NOTAS DE LOS VIERNES: Defensoras de los derechos humanos que promueven los derechos, la salud y seguridad de las trabajadoras sexuales están siendo perseguidas, hostigadas y arrestadas.
Aunque el trabajo sexual es ilegal en Uganda, brindar servicios y apoyo a las trabajadores sexuales no lo es.
Por Katherine Ronderos
El sábado 14 de julio de 2012 a las 9:00 a.m., Clara*, quien estaba visiblemente embarazada, fue golpeada, pateada y dejada en una zanja con aguas negras durante dos horas después de que el O.C. Mohammed la acusó de prostitución.
Mientras trabajaba como cantinera en el bar de su tía, Ana* fue golpeada con un garrote de metal por el O.C. Mohammed el 15 de julio de 2012 a las 7:00 p.m. Después de caerse cuando trató de escapar, fue conducida a la Comisaría de Policía y se le ordenó sentarse en el suelo. Luego el O.C. Mohammed le puso un garrote sobre la vagina diciéndole “¿Por qué ustedes las prostitutas no usan ninguna ropa interior?”, antes de golpearla en la cabeza y gritar “Cualquiera que no pague 200,000 chelines mañana temprano será llevada a Nsangi para excavar”.
Los casos de María, Clara y Ana son apenas tres entre muchos otros de trabajadoras sexuales a quienes la Red de Mujeres para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (WONETHA) defiende contra la discriminación, el hostigamiento y el abuso. Legalmente formada en 2008,[1] WONETHA ha estado trabajando para mejorar la salud y el bienestar social y económico de trabajadoras sexuales adultas en Uganda. WONETHA valora y respeta los derechos de las trabajadoras sexuales que quieren abandonar este oficio y las prepara para ganarse la vida por otros medios desarrollando sus habilidades en liderazgo, autonomía económica, desarrollo personal y emprendimiento. WONETHA también brinda información sobre VIH, sida y salud y derechos sexuales y reproductivos.
Criminalización por defender los derechos de las trabajadoras sexuales
Pese a que el trabajo sexual es ilegal en muchos países, un informe de 1998 de la Oficina Internacional del Trabajo[2] llama al reconocimiento económico de la industria del sexo, lo cual debería incluir otorgar derechos laborales y beneficios a quienes se dedican a este oficio y mejorar sus condiciones de trabajo. El trabajo sexual es ilegal en Uganda y las autoridades insisten en que todas las actividades relacionadas con las y los trabajadores sexuales también son ilegales, catalogándolas como “criminales”. Organizaciones no gubernamentales (ONG) que brindan servicios a trabajadoras/es sexuales enfrentan arrestos y detención arbitrarios del personal, cateos en sus oficinas y confiscación de propiedad de oficina.
En 2010, el Ministro de Ética e Integridad de Uganda bloqueó un taller regional de trabajadoras sexuales que WONETHA había organizado en Kampala, afirmando que dichas trabajadoras estaban utilizando el trabajo de lucha contra el VIH y el sida como una excusa para transgredir la ley y que WONETHA debía dejar de citar los derechos humanos como una justificación de estos “crímenes”. “Esto es simplemente absurdo. El trabajo sexual puede ser ilegal en Uganda, pero brindar servicios y apoyo a trabajadoras sexuales no lo es”, dijo Kyomya Macklean, coordinadora de WONETHA. El propósito del taller era desarrollar las habilidades de liderazgo, autonomía económica, desarrollo personal y emprendimiento de las trabajadoras sexuales.
El 7 de mayo de 2012, agentes de la Fuerza Policial de Uganda atacaron físicamente y arrestaron a dos integrantes del personal de WONETHA después de que ellas se rehusaron a llevarlos al Centro de Apoyo de WONETHA en la ciudad de Gulu. Sin una orden de arresto ni de cateo, la policía cateó la oficina por más de una hora, examinando archivos, libros, panfletos, folletos y otros documentos con información sobre las integrantes de WONETHA, además de ingresar a sus computadoras. Los agentes confiscaron una computadora, libros de caja, panfletos, propuestas de proyectos y condones.
