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NOTAS DE LOS VIERNES: En esta edición de Notas de los Viernes, la Licda. Savi Bisnath, Directora Asociada del Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres (CWGL), comenta la importancia de la política macroeconómica y la construcción de alianzas estratégicas para las mujeres trabajadoras a fin de promover sus derechos después de 2015, tal como se presentó en un evento[i] en la reciente sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW58).
Los cambios estructurales son necesarios para promover los derechos humanos de las mujeres
Es indudable que necesitamos cambios económicos estructurales para afrontar los crecientes niveles de pobreza y desigualdad en todo el mundo, crear empleos decentes y garantizar la protección social. Es necesario que comprendamos cuándo y dónde entran las mujeres trabajadoras al mercado laboral, además de tener un análisis interseccional de esto usando categorías de análisis tales como edad, clase/casta, ubicación, raza, religión, sexualidad, etc. a fin de asegurar que los cambios por los que estamos pugnando no sirvan para reforzar la discriminación y la desigualdad.
Sabemos que la falta de acceso a trabajo y salario decentes socava los derechos de las mujeres y perpetúa la desigualdad de género; también sabemos que el goce del derecho al trabajo decente por parte de las mujeres es fuertemente afectado por el trabajo de cuidados; y que el trabajo de cuidados tiene que ser una responsabilidad colectiva. Garantizar los derechos de las trabajadoras significa examinar los factores estructurarles que incrementan el empleo precario e informal, así como el modelo neoliberal que conduce a crisis económicas y financieras.
Los cambios estructurales necesarios requieren modificar la manera en que hacemos las cosas. En particular requieren cambios en las políticas económicas, incluyendo la política fiscal y comercial, como también en la arquitectura económica mundial, ya que éstas impulsan la pobreza y la desigualdad y pueden servir para promover o erosionar el acceso a los servicios sociales básicos y la realización de los derechos humanos. El cambio estructural también requiere alianzas estratégicas y acción colectiva en una gama de asuntos a fin de crear un ambiente propicio para la realización de los derechos humanos en general y los de las trabajadoras en particular.
En el Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres nos dedicamos a trabajar en asociación para contribuir al cambio estructural, con un énfasis particular en la promoción de los derechos de las mujeres y la justicia social a nivel mundial. Nos centramos específicamente en la macroeconomía porque se ocupa de la estructura, el desempeño, la conducta y la adopción de decisiones de la economía en su conjunto. Cuando las/os economistas hablamos de la macropolítica en realidad nos estamos refiriendo a la política monetaria y fiscal.
¿Es la política macroeconómica pertinente para los derechos humanos?
Es pertinente porque afecta la operación de la economía en su conjunto, inclusive los niveles de empleo y crecimiento, dando forma a la disponibilidad y distribución de los recursos—tales como los servicios sociales básicos—y a los niveles de vida a través de los precios de los alimentos y las medidas de protección social, etc.
En parte, la política fiscal se trata de los presupuestos nacionales, y éstos son importantes porque afectan a las mujeres trabajadoras en múltiples formas: El impacto primario de la política macroeconómica se da a través de la distribución de los recursos a la gente por medio de servicios, infraestructura y transferencias de ingreso, y mediante impuestos y otras medidas tales como cobros por el uso de los servicios públicos. El impacto secundario está relacionado con la creación de empleos, el crecimiento económico y la inflación, mientras que la política monetaria afecta los precios y el empleo.
La política monetaria tiene un impacto directo en los recursos disponibles al influenciar las tasas de interés que afectan el empleo y el derecho a trabajo decente, y las tasas de cambio que tienen un impacto sobre la competitividad en los mercados internacionales y el crecimiento económico.
Dentro del modelo económico actual existe algo llamado “mano invisible”.[ii]La creencia en la “mano invisible” del mercado socava la responsabilidad del Estado frente a su población, específicamente en lo que concierne a las obligaciones de derechos humanos.
Tenemos que ver el mercado por lo que es—un mecanismo marcado por el género, político e históricamente constituido— y lo dirigimos para facilitar la realización de los derechos humanos, incluidos los derechos a trabajo decente y protección social, por los cuales los gobiernos deben rendir cuentas.
