después del golpe [de 2009] hemos retrocedido como 40 años en los derechos humanos que las mujeres tenían”.
Las organizaciones por los derechos de las mujeres contratacan
Se han puesto en marcha varias acciones que instan a acabar con la represión y violencia dirigidas sistemáticamente en contra de las defensoras de los derechos humanos y comunidades que luchan por sus derechos. Por ejemplo, una de las más prolongadas y recientes acciones fue el 11 de Octubre, Día de Solidaridad con Honduras, organizado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (convocada por Asociadas por lo Justo [JASS], el Consorcio Oaxaca de México, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala [UDEFEGUA], Colectiva Feminista de El Salvador, el Fondo Centroamericano de Mujeres [FCAM] y AWID). Ciento veintiún defensoras/es, redes y organizaciones internacionales de derechos humanos, así como activistas de diez países, exigieron el fin de la represión y la violencia en Honduras. Por ejemplo, se entregaron cartas y hubo acciones de protesta en las embajadas hondureñas en el Reino Unido, Colombia, México, Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua y Panamá. En otros actos de rebeldía, más de cien personas de por lo menos diez organizaciones en Honduras hicieron manifestaciones frente a la Corporación Dinant, propiedad de Miguel Facussé.
Más recientemente el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones de mujeres en Honduras, con el apoyo de ONU Mujeres, marcharon en las calles para protestar por las muertes violentas de mujeres. Según el sitio ‘Di No’, “miles de mujeres de todas las edades salieron a las calles para exigir que se esclarezcan las muertes de mujeres”. Al ritmo de batucadas, personas y representantes de organizaciones marcharon hasta la plaza La Merced en Tegucigalpa y luego hacia el Congreso Nacional “en protesta por los altos índice de violencia en contra de las mujeres”.
Estas acciones han sido descritas por Karla Lara, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, como “una de muchas acciones organizadas por el pueblo desde el golpe de Estado”. Ella le dijo a AWID que, a pesar de acciones como éstas, “el ‘régimen’ no dice nada, nunca hace pronunciamientos sobre la situación de los derechos humanos”. Al preguntarle cuál es la mejor manera en que la comunidad internacional puede ayudar, Lara enfatiza que es importante que la gente fuera de Honduras se mantenga informada de lo que está ocurriendo en este país y resalte la situación a nivel mundial – particularmente denunciando las violaciones de derechos. Afirma que, si esto no sucede, “la gente cree lo que los medios de comunicación dicen, [pensando que] todo está bien en la Honduras ‘democrática’, que hay elecciones democráticas, que hay paz [y] que hay sólo casos comunes de delincuencia, guerras de narcotraficantes y asesinatos ‘pasionales’...” cuando en realidad “lo que tenemos aquí [en Honduras] y que sobrevive es un régimen militar, fundamentalista, capitalista, racista, homofóbico – esto no es democracia”.
Fuente: Notas de los Viernes de AWID, 21 de diciembre de 2012. Título original: Human Rights Abuses In Honduras Pose An Ongoing Threat To Women’s Human Rights Defenders (WHRDs). Traducción: Laura E. Asturias