Las dos integrantes del personal de WONETHA fueron retenidas en la Comisaría de Policía sin que se les informara de los cargos en su contra. Tres amigas que llegaron a la Comisaría para averiguar qué había sucedido también fueron arrestadas, refiriéndose a ellas como trabajadoras sexuales. No fue sino hasta el 9 de mayo que las cinco mujeres recibieron información sobre los cargos, cuando rindieron declaraciones formales en presencia de sus abogadas. A las abogadas se les informó que el caso había sido remitido al fiscal general e inmediatamente sancionado.
Las cinco mujeres han sido acusadas de “vivir de ingresos de la prostitución”[3] y podrían enfrentar siete años de cárcel. A las arrestadas se les impuso una fianza de 500,000 chelines y a tres de ellas una garantía de 1,000,000 chelines. Las otras tres mujeres continúan detenidas hasta que puedan pagar la fianza. Actualmente todas enfrentan juicio y están atrapadas en procedimientos legales extendidos, con audiencias judiciales previas al juicio que habían sido programadas y luego fueron canceladas con poca anticipación en tres ocasiones. La audiencia más reciente, que se realizaría el 31 de julio, fue cancelada y en este momento no se sabe para cuándo será reprogramada.
Estado legal del trabajo sexual en Uganda
En Uganda, el trabajo sexual, al que comúnmente se le llama prostitución, es ilegal y está penalizado en el derecho penal. El marco jurídico se basa en la creencia de que la aplicación de la ley y la represión pueden y deberían reducir la prostitución. De conformidad con la Sección 138 del Código Penal, la definición de ‘prostituta’ y ‘prostitución’ limita la culpabilidad por este delito a quienes venden servicios sexuales (que en su mayoría son mujeres pobres) y no a sus clientes (primordialmente hombres). Además, terceras partes tales como proxenetas, propietarios/as de prostíbulos, anunciantes y traficantes de personas enfrentan sentencias hasta de siete años en prisión por “vivir total o parcialmente de ingresos de la prostitución”,[4] pero esto significa que quienes dependen de una trabajadora sexual – como sus hijas, hijos, madres o padres ancianos – corren el riesgo de que también se les incluya en este grupo.[5]
Debido al contexto sociocultural y económico en Uganda, algunas razones para que las mujeres entren al trabajo sexual son, entre otras: pobreza, violencia doméstica, orfandad, conflicto armado, violencia sexual y embarazos antes del matrimonio.[6] Las desventajas sociales, la discriminación y la criminalización de la prostitución hacen que las trabajadoras sexuales sean particularmente vulnerables al estigma y a abusos sexuales y físicos por parte de agentes policiales. Al aplicar la actual ley contra el trabajo sexual, la policía ugandesa usa poderes tanto legales como extralegales para abusar de las trabajadoras sexuales y hostigarlas. Según WONETHA, las trabajadoras sexuales sufren violencia rutinaria a manos de la policía, incluyendo violación sexual, ataques físicos y rociado de sus genitales con aerosol de pimienta. La ley se ha convertido en un instrumento que la policía utiliza para acosar y abusar. En los tribunales no se da seguimiento a la mayoría de arrestos[7] y las trabajadoras sexuales tienen ya sea que pagar para salir de la cárcel o sucumbir a ser violadas por quienes se supone deben aplicar la ley en su contra.
Defendiendo a las defensoras de los derechos humanos
Las defensoras de los derechos humanos que trabajan para proteger, apoyar y defender los derechos de las trabajadoras sexuales están siendo atacadas en Uganda. WONETHA ha sido erróneamente acusada de promover la prostitución, lucrar con ésta y usar sus instalaciones como un prostíbulo. Según Kyomya Macklean, “las personas que se pronuncian a favor de los derechos humanos son a menudo percibidas como enemigas de la cultura, la religión y el Estado. Las instituciones culturales y religiosas creen que las trabajadoras sexuales se involucran en conductas ‘perversas, no africanas e inhumanas’ y esto ha afectado significativamente el progreso del trabajo por los derechos humanos en Uganda”.
