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NOTAS DE LOS VIERNES: Durante la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe celebrada en Montevideo del 12 al 15 de agosto de 2013, AWID conversó con activistas por los derechos de las mujeres de la región acerca de los progresos que ha habido en la agenda de Cairo+20 y sus perspectivas respecto a la agenda sobre el desarrollo sostenible posterior a 2015.
Por Ana Abelenda[1]
La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) que se celebró en El Cairo en 1994 fue un acontecimiento histórico para reconocer los derechos de las mujeres y la juventud, particularmente sus derechos sexuales y reproductivos. Aunque la región de América Latina y el Caribe ha hecho algunos progresos significativos en cuanto a la implementación del Programa de Acción de la CIPD en ciertas áreas (educación para niñas y mujeres, así como acceso al aborto legal en la Ciudad de México, Cuba y Uruguay), aún queda mucho trabajo por hacer.
Tal como nos recuerda la Declaración de la Articulacion de Organizaciones de la Sociedad Civil de America Latina y el Caribe, leída en plenaria por la activista nicaragüense Dorotea Wilson,[2] “estos avances se dan en un contexto de reproducción de desigualdades estructurales que impiden el pleno goce de derechos a millones de personas y amenazan la sustentabilidad para las generaciones futuras [mientras que] persisten brechas injustificadas...”.
Algunos progresos con retos en curso
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, adoptado por gobiernos de América Latina y el Caribe el 15 de agosto de 2013, reconoce que el acceso universal a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos, así como la igualdad de género, son elementos esenciales para el desarrollo sostenible. Varias organizaciones de mujeres presentes en la sesióncelebraron el lenguaje progresista sobre la orientación sexual y la identidad de género, el compromiso de implementar la educación integral en sexualidad, el derecho al aborto seguro y legal, el acceso a la anticoncepción de emergencia, el reconocimiento tanto del trabajo no remunerado como de las desigualdades derivadas de la dispareja distribución de la economía del cuidado y la importancia de los Estados laicos.[3] Aunque la región acordó adoptar una posición común progresista en la Conferencia Internacional Cairo+20 en 2014, la implementación y las posturas conservadoras resistentes continúan siendo retos.
Según Alessandra Nilo,[4] en conversación con AWID, “La brecha es aún muy grande. Acá estamos veinte años después, hablando básicamente de los mismos asuntos y con muchas dificultades para que los gobiernos comprenden el vínculo entre los derechos sexuales y reproductivos y las cuestiones del desarrollo”.
Respecto a los obstáculos para integrar la agenda de El Cairo en un marco más amplio del desarrollo sostenible, Nilo señala: “La visión escasamente progresista de los tomadores de decisiones a nivel gubernamental nacional, regional e internacional es uno de los factores más problemáticos. Otra preocupación en la región es la influencia de instituciones religiosas promotoras de una visión que no se basa en pruebas científicas o en la noción de los derechos. Están obstaculizando el empoderamiento y la autonomía de todas las personas y en particular de las mujeres”.
La participación de organizaciones de mujeres ha sido clave para promover los derechos sexuales y reproductivos en la región y en todo el mundo, como también cuestionar el modelo hegemónico del desarrollo. Sin embargo, el financiamiento para estas organizaciones es también un serio reto. Nilo dice: “La cuestión de la sostenibilidad política y económica para los movimientos sociales y los movimientos de mujeres es un aspecto sumamente importante para que éstos puedan realmente influir en la agenda del desarrollo”. Agrega: “Estamos muy preocupadas de que la cooperación internacional deje la región y particularmente algunas áreas que son esenciales para los movimientos de mujeres, del VIH/sida y de derechos humanos. Se deben hacer cambios para que los movimientos sociales sean capaces de acceder a fondos públicos de una manera transparente y sostenible, como también de buscar mecanismos innovadores para financiar la agenda de las mujeres—por ejemplo, introduciendo un impuesto mundial a las transacciones financieras”.
La Agenda de Desarrollo posterior a 2015, que reemplazará los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) cuando la fecha límite para alcanzarlos expire en 2015, debe abordar el empoderamiento de las mujeres en relación a los derechos sexuales y reproductivos y la agenda de El Cairo. Reflexionando en torno a esto y a algunas propuestas que ya fueron planteadas en el Informe del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015, Nilo considera que “es bienvenida la idea de empoderar a las mujeres para que su economía mejore, pero el problema es cuál tipo de modelo está siendo promovido debajo de esa economía”. A su criterio, “El empoderamiento bajo un modelo en el cual se están reproduciendo desigualdades no es aceptable. No se trata de incrementar la participación de las mujeres en la economía para crear un mayor consumo, sino de examinar cuál modelo de desarrollo se está promoviendo”.
El rol del movimiento de mujeres indígenas
La peruana Tarcila Rivera, Coordinadora para la Región Sur del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), ha sido una activista por las mujeres indígenas durante los últimos veinte años. Con ella hablamos sobre las contribuciones del movimiento de mujeres indígenas a la agenda del desarrollo sostenible y los retos de integrar una perspectiva de derechos de las mujeres en su propio activismo.