Derechos laborales y trabajo decente
Dada esta visión del mercado, se hace aparente que el trabajo decente requiere sinergias entre las cuestiones económicas, sociales y ambientales. La Organización Internacional del Trabajo tiene aproximadamente 186 Convenios y 192 Recomendaciones—todo ello dirigido a armonizar y mejorar las situaciones nacionales de los derechos laborales. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene varios artículos pertinentes, incluyendo los artículos 6 (derecho a trabajar), 7 (derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias), 8 (derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, incluido el derecho de huelga), 9 (derecho a la seguridad social, incluso al seguro social), 11 (derecho a un nivel de vida adecuado) y 12 (derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental).
El uso de un enfoque basado en los derechos humanos en la formulación de políticas sobre el desarrollo puede ser una herramienta organizativa eficaz. Los principios y normas de los derechos humanos, si orientan el proceso posterior a 2015, pueden ayudar a enmarcar, guiar e informar ese proceso. El CWGL trabaja con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales porque éste proporciona un estándar ético acordado a través del cual evaluar y diseñar políticas económicas.
En el actual contexto, donde la austeridad parece ser la norma aceptada, un enfoque basado en los derechos humanos puede brindarnos una manera diferente de pensar en la austeridad. Por ejemplo, la aplicación de medidas de austeridad en muchos países ha conducido a recortes en los gastos para atención de la salud. Estos recortes presupuestarios han impuesto una carga excesiva sobre las mujeres, incrementando su trabajo no remunerado, erosionando su bienestar y, en combinación con la pérdida de empleos y las economías estancadas, llevando a la erosión de las medidas de protección social y a inseguridad económica para ellas y sus familias.
Las políticas macroeconómicas, y en particular las políticas fiscales, deben ser reforzadas por sólidos programas de protección social. Es esencial que aboguemos por políticas económicas y sociales dirigidas a, y capaces de, crear empleos decentes y por la distribución de los beneficios del crecimiento a lo largo y ancho de nuestras sociedades.
Acción colectiva
Requerimos acciones colectivas para reequilibrar el poder a favor de la justicia y necesitamos políticas redistributivas. Precisamos un crecimiento económico que reduzca las desigualdades distribuyendo las oportunidades y ganancias en toda la sociedad; un crecimiento que genere trabajo decente y sea impulsado por instituciones públicas que rindan cuentas y por el respeto a los derechos humanos; un crecimiento que sea económica, social y ambientalmente sostenible. A fin de lograr esto requerimos cambios transformadores en las políticas del desarrollo y macroeconómicas.
Necesitamos acciones colectivas a fin de empujar a nuestros gobiernos a que proporcionen las condiciones que aseguren un ambiente propicio para la realización de los derechos humanos, no sólo en las áreas de los sistemas financieros, comerciales, de inversión y tributarios, sino también en las áreas de la protección ambiental, la eficiencia de los recursos, la protección social y las políticas del mercado laboral. Requerimos mecanismos de rendición de cuentas para actores estatales y no estatales. Necesitamos un sistema mucho más amplio de contabilidad del capital, incorporando recursos humanos, sociales y ambientales. También es necesario que captemos el valor del trabajo no remunerado y su contribución a la economía.
Necesitamos tomar juntas/os las calles para pugnar por cambios estructurales y de políticas—ahora y después de 2015.
Fuente: Notas de los Viernes de AWID, 18 de abril de 2014. Título original: Building Strategic Alliances For Women Workers’ Rights Post 2015: The Role Of Macroeconomic Policy. Traducción: Laura E. Asturias
Notas:
[i] Organizado por: Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres (CWGL), Internacional de la Educación (EI), Confederación Sindical Internacional (CSI), Internacional de Servicios Públicos (ISP) y Federación Internacional de Periodistas (FIP).
[ii] La creencia de que las personas tratan de maximizar su propio bien (así como adquirir una mayor riqueza) y, al hacerlo, por medio del comercio y los emprendimientos, la sociedad está mejor. Se cree que la intervención del gobierno en la economía no es necesaria porque la “mano invisible” es la mejor guía para la economía.