Las defensoras de los derechos humanos también sufren estigma debido a la fuente del financiamiento para su trabajo. Dado que Uganda no proporciona recursos financieros para este tipo de trabajo, la mayor parte del apoyo financiero llega del extranjero, lo cual incrementa la percepción de que la soberanía nacional es amenazada por la promoción de agendas externas. Las ONG están siendo silenciadas y son vistas como una mayor amenaza que el partido político de oposición. El Gobierno ha impulsado disposiciones legales cuya finalidad es restringir el trabajo de las defensoras de los derechos humanos, incluyendo la Ley de Regulación para Intercepción de las Comunicaciones de 2007 y la propuesta Ley contra la Homosexualidad que ha sido discutida en repetidas ocasiones en el Parlamento, más recientemente en 2011.
Protesta internacional
La Coalición Internacional de Defensoras de los Derechos Humanos (WHRD IC) cree que el allanamiento de las oficinas de WONETHA y la detención arbitraria de su personal constituyen una violación del derecho internacional y regional de los derechos humanos del cual Uganda es signataria.[8] En su más reciente declaración pública, la WHRD IC manifestó que el acto de arrestar y acusar a las cinco mujeres es un intento de “criminalizar las actividades legales de una organización de defensoras de derechos humanos” y que “este comportamiento se basa solamente en la discriminación contra trabajadoras sexuales”. Por lo tanto, la Coalición instó al Gobierno de Uganda a:
Retirar inmediatamente los cargos penales contra las mujeres arrestadas.
Realizar una investigación inmediata e imparcial sobre el allanamiento del Centro de Apoyo y el arresto del personal de WONETHA y asegurar que los culpables sean llevados ante la justicia.
Garantizar que se implementen medidas efectivas para que el Centro de Apoyo de WONETHA en Gulu pueda continuar su trabajo como organización defensora de losderechos humanos de las mujeres.
Garantizar que se implementen todas las medidas necesarias para asegurar la integridad física y psicológica de las integrantes de WONETHA, incluyendo la prevenciónde ataques contra ellas que estén basados en estereotipos de género y discriminación.
Garantizar que se implementen todas las medidas necesarias para detener la criminalización por razones discriminatorias contra las defensoras de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, de conformidad con la CEDAW y la ACHPR [Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos], incluso a través de reformaslegislativas.
Lee más sobre WONETHA y los ataques recientes:
Digital Security: Drop-in Centre of Ugandan Sex Worker Organisation Raided [Seguridad digital: Allanan Centro de Apoyo de organización ugandesa para trabajadoras sexuales]
Uganda: WONETHA Drop-In Centre Raided [Uganda: Allanan Centro de Apoyo de WONETHA]
Kyomya Macklean: It’s Getting Harder And Harder To Defend Sex Workers’ Rights In Uganda [Cada vez es mucho más difícil defender los derechos de las trabajadoras sexuales en Uganda]
* Nombre ficticio por razones de seguridad y privacidad.
Notas:
Compañía Limitada por Garantía No. 114161.
Lim, Lin Lean (ed.), The Sex Sector: The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia [El sector del sexo: Las bases económicas y sociales de la prostituciónen el Asia sudoriental]. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 1998.
A ellas se les aplicó la misma ley aplicable a terceras partes tales como proxenetas, propietarios/as de prostíbulos, anunciantes y traficantes de personas, la Sección 136del Código Penal, Capítulo 120.
Sección 136(1) del Código Penal, Capítulo 120.
Tamale, Silvia, “Paradoxes of sex work and sexuality in modern-day Uganda” [Paradojas del trabajo sexual en la Uganda moderna], en Tamale, S. (ed.), African Sexualities: A Reader [Sexualidades africanas: Una antología]. Fahamu, Ciudad del Cabo, Dakar, Nairobi y Oxford: Pambazuka Press, 2011.
Slum Aid Project, “Manual for working with commercial sex workers” [Manual para trabajar con trabajadoras del sexo comercial]. Kampala: Slum Aid Project, 2002.
Ibíd., nota 5.
Incluyendo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
Fuente:
Traducción: Laura E. Asturias