Rivera dice: “Pienso que como mujeres indígenas tenemos mucho que contribuir en lo concerniente a la sostenibilidad. La producción de alimentos es un buen ejemplo: las mujeres indígenas jugamos un rol importante en la agricultura, usando nuestro conocimiento ancestral para producir alimentos sin agroquímicos y con abono natural. Este conocimiento debe ser reconocido, recuperado y validado en el ámbito más amplio del desarrollo sostenible”. Agrega: “Es importante ver la sostenibilidad no sólo en términos económicos sino también como calidad de vida, porque no siempre es el lujo—o cualquier cosa que brille—lo que da calidad a nuestras vidas. Pensamos que somos felices en una comunidad donde podemos producir y decidir con base en nuestras propias condiciones, incluyendo decisiones sobre nuestros cuerpos y el número de hijas e hijos que queremos tener”.
Al preguntarle respecto al creciente reconocimiento de los pueblos indígenas y sus cosmovisiones en las Constituciones de Bolivia y Ecuador, Rivera cree que todavía queda mucho por hacer y dice: “Ha habido algunos progresos en términos legales, como en el caso de Bolivia, el primer país donde nuestra declaración de derechos como personas indígenas gozó de estatus constitucional. El problema radica en la implementación: incluso en programas para la igualdad de género, las mujeres indígenas continuamos siendo invisibles en el presupuesto y las consultas. Exigimos participar en el diseño de estos programas a fin de que sean aptos para nuestra cultura, nuestro idioma”.
Según Rivera: “Necesitamos mejores servicios de salud; mejor calidad de vida para nuestros hijos e hijos, de modo que tengan la misma oportunidad que otras personas de acceder a empleos bien remunerados y no siempre a los de una menor calidad. Todo esto es esencial para el desarrollo sostenible, incluso para los pueblos indígenas”.
Pero integrar una perspectiva de derechos de las mujeres ha sido un reto para el movimiento de mujeres indígenas. Rivera explica: “Cuando nos unimos al proceso de Cairo+20 tuvimos que empezar a discutir los derechos sexuales y reproductivos. Nos preguntamos entonces, ‘¿Qué significa esto? ¿Cómo lo traducimos a nuestro idioma?’ Luego comenzamos a hablar acerca del cuerpo, de la autonomía física. Y empezamos a reunirnos con nuestras hermanas ancianas y monolingües para que pudieran compartir sus conocimientos, por ejemplo, respecto a cómo ellas se protegían en años anteriores y por qué algunas tienen muchos hijos mientras que otras tienen muy pocos. Hay todo un conjunto de conocimientos y prácticas que pensamos deben tomarse en cuenta para la sostenibilidad”.
Rivera enfatiza: “Aprendimos a caminar junto a nuestras camaradas del movimiento feminista y ahora estamos viendo cuáles prioridades para las mujeres podemos acordar. Definir que todas tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y cuántos hijos e hijas queremos tener, a qué edad queremos casarnos o no, es un paso adelante importante y muy valorado para nosotras”.
Los derechos sexuales y reproductivos en la agenda post-2015
AWID conversó con Ana Cristina González Vélez de Articulación Feminista Marcosur y co-coordinadora de la Articulación Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe hacia Cairo +20 sobre cómo integrar la agenda de Cairo, en particular los derechos sexuales y reproductivos, en un marco de desarrollo sustentable más amplio: "La agenda de desarrollo post-2015 no puede entenderse solamente como la agenda que reemplace a los ODM sino que debe ser más ambiciosa. No podemos discutir una nueva agenda del desarrollo sin pensar la igualdad, y dentro de ella la igualdad de género, como un tema central. Si pensamos en la dimensión productiva y reproductiva del desarrollo, no hay como dejar por fuera los derechos sexuales y reproductivos, porque tienen un impacto fuerte no solo en los cuerpos y vidas de las mujeres sino en los patrones de producción y reproducción."
"Tampoco podemos dejar por fuera la desigual distribución sexual del trabajo que es una de las expresiones de desigualdad más contundentes de nuestra sociedad que recae en las mujeres de manera desproporcionada y afecta su participación en todos los ámbitos de la vida social. Los movimientos feministas aportamos la centralizad de la igualdad, el respeto por la diversidad y un enfoque de derechos humanos que no criminalize la sexualidad y los derechos de las mujeres".
El espíritu de celebración entre delegaciones de la sociedad civil—incluyendo redes y grupos de mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, personas con VIH y sida, trabajadoras/es del sexo y lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero e intersex—en el cierre de la Conferencia de Montevideo es un testimonio de cuánto han cambiado los tiempos. Estas recomendaciones serán la contribución de la región de América Latina y el Caribe a las reuniones de la Comisión de Población y Desarrollo y de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tendrán lugar en Nueva York en 2014. Lo que queda por ver es cómo los acuerdos serán implementados y la voluntad política para promoverlos en la agenda del desarrollo posterior a 2015.
Notas:
Gracias a Marisa Viana y Alejandra Scampini, de AWID, por sus contribuciones a este artículo.
Dorotea Wilson es la Coordinadora General de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAA) e integrante de la Articulación Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe hacia Cairo+20.
Para más información, leer también el análisis de los resultados de la Conferencia producido por RESURJ, DAWN, YCSRR e IWHC (disponible en inglés).
Alessandra Nilo es fundadora de Gestos-Brasil, Secretaria Regional del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones No Gubernamentales con Servicio en VIH/Sida(LACASSO), asesora de la red RESURJ e integrante del Grupo de Trabajo de Alto Nivel de la CIPD para vincular la agenda de los derechos sexuales y reproductivos con los debates sobre el desarrollo sostenible posterior a 2015.
Fuente: Notas de los Viernes de AWID, 30 de agosto de 2013. Título original: Evaluating Cairo+20 and looking toward 2015. Traducción: Laura E. Asturias