Las abajo firmantes, organizaciones miembros de la sociedad civil internacional y organizaciones defensoras de los derechos humanos condenamos enérgicamente la propuesta de reforma presentada por el grupo parlamentario ARENA al Código Penal en El Salvador.
En concreto, denunciamos la lamentable propuesta de elevar las penas criminales de aborto de 30 a 50 años de cárcel; y la propuesta de aumentar las sanciones contra el personal médico, y otros que sean sospechosos de infligir lesiones a la vida prenatal, en el ejercicio de su profesión o a los que abierta o veladamente anuncien procedimientos, medicamentos, sustancias y objetos destinados a provocar abortos.
Varios estudios han demostrado que la penalización y/o la restricción al acceso al aborto seguro no reduce el número de abortos. Además, en países en donde el aborto está completamente restringido, y por lo tanto es inseguro, como es el caso de El Salvador, se obliga a las mujeres a poner en riesgo su salud y muchas veces hasta su vida.
Una investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), también ha señalado que a menos que se garantice a las mujeres el acceso a un servicio completo de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a anticonceptivos y al aborto legal y seguro, es probable que se incremente el índice de abortos inseguros en todo el mundo.
La Relatoría especializada en Violencia contra las Mujeres de las Naciones Unidas ha señalado que la prohibición total del aborto en El Salvador es una causa directa de los altos índices de mortalidad materna en el país.4 Además, las mujeres jóvenes, pobres y solteras son las que más probabilidades tienen de recurrir a un aborto inseguro, lo que pone de manifiesto el impacto de las leyes restrictivas de aborto en la perpetuación de la desigualdad e injusticia social. Es probable que la implementación de estas leyes restrictivas y sentencias criminales pongan en mayor riesgo la salud y la vida de las mujeres, ya que los proveedores de servicios médicos no podrán brindar el tratamiento necesario a las mujeres que experimenten urgencias obstétricas o postabortos, por temor a ser acusados de facilitar el acceso al aborto.
Una de las más graves consecuencias de la restricción total del aborto en el Salvador es el injusto encarcelamiento de muchas mujeres que han sufrido complicaciones obstétricas y abortos espontáneos. Como ha indicado recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CESCR), la prohibición total del aborto en El Salvador ha dado lugar a “casos graves de sufrimiento e injusticia”, y ha permitido el procesamiento de mujeres por embarazos malogrados en cualquier circunstancia, siendo las más afectadas las mujeres de las clases socioeconómicas más bajas.
El CESCR también ha señalado casos concretos de mujeres como “Las 17”, que accedieron a servicios médicos como consecuencia de amenazas graves para su salud y recibieron sentencias penales extremadamente desproporcionadas por la sospecha de haber abortado, sin permitirles su derecho a u procedimiento reglamentario.
Un grupo de relatores especiales de las Naciones Unidas también ha instado al gobierno de El Salvador a que otorgue el indulto a todas las mujeres injustamente encarceladas por complicaciones durante sus embarazos, y a que revoque sus leyes restrictivas frente al aborto.
El Comité contra la Tortura también ha sostenido que las leyes punitivas contra el aborto violan el derecho de las mujeres a no sufrir un trato cruel o inhumano.8 Según se demuestra en el informe provisional del Relator Especial sobre el derecho de todos a disfrutar de la mayor calidad realizable de salud física y mental:
[…]Dichas leyes infringen la dignidad y autonomía de la mujer al restringir gravemente su poder de decisión en relación con su salud sexual y reproductiva. Además, generan sistemáticamente complicaciones para la salud física, causando muertes que podían haberse evitado, morbilidad y mala salud, así como trastornos mentales, y no solo a causa de que las mujeres afectadas corran el riesgo de verse orilladas al sistema de justicia penal. La creación o continuación de leyes penales con respecto al aborto puede implicar violaciones de las obligaciones del Estado en cuanto a respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud.”
Aún se necesitan muchos cambios en El Salvador para que las mujeres puedan ejercer un poder real en la toma de decisiones respecto a sus vidas, y tengan acceso a servicios de salud de calidad como parte de la obligación del Estado de garantizar la protección de los derechos de toda su población, incluidas las mujeres. Por lo tanto, las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con todas las mujeres salvadoreñas e instamos al Honorable Pleno Legislativo de El Salvador a rechazar la propuesta del grupo parlamentario Alianza Republicana Nacional, ARENA.
También hacemos eco del llamado emitido por Organismos expertos en derechos humanos en el que se exhorta al gobierno de El Salvador a revisar su legislación relacionada al aborto, y a que ajuste sus leyes para que se garanticen los derechos humanos fundamentales de salud y dignidad de las mujeres.10 La comunidad internacional tiene su mirada puesta en El Salvador, y confiamos en que el Honorable pleno legislativo de El Salvador tomará todas las medidas necesarias para asegurar que las leyes, y prácticas de El Salvador se ajusten a los tratados internacionales y estándares de derechos humanos que han sido ratificados por el gobierno de El Salvador.
Kathy Mulville,
Directora Ejecutiva Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR) Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR)
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